La transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima implica cambios profundos en los sistemas productivos y laborales. Este proceso conlleva riesgos de desplazamiento laboral y crisis económicas locales, especialmente en sectores de alta intensidad de carbono como la minería de carbón, petróleo y gas, así como en industrias manufactureras que requieren una adaptación tecnológica hacia métodos de producción menos contaminantes. Frente a estas transformaciones, resulta necesario diseñar estrategias que prioricen la creación, protección y mejora de empleos de calidad, asegurando que los beneficios del cambio se distribuyan de manera equitativa y evitando que se amplíen las desigualdades existentes. El concepto de “transición justa” propone un enfoque centrado en la equidad social, la inclusión y la estabilidad económica, integrando políticas que fomenten la adaptación de la fuerza laboral, el desarrollo de nuevos sectores sostenibles y el fortalecimiento de las comunidades afectadas. Dado que en muchos países en desarrollo cerca del 90 % del empleo proviene del sector privado, este actor adquiere un papel decisivo para garantizar resultados laborales positivos. La inversión, la innovación y las decisiones operativas de las empresas influyen directamente en la capacidad de las economías en transición para generar oportunidades de trabajo sostenibles y evitar retrocesos sociales.

Una estrategia eficaz debe abordar varios ejes. Por un lado, se requiere inversión productiva y emprendimiento orientados a diversificar las economías regionales, favoreciendo proyectos en sectores verdes y mejorando la infraestructura física y digital. Esto incluye el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), dado su peso en la generación de empleo local y su potencial para innovar, aunque enfrentan mayores restricciones financieras y de capacidades. Por otro lado, la innovación verde permite desarrollar tecnologías, procesos y modelos de negocio que expanden el empleo en áreas como energías limpias, eficiencia energética y economía circular, estimulando la colaboración entre empresas, centros de investigación y gobiernos. El apoyo integral a la fuerza laboral es esencial. La capacitación y recualificación deben anticipar las habilidades demandadas por los sectores emergentes, mientras que se implementan mecanismos para facilitar la transición de quienes no puedan adaptarse, como programas de retiro anticipado o recolocación laboral. Asimismo, la vinculación de las empresas con las comunidades locales, a través de inversiones en infraestructura social, restauración ambiental o contratación local, refuerza la cohesión social y la estabilidad del empleo.

La incidencia política del sector privado, mediante un diálogo transparente con autoridades, trabajadores y comunidades, contribuye a marcos regulatorios favorables al crecimiento económico con alta generación de empleo. Sin embargo, la participación empresarial en estos procesos todavía es limitada, debido a fallos de mercado, vacíos normativos y carencias internas de las empresas. Por ello, los gobiernos deben implementar políticas específicas que incentiven la inversión y reduzcan las barreras para que las empresas participen activamente en la transición. Entre las acciones públicas recomendadas se incluyen estrategias económicas regionales y sectoriales que prioricen la creación de empleo, incentivos financieros focalizados para inversiones sostenibles, desarrollo de ecosistemas industriales verdes, apoyo dedicado a pymes y emprendedores, inversión en infraestructura e innovación, ampliación del acceso al financiamiento, y programas de capacitación alineados con las necesidades de los sectores en transición. Además, las iniciativas comunitarias que generen empleo para poblaciones vulnerables, junto con mecanismos de gobernanza inclusivos, permiten construir consenso y asegurar la implementación de las políticas.

La ejecución de estas estrategias exige marcos de gobernanza claros, sistemas de monitoreo que midan tanto el progreso económico como los impactos distributivos, y una secuencia de acciones que vaya desde diagnósticos iniciales y proyectos piloto hasta la consolidación de ecosistemas económicos sostenibles. La financiación debe combinar recursos públicos, privados y mecanismos innovadores como bonos verdes o financiamiento ligado a resultados sociales y ambientales. La transición energética y productiva, si se gestiona de forma deliberada y coordinada, puede convertirse en una oportunidad para generar economías más diversificadas, resilientes e inclusivas. Esto requiere integrar la dimensión laboral en las políticas climáticas, movilizar el potencial del sector privado y garantizar que trabajadores, comunidades y empresas participen activamente en el diseño y ejecución de las soluciones. De este modo, es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo que concilie sostenibilidad ambiental con prosperidad compartida.

Para leer más ingrese a:

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1b17c3c0-d66a-4d85-aa80-263c325dc2d3

https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/83e66b0a-8560-4630-a6be-89362ffe05c2/download