La movilidad cooperativa, conectada y automatizada (CCAM) representa una oportunidad única para optimizar los sistemas de transporte de la Unión Europea (UE), haciéndolos más seguros, limpios, eficientes y accesibles. En su estado más avanzado, los servicios CCAM emplean vehículos conectados automatizados, comúnmente denominados coches y camiones autoconducidos, que operan sin intervención humana. Estos avances marcan la llegada de una nueva generación de vehículos, abriendo oportunidades y herramientas basadas en los datos generados por ellos. Los Estados miembros de la UE, la industria y la Comisión Europea (CE) colaboran para hacer realidad la visión de una movilidad automatizada conectada en toda la región, abordando los intereses de las autoridades públicas, los ciudadanos, las ciudades y el sector industrial. La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente (SSMS) de la UE resalta la relevancia de los sistemas automatizados conectados para transformar el transporte mientras contribuyen a la sostenibilidad y la seguridad.
El uso de vehículos automatizados se está integrando rápidamente en los sistemas de transporte, acompañado de políticas y legislaciones relacionadas con la ciberseguridad, la responsabilidad, el uso de datos, la privacidad y la conectividad. Sin embargo, estos vehículos solo pueden mantener la conectividad al cruzar fronteras si existe una adecuada coordinación a nivel europeo. Por ejemplo, el Reglamento (UE) 2019/2144 tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones graves mediante la incorporación de tecnologías de seguridad que sean obligatorias en todos los vehículos nuevos. Asimismo, el Reglamento (UE) 2022/1426 establece normas para implementar el Reglamento (UE) 2019/2144, incluyendo procedimientos uniformes y especificaciones técnicas para homologar los sistemas de conducción automatizada en vehículos completamente automatizados.
Otro marco legislativo relevante es la Ley de Datos (DA), una normativa horizontal que regula los contratos entre empresas. Dado que los datos son esenciales para sistemas de transporte seguros y eficientes, esta normativa también abarca el sector del transporte. La DA incrementa la seguridad jurídica tanto para las empresas de transporte como para los consumidores, al definir normas claras sobre el uso permitido de los datos y las condiciones asociadas, al tiempo que mitiga posibles abusos de desequilibrios contractuales. Además, permite a los organismos públicos acceder a los datos en posesión del sector privado y utilizarlos para fines específicos de interés público, como la planificación urbana, la gestión de carreteras y la mejora de infraestructuras.
El Foro de Florencia sobre datos de vehículos conectados planteó un caso interesante para analizar la necesidad de regular el acceso y uso de los datos en el contexto de un espacio digital en constante evolución. Actualmente, la Ley de Datos de la UE ofrece un marco general para regular el acceso y el intercambio de datos, especialmente entre dispositivos, una categoría que incluye a los coches conectados. Sin embargo, surge la cuestión de si es necesaria una regulación sectorial específica para gestionar los datos generados por los vehículos conectados en función del interés público.
Esta discusión se basa en el potencial de la digitalización para generar beneficios económicos y sociales. Una de las mayores aportaciones de la digitalización es su capacidad para coordinar a agentes fragmentados de manera más eficiente y a gran escala, alcanzando metas que difícilmente se lograrían de forma aislada. Este principio se aplica de manera especial al transporte por carretera, un sistema altamente fragmentado que requiere mejoras en eficiencia, seguridad, sostenibilidad y limpieza. Actualmente, el transporte por carretera ya está digitalizado. Los vehículos, considerados «ordenadores sobre ruedas», generan grandes cantidades de datos que suelen estar infrautilizados. A la vez, las infraestructuras viales, como carreteras equipadas con cámaras, semáforos inteligentes y sensores, producen datos cuyo potencial también está desaprovechado. Si las autoridades públicas y las partes interesadas tuvieran acceso a estos datos, se podrían lograr avances significativos en seguridad vial y en la competitividad de la industria automovilística de la UE.
Aunque existen sensibilidades comerciales en torno a la propiedad y el valor de estos datos, deberían aplicarse principios de acceso FRAND (justos, razonables y no discriminatorios). Sin embargo, el principal reto radica en la gobernanza, particularmente en superar las brechas de confianza y la fragmentación de las partes interesadas. Definir roles claros ayudaría a abordar estos desafíos. Aunque la regulación del acceso a los datos parece esencial, persisten dudas sobre cuáles actores deberían ser regulados y cómo hacerlo. En este contexto, el análisis de casos específicos resulta útil. En el Foro de Florencia se estudiaron dos casos de uso especialmente relevantes: la planificación urbana y la gestión de activos viarios.
Los sistemas de transporte urbano, especialmente en áreas metropolitanas, necesitan ser más eficientes, seguros, sostenibles y ecológicos. Un acceso adecuado a los datos de los vehículos podría mejorar los servicios de movilidad, optimizar el mantenimiento de infraestructuras y facilitar la planificación del transporte a corto, medio y largo plazo. Estas medidas están claramente alineadas con el interés público. Sin embargo, aunque las autoridades municipales son las entidades más cercanas a estas necesidades, podrían requerir intermediarios para gestionar y utilizar los datos de forma efectiva. Es fundamental distinguir entre datos con valor comercial, como aquellos usados por aseguradoras para calcular primas de conducción segura, y datos que sirven al interés público, como los empleados en planificación urbana o seguridad vial. Los consumidores estarían dispuestos a compartir los datos de sus vehículos si ello contribuye al bien común. La CE debería regular el acceso a los datos vinculados al interés público, incluyendo aquellos generados por vehículos conectados como e-scooters, especialmente para analizar cuasi accidentes y prevenirlos.
En cuanto al mantenimiento de carreteras, una gestión más integrada de los vehículos y las infraestructuras viales podría ofrecer beneficios significativos en términos de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Los operadores de carreteras, responsables de su mantenimiento, podrían lograr importantes ahorros mediante una planificación preventiva basada en datos. Sería conveniente desarrollar una tipología de agregación de datos que abarque niveles desde datos brutos individuales hasta información agregada y conocimientos derivados de aplicaciones. Los destinatarios de estos datos deberían ser actores que contribuyan al interés público mediante mejoras en seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, regular el acceso y uso de los datos sin identificar claramente a los destinatarios resulta problemático. En conclusión, la regulación debe considerar tanto aspectos sectoriales como intersectoriales, explorando instrumentos que optimicen el uso de datos en beneficio de la sociedad y del sistema de transporte en su conjunto.
Para leer más ingrese a:
https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/77599
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/77599/RSC_PB_2024_33.pdf?sequence=1&isAllowed=y