Pocas regiones concentran tantas tensiones del desarrollo sostenible como el Pacífico insular. Catorce países y territorios, dispersos en cerca de 3.000 islas, conviven con una dependencia marcada de los combustibles fósiles, con un desastre de gran escala casi cada año y con pérdidas que, en promedio, alcanzan el 14 % del PIB y afectan al 11 % de la población. A ello se suman una deuda con alto riesgo de sobreendeudamiento en seis economías, un desempleo juvenil estimado en 23 % y una cuarta parte de la población por debajo de la línea de pobreza de necesidades básicas. Sobre ese diagnóstico se construye un programa de cinco años, alineado con el Marco de Cooperación del Pacífico, la estrategia Blue Pacific Continent y la Agenda 2030, que se ejecuta desde las oficinas multipaís de Fiji y Samoa.
La teoría de cambio se despliega en tres resultados que se refuerzan entre sí. El primero, planeta, articula la gestión de ecosistemas con políticas de clima y gestión de riesgo de desastres que incorporan enfoque de género y de derechos. Sus metas son concretas: pasar de 5 a 10 países con mayor superficie forestal, de 3 a 7 con menores emisiones per cápita y de 44 a 90 los sistemas de alerta temprana funcionales en Fiji. Por su parte, el segundo resultado, prosperidad, apuesta por la economía azul y verde, el empleo equitativo y la transformación digital, con metas como llevar de 1 a 13 los países con presupuestos alineados a los ODS y movilizar inversión azul y verde por USD 80 millones en Fiji. El tercero, paz, se orienta a sistemas de justicia más justos, finanzas públicas transparentes y mayor participación política de las mujeres, un frente exigente si se considera que ocupan apenas 6 % de los escaños parlamentarios.
El componente energético y digital ofrece los elementos de mayor interés para el sector eléctrico. En materia de acceso, se espera que los países con mayor cobertura de electricidad pasen de 11 a 14, y que la capacidad renovable instalada en Fiji aumente de 5 a 36 MW, mientras que en Samoa pase de 0 a 3 MW. Esas metas se acompañan de eficiencia energética, transporte sostenible, capacitación de talento local, incentivos financieros y un diseño del acceso que atiende las necesidades de las mujeres en los hogares más vulnerables. De igual modo, la agenda digital incluye marcos de política, gobierno electrónico, gobernanza de datos, ciberseguridad y evaluaciones de preparación digital con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, además de herramientas de innovación como la red Accelerator Labs Network y el uso de inteligencia artificial en procesos de consulta.
La ejecución descansa en un esquema de ejecución nacional, con alianzas que reúnen a gobiernos, agencias de Naciones Unidas, bancos multilaterales, el Fondo Verde del Clima y donantes bilaterales. Los recursos previstos superan los USD 375 millones para la oficina de Fiji y cerca de USD 75 millones en otros recursos para la de Samoa, y se reserva al menos 20 % del presupuesto para intervenciones de género. Además, se anticipan riesgos asociados a amenazas climáticas, tensiones políticas e incertidumbre global, con una estrategia de continuidad y umbrales para reasignar recursos. Para los profesionales del sector energético colombiano, su lectura aporta una mirada práctica sobre cómo se conectan el acceso a energía, la resiliencia climática, la financiación y la inclusión en territorios insulares y comunidades aisladas, un insumo útil para pensar soluciones en zonas no interconectadas.
Para leer más ingrese a:
https://www.undp.org/pacific/publications/multi-country-programme-document-2023-2027