La integración creciente de recursos energéticos distribuidos y la electrificación de la demanda han incrementado la presión operativa sobre las redes de distribución eléctrica en Europa. Frente a este escenario, la flexibilidad emerge como una alternativa para gestionar congestiones, mantener la seguridad del sistema y posponer inversiones en infraestructura física. No obstante, su incorporación plantea interrogantes regulatorios relacionados con la neutralidad del operador de red, la eficiencia económica y la competencia en los mercados. El marco normativo europeo establece que los operadores de sistemas de distribución deben adquirir servicios de flexibilidad a través de mecanismos de mercado abiertos y transparentes. Sin embargo, se reconoce que existen contextos donde estas soluciones no están disponibles o no resultan viables en el corto plazo. En consecuencia, se habilita la posibilidad de aplicar derogaciones al principio general de contratación de flexibilidad, siempre bajo la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Este equilibrio entre regla y excepción define el núcleo del análisis regulatorio contemporáneo.

Las autoridades reguladoras enfrentan la tarea de evaluar si las condiciones locales justifican una desviación temporal de los mecanismos de mercado. Para ello, se consideran factores como el nivel de madurez de los mercados de flexibilidad, la existencia de proveedores, la urgencia de las necesidades operativas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas. De esta forma, la regulación no se limita a una aplicación uniforme de la norma, sino que incorpora criterios de adaptación al contexto territorial y tecnológico. A partir del análisis comparado de distintos enfoques nacionales, se observa una diversidad significativa en la interpretación y aplicación de las derogaciones. Algunos reguladores adoptan una postura restrictiva, autorizando excepciones solo bajo condiciones muy específicas y por períodos limitados. Otros, en cambio, muestran mayor flexibilidad regulatoria, especialmente en sistemas donde los mercados locales aún no se han desarrollado plenamente. Esta heterogeneidad refleja diferencias estructurales entre redes, niveles de digitalización y capacidades institucionales.

Asimismo, la justificación de las derogaciones suele apoyarse en evaluaciones económicas y técnicas que buscan demostrar que la contratación basada en mercado no permitiría resolver de manera eficiente los problemas identificados. En este sentido, se exige que los operadores de red presenten análisis detallados que comparen soluciones de mercado con alternativas regulatorias, garantizando transparencia y trazabilidad en la toma de decisiones. Además, se subraya la necesidad de que las excepciones no se conviertan en prácticas permanentes que desalienten la participación de nuevos actores. La supervisión regulatoria también se orienta a asegurar que las derogaciones no generen distorsiones competitivas ni refuercen posiciones dominantes de los operadores de red. Por tanto, se promueve la separación funcional, la publicación de información relevante y la revisión periódica de las decisiones adoptadas. Estas medidas buscan preservar la confianza de los participantes del mercado y facilitar la transición hacia esquemas más abiertos y dinámicos.

El enfoque regulatorio analizado evidencia una tensión constante entre la necesidad de garantizar la operación segura del sistema eléctrico y el objetivo de fomentar mercados de flexibilidad eficientes. La flexibilidad regulatoria, entendida como capacidad de adaptación normativa, se presenta como un instrumento para gestionar esta tensión sin comprometer los principios de neutralidad y competencia. Bajo esta lógica, las derogaciones se conciben como herramientas transitorias que deben acompañar, y no reemplazar, el desarrollo progresivo de mercados de flexibilidad en las redes de distribución.

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