La economía mundial atraviesa múltiples transiciones en un entorno donde los mercados abiertos y el sistema internacional basado en reglas se encuentran bajo una presión considerable. El debilitamiento global del estado de derecho y el auge de las tensiones geopolíticas han provocado que las prioridades de seguridad económica condicionen de forma creciente las políticas de comercio e inversión. Ante este escenario, resurgen las políticas industriales como un mecanismo para fortalecer la resiliencia, acelerar las transiciones energéticas y corregir dependencias u overconcentraciones en las cadenas de suministro. Por lo tanto, los principios internacionalmente acordados sobre la conducta empresarial responsable se posicionan como un punto de referencia común para abordar estos desafíos compartidos, buscando salvaguardar a las personas y al medio ambiente mientras se garantiza un campo de juego previsible y nivelado para las corporaciones. El análisis exhaustivo de la información pública de las 10,000 empresas cotizadas más grandes del mundo, que representan el 96% de la capitalización bursátil global, revela que las expectativas del mercado y las políticas gubernamentales han experimentado una expansión significativa en respuesta a las presiones sociales y ambientales actuales.

Bajo esta premisa de transformación normativa, se observa una brecha sustancial de implementación entre la adopción de políticas corporativas y las medidas reales para identificar y abordar impactos negativos. Aunque aproximadamente el 40% de las grandes empresas cotizadas han divulgado compromisos de conducta responsable en sus cadenas de suministro, existe una disparidad marcada en la profundidad de estas acciones. Cerca de la mitad de estas organizaciones declaran utilizar criterios ambientales o de derechos humanos para seleccionar a sus proveedores, pero menos del 20% informan realizar una evaluación de riesgos efectiva siguiendo dichos criterios. Esta desconexión resulta especialmente preocupante por cuanto los riesgos de interrupción en la cadena de suministro tienden a incrementarse más allá de los socios comerciales directos, siendo un 21% más altos en el segundo nivel que en el primero. De igual forma, la mayoría de las empresas no logran identificar el origen de sus materias primas críticas, lo que dificulta la diligencia debida en los segmentos más profundos de sus operaciones. La gestión de estos riesgos no solo es un imperativo ético, sino que se vincula directamente con la seguridad del suministro en sectores volátiles como el de las industrias extractivas.

En este mismo orden de ideas, el papel de los gobiernos como promotores de la conducta empresarial responsable se ha vuelto más activo a través de seis áreas de política fundamentales que incluyen marcos legales, contratación pública y empresas estatales. Un número creciente de agencias de promoción de inversiones están alineando sus estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible, otorgando una prioridad estratégica a la calidad de la inversión extranjera directa sobre la cantidad. Las cláusulas de conducta empresarial responsable se han vuelto comunes en los acuerdos comerciales y de inversión firmados recientemente, buscando nivelar las condiciones de competencia internacional. Por su parte, la contratación pública se utiliza como una herramienta determinante, donde países como los Países Bajos ofrecen descuentos en procesos de licitación a proveedores que demuestren sistemas efectivos de reducción de emisiones de carbono. No obstante, la fragmentación en el diseño y la terminología de estas medidas nacionales e internacionales genera desafíos de cumplimiento para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas entidades. Por lo tanto, la cooperación gubernamental a través de plataformas inclusivas es vital para reducir las cargas administrativas innecesarias y promover una coherencia que evite la duplicidad de esfuerzos.

A tenor de lo expuesto, las empresas de propiedad estatal emergen como actores de relevancia estratégica, mostrando en muchas regiones una adopción de prácticas de diligencia debida superior a la de las empresas privadas. En Europa, la diferencia en la implementación de medidas de prevención y mitigación entre ambos tipos de propiedad es significativamente notable, lo que subraya el potencial de estas entidades para liderar con el ejemplo. Pese a estos avances, el acceso a mecanismos de reparación para las víctimas de abusos corporativos sigue siendo un área con grandes deficiencias, aunque agencias gubernamentales en países como Bélgica están desarrollando guías para facilitar estos procesos judiciales y no judiciales. La simplificación regulatoria, como la observada en las revisiones de las directivas europeas de sostenibilidad, busca equilibrar la transparencia con la competitividad, reduciendo los puntos de datos de reporte sin comprometer los estándares internacionales. En última instancia, la integración de la conducta responsable en los mandatos de las agencias de crédito a la exportación refleja que la sostenibilidad ya no es un elemento periférico, sino un componente central de la gestión de riesgos financieros y operativos en el comercio global contemporáneo.

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https://www.oecd.org/en/publications/oecd-responsible-business-outlook-2026_2b15370f-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/oecd-responsible-business-outlook-2026_e1db7f05/2b15370f-en.pdf