En 2015, Panamá elaboró su Plan Energético Nacional a 2050, el cual incluyó propuestas para iniciar un proceso de transición energética a largo plazo y el análisis de diversos escenarios de desarrollo del sector. Al transcurrir cerca de nueve años desde ese hito, es posible analizar la evolución de este proceso en curso. Esta nota técnica tiene el objetivo de evaluar los avances en el sector energético panameño y proponer acciones de política energética para continuar con un proceso de transición energética justo y sostenible. El análisis del proceso de transición energética considera el año 2015 como base y evalúa cuantitativamente los cambios en indicadores energéticos clave hasta 2024. El análisis también identifica las políticas energéticas clave que han sido propuestas en este período y las acciones de política que el país ha implementado. Finalmente, se identifican algunas lecciones aprendidas y se esbozan tanto los desafíos como las recomendaciones de próximos pasos para continuar con el proceso de transición energética en el país. En términos de planificación, el país desarrolló el Plan Energético Nacional 2015-2050, que presentó propuestas para la política energética a largo plazo enfocadas en la diversificación y descarbonización de la matriz energética, la eficiencia energética y la seguridad de suministro. Además, en 2020 se publicaron los lineamientos de la Agenda de Transición Energética a 2030, y entre 2020 y 2024 se prepararon sus estrategias, alineadas con la planificación a largo plazo, incorporando acciones y metas ambiciosas para el corto y mediano plazo. Todo esto fue un proceso participativo en el que se incluyó a los actores clave del sector. Entre las principales políticas estratégicas, el país avanzó en la diversificación y participación de las energías renovables en la matriz eléctrica. La participación promedio de las energías renovables para la generación eléctrica aumentó 6,3 puntos porcentuales entre 2015 y 2023, de 60,4% a 66,7%, siendo la hidroelectricidad la de mayor participación en la matriz, aunque con un notable crecimiento de la capacidad instalada solar y eólica (30% a 2024). Complementando lo anterior, se sustituyó el uso de combustibles líquidos para la generación eléctrica por gas natural, aspectos que incidieron en los costos del sector y en su perfil de emisiones. De igual forma, aumentó de 4,0 MW a 98,8 MW la capacidad de generación solar distribuida en autoconsumo, representando un estimado de 0,9% de la generación eléctrica en 2023. Por otro lado, se implementó el marco legal y regulatorio para la promoción de la movilidad eléctrica en 2022, incorporando metas ambiciosas para la adopción de esta tecnología por el sector público y el transporte masivo, nuevos esquemas para el desarrollo de estaciones de carga por el sector privado y exoneraciones para la importación y circulación de vehículos eléctricos. Además, se desarrollaron acciones enfocadas en promover la eficiencia energética mediante la implementación, actualización y homologación con Centroamérica de normas y reglamentos técnicos para equipos de consumo y la guía de construcción sostenible. Con relación a la calidad del servicio eléctrico, no se identificaron mejoras en los indicadores en el período analizado; incluso, algunos indicadores han empeorado en algunas áreas. Esto indica una necesidad de atender el tema tanto desde el punto de vista de incrementar las inversiones en el sector como desde el ángulo de aplicar nuevas tecnologías digitales para el monitoreo y el incremento de la calidad de servicio.  

Respecto al uso de energía renovable en la matriz, durante el periodo de análisis el consumo final de energía presentó tendencias limitadas a la sustitución de energía fósil por energía renovable o electricidad. En 2022, el 65,9% del consumo final estaba suministrado por combustibles fósiles, comparado con 70,8% en 2015. En el sector transporte, 99,7% del consumo final fue basado en combustibles fósiles. Es decir, si bien el sector eléctrico avanza en su diversificación y descarbonización, aún existe potencial para reducir el uso de combustibles fósiles en otros subsectores de la matriz energética, principalmente en el transporte. Panamá se encuentra en una región vulnerable al cambio climático. Por ello, además de avanzar en la mitigación de las emisiones de CO2, el sector energético debe incorporar en sus procesos de planificación y ejecución de proyectos esquemas y acciones orientadas a la adaptación y resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro a largo plazo. Este es un aspecto que las entidades sectoriales están trabajando (al momento de la redacción de esta nota), y se esperan avances en los próximos años. Dada su posición geográfica, Panamá tiene un rol importante en la integración energética regional. Para avanzar con el proceso de integración, es necesario promover acciones de política para profundizar la integración eléctrica en el Mercado Eléctrico Regional de América Central e impulsar el desarrollo del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá para robustecer la seguridad, confiabilidad y resiliencia del suministro eléctrico de la región y optimizar el uso de sus recursos energéticos. De la misma manera, complementado por su infraestructura logística, como el Canal de Panamá, el país tiene el potencial de ser un participante activo en la cadena de valor de energéticos de bajo carbono. Finalmente, se identifica la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las instituciones del sector, dado el rol clave que estas tendrán en la formulación y actualización de políticas y el desarrollo regulatorio en un ambiente tecnológico en evolución. La política y regulación del sector deben acompañar el desarrollo tecnológico y maximizar para la sociedad los beneficios que se pueden obtener de él. De la misma manera, las entidades a cargo de la implementación de proyectos de electrificación rural y transmisión deben incrementar su capacidad de ejecución, dados los desafíos de inversiones identificados para el corto y mediano plazo para lograr un acceso universal, asequible, seguro y sostenible. La innovación y el cambio tecnológico tienen un rol significativo en la transición energética. Las mejoras en términos de confiabilidad, eficiencia y reducción de los costos de las tecnologías fotovoltaicas y turbinas eólicas para la generación eléctrica son un factor clave en la adopción tecnológica. Se espera que otras tecnologías asociadas a la descarbonización de la matriz energética también presenten mejoras sustanciales en esta década. Por otro lado, los avances en la digitalización están permitiendo capturar, transmitir y procesar datos a gran escala, creando nuevas herramientas con el potencial para la mejora continua en la eficiencia, confiabilidad y seguridad del sector energético. La digitalización se presenta como una oportunidad para generar valor en todos los segmentos del sector energético. El aprovechamiento de las tecnologías digitales depende de la formulación de políticas y regulaciones que puedan incentivar su uso, con una adecuada distribución de costos y beneficios. 

La adopción de nuevas tecnologías que apoyen el proceso de transición energética debe acompañarse de adaptaciones en las políticas y regulaciones del sector, que permitan y promuevan su participación para brindar los mayores beneficios posibles a los beneficiarios. Políticas y regulaciones desactualizadas pueden presentar el riesgo de que las sociedades no capturen el valor del cambio tecnológico y se produzcan disrupciones continuas con mayores impactos para los más vulnerables. Además del avance tecnológico, el proceso de transición energética es impulsado por acuerdos y compromisos internacionales que promueven la cooperación internacional y una planificación a largo plazo enfocada en la descarbonización de las economías. El proceso es heterogéneo alrededor del mundo. Entre regiones y países se presentan una diversidad de estados de situación y trazos para lograr sus objetivos, lo que da lugar a una variedad de transiciones energéticas. La transición energética es un proceso en curso y, en muchos de los sectores, es inevitable. Los países que adopten el cambio tecnológico tienen la oportunidad de mejorar su posición para alcanzar matrices energéticas y economías más sostenibles. A fin de cumplir con el Acuerdo de París, los países deben presentar periódicamente sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). En sus CDN, los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Panamá presentó su CDN en 2016 y su primera actualización en 2020, las cuales se discuten en una sección posterior. Los países elaboran estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, proporcionando un horizonte a largo plazo para las CDN y situándolas en el contexto de sus prioridades de planificación y desarrollo, brindando una visión y dirección para el desarrollo futuro. La aplicación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social basada en las mejores referencias científicas disponibles. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de cinco años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo por los países. El país debe seguir diversificando las fuentes de generación eléctrica, incorporando energías renovables, para alcanzar una transición que sea justa para la población y sostenible a largo plazo. El desarrollo del sector energético también debe considerar una visión de adaptación climática, dada la dependencia de la energía hidroeléctrica en la matriz eléctrica y la propensión del país a los desastres naturales. La resiliencia del sector puede incrementarse a través de la diversificación de la matriz eléctrica, con alternativas de bajo carbono, principalmente eólica y solar, y con la incorporación de criterios de resiliencia en la elaboración de planes y proyectos de inversión. 

El proceso de transición energética de Panamá puede ser fortalecido con la actualización del marco legal y de las regulaciones pertinentes. En particular, es necesario actualizar aquellos aspectos legales y normativos que permitan aprovechar el desarrollo tecnológico del último cuarto de siglo, brindando beneficios a la sociedad. Por ello, para continuar avanzando hacia los objetivos de descarbonización y sostenibilidad, se recomienda fortalecer las políticas y regulaciones actuales, robustecer la institucionalidad y la capacidad de ejecución de las entidades, integrar la adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático en la planificación y ejecución de proyectos, y fomentar la integración regional y la cooperación internacional. La transición energética tiene el potencial de dinamizar la economía panameña. Se requiere priorizar la ejecución de acciones de política para acelerar la inversión y la creación de nuevos modelos de negocio con un enfoque en sostenibilidad y descarbonización a largo plazo. Nuevos actores en el sector energético pueden incrementar la competencia e innovación, ofreciendo a los usuarios energía de mayor calidad e incluso la posibilidad de participar en el sector. En este proceso, también es necesario crear mano de obra local que acompañe este proceso, tanto a nivel técnico como universitario, incluyendo la formación en tecnologías digitales. Panamá ha realizado importantes avances en la última década, tanto en el avance de indicadores clave como en la formulación de políticas energéticas. La transición energética es un proceso en curso a nivel global, fomentado por el avance tecnológico y los compromisos climáticos. El país puede aprovechar una transición energética justa y sostenible para promover el desarrollo económico y social, cumpliendo con sus compromisos internacionales de descarbonización. El enfoque debe estar en la implementación efectiva de las estrategias delineadas, con una revisión y ajuste continuo de las acciones, basado en la evolución del contexto global y local. La visión a largo plazo de Panamá hacia 2050 debe reflejar una matriz energética diversificada, sostenible y baja en carbono, alineada con el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes. 

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