Las políticas agropecuarias en el Perú entre 2019 y 2022 muestran una compleja interacción entre objetivos de apoyo al sector productivo y la necesidad de atender compromisos ambientales. Durante este periodo, las medidas implementadas reflejaron esfuerzos por mejorar la competitividad agrícola, garantizar ingresos a los productores y asegurar la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que se mantenían desafíos significativos en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, los apoyos directos e indirectos al sector se concentraron en transferencias fiscales, subsidios y programas de financiamiento destinados a facilitar el acceso a insumos, infraestructura y tecnología. Estos instrumentos tuvieron como propósito elevar la productividad, especialmente en cultivos de exportación y en productos estratégicos para el consumo interno. Sin embargo, gran parte de estas intervenciones se vinculó con el uso de fertilizantes sintéticos, combustibles fósiles y prácticas de manejo que contribuyen al incremento de emisiones, lo que pone en evidencia la tensión entre objetivos económicos y compromisos ambientales.

La pandemia de COVID-19 acentuó estas dinámicas, dado que las medidas de emergencia incluyeron subsidios adicionales para estabilizar precios de insumos y apoyar a pequeños productores, garantizando el abastecimiento alimentario en condiciones críticas. Aunque estas políticas fueron necesarias para sostener la producción, generaron un aumento temporal en los apoyos distorsivos con implicaciones ambientales. En este contexto, la agricultura peruana reafirmó su dependencia de modelos intensivos que, aunque eficaces para mantener la oferta, resultan menos compatibles con metas de sostenibilidad. Al analizar la relación entre apoyos y emisiones, se evidencia que los incentivos orientados al consumo de fertilizantes nitrogenados y al uso de diésel en el transporte agrícola tienen una contribución significativa en el balance de gases de efecto invernadero del sector. En contraste, los programas orientados a la agricultura sostenible, al fortalecimiento de la agroecología o al desarrollo de cadenas de valor menos intensivas en carbono recibieron menor proporción de recursos. Esta disparidad refleja la necesidad de una reorientación que no solo sostenga la productividad, sino que también promueva prácticas resilientes frente al cambio climático.

Asimismo, la evaluación cuantitativa de los apoyos revela que gran parte de los recursos se asignó a programas temporales o de alcance limitado, lo que dificulta la consolidación de una estrategia de largo plazo. La fragmentación institucional y la falta de coordinación entre políticas sectoriales refuerzan esta situación, generando dificultades para medir impactos y garantizar coherencia con las metas nacionales de reducción de emisiones. No obstante, también se observan oportunidades. La creciente importancia del debate climático en la agenda pública, junto con los compromisos internacionales del Perú, abre un espacio para vincular de manera más estrecha las políticas agropecuarias con estrategias de mitigación y adaptación. Iniciativas orientadas a la reconversión productiva, la promoción de sistemas agroforestales y el fortalecimiento de capacidades locales podrían contribuir a reducir la dependencia de insumos de alto impacto ambiental.

Además, la transición hacia prácticas más sostenibles requiere no solo cambios en la asignación de apoyos, sino también un marco regulatorio e institucional que incentive la innovación tecnológica promueva la gestión eficiente de recursos hídricos y fomente la cooperación entre el Estado, el sector privado y las comunidades rurales. Este enfoque integral permitiría alinear mejor los objetivos de seguridad alimentaria y desarrollo rural con las metas de reducción de emisiones. Siendo así, las políticas agropecuarias implementadas entre 2019 y 2022 respondieron a necesidades inmediatas de competitividad y estabilidad social, pero al mismo tiempo profundizaron la dependencia de modelos productivos con impactos ambientales significativos. La experiencia demuestra la urgencia de reorientar los apoyos hacia esquemas que prioricen sostenibilidad, resiliencia y eficiencia, de manera que el crecimiento del sector no se contraponga a los compromisos climáticos del país.

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