La certificación del gas natural surge como un mecanismo que permite avanzar en la transparencia de las emisiones asociadas a su producción, procesamiento y transporte, aportando datos verificables sobre la intensidad de gases de efecto invernadero. Esta herramienta responde a la necesidad de conciliar el uso de gas con las metas de reducción de emisiones y la seguridad energética, generando incentivos para que los operadores adopten tecnologías que permitan reducir las emisiones, en particular las de metano, un componente con alta capacidad de calentamiento global.
Se reconoce que las operaciones de gas natural representan cerca del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía a nivel mundial, con una participación relevante del metano, que equivale a aproximadamente dos tercios de estas emisiones en el sector. Al tomar en cuenta que grandes cantidades de gas se pierden a través de fugas y venteos, se estima que más de 50 bcm podrían recuperarse si se implementan medidas de mitigación de metano, contribuyendo tanto a la seguridad energética como a la reducción de emisiones. En este contexto, la certificación permite diferenciar volúmenes de gas según su intensidad de emisiones y prácticas ambientales, brindando a los compradores la oportunidad de priorizar suministros con menor huella de carbono. A su vez, facilita que las empresas cumplan con regulaciones emergentes, como las que se implementarán en la Unión Europea, donde se exigirá la demostración de estándares de medición y reporte de emisiones equivalentes a los requeridos localmente.
Actualmente, existen iniciativas voluntarias de certificación con distintos enfoques y metodologías. Entre estas, MiQ se enfoca en la intensidad de emisiones de metano, mientras que Equitable Origin aborda dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza más amplias. Ambos sistemas utilizan auditorías de terceros y esquemas de calificación para categorizar a las instalaciones, permitiendo la publicación de resultados que facilitan la comparabilidad entre distintos productores y regiones. Sin embargo, se identifican limitaciones en la implementación de estos sistemas, como la falta de uniformidad en estándares, la ausencia de medición directa en muchos casos y la cobertura parcial de las emisiones a lo largo de la cadena de suministro, lo que puede dificultar la comparabilidad y la credibilidad de las certificaciones. Por ello, se propone avanzar hacia la armonización de metodologías de medición y verificación, fortaleciendo la transparencia y facilitando el cumplimiento de los requisitos regulatorios en mercados de importación.
Además, se destaca la necesidad de extender las certificaciones a lo largo de toda la cadena de suministro, incluyendo el procesamiento, transporte y almacenamiento, para evitar que un gas certificado con bajas emisiones en origen se convierta en un producto con una huella elevada debido a procesos posteriores. La integración de tecnologías de captura de carbono, electrificación de instalaciones con energías de bajas emisiones y la reducción de venteo y quema de gas se identifican como acciones complementarias para disminuir la intensidad de emisiones. La certificación del gas natural también se conecta con las metas de los países productores e importadores de reducir sus emisiones, dado que, al diferenciar el gas por su intensidad de carbono, se fomenta la adopción de mejores prácticas, se incrementa la competitividad de productores con bajos niveles de emisiones y se refuerza la capacidad de los países de demostrar avances en sus objetivos climáticos. Así, se construye un marco en el que la certificación se convierte en una herramienta de apoyo a políticas energéticas más sostenibles, promoviendo cambios en la industria y contribuyendo a reducir el riesgo de cruzar umbrales críticos de cambio climático.
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