La informalidad laboral es hoy un termómetro de la calidad de los empleos que se crean. En los próximos 10 a 15 años, unos 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad de trabajar, pero se proyecta que solo se crearán unos 400 millones de puestos, lo que deja una brecha cercana a 800 millones. La participación informal oscila entre 10% en Europa y Asia central y 80% en Asia meridional y África subsahariana, y en América Latina y el Caribe ronda 55% de los trabajadores desde hace casi dos décadas, a pesar de reformas para facilitar el registro, abaratar la contratación formal y condonar infracciones laborales. La visión tradicional describe el sector como refugio de subsistencia y desempleo encubierto, mientras que el informe regional de 2007, Informalidad: Escape y exclusión, sostuvo que muchos trabajadores lo eligen de manera voluntaria. El análisis reconcilia ambas posturas con tres aportes: datos nuevos de varias regiones, la primera medición integral del valor que los trabajadores asignan a las prestaciones de cada sector y un modelo unificado del mercado laboral.

Los datos de 15 países de la región muestran cuatro sectores distinguibles: microempresas y trabajadores por cuenta propia, emprendedores transformadores, asalariados formales y asalariados informales. La informalidad se asocia con bajas habilidades: más de la mitad de los informales solo tiene educación primaria, frente a una cuarta parte de los asalariados y emprendedores formales, y 30% de las empresas de la región afirma que no puede expandirse por falta de mano de obra calificada. El trabajo por cuenta propia es el epicentro del fenómeno: 83% de los trabajadores informales, incluido 67% de los asalariados informales, trabaja en empresas de cinco o menos empleados. Lejos de ser desempleo encubierto, ofrece la mayor antigüedad (ocho años en el formal y seis en el informal, frente a cinco en el asalariado formal y dos en el asalariado informal), y entre 60% y 70% de quienes lo eligen entra por razones de oportunidad, con Colombia y Panamá muy por encima del promedio de la OCDE. Los trabajadores por cuenta propia valoran la flexibilidad y la independencia entre 30% y 45% de sus ingresos y, en promedio, valoran igual el trabajo por cuenta propia informal y el asalariado formal.

Esa elección convive con una paradoja: pese a las altas tasas de entrada por oportunidad, la mayoría de estos emprendimientos no crece, porque sus dueños tienen habilidades bajas y poca necesidad de crédito o de los servicios del Estado. Por eso la formalización de microempresas tiene poco efecto sobre el crecimiento, y el dinamismo depende de los emprendedores transformadores. Los asalariados informales son 22% de la fuerza laboral y 40% del sector informal, y entre 50% y 70% preferiría un empleo formal; en este grupo los salarios mínimos pueden racionar el acceso, y sus ingresos ajustados por prestaciones están entre 35% y 45% por debajo de los del asalariado formal. El hallazgo más llamativo es el impuesto implícito a la formalidad: los trabajadores asignan a los beneficios formales un valor muy inferior a su costo, por pensiones que nunca consolidan, coberturas de salud duplicadas y contribuciones que no perciben como beneficio. En las empresas grandes, esa brecha incentiva pagos por debajo de la mesa.

El análisis advierte contra los programas fragmentados y propone una estrategia integral de tres ejes. El primero amplía las habilidades de todo el espectro del capital humano: mejor educación pública, capacitación pertinente para el sector privado y más formación terciaria y en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para los emprendedores transformadores. El segundo reforma el entorno de negocios: reducir las restricciones de crédito, los costos laborales no salariales y las políticas que dependen del tamaño de las empresas, diseñar con cuidado los salarios mínimos y dirigir el apoyo al crecimiento a emprendedores de alto potencial. El tercero rediseña la protección social: desvincular la salud del contrato laboral, crear cuentas de pensiones portables y adaptar la regulación a las necesidades familiares y a nuevas modalidades de trabajo. Aunque no trata el sector eléctrico, para Colombia, aporta un marco útil para pensar la formación de talento técnico, la creación de empleo formal de calidad y una transición energética centrada en los trabajadores.

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