20 octubre, 2026
En un contexto de contracción de la ayuda externa y de presiones fiscales crecientes, las economías emergentes y en desarrollo necesitan recaudar más ingresos propios. Los ingresos tributarios se han estancado desde 2010 en torno al 10 % del PIB en países de bajos ingresos, 13 % en ingresos medios-bajos y 19 % en medios-altos, mientras los déficits primarios y las cargas de deuda aumentan. El informe sostiene que no se trata solo de recaudar más, sino de recaudar mejor, mejorando a la vez eficiencia y equidad.
Presenta un marco de frontera fiscal que mapea a los países según su distancia a un equilibrio óptimo entre ingresos, eficiencia y equidad, condicionada por fundamentos estructurales. La mayoría de los países aún no se encuentran en la frontera clásica y pueden avanzar en ambas dimensiones. Las 3T (tecnología, transparencia y confianza) amplían ese espacio de reforma: la tecnología reduce costos de cumplimiento y refuerza la administración; la transparencia facilita gravar a multinacionales y a los actores de mayores ingresos; y la confianza entre políticos, burócratas y ciudadanos facilita reformas políticamente viables.
El análisis cubre el uso creciente de tecnología en la administración tributaria (facturación electrónica, precarga de declaraciones, análisis de riesgo e inteligencia artificial), la tributación de actores económicos de alto nivel y la arquitectura internacional de transparencia, la economía política de la confianza, y aplicaciones a impuestos ambientales e incentivos industriales. Introduce el enfoque del valor marginal de los fondos públicos para evaluar reformas tributarias y de gasto, y muestra cómo los datos administrativos pueden informar políticas económicas y fiscales en tiempo casi real.
La guía de política clasifica a los países según fundamentos estructurales y distancia a la frontera, y ofrece rutas de reforma diferenciadas para impuestos sobre la renta, el consumo y la propiedad. Subraya la necesidad de proteger a los hogares pobres y vulnerables mientras se asegura que quienes tienen mayor capacidad de pago contribuyan de manera justa. El documento constituye una hoja de ruta práctica para formuladores de política que buscan fortalecer la movilización de recursos domésticos de forma eficiente, equitativa y políticamente sostenible.
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