Las comunidades energéticas son grupos de personas que se reúnen, organizan y cooperan para llevar a cabo actividades en el sector eléctrico, como generación, almacenamiento, gestión de la demanda y distribución. Estas comunidades suelen implicar la propiedad colectiva y el uso compartido de recursos energéticos descentralizados. En otras palabras, los ciudadanos trabajan juntos para gestionar y beneficiarse de los recursos energéticos renovables en lugar de depender únicamente de las empresas tradicionales de servicios públicos. Las comunidades energéticas están adquiriendo relevancia como una forma innovadora de incluir grupos poblacionales de bajos recursos en una transición energética justa. En estos casos, la instalación, financiación y operación de las comunidades requerirán de una intervención significativa de entidades externas. Estas comunidades energéticas promovidas por actores externos son diferentes a las comunidades energéticas como movimientos ciudadanos de base, en las que la ideación, financiación y despliegue de la solución energética se originan desde la comunidad.
Este informe pretende alimentar el debate actual sobre el papel de las comunidades energéticas en una transición energética justa y concientizar sobre el riesgo potencial del community washing, es decir, utilizar la etiqueta de «comunidad» para hacer un proyecto energético más atractivo o socialmente aceptable, pero en el que los ciudadanos no participan de forma significativa. El informe explora las implicaciones de las comunidades energéticas promovidas por actores externos basándose en un caso real: la Comunidad Solar La Estrecha, donde una universidad y varias empresas de energía cooperaron con los ciudadanos locales para crear una comunidad solar en un barrio de ingresos medios en Medellín, Colombia. El proyecto de La Estrecha consiguió aportar beneficios económicos a la comunidad, abrió un espacio de participación y aprendizaje sobre el sector energético y se convirtió en el primer proyecto comunitario de energía conectada a la red de Colombia. También se detectaron importantes barreras a estos modelos, como los elevados costos de inversión, la complejidad de los procedimientos de conexión y la falta de marcos regulatorios e incentivos económicos adecuados. La conclusión es que la comunidad de La Estrecha y la mayoría de las comunidades de Colombia aún no tienen la capacidad de desarrollar comunidades energéticas de forma independiente como movimientos ciudadanos de base. Este informe propone dos retos principales para los responsables políticos: reducir la complejidad de los procedimientos legales técnicos de conexión y participación en el mercado eléctrico y aprobar una regulación que mejore las condiciones financieras para permitir que más ciudadanos creen comunidades energéticas como movimientos ciudadanos de base y establecer directrices claras para que las comunidades promovidas por actores externos no incurran en el community washing.
La estructura de este informe es la siguiente: en la Sección I se define el origen de las comunidades energéticas como movimientos ciudadanos de base. La Sección II explica cómo las comunidades energéticas se consideran herramientas relevantes para resolver la pobreza energética e incluir a grupos tradicionalmente marginados en una transición energética justa. La Sección III explica un marco para distinguir las comunidades energéticas de base y las comunidades promovidas por actores externos. La Sección IV ofrece una descripción detallada de la Comunidad Solar de La Estrecha. La Sección V analiza los riesgos emergentes y ofrece recomendaciones para evitarlos. En resumen, el informe ofrece una visión crítica sobre la Comunidad Solar La Estrecha en Medellín, Colombia, destacando los desafíos y limitaciones que enfrenta, y enfatizando la necesidad de repensar y redefinir las comunidades energéticas para lograr una transición justa hacia un modelo energético sostenible.
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