El sector de Infraestructura en América Latina y el Caribe necesita repensarse, reformarse, actualizarse y requiere de cambios urgentes en su gobernanza para aumentar su productividad y competitividad con un enfoque renovado en sostenibilidad social y ambiental. La región necesita de una nueva arquitectura sectorial que asegure que la provisión de servicios satisfaga la demanda en cantidad y calidad, y al mismo tiempo promueva esquemas eficientes para lograr la provisión de los servicios a precios asequibles y equitativos. 

Los servicios de transporte, energía, agua y saneamiento son esenciales para el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas y, por tanto, una pieza fundamental en la estrategia de desarrollo e inclusión social de los países. En América Latina y el Caribe, en línea con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), enfrentamos el reto de lograr el acceso universal a servicios de calidad y que sean, a su vez, asequibles y sostenibles. Considerando que la pandemia del COVID-19 ha tenido impactos en la provisión de los servicios de infraestructura (Yépez-García et al., 2022a), el desafío de contar con más y mejor infraestructura no solo permanece, sino que es incluso más apremiante. La actual brecha de infraestructura es, a la vez, un reto y una oportunidad para que los países de la región dinamicen sus economías en la recuperación post pandémica. Entonces, ¿qué necesitan los países para impulsar de manera efectiva el desarrollo de infraestructura sostenible e inclusiva? Un primer requisito de suma importancia es atraer más recursos a la infraestructura, mejorando el fondeo y el financiamiento, especialmente el privado, que permitan impulsar la inversión, Para ello, es indispensable que la región priorice la adopción de un amplio espectro de políticas que permitan mejorar la manera como se invierte en infraestructura. Las reformas de las políticas que guían la inversión en infraestructura deben ser consideradas como elemento clave de un nuevo compacto social  

El estudio consta de 5 secciones, puntualmente en la sección 2 por ejemplo describe el contexto regional y elabora sobre algunas regularidades empíricas del sector de infraestructura en América Latina y el Caribe. La sección 3 esboza el marco conceptual utilizado para trazar la agenda de reformas requeridas en el sector de infraestructura. La sección 4 presenta las tendencias emergentes que impactan la velocidad y urgencia de reformas requeridas. Finalmente, la sección 5, elabora sobre un conjunto de reformas y cambios institucionales, incluyendo reformas de políticas y creación de nuevos instrumentos, encaminados a reactivar e incrementar tanto la inversión en infraestructura como la calidad de los servicios que se prestan.    

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