Los programas de incentivos para eficiencia energética en el ámbito residencial representan una herramienta valiosa para acelerar la transición hacia viviendas más sostenibles. Sin embargo, su diseño actual suele estar marcado por complejidades innecesarias que dificultan el acceso y reducen su efectividad. Esta situación se traduce en una menor participación de consumidores y contratistas, especialmente entre los hogares de menores ingresos, quienes enfrentan barreras adicionales para navegar los sistemas burocráticos existentes.

Uno de los obstáculos más persistentes es la fragmentación institucional. Con frecuencia, múltiples entidades (agencias estatales, municipios, compañías de servicios públicos) administran programas independientes, cada uno con sus propios requisitos, formularios y procesos de verificación. Esta superposición confunde a los usuarios, retrasa la implementación de mejoras y eleva los costos administrativos. Además, los marcos normativos suelen estar diseñados desde una lógica de prevención de fraude que termina penalizando la experiencia del usuario, reduciendo la agilidad y eficiencia del sistema.

Para responder a estos retos, se proponen diversas estructuras legislativas capaces de simplificar la operación de los programas y mejorar su coordinación. Una primera opción contempla la creación de una entidad centralizada que funcione como punto único de acceso a todos los incentivos disponibles. Este mecanismo permitiría integrar la información de distintos programas en una sola plataforma digital, facilitar la aplicación conjunta a múltiples beneficios y automatizar procesos como la verificación de ingresos o la geolocalización del inmueble. Esta modalidad también contempla evaluaciones periódicas por parte de terceros para medir su efectividad y proponer ajustes basados en evidencia.

Otra propuesta plantea la conformación de una autoridad dedicada exclusivamente al diseño, planificación y administración de los programas de eficiencia energética. Esta entidad operaría con criterios técnicos unificados, permitiendo reducir la dispersión normativa y establecer estándares de desempeño que contemplen la diversidad climática del territorio. Asimismo, podría adoptar mecanismos de aprobación automática para reemplazos urgentes de equipos, algo especialmente relevante en situaciones donde las decisiones deben tomarse en tiempos reducidos.

Una alternativa adicional es la conformación de un consejo técnico de supervisión, encargado de armonizar los criterios de evaluación, seguimiento y diseño de programas entre las distintas agencias existentes. Esta estructura no sustituiría a las entidades ejecutoras, pero establecería lineamientos vinculantes que garanticen una experiencia más coherente para usuarios y contratistas. Para asegurar una representación equilibrada, se sugiere la inclusión de actores con experiencia técnica, visión del mercado y compromiso con los objetivos de accesibilidad y equidad. Se contempla la creación de una fuerza de tarea interinstitucional orientada a alinear los programas existentes y llenar vacíos en aquellos ámbitos aún no cubiertos. Esta instancia tendría un mandato temporal, enfocado en diagnosticar las brechas, identificar solapamientos y proponer recomendaciones que permitan avanzar hacia un sistema más integrado.

La implementación de cualquiera de estas opciones requiere voluntad política, colaboración entre niveles de gobierno y un enfoque centrado en la experiencia del usuario. Simplificar el acceso a los incentivos no solo mejora la eficiencia del gasto público, sino que acelera la adopción de tecnologías limpias, dinamiza la actividad económica local y promueve una mayor equidad en el acceso a soluciones sostenibles. En un contexto donde se proyectan inversiones millonarias para la descarbonización del sector residencial, resulta imprescindible diseñar mecanismos que aseguren que estos recursos lleguen de forma efectiva y equitativa a quienes más los necesitan.

Para leer más ingrese a:

https://rmi.org/insight/reforming-residential-energy-efficiency-incentive-programs-best-practices-and-legislative-options

https://rmi.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2025/03/Reforming_Residential_Energy_Efficiency_Incentive_Programs_Reforming_EEPrograms_Legislation.pdf