La regulación a nivel estatal impacta significativamente las finanzas del sector de servicios públicos de energía en EE. UU. Esta influencia se ha intensificado debido a la transición energética en curso y al aumento del gasto en capital. Desde la pandemia de COVID-19, la inflación y las tasas de interés han alcanzado niveles no vistos en décadas, lo que complica aún más el panorama financiero. Acelerar el gasto en capital para cumplir con los objetivos de las políticas públicas, junto con la inflación y el aumento de las tasas de interés, supone un reto tanto para las empresas de servicios públicos como para los reguladores. Además, los costos por interrupciones y restauración de servicios debido a eventos climáticos severos, como huracanes, tormentas invernales e incendios forestales, afectan cada vez más las perspectivas financieras de las empresas de servicios públicos. Estos factores están impulsando una agenda activa de casos tarifarios a nivel nacional, en un momento en que los reguladores y responsables políticos están particularmente sensibles a los problemas de asequibilidad.

Este creciente enfoque en los temas energéticos ha influido en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, así como en las principales elecciones estatales y locales, lo que añade incertidumbre macroeconómica adicional para los inversores en el sector, dado que podrían surgir cambios significativos en las políticas, los cuales probablemente serán implementados por los reguladores estatales. Estos desempeñarán un papel fundamental en determinar la dirección y magnitud de los impactos en las empresas de servicios públicos que supervisan. El nivel comparativo de riesgo regulatorio entre las empresas matrices de servicios públicos será un factor clave en las decisiones de los inversores, lo que convierte la mitigación de riesgos en una prioridad para la gestión de estas empresas.

En respuesta, Regulatory Research Associates llevó a cabo un análisis comparativo del riesgo regulatorio en una muestra de 46 grandes empresas de servicios públicos de energía que cotizan en bolsa en EE. UU., lo que culminó en la «Evaluación Comparativa del Riesgo Regulatorio de las Empresas Matrices de Servicios Públicos de EE. UU. de 2024». De las 46 empresas examinadas por RRA, nueve fueron identificadas como de riesgo regulatorio inferior al promedio, y nueve como de riesgo regulatorio superior al promedio, siendo las restantes 28 consideradas de riesgo regulatorio promedio. La mayoría de las empresas en la categoría de riesgo «Inferior al Promedio» tienen operaciones centradas en el Medio Oeste y el Sureste. Solo dos tienen operaciones sustanciales en un estado que ha implementado una competencia minorista total para el servicio de generación eléctrica. Ocho de las nueve empresas operan en múltiples jurisdicciones, y solo una, con operaciones de gas, sirve en un estado que está restringiendo activamente el servicio de gas natural. A continuación, se presenta una discusión más detallada sobre estas empresas.

Las fuerzas macroeconómicas intensificadas y los objetivos de políticas energéticas en evolución han colocado a la industria de servicios públicos de EE. UU. en el centro de la escena. Los gobernadores, legisladores estatales y reguladores, así como las autoridades municipales, desempeñan roles clave en la configuración del futuro de las empresas de servicios públicos. El impacto en las finanzas de las empresas de servicios públicos, derivado del aumento del gasto en capital, la alta inflación y las tasas de interés, y la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos severos, está creciendo rápidamente. Las recientes elecciones han incrementado el nivel de atención sobre los temas energéticos y los riesgos para los inversores.

Con esto en mente, Regulatory Research Associates lanzó la «Evaluación Comparativa del Riesgo Regulatorio de las Empresas Matrices de Servicios Públicos de EE. UU. de 2024». De las 46 grandes empresas matrices de servicios públicos de EE. UU. que cotizan en bolsa examinadas, nueve fueron identificadas como de riesgo regulatorio inferior al promedio, y nueve como de riesgo regulatorio superior al promedio, siendo las restantes 28 consideradas de riesgo regulatorio promedio. Entre las nueve empresas con riesgo regulatorio superior al promedio, tres son empresas de servicios públicos de un solo estado que operan en jurisdicciones restrictivas. Dos están principalmente en el noreste, tres tienen operaciones sustanciales en el Medio Oeste, tres tienen una presencia significativa en la región del Atlántico Medio, y una está en el suroeste. Tres son empresas matrices exclusivamente eléctricas, y una es exclusivamente de gas. De las ocho entidades de este grupo con operaciones eléctricas, cuatro operan en estados que permiten la competencia minorista, tres están en estados con integración vertical y una opera en ambos tipos de estado.

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