El crecimiento acelerado de la demanda eléctrica, impulsado por la electrificación del transporte, la expansión de centros de datos y la relocalización de procesos industriales, ha puesto presión sobre la infraestructura de transmisión existente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los desafíos relacionados con la confiabilidad de la red y la exposición a fenómenos climáticos extremos hacen evidente la necesidad de ampliar dicha infraestructura. Sin embargo, los procesos tradicionales de ubicación y autorización de nuevas líneas de transmisión resultan prolongados y complejos, debido a la multiplicidad de niveles de gobierno involucrados, la adquisición de tierras privadas y los conflictos derivados del uso del suelo. En este escenario, una alternativa viable consiste en aprovechar los derechos de vía de las autopistas estatales e interestatales para instalar infraestructura de transmisión eléctrica. Este enfoque permitiría sortear muchos de los obstáculos asociados con la adquisición de terrenos, al mismo tiempo que reduce los plazos de autorización y minimiza impactos sobre comunidades y ecosistemas sensibles. La posibilidad de utilizar corredores ya existentes evita la necesidad de intervenir nuevos espacios y puede facilitar el despliegue simultáneo de otras infraestructuras lineales, como redes de telecomunicaciones o banda ancha.
La implementación de esta estrategia exige la participación activa de las Oficinas Estatales de Energía, que tienen la capacidad de integrar la planificación de la transmisión en los planes energéticos generales de cada estado. Además, pueden articular la colaboración entre diferentes actores gubernamentales y privados, así como promover reformas legislativas que permitan la colocación de infraestructura eléctrica en los corredores de transporte. Para avanzar en esta dirección, es indispensable la cooperación entre las autoridades de transporte y las agencias energéticas, debido a que ambas deben coordinar sus prioridades de desarrollo a largo plazo. Los beneficios asociados a la colocación de líneas de transmisión en derechos de vía incluyen la simplificación de procesos regulatorios, la reducción de conflictos con propietarios privados, el acortamiento de plazos de permisos y la posibilidad de evitar terrenos ambientalmente sensibles. A ello se suma la ventaja de facilitar la electrificación del transporte, al permitir la instalación de estaciones de carga de alta capacidad en ubicaciones estratégicas. De manera paralela, se abre la posibilidad de desplegar infraestructura digital junto con la eléctrica, lo cual puede mejorar la conectividad en áreas subatendidas y fomentar el desarrollo económico local.
A pesar de su potencial, esta estrategia no está exenta de desafíos. Entre los más relevantes se encuentran la necesidad de garantizar la seguridad vial frente a la presencia de torres eléctricas, la posible interferencia con futuros proyectos de expansión vial, los riesgos eléctricos asociados a estructuras metálicas cercanas y el impacto en zonas con valor ambiental o cultural. Para mitigar estos riesgos, se proponen soluciones técnicas como el alejamiento de torres respecto al borde de las carreteras, la consideración anticipada de planes de expansión y el adecuado aislamiento eléctrico de estructuras metálicas. Experiencias recientes en estados como Wisconsin y Minnesota ilustran cómo este enfoque puede ser implementado de manera efectiva. En el primero, la legislación permite desde hace dos décadas la utilización de derechos de vía para transmisión, mientras que el segundo ha aprobado recientemente medidas que obligan a su Departamento de Transporte a considerar esta opción de forma sistemática. Estos casos muestran que, con planificación adecuada, cooperación institucional y un marco regulatorio favorable, es posible avanzar en la transformación de la infraestructura energética sin generar fricciones innecesarias con las comunidades ni con el medio ambiente.
Ante un contexto de creciente demanda energética y limitaciones para el desarrollo de nueva infraestructura, repensar el uso de los derechos de vía de las autopistas como corredores de transmisión representa una alternativa estratégica que puede acelerar la transición energética y fortalecer la resiliencia de la red eléctrica.
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