Honduras ha esbozado un marco estratégico nacional en su Visión de País 2010-2038, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento económico inclusivo centrándose en la mejora de las capacidades laborales, el refuerzo de las infraestructuras, la mejora del acceso a la financiación y el fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático. El sector energético está bien integrado en el marco de la Visión de País a través de la Hoja de Ruta de la Energía 2050 y el Plan Nacional 2010-2022. Estos documentos incluyen objetivos como la consecución de una cuota del 80% de energías renovables en la generación total de electricidad del país para 2038, frente al 60% actual. De conformidad con el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, el Gobierno de Honduras ha establecido compromisos sectoriales específicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la energía, la silvicultura, la agricultura, los residuos y el procesamiento industrial. La Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) inicial del país, presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esbozó el compromiso de reducir las emisiones de carbono un 16% por debajo de los niveles de 2000 para 2030. Las ambiciones nacionales de desarrollo sostenible en Honduras se enfrentan a importantes limitaciones en materia de infraestructuras. Se necesita una inversión significativa para mejorar la calidad de los servicios de energía y agua, incluyendo mejoras en la cobertura y la conectividad. A finales de 2020, cerca del 90% de la población tenía acceso a la electricidad, pero menos de la mitad de los hondureños utilizaba fuentes de energía modernas para cocinar. La conectividad y los niveles de servicio limitados afectan al acceso a las zonas de producción, los mercados internos y externos, las zonas turísticas y los servicios sanitarios y educativos, lo que provoca un desarrollo desigual y una baja integración nacional y regional. El país está muy expuesto a huracanes y tormentas tropicales. En 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que los huracanes Eta e Iota provocaron pérdidas económicas de 2.000 millones de USD, afectando a sectores económicos clave como los cultivos y la ganadería, que sirven como fuentes críticas de sustento y seguridad alimentaria para hogares ya marginados. En 2019, las sequías, las fuertes lluvias y las inundaciones afectaron a las empresas agrícolas y repercutieron en la producción ganadera. Las previsiones de cambio climático para 2030 apuntan a riesgos significativos para Honduras, incluyendo una disminución potencial del 9% en el producto interno bruto, mayores costos de vida, menor seguridad alimentaria y daños a la infraestructura crítica. El papel de las instituciones y la gobernanza del sector energético La Secretaría de Energía (SEN) se enfrenta a dificultades para promover la coherencia política entre las instituciones públicas, sistematizar los diálogos con las comunidades locales y crear capacidades locales para capacitar a las comunidades desatendidas en el desarrollo de proyectos de energías renovables.

El Centro Nacional de Despacho (CND) opera el sistema y el mercado eléctrico, y es responsable del funcionamiento y la gestión del despacho de electricidad. Dado que el CND tiene el mandato de suministrar electricidad confiable al menor costo, tiene una autoridad reducida para perseguir la descarbonización y la resiliencia del sistema eléctrico; esto limita la capacidad del CND para promover la confianza y la transparencia en las en las medidas adoptadas. Estas y otras instituciones se enfrentan a dificultades para coordinar sus políticas en áreas en las que los mandatos se comparten entre secretarías y agencias, lo que supone un obstáculo especialmente destacado para desarrollar políticas medioambientales, climáticas y energéticas. Los proyectos públicos y privados de energías renovables que dependen de los recursos naturales locales y de las zonas terrestres se enfrentan a complicados diálogos con las comunidades locales en torno a los planes de expansión de la energía y el desarrollo de la industria agrícola, entre otras cuestiones. En este contexto, es importante definir más claramente las responsabilidades y funciones reguladoras de las entidades existentes vinculadas al sector energético. Algunos de los retos a los que se enfrentan las instituciones nacionales son la toma de decisiones independiente, la mejora de la gobernanza, el desarrollo de capacidades y la ampliación de las habilidades para la aplicación de políticas. Lograr un panorama normativo bien definido mediante la creación de un marco comprensible y procesable atraería a las partes interesadas pertinentes que pueden ayudar a transformar el mercado e identificar oportunidades para un mayor desarrollo del sector energético nacional. Las ambiciones e intenciones nacionales de acelerar el uso de las energías renovables van por buen camino. Sin embargo, es necesario alinear mejor las ambiciones políticas con los resultados probables de los programas energéticos existentes. La política energética del país se ve afectada por la Hoja de Ruta de la Energía 2050, y existe una desconexión entre sus objetivos y los presupuestos asociados a la incorporación de las energías renovables. Además, los objetivos y acciones descritos en la NDC están desvinculados de la financiación y los recursos humanos necesarios, así como de las instituciones responsables de alcanzar los objetivos en materia de cambio climático. Las leyes creadas para facilitar la promoción de tecnologías bajas en carbono y energías renovables siguen sin aplicarse debido a la falta de reglamentos y mecanismos de aplicación. Abordar las condiciones actuales de los contratos de compraventa de energía (CCE) es primordial para aportar certidumbre al desarrollo de infraestructuras a corto plazo. Es importante identificar el mecanismo adecuado para la implementación de una política pública nacional que apunte a objetivos climáticos e incluya una transición energética.

El informe ofrece un análisis detallado del panorama energético hondureño, destacando sus avances y desafíos en la integración de fuentes de energía renovable. El informe subraya el potencial significativo de Honduras para desarrollar y aprovechar recursos renovables, especialmente en sectores como la energía solar y eólica. Identifica medidas clave para fortalecer el marco político, regulatorio y financiero, además de promover la colaboración público-privada y mejorar la capacidad institucional para impulsar la transición hacia un sistema energético más sostenible y diversificado en Honduras. El documento presenta recomendaciones específicas para fomentar la inversión en energías renovables, mejorar la integración de estas fuentes en la red eléctrica y promover la participación ciudadana en el proceso de transición energética, lo que contribuiría significativamente a la resiliencia y la seguridad energética del país. Tambien destaca los progresos y desafíos del país en la transición hacia fuentes de energía renovable. Reconoce los esfuerzos significativos realizados para desarrollar políticas y marcos regulatorios que fomenten la adopción de energías limpias, como la Ley de Promoción de Generación Eléctrica con Recursos Renovables. Sin embargo, identifica áreas de mejora, como la necesidad de fortalecer la infraestructura, mejorar la participación del sector privado y fomentar la inversión en tecnologías renovables para garantizar un suministro de energía sostenible, asequible y seguro para el país.

Para leer más ingrese a:

https://www.irena.org/Publications/2023/Nov/Renewables-Readiness-Assessment-Honduras

https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Nov/IRENA_RRA_Honduras_2023.pdf?rev=72c98260afa342cc8ea6a33e203e1d7f