Frenar y revertir la pérdida de naturaleza exige metas ambiciosas, pero también mecanismos que permitan cumplirlas con recursos limitados. Ese es el terreno de la cooperación Sur-Sur y triangular, reconocida en la Meta 20 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal como vía para el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología, la cooperación científica y la innovación. Esta segunda edición actualiza un primer informe que había codificado siete soluciones en 57 países y las conecta con el Compromiso por la Naturaleza (Nature Pledge) del PNUD, que acompaña a más de 140 países con metas como proteger al menos el 30 % de las áreas terrestres, de agua dulce y marinas, restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados y reducir en al menos USD 500.000 millones anuales los subsidios perjudiciales. Cada experiencia se analiza según tres cambios: de valores globales, de economía y finanzas, y de políticas y prácticas.
Los primeros casos muestran qué tanto rinde una inversión modesta cuando existe un modelo probado y un socio local sólido. En la apicultura de pequeños Estados insulares, el modelo del colectivo Iyanola, nacido en Santa Lucía, se extendió a nueve países más con USD 598.328 en donaciones del Caribe y USD 1,07 millones en cofinanciación. El resultado incluye 356 personas capacitadas, más de la mitad mujeres, y, en Samoa, un aumento de 85 % en apicultores registrados y colmenas activas que pasaron de 300 a 642. Por su parte, el intercambio sobre comercio ilegal de fauna en el este de África, con USD 150.000, permitió coordinar operaciones entre Etiopía y Somalilandia y rescatar cachorros de guepardo y león, mientras que la gestión de áreas protegidas entre Etiopía, Kenia y Tanzania, con USD 180.000, capacitó a más de 70 profesionales. En Asia Central, un memorando trilateral firmado en 2021 y un acuerdo bilateral de 2024 sostienen el monitoreo conjunto del leopardo de las nieves, con una inversión de USD 4 millones en el proyecto de Tien Shan Occidental en Kirguistán.
A continuación, otros casos amplían la mirada hacia la gobernanza, los datos y las finanzas. Los diálogos multisectoriales de BES-Net, que reúnen ciencia, política y práctica en ocho países entre los que figura Colombia, acumulan 80 acciones de restauración y reforma de políticas hasta 2024, y Kazajistán se incorporó como miembro pleno a IPBES ese año. Junto con el enfoque de género aplicado a las estrategias nacionales de biodiversidad en siete países, la trazabilidad digital resulta especialmente cercana al sector energético: Colombia, Ecuador y Costa Rica codiseñaron desde 2024 un producto mínimo viable que combina datos geoespaciales e inteligencia artificial para verificar parcelas de café libres de deforestación, con estimaciones de USD 200.000 aportados por Corea, y compartieron sus aprendizajes con Etiopía. Asimismo, los intercambios entre Indonesia y China en 2025 abordaron economía circular, conversión de residuos en energía y finanzas verdes, con instrumentos como los bonos islámicos de biodiversidad y los marcos integrados de financiamiento nacional.
De estas experiencias se desprenden lecciones prácticas: la apropiación local y el liderazgo nacional, el aprendizaje entre pares con condiciones similares, los acuerdos formales que convierten la cooperación ocasional en acción sostenida, el codiseño con infraestructura abierta y modular, y la flexibilidad ante estructuras de gobierno diferentes. Por lo tanto, la demanda de cooperación Sur-Sur y triangular tenderá a crecer en innovación digital, finanzas de biodiversidad, planeación con enfoque de género, economía circular y gestión transfronteriza, con redes regionales fortalecidas y una integración sistemática en la programación del PNUD. Para los profesionales del sector energético colombiano, su lectura ofrece referencias sobre cómo escalar soluciones entre países, articular finanzas verdes y datos abiertos, y vincular la acción climática con comunidades y territorios.
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