El año 2025 marca un punto de inflexión en la gobernanza climática internacional, pues coincide con la primera revisión completa del Acuerdo de París y la presentación de nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs). En este contexto, el océano emerge como un aliado estratégico para la mitigación y la adaptación, aunque todavía no se aprovecha plenamente su potencial. La trayectoria de los compromisos muestra un aumento progresivo en la inclusión de acciones oceánicas: del 62 por ciento en 2015 al 73 por ciento en 2022, y actualmente 61 de 66 NDCs costeros e insulares incorporan al menos una medida relacionada con el océano. Esta tendencia refleja un reconocimiento creciente de la necesidad de integrar soluciones marinas en las estrategias climáticas, aunque persisten vacíos en la ambición y en la concreción de metas cuantificables. Además, el análisis evidencia que las acciones de mitigación vinculadas al océano siguen siendo limitadas, pese a que podrían aportar hasta un 35 por ciento de las reducciones necesarias para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C. La eliminación progresiva de la explotación de petróleo y gas en alta mar, la descarbonización del transporte marítimo y la expansión de las energías renovables oceánicas son sectores con gran capacidad de transformación, pero en los NDCs de 2025 apenas representan el 12,1 por ciento de las medidas. En contraste, la conservación costera y marina aparece como el subsector más mencionado, lo que indica una preferencia por acciones de adaptación y protección de ecosistemas frente a compromisos de transición energética más exigentes.

A lo largo de los ciclos de actualización, algunos países han mostrado avances notables. Vanuatu, por ejemplo, pasó de un único compromiso en 2016 a 22 acciones en 2025, incluyendo la meta de alcanzar un transporte marítimo libre de carbono hacia 2050. Este tipo de evolución demuestra cómo los estados insulares, altamente vulnerables, están liderando la integración de soluciones oceánicas en sus planes nacionales. Sin embargo, para que estas medidas tengan impacto real, resulta indispensable acompañarlas con financiamiento predecible y accesible, especialmente en países en desarrollo y pequeños estados insulares. Otro aspecto relevante es la dimensión de la equidad. Solo el 13 por ciento de las acciones oceánicas incorporan explícitamente consideraciones de justicia social, lo que revela una brecha en la inclusión de comunidades marginadas como pescadores artesanales, mujeres, jóvenes e indígenas. Aunque regiones como Asia, África subsahariana y América Latina y el Caribe muestran mayor atención a estos enfoques, la mayoría de los compromisos aún se expresan de manera normativa, sin traducirse en políticas concretas que garanticen beneficios distribuidos de forma justa.

La implementación también enfrenta desafíos relacionados con la falta de datos y capacidades técnicas. De hecho, las solicitudes de apoyo al NDC Partnership muestran que muchos países priorizan estudios, análisis y procesos de participación antes que sistemas de monitoreo o estrategias financieras. Esto refleja tanto la necesidad de construir una base de información sólida sobre el papel del océano en la acción climática, como la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para movilizar recursos y conocimientos. El panorama de 2025 revela avances en la integración del océano en las NDCs, pero también limitaciones en la ambición de mitigación, la inclusión de la equidad y la preparación para la implementación. El reto hacia 2035 consiste en transformar estos compromisos en acciones verificables, con metas claras y respaldo financiero, de modo que el océano pueda desplegar todo su potencial como motor de resiliencia, desarrollo sostenible y reducción de emisiones.

Para leer más ingrese a:

https://www.wri.org/research/ocean-based-climate-action-2025-ndcs-preliminary-update

https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2025-11/the-state-of-ocean-based-climate-action-in-2025-nationally-determined-contributions-a-preliminary-update.pdf