El monitoreo global del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 revela un escenario de contrastes profundos donde los avances técnicos colisionan con barreras estructurales que amenazan seriamente el cumplimiento de las metas para el año 2030. Actualmente, la cifra de personas que carecen de acceso a la electricidad se sitúa en 655 millones, un nivel que se ha mantenido prácticamente estancado debido a que el crecimiento demográfico en regiones críticas supera la velocidad de las nuevas conexiones eléctricas. El déficit se concentra de manera abrumadora en el África subsahariana, región que alberga al 86% de la población mundial sin luz y donde las elevadas cargas de deuda soberana han frenado la inversión necesaria en infraestructuras de red y sistemas descentralizados. Dado que el ritmo de progreso actual es tres veces inferior al requerido para alcanzar la meta de acceso universal, resulta imperativo triplicar la tasa de electrificación anual mediante el uso de energías renovables distribuidas que permitan llegar a las comunidades rurales más aisladas. Iniciativas como la Misión 300 buscan movilizar capital masivo para conectar a cientos de millones de habitantes, pero su éxito depende de la estabilidad geopolítica y de una cooperación financiera internacional que actualmente se muestra insuficiente y mal distribuida.

Bajo este razonamiento, el desafío de la cocina limpia se posiciona como una de las crisis sanitarias y ambientales más urgentes de la actualidad, afectando a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. El uso continuado de combustibles contaminantes como la biomasa tradicional y el queroseno provoca aproximadamente 2,9 millones de muertes prematuras cada año, afectando de forma desproporcionada a mujeres y niños expuestos a humos tóxicos dentro del hogar. Puesto que la financiación dirigida a este sector es marginal en comparación con otras áreas energéticas, la brecha entre los países que logran transitar hacia soluciones modernas y los que quedan rezagados se está ampliando de manera alarmante, especialmente en el África subsahariana y partes de Asia. Asimismo, el fenómeno del «apilamiento energético», donde los hogares combinan fuentes limpias con biomasa por razones de coste y disponibilidad, reduce significativamente la eficacia de los programas de salud pública y mitigación climática. Por ello, el desarrollo de planes nacionales integrados que incluyan subsidios directos a la demanda y el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales para estufas eléctricas y de biogás es una tarea que los gobiernos deben priorizar de forma inmediata.

De forma complementaria, el despliegue de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética muestran tendencias que, aunque positivas en términos absolutos, resultan insuficientes para alcanzar la senda de descarbonización global necesaria para limitar el calentamiento a 1,5°C. Si bien las fuentes renovables ya superan al carbón en la generación eléctrica mundial, su participación en el consumo final total de energía apenas alcanza el 18,0%, limitando su impacto en sectores difíciles de electrificar como el transporte pesado y el calor industrial. Por su parte, la intensidad energética mundial mejoró solo un 1,5% recientemente, una cifra que se encuentra muy por debajo de la meta del 2.6% anual establecida originalmente y del 4,2% que ahora se requiere para recuperar el tiempo perdido por la inacción previa. Esta ralentización se atribuye a una mayor actividad económica en industrias pesadas y a un incremento explosivo en la demanda de refrigeración debido a las temperaturas récord registradas globalmente, lo cual ha superado las ganancias obtenidas por las mejoras técnicas en equipos y edificaciones. Por consiguiente, es vital escalar la inversión anual en energía limpia de los 2,2 billones de dólares actuales hasta los 5 billones, priorizando el flujo de capital hacia las economías en desarrollo que hoy reciben solo una fracción marginal del financiamiento mundial.

Desde otra perspectiva, la arquitectura financiera internacional debe reformarse para asegurar que los flujos públicos lleguen a los países menos adelantados y a los estados insulares vulnerables. Actualmente, el 80% de los compromisos financieros en apoyo a las energías limpias se concentra en apenas 33 países, dejando a las naciones más pobres en una situación de dependencia estructural y altos costes de capital que impiden el desarrollo de proyectos sostenibles. Puesto que la mayoría de la ayuda financiera se entrega en forma de deuda senior en lugar de subvenciones o mecanismos de mitigación de riesgos, los países con economías frágiles enfrentan dificultades extremas para atraer inversión privada. Resulta pertinente mencionar que la medición del acceso debe evolucionar hacia marcos multidimensionales que evalúen no solo la conexión física, sino también la fiabilidad, la calidad y la asequibilidad del servicio para usos productivos que generen ingresos en las comunidades. Solo mediante un compromiso político de alto nivel que combine la transparencia de datos con una voluntad firme de movilizar recursos concesionales, será posible cerrar las brechas energéticas y garantizar que los beneficios de la transición lleguen a cada habitante del planeta sin exclusiones.

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