El sistema de transmisión estadounidense enfrenta una presión creciente por el aumento de la demanda, la acumulación de proyectos de generación en cola de interconexión, el envejecimiento de la infraestructura y la llegada de grandes cargas como los centros de datos. Según el Departamento de Energía, la capacidad de transmisión debería crecer un 57 % hacia 2035. Sin embargo, las nuevas líneas de transmisión greenfield suelen requerir entre cinco y quince años, enfrentan costos elevados y tropiezan con obstáculos de localización y permisos. En este contexto, las tecnologías avanzadas de transmisión ofrecen una vía más rápida y económica para liberar capacidad adicional sobre la red existente.

Estas tecnologías incluyen DLR, que ajustan la capacidad de las líneas según condiciones climáticas en tiempo real y pueden aportar alrededor de un 20 % adicional de capacidad; controles avanzados de flujo de potencia, que redistribuyen los flujos para reducir congestión y riesgos de confiabilidad; software de optimización topológica, que reconfigura de forma automática las trayectorias de flujo ante eventos extremos; y conductores avanzados de núcleo compuesto o de fibra de carbono, que transportan más potencia por unidad de peso. Su despliegue puede completarse en meses o en pocos años, con ratios beneficio-costo elevados. Estudios en Kansas y Oklahoma estiman ahorros anuales de congestión superiores a 175 millones de dólares con periodos de recuperación de alrededor de medio año. Experiencias internacionales, como la de National Grid en el Reino Unido, confirman ganancias de capacidad y ahorros significativos para los usuarios.

En Estados Unidos la adopción ha sido marginal. La regulación tradicional de costo de servicio recompensa las inversiones de capital intensivas y desincentiva las mejoras de eficiencia. A ello se suman la escasa familiaridad de los ingenieros de las empresas de energía con estas tecnologías y la inercia de los procesos de planificación. La autoridad federal sobre incentivos de transmisión limita el margen de los estados, que no controlan de forma directa las señales de inversión. Pese a ello, entre 2023 y julio de 2026, 23 estados aprobaron leyes que suelen exigir estudios de oportunidades de despliegue, autorizar la recuperación de costos y, en algunos casos, vincular estas tecnologías a la planificación de recursos o a la interconexión de grandes cargas.

El análisis de esas leyes y de las respuestas de comisiones y empresas de energía revela avances, pero también debilidades: estudios de alcance limitado, falta de marcos analíticos previos, insuficiente transparencia de datos y escasa neutralidad cuando el análisis queda a cargo de las propias empresas. Las recomendaciones apuntan a fijar de antemano marcos de evaluación, exigir contratación de terceros independientes, incorporar topología de red, patrones de congestión y condiciones climáticas locales, explorar incentivos financieros adicionales, simplificar permisos para mejoras en derechos de vía existentes y vincular el despliegue a la interconexión de grandes cargas. En conjunto, la legislación estatal constituye un paso relevante, pero su impacto dependerá de una implementación rigurosa y de la superación de las barreras de incentivos y capacidades técnicas que aún limitan la escala de estas tecnologías.

Para leer más ingrese a:

https://www.wri.org/research/us-state-legislation-advanced-transmission-technologies

https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2026-08/us-state-legislation-on-advanced-transmission-technologies_0.pdf?VersionId=5FoBqwTOm9SR6PkLxgjb3YiXgXEHPUM5&_gl=1*czlx5m*_gcl_au*MTAxODI4MzE4My4xNzkwMDE3ODI5LjE3MjUwMzA5NDkuMTc5MDAxNzg1Ny4xNzkwMDE3ODU2LjExNjIyMDk4MTcuMTc5MDAxNzgzNS4xNzkwMDE3OTM1