Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

THE AI INFRASTRUCTURE PLATFORM SHIFT IS HERE

La infraestructura de inteligencia artificial está atravesando un cambio profundo que redefine cómo las organizaciones producen, consumen y escalan capacidades digitales. El paso de la experimentación hacia la operación industrializada implica que los límites ya no se encuentran en los algoritmos, sino en factores físicos, organizativos y económicos. La disponibilidad de energía, la madurez de las redes, la preparación de los datos y la gobernanza se convierten en determinantes de lo que la inteligencia artificial puede ofrecer de manera sostenible. Este cambio se traduce en dos dinámicas complementarias. Por un lado, la construcción de modelos requiere concentración de recursos y escalabilidad extrema. Por otro, el consumo de inteligencia demanda eficiencia, proximidad y distribución. Cuando ambos procesos se abordan con la misma lógica, se corre el riesgo de sobredimensionar infraestructuras y generar fragilidad sistémica. Por ello, la ventaja competitiva se desplaza hacia la capacidad de orquestar recursos, más que hacia la acumulación de cómputo.
La operacionalización de la inteligencia artificial en entornos empresariales muestra que el obstáculo principal no es el número de GPUs, sino la preparación de los datos y la integración de flujos de trabajo. Muchas organizaciones han digitalizado información, pero esta fue registrada con criterios humanos y no responde a las necesidades de aprendizaje automático. De ahí surge la idea de que la “fábrica de IA” no es solo un conjunto de aceleradores, sino una disciplina operativa que combina personas, procesos y tecnología. En este contexto, las redes adquieren un papel estratégico. No se trata únicamente de transportar información, sino de habilitar la utilización eficiente de los recursos. La latencia, la observabilidad y la automatización determinan el retorno de inversión. A medida que los sistemas se distribuyen, la conectividad se convierte en el tejido que mantiene la coherencia bajo carga. Además, la complejidad creciente exige mecanismos de prueba y validación continuos. La emulación de cargas de trabajo y el uso de gemelos digitales permiten reducir costos y anticipar fallos antes de que afecten la operación.
La automatización, por su parte, se posiciona como el músculo que convierte la conectividad en capacidad productiva. La complejidad de las redes modernas supera lo que puede gestionarse manualmente, y la única forma de sostener la operación es mediante pruebas permanentes y automatización total. Aquí surge el concepto de inteligencia artificial agentiva, capaz de ejecutar flujos completos y transformar la resolución de problemas en procesos rápidos y repetibles. El escalamiento de la inteligencia artificial también enfrenta límites físicos. El consumo energético asociado al movimiento de datos entre nodos y memorias se convierte en un factor crítico. La transición hacia tecnologías ópticas en interconexiones aparece como una necesidad para sostener la densificación de los clústeres. Al mismo tiempo, la distribución geográfica de infraestructuras responde a la disponibilidad de energía y conectividad, lo que obliga a diseñar arquitecturas multi-sitio con enlaces de gran ancho de banda y baja latencia.
La sostenibilidad emerge como otra dimensión decisiva. La capacidad de enfriar equipos, gestionar densidades y reducir el impacto ambiental condiciona dónde y cómo se despliegan los sistemas. En este sentido, la geografía de la inteligencia artificial se redefine por la combinación de acceso a energía, regulación y capacidad de gestión térmica. La infraestructura de inteligencia artificial se está consolidando como un sistema industrial que requiere coordinación entre energía, redes, datos y automatización. La ventaja ya no depende de tener el modelo más avanzado, sino de construir plataformas capaces de operar de manera confiable, eficiente y adaptable. La transición hacia esta nueva etapa implica reconocer que la inteligencia artificial es tanto un desafío tecnológico como organizativo, y que su éxito depende de la capacidad de integrar disciplinas diversas en un mismo entramado operativo.
Para leer más ingrese a:
https://content.rcrwireless.com/ai-infrastructure-market-pulse-report
https://8928696.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8928696/RCRTech%20AI%20Infrastructure%20Market%20Pulse%20Report.pdf

17 febrero, 2026
Global Cybersecurity Outlook 2026 Regional Analysis Latin America and the Caribbean

En 2026, el panorama de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe se caracteriza por una aceleración del riesgo impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, la fragmentación geopolítica y la creciente complejidad de las cadenas de suministro. En este escenario, las organizaciones de la región enfrentan un entorno digital más expuesto, dinámico y exigente, donde la adopción tecnológica avanza con rapidez mientras persisten brechas estructurales.
La inteligencia artificial concentra tanto expectativas como preocupaciones. La gran mayoría de las organizaciones percibe que la IA y el aprendizaje automático tendrán el mayor impacto en la ciberseguridad durante el próximo año. De hecho, el aumento de riesgos asociados a vulnerabilidades en sistemas basados en IA es ampliamente reconocido. Sin embargo, aunque una proporción significativa ha implementado herramientas de IA para reforzar su postura de seguridad, más de la mitad carece de procesos formales para evaluar la seguridad de estas soluciones antes de su despliegue. Esta tensión entre adopción acelerada y controles insuficientes expone a las organizaciones a filtraciones de datos y fallas derivadas de tecnologías generativas. Al mismo tiempo, la escasez de talento especializado limita la capacidad de aprovechar plenamente estas herramientas. Una mayoría considerable reporta la falta de perfiles técnicos necesarios para cumplir sus objetivos actuales, lo que convierte la brecha de habilidades en un obstáculo persistente. Entre los roles más demandados se encuentran analistas de inteligencia de amenazas, ingenieros DevSecOps y respondedores a incidentes. Frente a esta carencia, algunas organizaciones recurren a la propia IA como mecanismo de apoyo para compensar déficits de personal.
Por otro lado, el contexto geopolítico introduce presiones adicionales. Aunque una parte relevante de las organizaciones ha ajustado su estrategia de ciberseguridad ante la volatilidad internacional, la proporción es inferior al promedio global. Asimismo, la confianza en la capacidad de los países para responder a incidentes graves que afecten infraestructuras críticas es particularmente baja, lo que revela una percepción extendida de vulnerabilidad sistémica. Esta brecha de confianza refleja desafíos institucionales y limitaciones en la preparación nacional. En lo que respecta al cibercrimen, el ransomware y el fraude habilitado por medios digitales encabezan las preocupaciones. La mayoría de las organizaciones reporta un incremento de ataques de phishing y fraudes en el último año, consolidando un patrón de amenaza persistente. A ello se suma la explotación de vulnerabilidades de software, lo que obliga a fortalecer prácticas de actualización, monitoreo y respuesta temprana.
De manera paralela, la seguridad de la cadena de suministro emerge como un ámbito de atención prioritaria. La falta de visibilidad sobre proveedores extendidos, la dependencia concentrada en terceros críticos y la dificultad para garantizar la integridad de software y hardware externos configuran un triángulo de riesgo complejo. Para mitigar estas exposiciones, muchas organizaciones involucran a sus áreas de seguridad en procesos de adquisición y evalúan la madurez de sus proveedores. También se adoptan estrategias como el mapeo detallado del ecosistema, la simulación de incidentes y el intercambio de información con socios comerciales. En términos de resiliencia, los resultados muestran contrastes. Si bien una mayoría considera que cumple al menos con requisitos mínimos, una proporción relevante califica su resiliencia como insuficiente. Entre los factores que dificultan su fortalecimiento figuran la rápida evolución de amenazas, la escasez de talento y las vulnerabilidades de terceros. Además, la planificación de respuesta y recuperación ante incidentes presenta debilidades comparativamente mayores en la región.
No obstante, se observa un elemento alentador: La participación activa de los consejos directivos en asuntos de ciberseguridad es elevada, lo que sugiere mayor atención estratégica al riesgo digital. En conjunto, la región transita un proceso de modernización acelerada donde conviven avances tecnológicos, limitaciones estructurales y amenazas sofisticadas. Por consiguiente, el desafío consiste en equilibrar innovación, gobernanza y desarrollo de capacidades humanas para sostener niveles adecuados de resiliencia frente a un entorno cada vez más interconectado y volátil.
Para leer más ingrese a:
https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2026_Regional_Analysis_Latin-America_and_the_Caribbean.pdf

17 febrero, 2026
ENISA Single Programming Document 2026 – 2028

La planificación institucional en materia de ciberseguridad para el periodo 2026 se estructura a partir de una visión estratégica que articula prioridades políticas, programación operativa y asignación de recursos bajo un marco de resultados verificables. En este sentido, la actuación se orienta hacia el fortalecimiento de la resiliencia digital europea mediante objetivos claramente definidos, indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento que permiten evaluar avances de manera sistemática. De entrada, la programación integra la estrategia plurianual con el plan de trabajo anual, garantizando coherencia entre metas de largo plazo y acciones concretas. Así, cada línea de intervención se vincula con resultados esperados y productos específicos, lo que facilita la trazabilidad entre planificación, ejecución y evaluación. A su vez, la estructura presupuestaria refleja una distribución alineada con prioridades estratégicas, equilibrando necesidades operativas, inversión en capacidades técnicas y apoyo a iniciativas emergentes.
Por consiguiente, el enfoque combina desarrollo normativo, fortalecimiento técnico y cooperación institucional. En el ámbito regulatorio, se prevé apoyo a la implementación de marcos europeos como NIS2 y el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), proporcionando orientación técnica, metodologías y herramientas que contribuyan a una aplicación armonizada. De manera paralela, se impulsa la evolución de esquemas europeos de certificación en ciberseguridad, promoviendo confianza en productos y servicios digitales dentro del mercado interior. Además, la preparación ante incidentes ocupa un lugar destacado en la planificación. Se contemplan ejercicios de ciberseguridad a escala europea, desarrollo de capacidades de respuesta coordinada y consolidación de redes de cooperación entre autoridades nacionales. En efecto, el fortalecimiento del ecosistema operativo incluye apoyo al intercambio de información, análisis de amenazas y mejora de protocolos de gestión de crisis. Esta dinámica busca aumentar la capacidad colectiva de anticipación y reacción frente a riesgos complejos.
En otro sentido, la dimensión tecnológica adquiere especial relevancia. Se fomenta la investigación aplicada, el análisis de tendencias emergentes y la generación de conocimiento especializado sobre tecnologías disruptivas. En consecuencia, la programación incorpora estudios prospectivos y actividades técnicas que permitan comprender el impacto de innovaciones como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la expansión de infraestructuras críticas digitalizadas. Con ello, se pretende reducir brechas técnicas y promover estándares comunes adaptados a la evolución tecnológica. A su vez, la cooperación internacional y el apoyo a países asociados se integran en la planificación operativa. La coordinación con instituciones europeas y socios externos permite ampliar el alcance de la acción, manteniendo coherencia con la política exterior de la Unión. Asimismo, se contemplan mecanismos de asistencia técnica y participación en foros multilaterales, fortaleciendo la presencia europea en debates globales sobre gobernanza digital.
En el plano organizativo, la programación establece una asignación detallada de recursos humanos y financieros. Se identifican perfiles profesionales requeridos, distribución de cargas de trabajo y necesidades de capacitación interna. Igualmente, se prevé la modernización de herramientas de gestión y sistemas de información para optimizar procesos internos. Esta articulación entre recursos y objetivos contribuye a una ejecución eficiente y a una supervisión continua de resultados. La planificación incorpora un marco de rendimiento basado en indicadores cuantitativos y cualitativos. Los informes periódicos permiten examinar avances, detectar desviaciones y adoptar medidas correctivas cuando sea necesario. De este modo, la gestión se fundamenta en evidencia y transparencia, reforzando la rendición de cuentas ante las instituciones europeas.
La programación para 2026 configura una arquitectura integral que enlaza estrategia, operación y evaluación. A través de una combinación de desarrollo normativo, fortalecimiento técnico, cooperación institucional e innovación tecnológica, se consolida una acción coordinada destinada a incrementar la resiliencia digital europea y a sostener un entorno seguro, confiable y adaptable frente a transformaciones constantes.
Para leer más ingrese a:
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-single-programming-document-2026-2028
https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2026-01/ENISA_Single%20Programming_Document_2026.pdf

17 febrero, 2026
2026–2028 ENISA Stakeholder Strategy

El fortalecimiento de la ciberseguridad en Europa exige una interacción sistemática con actores externos que permita anticipar riesgos, armonizar capacidades y consolidar estándares comunes más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, la proyección internacional se concibe como una extensión coherente del mandato institucional, orientada a proteger el ecosistema digital europeo mediante alianzas estratégicas cuidadosamente seleccionadas. Así, la cooperación exterior no se desarrolla de forma indiscriminada, sino bajo criterios de afinidad política, alineación normativa y valor estratégico medible.
En primer lugar, toda acción internacional debe ajustarse estrictamente a las competencias establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad (CSA). Este marco delimita el alcance de la actuación, evitando duplicidades con los Estados miembros y garantizando coherencia con la política exterior de la Unión. Por consiguiente, la colaboración con terceros países y organizaciones internacionales se articula en coordinación permanente con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que asegura consistencia institucional y respaldo político. Además, considerando la limitación de recursos, la participación internacional se estructura en tres modalidades diferenciadas. El enfoque limitado opera como esquema predeterminado y contempla intercambios puntuales de información, experiencias y buenas prácticas sin asignación adicional de recursos. Posteriormente, el enfoque de asistencia permite responder a solicitudes específicas de terceros actores cuando exista compatibilidad con los objetivos europeos y se identifique un aporte tangible para la resiliencia colectiva. Finalmente, el enfoque de proyección implica una implicación más activa, que puede incluir recursos dedicados, acuerdos formales o marcos de cooperación estructurada, especialmente en contextos donde la Unión mantenga relaciones estratégicas consolidadas.
Por otra parte, la selección de socios responde a un análisis de prioridades geopolíticas y técnicas. Se privilegian países y organizaciones que compartan valores democráticos, estándares elevados de protección y una visión convergente sobre la gobernanza digital. En consecuencia, la cooperación con actores como Estados Unidos y Ucrania se mantiene y se adapta a la evolución del panorama de amenazas. Del mismo modo, se respaldan diálogos estructurados con el Reino Unido y la OTAN, así como la participación técnica en el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad del G7, fortaleciendo la presencia europea en foros multilaterales relevantes. Asimismo, se amplía la atención hacia regiones estratégicas como los Balcanes Occidentales, donde el fortalecimiento de capacidades técnicas y normativas contribuye a la estabilidad regional y a la futura integración europea. A través de acuerdos de contribución con la Comisión, se promueve la armonización de estándares y el desarrollo de competencias institucionales. Asimismo, la exploración de vínculos con otros socios afines permite expandir redes de cooperación compatibles con los principios europeos, generando sinergias en ámbitos como certificación, gestión de incidentes y respuesta coordinada.
En el ámbito operativo, se incorpora la administración y operación de la Reserva de Ciberseguridad de la Unión en países asociados al Programa Europa Digital, conforme al Reglamento de Solidaridad en Ciberseguridad. Esta responsabilidad refuerza la capacidad de reacción ante incidentes significativos y consolida mecanismos de apoyo mutuo. De esta manera, la cooperación externa no se limita al intercambio conceptual, sino que se traduce en herramientas concretas de preparación y respuesta. Igualmente, la gobernanza interna prevé mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Determinados compromisos requieren aprobación conforme al artículo 42 del CSA o autorización del Consejo de Administración cuando impliquen obligaciones financieras o jurídicas. Además, se establece la elaboración de informes periódicos que evalúan el valor añadido de las actividades internacionales, lo que permite ajustes estratégicos oportunos.
Se contempla una revisión antes de 2028 o cuando se actualice la estrategia general, garantizando flexibilidad ante transformaciones tecnológicas o cambios geopolíticos. En conjunto, la proyección internacional se configura como una política selectiva, coordinada y orientada a resultados, cuyo propósito es consolidar una Europa resiliente frente a amenazas digitales globales mediante alianzas que respeten plenamente el marco jurídico y los intereses comunes.
Para leer más ingrese a:
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-stakeholder-strategy-2026-2028
https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2026-01/ENISA%20Stakeholder%20Strategy%202026-2028.pdf

17 febrero, 2026
ENISA International Strategy

En un entorno digital cada vez más interconectado, la ciberseguridad trasciende las fronteras nacionales y exige una proyección internacional articulada, selectiva y alineada con los objetivos estratégicos de la Unión Europea. La cooperación exterior no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio para fortalecer el nivel común de ciberseguridad dentro del territorio europeo. Por ello, toda interacción con terceros países y organizaciones internacionales debe responder al mandato jurídico establecido en el Reglamento de Ciberseguridad (CSA) y mantenerse dentro de los límites institucionales definidos por la Unión. En este marco, la acción internacional se estructura bajo un principio rector claro: avanzar la ciberseguridad europea respetando estrictamente el mandato legal. A partir de esta base, se establecen criterios que orientan la selección de socios, priorizando actores que compartan valores y relaciones estratégicas con la Unión. Asimismo, se excluyen compromisos que puedan resultar incompatibles con los intereses o metas políticas europeas. De este modo, la cooperación internacional no sustituye las competencias de los Estados miembros, sino que agrega valor a sus relaciones bilaterales y multilaterales.
Ahora bien, considerando que los recursos institucionales son limitados, la participación exterior se organiza en tres modalidades diferenciadas. En primer lugar, el enfoque limitado funciona como mecanismo predeterminado y se centra en intercambios ad hoc de información y buenas prácticas, sin asignación adicional de recursos. En segundo lugar, el enfoque de asistencia permite responder a solicitudes específicas de terceros países u organizaciones internacionales, siempre que exista coherencia con las políticas de la Unión y que la intervención aporte valor estratégico medible. Finalmente, el enfoque de proyección (outreach) implica una participación más activa y planificada, con posibilidad de destinar recursos específicos o establecer acuerdos formales, especialmente cuando existan marcos jurídicos previos que respalden dicha cooperación. Paralelamente, las modalidades de trabajo garantizan coordinación constante con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. En determinados casos, se requiere aprobación previa conforme al artículo 42 del CSA, mientras que los compromisos que impliquen obligaciones financieras o jurídicas deben ser autorizados por el Consejo de Administración. Además, la rendición de cuentas se materializa mediante informes periódicos que evalúan el valor añadido de las actividades internacionales desarrolladas bajo los distintos enfoques.
En cuanto a las prioridades, la cooperación se concibe como una inversión de largo plazo cuyos resultados se consolidan progresivamente. Se mantienen arreglos de trabajo con Ucrania y Estados Unidos, adaptándolos a la evolución del panorama de amenazas y a las necesidades emergentes. De igual forma, se continúa el apoyo a diálogos cibernéticos con actores como el Reino Unido y la OTAN, así como la contribución técnica al Grupo de Trabajo de Ciberseguridad del G7. Estas acciones refuerzan la posición europea en foros estratégicos sin comprometer su autonomía institucional. Simultáneamente, se incorporan nuevas áreas de atención. Por un lado, se prevé el fortalecimiento de capacidades en los países candidatos de los Balcanes Occidentales mediante acuerdos de contribución con la Comisión. Por otro, se impulsa la exploración de vínculos con socios afines a escala global, ampliando redes de cooperación compatibles con los valores europeos. Además, se asume la administración y operación de la Reserva de Ciberseguridad de la UE en países asociados al Programa Europa Digital, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Solidaridad en Ciberseguridad.
En términos de gobernanza, la implementación recae en la Dirección Ejecutiva, que debe definir responsabilidades y adoptar medidas eficaces para ejecutar la estrategia. No obstante, se contempla una revisión antes de finalizar 2028 o cuando se actualice la estrategia general, lo que permite ajustes ante cambios tecnológicos o geopolíticos. La acción internacional se concibe como una extensión estratégica del mandato europeo en ciberseguridad. Mediante criterios de selectividad, coordinación institucional y evaluación de valor añadido, se busca consolidar una Europa confiable y resiliente frente a riesgos globales, articulando cooperación externa sin desbordar los límites jurídicos establecidos.
Para leer más ingrese a:
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-international-strategy-2026
https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2026-01/ENISA%20International%20Strategy.pdf

17 febrero, 2026
Lao PDR Country Climate and Development Report

El desarrollo reciente de Laos ha estado marcado por un crecimiento económico acelerado que permitió reducir de forma notable los niveles de pobreza durante casi dos décadas. Sin embargo, este proceso se ha visto interrumpido por un deterioro progresivo de las condiciones macroeconómicas, caracterizado por un alto endeudamiento, inestabilidad fiscal y una desaceleración sostenida de la actividad productiva. En este nuevo contexto, el cambio climático no actúa como un factor externo aislado, sino como un multiplicador de riesgos que profundiza las debilidades estructurales existentes.
A medida que aumentan las temperaturas y se intensifican fenómenos como inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra, los costos económicos y sociales se vuelven cada vez más significativos. Estos impactos afectan de manera directa a sectores como la agricultura, la infraestructura y los servicios básicos, que concentran una parte importante del empleo y del ingreso nacional. Por consiguiente, la exposición climática se traduce en mayores pérdidas productivas, mayor vulnerabilidad de los hogares y presiones adicionales sobre un Estado con recursos fiscales limitados. Al mismo tiempo, la desaceleración del desarrollo ha generado una mayor concentración de la población y de la actividad económica en sectores altamente sensibles al clima. Esta configuración reduce la capacidad de absorción frente a choques ambientales, dado que los mecanismos de protección social, los sistemas de seguros y las redes de infraestructura no han evolucionado al mismo ritmo que los riesgos. En consecuencia, los eventos climáticos extremos no solo producen daños inmediatos, sino que también comprometen las trayectorias de crecimiento de mediano y largo plazo.
Frente a este escenario, la recuperación de la estabilidad macroeconómica aparece como una condición necesaria para fortalecer la resiliencia climática. La reducción de la deuda, la mejora en la gestión fiscal y la reconstrucción de márgenes de inversión permitirían ampliar el espacio para financiar políticas de adaptación. Además, una economía más diversificada disminuiría la dependencia de actividades vulnerables, lo que facilitaría una distribución más equilibrada de los riesgos asociados al clima. De igual forma, la adaptación al cambio climático requiere intervenciones específicas orientadas a reducir la exposición y aumentar la capacidad de respuesta de la población. Entre estas medidas se incluyen inversiones en infraestructura resiliente, mejoras en la gestión de recursos hídricos, fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y desarrollo de prácticas agrícolas más resistentes. Estas acciones no solo mitigan los impactos ambientales, sino que también generan beneficios directos en términos de productividad, salud y bienestar social.
Por otro lado, Laos enfrenta el desafío de avanzar en su agenda de mitigación, a pesar de ser un emisor relativamente bajo de gases de efecto invernadero. El compromiso de alcanzar emisiones netas cero hacia 2050 implica transformar gradualmente sectores como energía, transporte y uso del suelo. En este proceso, muchas de las políticas orientadas a reducir emisiones coinciden con objetivos de desarrollo, por ejemplo mediante la expansión de energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de combustibles importados. No obstante, algunas de estas transformaciones implican costos elevados y requieren financiamiento externo. La limitada capacidad fiscal del país restringe la posibilidad de asumir grandes inversiones sin apoyo internacional. De ahí que la cooperación multilateral, el acceso a fondos climáticos y la movilización de capital privado resulten elementos determinantes para viabilizar la transición.
El futuro de Laos depende de la capacidad de integrar estabilidad macroeconómica, diversificación productiva y acción climática dentro de una misma estrategia de desarrollo. Lejos de tratarse de objetivos contradictorios, la adaptación y la mitigación pueden convertirse en motores de crecimiento más resiliente, siempre que se acompañen de reformas institucionales, inversión sostenida y mecanismos de protección social que reduzcan las desigualdades estructurales.
Para leer más ingrese a:
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/6c026738-e1b5-4ba0-b75c-07fc9f0db703

17 febrero, 2026
Australia’s Safeguard Mechanism Is Heating Up

El mecanismo de salvaguarda australiano se ha convertido en el principal instrumento para inducir a las mayores instalaciones industriales del país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la obligación de cumplir con líneas base decrecientes o, en su defecto, adquirir y cancelar créditos de carbono. A partir de esta arquitectura regulatoria se ha consolidado un mercado dinámico de Unidades Australianas de Crédito de Carbono (ACCUs), cuya evolución reciente evidencia tensiones entre una oferta históricamente abundante y una demanda que comienza a acelerarse con fuerza.
Durante los primeros años, los precios de las ACCUs mostraron un comportamiento relativamente plano, con una alta volatilidad pero sin una tendencia sostenida al alza. En consecuencia, el rendimiento de estos instrumentos financieros resultó inferior al de inversiones conservadoras, lo que generó escepticismo entre analistas e inversionistas. No obstante, este patrón responde a una lógica conocida en los mercados de emisiones: las primeras fases suelen caracterizarse por oportunidades de mitigación de bajo costo, lo que mantiene los precios contenidos mientras las empresas logran cumplir con sus metas sin realizar transformaciones profundas en sus procesos productivos. Sin embargo, a medida que las líneas base se ajustan de manera progresiva, las alternativas fáciles se agotan y el costo de reducir emisiones tiende a incrementarse. De hecho, experiencias internacionales muestran trayectorias similares. En mercados como el de California o el sistema de comercio de emisiones de Nueva Zelanda, los precios comenzaron en niveles reducidos, para luego experimentar incrementos abruptos cuando las restricciones se endurecieron. Estos episodios, además de generar fuertes oscilaciones, lograron incentivar inversiones más complejas y de mayor impacto ambiental.
Ahora bien, el caso australiano parece estar entrando en una etapa comparable. Aunque la oferta de ACCUs continúa superando la demanda, las brechas se han ido cerrando de forma acelerada. Entre 2021 y 2024, la demanda creció a un ritmo anual cercano al cuarenta por ciento, mientras la oferta avanzó de manera mucho más moderada. Más recientemente, el incremento absoluto de la demanda ha sido notable, lo que sugiere que el mercado podría pasar de una situación de exceso de créditos a otra de escasez en un horizonte relativamente corto. Este cambio estructural adquiere mayor relevancia al compararse con otros mercados de materias primas. En sectores como el cobre o el litio, los aumentos en la demanda han sido acompañados por expansiones de la oferta que amortiguan los efectos sobre los precios. En contraste, las ACCUs exhiben una dinámica excepcional, en la que la producción de nuevos créditos no logra seguir el ritmo del crecimiento de las obligaciones regulatorias. Por lo tanto, el escenario apunta hacia una presión alcista significativa sobre los precios en los próximos años.
A ello se suman posibles modificaciones normativas que podrían intensificar aún más la escasez relativa. El gobierno australiano ha anunciado una revisión del mecanismo de salvaguarda, enmarcada en metas nacionales de reducción de emisiones más ambiciosas hacia 2035. Entre las alternativas discutidas se encuentra la ampliación del número de instalaciones sujetas al esquema, mediante la reducción del umbral mínimo de emisiones, así como un mayor ajuste de las líneas base o la incorporación de nuevos sectores. En cualquiera de estos casos, el resultado probable sería un aumento sustancial en la demanda de créditos. En este contexto, las empresas obligadas a cumplir con el mecanismo enfrentan decisiones estratégicas complejas. Por un lado, pueden optar por adquirir ACCUs en el mercado, asumiendo los riesgos asociados a la volatilidad de precios. Por otro, pueden invertir directamente en procesos de descarbonización interna, alineándose con el objetivo ambiental de largo plazo y reduciendo su exposición financiera. Incluso, algunas organizaciones exploran la posibilidad de desarrollar proyectos propios de generación de créditos, con miras a cubrir sus necesidades y, simultáneamente, abrir nuevas fuentes de ingresos.
De forma paralela, los inversionistas observan en las ACCUs un activo emergente con potencial de valorización significativa, aunque acompañado de incertidumbre regulatoria y de mercado. La experiencia reciente muestra casos de empresas que han obtenido ganancias considerables al anticipar los cambios en la dinámica de oferta y demanda. En definitiva, el mecanismo de salvaguarda no solo redefine la política climática australiana, sino que también configura un espacio donde convergen oportunidades financieras, riesgos operativos y transformaciones productivas, en un proceso que avanza hacia una mayor integración entre regulación ambiental y lógica de mercado.
Para leer más ingrese a:
https://www.bcg.com/publications/2026/australias-safeguard-mechanism-is-heating-up
https://web-assets.bcg.com/pdf-src/prod-live/australias-safeguard-mechanism-is-heating-up.pdf

17 febrero, 2026
¿Qué trabajos se están creando en América Latina?: Análisis de las vacantes laborales electrónicas publicadas en América Latina y el Caribe

Las vacantes laborales digitales se han consolidado como una fuente privilegiada para observar la evolución del empleo en América Latina y el Caribe, tanto por su volumen como por la riqueza de información que contienen. A partir del análisis de más de seis millones de anuncios publicados entre 2022 y 2025, se configura un panorama marcado por una desaceleración sostenida en la oferta de puestos, combinada con una transformación gradual en las competencias demandadas. De este modo, el mercado laboral aparece atravesado por tensiones entre estructuras tradicionales de empleo y nuevas exigencias asociadas a la digitalización.
En este contexto, la tendencia general muestra una reducción significativa en la cantidad de vacantes publicadas a lo largo del periodo observado, con una caída superior al sesenta por ciento en apenas tres años. Aunque se registran repuntes ocasionales, el patrón dominante es descendente, lo que sugiere un entorno económico menos dinámico o una mayor cautela de las empresas al contratar. Sin embargo, esta contracción no afecta de manera homogénea a todos los niveles de calificación. Por el contrario, la mayor disminución se concentra en los puestos de preparación media, mientras que los empleos altamente especializados y los de baja calificación mantienen volúmenes más estables. Asimismo, la distribución por plataformas de empleo revela una segmentación clara del mercado digital. Algunas fuentes concentran vacantes orientadas a perfiles profesionales y ejecutivos, mientras otras canalizan oportunidades técnicas, operativas o de servicios. Esta diversidad evidencia un ecosistema heterogéneo, en el cual distintos portales cumplen funciones complementarias y atienden públicos diferenciados. De forma paralela, se observa que la intermediación mediante empresas reclutadoras dificulta la identificación del empleador final, lo que introduce cierto sesgo en la lectura directa de los datos.
Por otro lado, las ocupaciones más demandadas continúan siendo de carácter administrativo, comercial y de atención al cliente. Secretarios, vendedores, cajeros y promotores de productos encabezan la lista de perfiles con mayor presencia, lo que confirma el peso persistente del sector terciario en la estructura del empleo regional. Aun así, también emerge una demanda relevante por cargos técnicos y profesionales, especialmente en áreas como contabilidad, gestión empresarial, recursos humanos y logística. Esta coexistencia entre empleos tradicionales y especializados refleja un mercado laboral estratificado, donde se combinan tareas rutinarias con funciones de mayor complejidad. En cuanto a la dimensión sectorial, los servicios dominan ampliamente la generación de vacantes, por encima de la industria y de las actividades primarias. Sectores como comercio minorista, salud, educación y servicios administrativos concentran la mayor parte de la oferta laboral digital. En contraste, las actividades intensivas en conocimiento —finanzas, información y servicios profesionales— exhiben una proporción elevada de vacantes que requieren niveles avanzados de preparación. Esta diferencia sectorial pone de manifiesto una dualidad estructural, donde conviven empleos de baja calificación con nichos de alta especialización.
Ahora bien, uno de los rasgos más llamativos del periodo reciente es el comportamiento de las habilidades tecnológicas. Aunque su proporción se mantiene relativamente estable durante varios años, en 2025 se registra un aumento abrupto, lo que sugiere una aceleración en los procesos de digitalización. Este fenómeno coincide con la expansión de herramientas de inteligencia artificial y automatización, que comienzan a redefinir perfiles ocupacionales en múltiples sectores. En consecuencia, las competencias digitales dejan de ser exclusivas del ámbito tecnológico y pasan a convertirse en un requisito transversal para una gama cada vez más amplia de empleos. El mercado laboral latinoamericano se encuentra en una fase de transición, caracterizada por menor dinamismo en la creación de vacantes, persistencia de ocupaciones tradicionales y crecimiento de la demanda por habilidades digitales. Aunque la estructura general sigue anclada en el sector servicios, la incorporación progresiva de tecnologías emergentes introduce nuevos desafíos para trabajadores, empresas y sistemas educativos. De ahí que el análisis de vacantes electrónicas no solo permita describir el presente, sino también anticipar los posibles rumbos del empleo en la región.
Para leer más ingrese a:
https://publications.iadb.org/es/que-trabajos-se-estan-creando-en-america-latina-analisis-de-las-vacantes-laborales-electronicas
https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Que-trabajos-se-estan-creando-en-America-Latina-analisis-de-las-vacantes-laborales-electronicas-publicadas-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

17 febrero, 2026
Integrated transition planning: Business case, early steps, actions and guidance

La planificación de transición integrada surge como una respuesta estratégica para empresas que buscan combinar objetivos climáticos, de naturaleza y sociales en un marco coherente. Este enfoque permite que las organizaciones gestionen riesgos crecientes, aprovechen oportunidades y fortalezcan su resiliencia en un entorno caracterizado por volatilidad económica, presiones regulatorias y expectativas crecientes de los inversionistas y la sociedad.
La integración ofrece múltiples beneficios. Al reconocer las interdependencias entre clima, naturaleza y sociedad, las compañías pueden identificar sinergias y anticipar posibles tensiones. Por ejemplo, la electrificación eficiente no solo reduce emisiones, sino que también disminuye la exposición a riesgos físicos. De manera similar, soluciones basadas en la naturaleza aportan tanto a la mitigación como a la adaptación, al tiempo que generan beneficios económicos y sociales. Esta visión integrada evita esfuerzos fragmentados y permite optimizar recursos, logrando resultados más sólidos que los obtenidos con planes aislados. El contexto actual refuerza la necesidad de este enfoque. Los riesgos físicos derivados del cambio climático ya están afectando cadenas de suministro y mercados, mientras que la degradación de ecosistemas amenaza la continuidad de servicios esenciales como agua, suelos y polinización. Además, la transición energética y ecológica puede generar tensiones sociales si no se gestiona con una perspectiva inclusiva. La pérdida de empleos, la desigualdad y la falta de participación comunitaria pueden erosionar la aceptación de los proyectos. Por ello, integrar la dimensión social en los planes de transición es indispensable para garantizar legitimidad y estabilidad.
Las expectativas de los actores externos también están aumentando. Estándares internacionales como ESRS, IFRS y TNFD exigen que las empresas reporten de manera integrada los impactos, riesgos y oportunidades relacionados con clima, naturaleza y sociedad. Los inversionistas valoran cada vez más los planes de transición creíbles, y las instituciones financieras orientan capital hacia compañías que demuestran compromiso real con la sostenibilidad. De hecho, la financiación de transiciones justas y positivas para la naturaleza se está consolidando como un campo de inversión en expansión. Los bloques fundamentales de un plan integrado abarcan cuatro dimensiones: mitigación climática, adaptación a riesgos físicos, transición de la naturaleza y transición social. Cada una aporta acciones específicas, métricas y marcos de referencia. La mitigación incluye eficiencia energética y energías renovables; la adaptación contempla evaluaciones de vulnerabilidad e inversiones en infraestructura resiliente; la transición de la naturaleza abarca prácticas de abastecimiento sostenible y soluciones basadas en ecosistemas; mientras que la transición social incorpora planificación laboral, capacitación y diálogo comunitario. La integración de estas dimensiones exige gobernanza sólida, métricas compartidas y procesos de decisión que equilibren beneficios y costos.
Las primeras acciones para iniciar este proceso incluyen mapear intersecciones entre riesgos y oportunidades, identificar medidas sin arrepentimiento que generen múltiples beneficios, alinear equipos de distintas áreas y establecer indicadores integrados. La participación de la alta dirección y el compromiso del consejo son esenciales para dar legitimidad y continuidad a los planes. Además, la colaboración con proveedores, clientes y comunidades fortalece la capacidad de implementación y amplía el impacto positivo. Los casos prácticos muestran cómo este enfoque se traduce en resultados concretos. Instituciones financieras como Lloyds Banking Group y Aviva han desarrollado planes que integran clima, biodiversidad y objetivos sociales, demostrando que la coordinación entre sectores y cadenas de valor puede generar resiliencia y confianza. Estos ejemplos evidencian que la transición integrada no es solo una aspiración, sino una práctica viable que mejora la competitividad y la sostenibilidad empresarial.
La planificación de transición integrada representa una evolución necesaria en la gestión corporativa. Al unir clima, naturaleza y sociedad en una estrategia común, las empresas pueden reducir riesgos, aprovechar oportunidades y construir un futuro más resiliente. Este enfoque no solo responde a presiones externas, sino que también ofrece ventajas internas al mejorar la eficiencia, fortalecer la confianza de los inversionistas y garantizar la aceptación social de las transformaciones.
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Integrated Transition Planning: A Short Introduction

17 febrero, 2026
Analysing the international spillovers of climate change mitigation policies: A methodological framework

Las políticas de mitigación del cambio climático generan efectos que trascienden las fronteras nacionales y se manifiestan en la economía, la tecnología y la dinámica regulatoria de otros países. Estos efectos, conocidos como externalidades internacionales, pueden ser positivos cuando aceleran la difusión de tecnologías limpias o inducen la adopción de políticas más ambiciosas, pero también negativos cuando provocan fuga de carbono o fragmentación de mercados. Comprender estas interacciones resulta esencial para diseñar respuestas coordinadas que maximicen los beneficios globales y reduzcan los riesgos.
Los externalidades tecnológicos se producen cuando las políticas internas estimulan la innovación y reducen los costos de tecnologías bajas en carbono, lo que facilita su difusión internacional. La combinación de políticas de demanda y de apoyo a la oferta puede generar economías de escala y aprendizaje, impulsando la competitividad de estas tecnologías. Sin embargo, la evidencia muestra que gran parte de la innovación se concentra en países de altos ingresos, lo que plantea la necesidad de mecanismos de cooperación que permitan ampliar el acceso en economías emergentes. El comercio y la inversión extranjera directa se convierten en canales decisivos para que estas tecnologías se expandan más allá de sus mercados iniciales.
Los externalidades económicos se relacionan con los impactos de las políticas sobre la competitividad, los flujos comerciales y las inversiones. En el corto plazo, medidas como precios más altos al carbono pueden incrementar costos en sectores intensivos en emisiones, generando riesgos de pérdida de competitividad. No obstante, estudios ex post han mostrado efectos agregados modestos, en parte porque las políticas aplicadas hasta ahora han sido relativamente poco estrictas y acompañadas de medidas compensatorias. En escenarios futuros, los modelos ex ante sugieren que los impactos podrían ser mayores, tanto en términos de fuga de carbono como de creación de nuevas oportunidades en mercados de bienes y servicios bajos en carbono.
Los externalidades de política ocurren cuando las decisiones de un país influyen en las de otros. La adopción temprana de instrumentos como precios al carbono o subsidios a energías renovables ha incentivado a otros países a seguir caminos similares. Al mismo tiempo, la falta de acción en ciertas jurisdicciones ha llevado a respuestas estratégicas, como la introducción de mecanismos de ajuste fronterizo o la replicación de esquemas de apoyo para proteger la competitividad. Estos procesos pueden favorecer la convergencia hacia políticas más estrictas, aunque también pueden desencadenar dinámicas de competencia en subsidios que distorsionen los mercados.
Los resultados en emisiones dependen de la interacción de estos externalidades. La fuga de carbono es el fenómeno más documentado, con estimaciones que oscilan entre 5% y 30% de las reducciones domésticas compensadas por aumentos en otros países. Aunque estas cifras muestran que las políticas nacionales pueden perder efectividad, también sugieren que el diseño adecuado de instrumentos y la cooperación internacional pueden mitigar el problema. En términos económicos, los impactos son heterogéneos. Los países exportadores de combustibles fósiles enfrentan riesgos de diversificación y posibles pérdidas de ingresos, mientras que aquellos con ventajas en materiales críticos para tecnologías limpias pueden beneficiarse de nuevas oportunidades de crecimiento. La reducción de costos en tecnologías bajas en carbono puede generar ventajas comparativas y estimular la creación de empleo en sectores emergentes.
La forma en que se diseñan las políticas internas y las medidas de cooperación internacional determina la magnitud y dirección de los externalidades. Elementos como la asignación gratuita de derechos de emisión, los subsidios a tecnologías emergentes o los mecanismos de ajuste en frontera pueden amplificar o atenuar los efectos. Por ello, contar con un marco metodológico que permita analizar de manera estructurada los distintos canales de transmisión y sus impactos es fundamental para orientar decisiones más coherentes y fortalecer la coordinación global. Los externalidades internacionales de las políticas de mitigación son un componente decisivo de la acción climática. Evaluarlos con rigor y diseñar respuestas que potencien los efectos positivos y reduzcan los negativos es indispensable para avanzar hacia una reducción efectiva de emisiones y un desarrollo económico más sostenible.
Para leer más ingrese a:
https://www.oecd.org/en/publications/analysing-the-international-spillovers-related-to-climate-change-mitigation-policies_923bba3a-en.html
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/analysing-the-international-spillovers-related-to-climate-change-mitigation-policies_6c526939/923bba3a-en.pdf

17 febrero, 2026