La economía global se aproxima a una encrucijada demográfica de alcances históricos donde aproximadamente mil doscientos millones de jóvenes en los mercados emergentes alcanzarán la edad laboral durante la década que culmina en 2035. Esta oleada representa el grupo generacional más numeroso que la humanidad haya registrado, presentándose en un contexto donde el crecimiento económico potencial se sitúa en sus niveles más bajos de las últimas décadas. Puesto que el empleo productivo constituye el eje central del desarrollo al proporcionar ingresos, sentido de propósito y dignidad, la incapacidad de absorber esta vasta oferta de mano de obra podría fracturar la estabilidad social y la cohesión política en múltiples naciones. Pese a que las proyecciones de contratación son sensibles a diversas variables macroeconómicas, los análisis sugieren que cientos de millones de estos individuos corren el riesgo de quedar excluidos de los sistemas de educación, capacitación o trabajo formal si no se produce un cambio de rumbo drástico en las políticas de inversión actuales.

Sumado a lo anterior, la presión por la creación de puestos de trabajo se concentra de forma alarmante en África Subsahariana, el sur de Asia y la región de Oriente Medio y el Norte de África, zonas donde la brecha entre la expansión de la población activa y la generación de vacantes se ha profundizado significativamente. En particular, los países africanos enfrentan este panorama bajo condiciones de partida mucho más precarias que sus antecesores demográficos, lidiando con niveles de deuda pública insostenibles, ingresos por habitante reducidos y una infraestructura física que no ha logrado seguir el ritmo del crecimiento poblacional. A diferencia de las experiencias transformadoras de Asia Oriental a finales del siglo veinte, el entorno internacional actual ofrece menor apoyo debido a la ralentización de la productividad total de los factores y a una fragilidad institucional que limita la capacidad de los Estados para implementar reformas profundas. De igual forma, el predominio de la informalidad en estos mercados laborales actúa como un obstáculo para la acumulación de capital humano y la recaudación fiscal, perpetuando ciclos de baja productividad que dificultan la transición hacia actividades económicas de mayor valor añadido.

De igual modo, la respuesta institucional para mitigar estos riesgos debe estructurarse sobre tres pilares medulares que integren la infraestructura básica, un entorno operativo favorable para la iniciativa privada y la movilización de capital externo. La inversión en capital físico, humano y digital permite conectar a los ciudadanos con oportunidades de mercado modernas, reduciendo las barreras geográficas que separan a los buscadores de empleo de las empresas en crecimiento. No obstante, la reducida capacidad presupuestaria de la mayoría de los países en desarrollo obliga a diseñar marcos regulatorios transparentes y predecibles que incentiven la participación de inversores internacionales en la provisión de bienes públicos. Por tal motivo, el fortalecimiento de la independencia judicial y la simplificación de los trámites para la apertura de negocios resultan determinantes para fomentar el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas, que históricamente han demostrado ser los motores de la contratación masiva y la innovación tecnológica local.

Bajo este marco, la irrupción de la inteligencia artificial y la transición hacia energías limpias introducen nuevas oportunidades, aunque también exigen que la fuerza laboral desarrolle habilidades técnicas que el sistema educativo tradicional a menudo no suministra con rapidez. Sectores como los agronegocios, la salud, el turismo y la manufactura ligera poseen un potencial excepcional para generar empleos resilientes que aprovechen las ventajas competitivas de las economías emergentes. Mientras que la manufactura de valor añadido permite absorber mano de obra que transita desde la agricultura de subsistencia, la modernización del campo mediante herramientas digitales podría revitalizar la producción de alimentos y asegurar el bienestar en las zonas rurales. Por consiguiente, la articulación de una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con programas de capacitación focalizados en estas áreas prioritarias permitirá que esta generación récord de jóvenes no sea vista como una carga, sino como el motor que impulse un nuevo ciclo de prosperidad global sostenible.

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https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/4ffe1731-0a7d-4aca-9212-35fe5b952002

La política comercial de la Unión Europea atravesó un periodo de redefinición estratégica durante el año 2025, adaptándose a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y una erosión del orden multilateral basado en reglas. El departamento responsable de estas políticas priorizó la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad como los ejes que guiaron sus acciones externas e internas. Para enfrentar estos retos, se llevó a cabo una reorganización administrativa profunda que incluyó la creación de una dirección dedicada exclusivamente a la seguridad económica, reflejando el compromiso institucional de integrar la defensa de los intereses europeos con la apertura comercial. Esta transformación permitió alinear el uso de instrumentos de defensa comercial con la detección de riesgos derivados de dependencias excesivas en insumos críticos, buscando un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de la autonomía estratégica de la región ante prácticas desleales de terceros países.

Debido a que las relaciones con socios comerciales de gran envergadura requieren una gestión sofisticada, se mantuvo un diálogo constante para estabilizar los vínculos con Estados Unidos y manejar de forma asertiva la competencia con China. Respecto al mercado estadounidense, los esfuerzos se centraron en garantizar la previsibilidad para las empresas europeas mediante acuerdos sobre aranceles y el fomento de la inversión transatlántica. Por otra parte, la relación con el gigante asiático se manejó bajo el principio de reducción de riesgos o «de-risking», implementando medidas de vigilancia sobre inversiones extranjeras directas y controles de exportación en tecnologías sensibles para evitar su uso indebido. De igual modo, la aplicación del Instrumento de Contratación Pública Internacional permitió restringir el acceso a licitaciones europeas en sectores como el de dispositivos médicos cuando se detectó discriminación contra proveedores de la Unión, enviando una señal clara sobre la necesidad de reciprocidad en el comercio global.

Asimismo, el avance en la agenda de sostenibilidad se materializó a través de la negociación de capítulos específicos en los acuerdos de libre comercio, vinculando el acceso al mercado con el cumplimiento de estándares climáticos y laborales internacionales. La conclusión de las negociaciones con India y los progresos con el Mercosur y México demuestran la voluntad de diversificar las fuentes de suministro de materias primas esenciales para la transición verde. En este sentido, la implementación del Plan Industrial del Pacto Verde encontró un aliado en la política comercial, facilitando la difusión de tecnologías limpias y promoviendo el trabajo decente en las cadenas de valor globales mediante el Esquema Generalizado de Preferencias. Al respecto, las asociaciones de inversión sostenible con países africanos y latinoamericanos buscan no solo el beneficio mutuo, sino también el fortalecimiento de la capacidad de las naciones en desarrollo para cumplir con las normativas europeas contra la deforestación y el trabajo infantil.

Por otra parte, la excelencia operativa interna resultó determinante para la ejecución eficaz del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de gestión financiera bajo estándares de alta calidad. La transición hacia un nuevo sistema de contabilidad digital, denominado SUMMA, representó un reto administrativo considerable que requirió una supervisión exhaustiva para garantizar la integridad de los datos y la agilidad en los procesos. A pesar de la complejidad técnica, se logró que el noventa y siete por ciento de los pagos se realizaran dentro de los plazos legales, manteniendo una tasa de error residual mínima que refleja la solidez de los controles preventivos implementados. Por consiguiente, la administración pública se modernizó mediante el uso controlado de inteligencia artificial para tareas de análisis y una gestión de recursos humanos que priorizó el bienestar del personal ante un incremento constante en la carga de trabajo. De este modo, la Dirección General consolidó su rol como un actor central en la arquitectura de seguridad económica europea, asegurando que el comercio siga actuando como un motor de prosperidad y resiliencia en un mundo fragmentado.

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https://commission.europa.eu/publications/annual-activity-report-2025-trade-and-economic-security_en

https://commission.europa.eu/document/download/3975cd66-fef9-461b-b4a7-ce563bb62045_en?filename=trade_aar_2025_en.pdf

Durante el primer año completo del mandato de la Comisión 2024-2029, la Dirección General de Medio Ambiente se ha centrado en avanzar hacia una prosperidad sostenible y competitiva mediante el fortalecimiento de la economía circular y la protección de los ecosistemas naturales de la Unión Europea. Al respecto, el trabajo realizado para impulsar el Plan de Acción de Economía Circular ha permitido definir grupos de productos prioritarios bajo el Reglamento de Ecodiseño, estableciendo reglas claras que comenzarán a aplicarse de forma gradual. Asimismo, la adopción de un paquete específico para la circularidad de los plásticos busca aliviar la presión sobre este sector estratégico, incentivando la inversión en tecnologías de reciclaje químico y estableciendo criterios armonizados para el fin de la condición de residuo. Estas medidas, junto con la entrada en vigor del Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases, refuerzan la seguridad económica de la Unión al reducir la dependencia de materias primas vírgenes y promover el uso de materiales secundarios de alta calidad en el mercado único.

Puesto que la salud humana está intrínsecamente ligada a la calidad del entorno, la implementación de la estrategia de «contaminación cero» ha movilizado recursos significativos para reducir las emisiones industriales y el uso de sustancias químicas peligrosas. En este sentido, la revisión de la Directiva sobre Emisiones Industriales proporciona mayor certidumbre a sectores como la minería y el procesamiento de materiales, mientras que el Plan de Acción para la Industria Química apoya la transición hacia modelos de producción más limpios. Un hito destacado en este periodo ha sido la adopción de restricciones sobre las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en espumas contra incendios, abordando una de las principales fuentes de contaminación persistente en el suelo y el agua. Por añadidura, el nuevo Reglamento para prevenir la pérdida de pellets de plástico contribuye de forma directa a la reducción de la contaminación por microplásticos en toda la cadena de suministro, estableciendo requisitos estrictos de manipulación y gestión de riesgos para los operadores económicos.

De este modo, la protección de la biodiversidad ha pasado de la fase de formulación política a la de implementación territorial intensiva, con un enfoque especial en el cumplimiento del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Al respecto, la DG ENV ha mantenido un diálogo constante con los Estados miembros para apoyar la elaboración de sus Planes Nacionales de Restauración, asegurando que las acciones en el terreno cuenten con el respaldo técnico y financiero necesario. En virtud de que la resiliencia hídrica es un factor determinante para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica, la nueva Estrategia de Resiliencia Hídrica establece un marco integral para proteger el ciclo del agua y garantizar el acceso a suministros limpios y asequibles. De igual forma, el avance en la Directiva de Monitoreo del Suelo permitirá mejorar el conocimiento sobre la salud de los terrenos agrícolas, facilitando decisiones políticas basadas en evidencia científica para revertir la degradación de las tierras.

Por otra parte, la dimensión internacional de la política ambiental europea ha buscado fortalecer coaliciones globales para abordar la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. La representación de la Unión en foros multilaterales como el G7, el G20 y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha permitido liderar negociaciones sobre el tratado global de plásticos y la protección de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Asimismo, el apoyo técnico a los países candidatos a la adhesión, especialmente a Ucrania en el contexto de los daños ambientales causados por la guerra, refleja el compromiso de la DG ENV con una Europa ampliada y ambientalmente resiliente. Por consiguiente, la transición interna hacia un sistema de contabilidad más eficiente y una administración pública digitalizada asegura que los recursos asignados se utilicen bajo principios de gestión financiera sólida, manteniendo un alto nivel de cumplimiento normativo y transparencia ante la ciudadanía.

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https://commission.europa.eu/publications/annual-activity-report-2025-environment_en

https://commission.europa.eu/document/download/63c2c2ee-e7f3-427d-a821-773ed85e7d20_en?filename=env_aar_2025_en.pdf

La economía oceánica actual genera un valor masivo para el comercio global y la seguridad alimentaria, pero lo hace socavando sistemáticamente los cimientos ecológicos que permiten su existencia. Frente al deterioro acelerado de los arrecifes de coral y el aumento de la sobrepesca, surge el concepto de economía azul regenerativa como un modelo que busca ir más allá de la sostenibilidad convencional. Mientras que la sostenibilidad se enfoca a menudo en reducir el daño o mantener el estado presente de sistemas ya degradados, la regeneración demanda actividades económicas que inviertan activamente en la recuperación del capital natural y social. Este cambio de paradigma implica que el éxito de una industria ya no se mida exclusivamente por la riqueza extraída, sino por su capacidad para reconstruir biomasa, restaurar biodiversidad y fortalecer la equidad intergeneracional. Para lograrlo, los sectores oceánicos se clasifican en trayectorias de transición para las industrias tradicionales, escalamiento responsable para sectores en crecimiento e innovación biológica para las nuevas fronteras de la restauración.

Debido a que la transformación sistémica requiere un marco operativo claro, se proponen cuatro palancas fundamentales que deben interactuar de forma coordinada: gobernanza, finanzas, capacidad humana y tecnología. Respecto a la gobernanza, es imperativo transitar desde una administración fragmentada por sectores hacia una gestión integrada a escala de paisajes marinos o «seascapes». Este enfoque polocéntrico distribuye la autoridad entre múltiples niveles, otorgando poder real a las comunidades locales y reconociendo formalmente sus derechos de tenencia consuetudinaria, lo cual produce resultados ecológicos superiores a las designaciones verticales tradicionales. Al respecto, la planificación espacial marina permite establecer zonas claras para la restauración prioritaria y el uso sostenible, reduciendo la incertidumbre para los inversores y minimizando los conflictos por el espacio oceánico. De este modo, los Planes Oceánicos Sostenibles sirven como cartas de navegación nacional que alinean las políticas fiscales con los compromisos internacionales de biodiversidad y clima.

En virtud de que menos del uno por ciento del valor de la economía azul se invierte hoy en su sostenibilidad, el redireccionamiento del capital financiero se presenta como una tarea vital para cerrar la brecha de inversión. El uso de instrumentos innovadores como los bonos azules, los canjes de deuda por naturaleza y el financiamiento combinado permite atraer capital privado hacia proyectos que antes se consideraban demasiado arriesgados o poco rentables. No obstante, la legitimidad de estos mecanismos financieros depende de una participación equitativa de las comunidades costeras y los pueblos indígenas, asegurando que los beneficios no se concentren en actores externos sino que recapitalicen la custodia local de los ecosistemas. Asimismo, el desarrollo de la alfabetización oceánica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales resultan determinantes para que las soluciones diseñadas sobre el papel se traduzcan en acciones efectivas en el agua. De tal manera, la formación de nuevos perfiles profesionales, como los «sea rangers», permite cerrar la brecha operativa entre los compromisos globales y la restauración física de hábitats marinos.

Igualmente, los avances en inteligencia artificial y tecnologías de monitoreo remoto están transformando la economía del conocimiento oceánico, permitiendo observar y verificar resultados ecológicos a costos significativamente menores. Estas herramientas facilitan la trazabilidad en las cadenas de suministro, combaten la pesca ilegal y optimizan la gestión de riesgos ante eventos climáticos extremos mediante el uso de gemelos digitales e información satelital. Sin embargo, el despliegue tecnológico debe ir acompañado de una gestión responsable de su propia huella ambiental, considerando el consumo de energía y agua de los centros de datos que procesan la información oceánica. Por consiguiente, la transición hacia una economía azul regenerativa no es un estado final estático, sino un proceso continuo de aprendizaje y adaptación donde la prosperidad humana se entiende como un subproducto de la salud del océano. Por ende, el desafío actual reside en generar la voluntad política para escalar estas soluciones existentes y convertir la restauración en la lógica central del desarrollo económico global.

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https://www.weforum.org/publications/the-regenerative-blue-economy-pathways-to-prosperity/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_Regenerative_Blue_Economy_2026.pdf

La aceleración de las presiones humanas sobre los sistemas naturales ha provocado que las tasas de extinción de especies alcancen niveles significativamente superiores al promedio histórico, situando al planeta en lo que muchos científicos denominan la sexta extinción masiva. Dentro de este panorama, la contaminación por plásticos se posiciona como uno de los cinco factores determinantes en la pérdida de biodiversidad, actuando de forma simultánea con el cambio climático y la sobreexplotación de recursos. Mientras la producción anual de este material ha pasado de dos millones de toneladas en 1950 a casi quinientos millones en la actualidad, la capacidad de gestión de residuos apenas ha crecido a la mitad de esa velocidad, resultando en que solo el diez por ciento del plástico fabricado históricamente haya sido reciclado. Esta saturación de desechos afecta a más de cuatro mil especies a través de tres vías de impacto directo: el daño físico por enredo e ingestión, la degradación sistémica de hábitats vitales como manglares y arrecifes de coral, y la contaminación química que altera los sistemas reproductivos de la fauna silvestre. Por añadidura, el costo económico de este fenómeno es masivo, estimándose pérdidas de hasta 2.5 billones de dólares anuales en servicios ecosistémicos marinos, afectando sectores de subsistencia como la pesca artesanal y el turismo costero.

Puesto que el flujo de plásticos sigue la dinámica del ciclo del agua, la identificación de rutas de transporte resulta vital para diseñar intervenciones efectivas que protejan la integridad ecológica. Mediante el uso de herramientas cartográficas avanzadas, se ha logrado visualizar cómo los residuos generados en núcleos urbanos andinos viajan cientos de kilómetros a través de cuencas fluviales hasta depositarse en ecosistemas costeros sensibles, evidenciando una conexión territorial que antes permanecía invisible para los tomadores de decisiones. Al respecto, el mapeo de riesgos en naciones como Colombia, Ecuador y Costa Rica permite priorizar las inversiones en áreas de alta importancia biológica, como los sitios de anidación de tortugas marinas o los bosques de manglar que actúan como sumideros de carbono. De tal manera, la adopción de un enfoque de gestión que abarque desde la fuente hasta el mar facilita la unión de actores diversos —municipios, empresas y comunidades locales— bajo una lógica de cuenca compartida. Asimismo, el reconocimiento de que los microplásticos han saturado los suelos agrícolas en proporciones superiores a las detectadas en los océanos subraya la urgencia de investigar el impacto de estos residuos en la seguridad alimentaria y la fertilidad de las tierras de cultivo.

Asimismo, el sector privado enfrenta una escalada de riesgos legales, financieros y reputacionales vinculados a la gestión ineficiente de empaques, con litigios corporativos que podrían alcanzar los cien mil millones de dólares anuales para el final de esta década. No obstante, esta crisis también ofrece oportunidades para rediseñar modelos de negocio hacia la circularidad, donde la eliminación de plásticos de un solo uso y la implementación de sistemas de reutilización a gran escala podrían generar millones de empleos y evitar la pérdida de valor de los envases. En este sentido, la labor de las redes informales de recolectores, que gestionan casi dos tercios del plástico reciclado globalmente, se establece como un pilar que requiere reconocimiento formal y condiciones de trabajo dignas para asegurar una transición justa. Por otra parte, la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades costeras como guardianes tradicionales del entorno demuestra que los programas de incentivos positivos suelen ser más efectivos que las medidas punitivas para modificar comportamientos ciudadanos. Por consiguiente, la integración de políticas de biodiversidad en los tratados internacionales sobre plásticos resulta indispensable para dotar a los administradores locales de la autoridad necesaria para proteger los hábitats de la degradación inducida por desechos sintéticos.

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https://www.weforum.org/publications/plastic-pollution-and-biodiversity-a-global-overview/ 

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Plastic_Pollution_and_Biodiversity_2026.pdf

La transformación de los mercados laborales contemporáneos está impulsando una revisión profunda de los mecanismos utilizados para identificar, desarrollar y valorar el talento. Durante décadas, los títulos académicos y las credenciales formales funcionaron como los principales filtros para acceder a oportunidades laborales, determinar trayectorias profesionales y asignar niveles de remuneración. Sin embargo, las aceleradas transformaciones tecnológicas, la aparición de nuevas ocupaciones y la creciente demanda de competencias especializadas han puesto de manifiesto las limitaciones de los modelos centrados exclusivamente en certificaciones educativas. Bajo este contexto emerge el paradigma skills-first, una aproximación que sitúa las habilidades demostradas en el centro de las decisiones relacionadas con contratación, formación y gestión del talento. Esta perspectiva reconoce que las capacidades pueden adquirirse mediante múltiples trayectorias, incluyendo experiencias laborales, formación no formal, aprendizaje autodidacta y procesos de actualización continua. Además, la adopción de este enfoque amplía significativamente el universo de candidatos potenciales para las organizaciones, permitiendo identificar talento que anteriormente quedaba excluido por no poseer determinados títulos. Al mismo tiempo, favorece una mayor movilidad social al reducir la dependencia entre el origen socioeconómico de las personas y sus posibilidades de acceder a empleos de calidad. De esta manera, el reconocimiento efectivo de las competencias contribuye a construir mercados laborales más inclusivos, donde el valor de los individuos se relaciona cada vez más con lo que saben hacer que con las credenciales que poseen.

A medida que esta visión gana relevancia, la discusión se ha desplazado desde los procesos de contratación hacia una comprensión más amplia del ecosistema que permite desarrollar y reconocer habilidades. La formación de capacidades ya no se limita a las instituciones educativas tradicionales, sino que involucra una red de actores compuesta por gobiernos, empresas, proveedores de formación, orientadores profesionales y trabajadores. Dentro de este entorno, adquieren importancia los programas flexibles, modulares y orientados a competencias específicas que responden de manera más rápida a las necesidades cambiantes de la economía. Asimismo, el aprendizaje permanente se convierte en una condición necesaria para mantener la empleabilidad en contextos caracterizados por la rápida obsolescencia de conocimientos. Debido a ello, los sistemas educativos y de capacitación avanzan hacia modelos que facilitan procesos de actualización y reconversión profesional a lo largo de toda la vida laboral. Paralelamente, la orientación profesional basada en habilidades permite identificar brechas de competencias y conectar a las personas con oportunidades de formación alineadas con la demanda del mercado. Como resultado, el desarrollo de capacidades deja de concebirse como una etapa previa al empleo y pasa a entenderse como un proceso continuo de adaptación y crecimiento. Esta evolución fortalece la capacidad de respuesta de los trabajadores frente a los cambios tecnológicos y productivos, además de contribuir a reducir los desajustes entre oferta y demanda de talento observados en numerosos sectores económicos.

Sin embargo, el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje resulta insuficiente si las habilidades adquiridas no pueden ser reconocidas y valoradas adecuadamente dentro del mercado laboral. Por esta razón, el paradigma skills-first incorpora mecanismos destinados a mejorar la visibilidad, validación y comunicación de las competencias. La señalización de habilidades permite que los individuos expresen con mayor precisión sus capacidades, mientras que los empleadores pueden describir sus necesidades utilizando un lenguaje común y comprensible. De igual forma, los sistemas de reconocimiento de aprendizajes previos facilitan la validación de conocimientos obtenidos fuera de los circuitos formales de educación, aumentando las oportunidades de quienes han desarrollado experiencia mediante trayectorias alternativas. Cuando estas capacidades se identifican de manera transparente y reciben una valoración adecuada, mejora la asignación de talento entre trabajadores y empleadores, incrementando la eficiencia del mercado laboral. No obstante, alcanzar este objetivo requiere condiciones habilitantes que trascienden las prácticas empresariales. Entre ellas destacan la existencia de marcos comunes de habilidades, sistemas confiables de información sobre demanda y oferta de competencias, políticas que reduzcan barreras para la formación de adultos y entornos organizacionales abiertos a la innovación. Sin estos elementos, los esfuerzos orientados al reconocimiento de capacidades tienden a fragmentarse y pierden efectividad, limitando el potencial transformador del enfoque basado en habilidades.

Bajo esta perspectiva sistémica, la medición del grado de preparación de los países para adoptar enfoques centrados en habilidades adquiere una importancia creciente. Con este propósito se desarrolló un índice compuesto que integra dimensiones relacionadas con ecosistemas de aprendizaje, reconocimiento del talento y condiciones habilitantes. La metodología incorpora indicadores sobre rutas flexibles de formación, microcredenciales, participación en aprendizaje de adultos, orientación profesional, reconocimiento de aprendizajes previos, prácticas de contratación basadas en competencias, disponibilidad de información sobre habilidades y capacidad institucional para sostener estos procesos. Los resultados muestran que numerosas economías ya cuentan con bases significativas para avanzar hacia este paradigma, aunque ninguna ha completado plenamente la transición. Asimismo, las diferencias observadas entre países revelan que el progreso puede alcanzarse mediante combinaciones diversas de políticas, instituciones y prácticas organizacionales. Más allá de las posiciones relativas en los rankings, la evidencia sugiere que el tránsito hacia mercados laborales centrados en habilidades constituye un proceso continuo que exige coordinación entre múltiples actores y una adaptación permanente frente a la evolución de las necesidades productivas. En este escenario, el reconocimiento efectivo de las capacidades humanas emerge como una estrategia orientada a mejorar la productividad, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la resiliencia económica frente a los cambios que caracterizan al mundo del trabajo contemporáneo.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/a-skills-first-labour-market_2e1b85f0-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/a-skills-first-labour-market_bd036db7/2e1b85f0-en.pdf