Las prioridades planteadas para 2026 están formuladas como recomendaciones directas al Congreso de Estados Unidos, que es la entidad llamada a reautorizar el financiamiento federal del transporte superficial. La prioridad de ACEEE no está dirigido de forma genérica al sector transporte, sino a la toma de decisiones presupuestales y programáticas sobre infraestructura limpia de carga, eficiencia portuaria y fortalecimiento de capacidades públicas. También identifica con claridad a los destinatarios operativos de esos recursos: Gobiernos locales, departamentos estatales de transporte, adjudicatarios de proyectos y comunidades rurales o subinvertidas que requieren apoyo técnico y financiero para identificar, planear y construir infraestructura de transporte y abastecimiento. La lógica es que la descarbonización del transporte de carga no depende solo de tecnología, sino de una arquitectura federal capaz de traducir recursos en proyectos ejecutables y territorialmente viables.

El primer frente es la red de recarga para carga pesada. Se propone que el Congreso reautorice los programas National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) y Charging and Fueling Infrastructure (CFI) con niveles de financiamiento iguales o superiores a los actuales y que asigne fondos específicos para recarga de vehículos medianos y pesados de cero emisiones. También se pide ampliar la elegibilidad para permitir proyectos con megawatt charging systems y depósitos de recarga compartida entre múltiples flotas, así como financiar investigación y pilotos sobre tecnologías emergentes como intercambio de baterías y carga inalámbrica. El objetivo declarado es reducir costos operativos de flotas y apoyar crecimiento económico local. La magnitud de este frente ya empieza a reflejarse en resultados: se han anunciado 7.400 empleos asociados con infraestructura de recarga y casi 1.000 millones de dólares en inversiones relacionadas. Un caso puntual se ubica en el estado de Nuevo México, donde el programa CFI asignó cerca de 64 millones de dólares en 2024 al Departamento de Transporte estatal para desarrollar parte de la primera red nacional de recarga para camiones pesados en el corredor I-10, con dos estaciones que incluirán megawatt charging en una ruta que conecta Los Ángeles con el suroeste.

El segundo frente se dirige a infraestructura portuaria y operaciones intermodales. La recomendación es que el Congreso mantenga o aumente el financiamiento de programas federales que mejoran eficiencia portuaria, reducen contaminación y disminuyen costos del movimiento de mercancías. Entre ellos se mencionan el Port Infrastructure Development Program y el Reduction of Truck Emissions at Port Facilities program. Los recursos deberían orientarse a conexiones intermodales, infraestructura digital e inteligente para carga, automatización, electrificación portuaria, shore power, equipos eléctricos de manejo de carga, camiones drayage y la infraestructura de recarga asociada. El ejemplo más visible está en el estado de Washington, donde el Puerto de Tacoma recibió más de 54 millones de dólares como parte de las adjudicaciones PIDP de 2023 para reconfigurar su terminal, mejorar la eficiencia del movimiento de camiones, optimizar almacenamiento de contenedores y añadir capacidad. Los beneficios estimados alcanzan 137 millones de dólares en 20 años, de los cuales 88 millones corresponden a reducción de costos operativos del puerto, costos evitados de mantenimiento de camiones, menores tiempos de viaje y menor contaminación acústica. El texto también resalta la relevancia de estos proyectos en salud pública y equidad territorial, considerando que más del 95% de la carga que entra al país llega por barco, más del 40% de los 150 principales puertos se ubica en zonas de no cumplimiento o mantenimiento de calidad del aire y al menos 31 millones de personas viven a menos de tres millas de un puerto principal.

El tercer frente está orientado a acelerar la entrega de proyectos mediante asistencia técnica. Aquí el destinatario es aún más explícito: gobiernos locales, departamentos estatales de transporte, adjudicatarios de proyectos, zonas rurales y comunidades subinvertidas. La recomendación es que el Congreso financie apoyo técnico para reducir retrasos y facilitar planeación, implementación, formación laboral, digitalización, automatización y gestión de permisos. También se plantea mantener requisitos de participación comunitaria en las solicitudes de subvención e incorporar lenguaje que obligue a demostrar interacción temprana con utilities. La idea central es que muchos gobiernos, especialmente los más pequeños, no cuentan con suficiente capacidad para ejecutar proyectos de transporte limpio sin apoyo federal adicional. Por eso, la reautorización no se presenta solo como una decisión de financiamiento, sino como una herramienta para fortalecer la capacidad pública de transformar recursos en infraestructura operativa, particularmente en electrificación de carga pesada y puertos. 

Para leer más ingrese a:

https://www.aceee.org/memo/2026/04/2026-surface-transportation-reauthorization-priorities

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/aceee_2026_str_priorities_two-pager_memo.pdf