El cambio climático y otras amenazas medioambientales exigen una actuación urgente de los gobiernos. Este documento analiza cómo los gobiernos pueden utilizar mejores instrumentos de regulación (buenas prácticas reguladoras, enfoques ágiles y basados en el riesgo, ejecución de la regulación, cooperación internacional en materia de regulación, reguladores económicos y conocimientos sobre el comportamiento) para diseñar, aplicar y evaluar normativas eficientes y eficaces para el medio ambiente. Explora los retos a los que se enfrentan los gobiernos y presenta buenas prácticas en materia de normativa medioambiental y de otro tipo, para garantizar que todos los instrumentos políticos persiguen de forma coherente los objetivos medioambientales. Por último, el documento sugiere cómo los sistemas de política reguladora pueden hacer frente a los retos medioambientales presentes y futuros. Sostiene que, para aprovechar plenamente el potencial de una mejor regulación del medio ambiente, los gobiernos deben aplicar medidas que garanticen un enfoque integrador, cooperativo, basado en los resultados y global de la regulación. El mundo no alcanzará sus objetivos de sostenibilidad medioambiental si no se adoptan medidas urgentes para hacer frente al alarmante ritmo de pérdida de biodiversidad, los crecientes efectos del cambio climático y el consumo excesivo de recursos naturales. La regulación es una de las herramientas clave de que disponen los gobiernos para alcanzar sus objetivos medioambientales, junto con los instrumentos financieros y los presupuestos, la contratación y las infraestructuras ecológicos. Cuando está bien diseñada y aplicada, la regulación gubernamental puede hacer frente al cambio climático y a otras amenazas medioambientales, al tiempo que fomenta la innovación tecnológica y promueve el crecimiento económico. El uso de herramientas y mecanismos de mejora de la regulación puede ayudar a promover la calidad de las normativas para la transición verde. Aunque la mejora de la regulación se ha orientado históricamente a aliviar los costos económicos y las cargas administrativas, la noción de que puede y debe utilizarse para perseguir objetivos medioambientales está cada vez más consolidada, aunque se aplica menos sistemáticamente en la práctica. Las preocupaciones económicas pueden primar sobre las consideraciones sociales o medioambientales a la hora de diseñar la normativa y no se evalúan sistemáticamente las consecuencias de las distintas opciones políticas. Las partes interesadas, en particular los grupos vulnerables, no participan suficientemente en las distintas fases del ciclo regulador. Los gobiernos también tienden a «regular y olvidar», es decir, a adoptar normas y aplicarlas sin revisar periódicamente sus consecuencias reales. El principio de proporcionalidad de riesgos no se refleja adecuadamente ni en el diseño ni en la aplicación de las normativas y podría hacerse más para fomentar la innovación. Por último, los gobiernos aún no cooperan suficientemente a nivel internacional en materia de regulación.

Las lagunas y los retos que plantea la aplicación de una buena política reguladora en general revisten especial importancia para las cuestiones de política medioambiental. La falta de coherencia política, transparencia y eficacia en el diseño de la normativa significa que ésta no persigue eficazmente los objetivos medioambientales de forma coherente ni equilibra de forma efectiva los objetivos económicos, sociales y medioambientales potencialmente contrapuestos. Las normativas también pueden tener consecuencias imprevistas y deben modificarse con frecuencia, lo que crea un entorno empresarial desfavorable y obstaculiza la inversión ecológica. Y lo que es más importante, estas lagunas hacen que las normativas medioambientales y de otro tipo no alcancen las ambiciosas medidas que son cruciales para proteger el medio ambiente y preservar la vida en la Tierra. Este documento examina cómo unas mejores herramientas y prácticas de regulación pueden permitir a los gobiernos promover la transición ecológica. Se estructura a lo largo del ciclo de la política reguladora, empezando por las herramientas que son relevantes para el diseño de la regulación -evaluación del impacto de la regulación (EIR), consulta a las partes interesadas y evaluación a posteriori- y examinando también las herramientas de aplicación de la regulación -inspecciones y cumplimiento-. El documento también analiza el papel de la cooperación internacional en materia de reglamentación (IRC), los reguladores y la comprensión del cambio de comportamiento para ayudar a los gobiernos a integrar las consideraciones medioambientales en todas las fases del ciclo normativo. Por último, el documento sugiere cómo adaptar los instrumentos de la política reguladora para aprovechar plenamente el potencial de una mejor reglamentación para la transición ecológica. El alcance del documento se centra en la aplicación de las prácticas de mejora de la regulación tanto a la normativa medioambiental como a otras normativas, con ejemplos centrados en sectores clave con un impacto medioambiental sustancial, como la energía, el transporte y la agricultura. En segundo lugar, el documento presta especial atención a varias cuestiones de particular importancia para la regulación medioambiental, como la noción de riesgo y precaución, los retos metodológicos del análisis costo-beneficio y los objetivos contrapuestos y las compensaciones. Sin embargo, la mayoría de las buenas prácticas reguladoras que se analizan en el documento se aplican a todas las normativas, puesto que las condiciones marco para preservar el medio ambiente no sólo las proporcionan las normativas medioambientales; todos los ámbitos políticos deberían permitir la integración de la sostenibilidad medioambiental. El documento no evalúa la utilidad de las distintas palancas políticas disponibles para abordar las cuestiones de política medioambiental.

El informe se centra en la necesidad de una regulación más efectiva y adecuada para impulsar la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Destaca cómo la regulación actual a menudo es insuficiente para abordar los desafíos ambientales y la urgente necesidad de políticas que promuevan la eficiencia energética, las energías renovables y la reducción de emisiones de carbono. Además, el informe enfatiza la importancia de la cooperación internacional en la creación de marcos regulatorios efectivos y resalta la necesidad de un enfoque integral que involucre a gobiernos, empresas y la sociedad en general para lograr una transición exitosa hacia un futuro más verde.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-for-the-green-transition_c91a04bc-en

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/c91a04bc-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2Fc91a04bc-en&mimeType=pdf