La ruta europea hacia la competitividad se presenta como una agenda de transformación económica mucho más amplia que una simple política industrial. El punto de partida es que, a medida que la fuerza laboral europea se reduce, el crecimiento dependerá cada vez más de la capacidad para innovar, comercializar esa innovación y difundir mejor la tecnología en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Para ello se plantea la necesidad de una combinación de reformas: mayor acceso empresarial a capital con tolerancia al riesgo, consolidación del mercado único, precios energéticos más bajos y predecibles, y una I+D pública y privada orientada hacia innovaciones de mayor impacto. Sin embargo, más de un año después del diagnóstico de Mario Draghi, el avance se considera lento y la agenda se ha vuelto más compleja por la aparición de nuevas prioridades, en particular la seguridad económica, la soberanía digital y la preocupación de que parte de la regulación europea esté entrando en fricción con la innovación.

El primer eje se concentra en la relación entre soberanía digital y competitividad. La reflexión central es que ambas pueden alinearse en el largo plazo, porque una Europa menos innovadora también sería una Europa más dependiente. Aun así, en el corto plazo existe una tensión clara entre difundir más rápidamente la tecnología, aunque sea extranjera, y reducir vulnerabilidades geopolíticas o estratégicas. Para ordenar esa tensión se propone un marco de decisión que priorice amenazas específicas a la soberanía, cuantifique su probabilidad y sus consecuencias, y luego evalúe qué intervenciones son proporcionales y compatibles con el crecimiento. Dentro de ese marco se analizan tres caminos: construir un stack tecnológico europeo de extremo a extremo, promover alternativas europeas solo en segmentos particularmente sensibles y mitigar riesgos asociados a tecnologías extranjeras mediante regulación y otras medidas de confianza. La opción más ambiciosa, un stack completo, es también la que genera mayores tensiones con el crecimiento y con la plausibilidad económica y técnica. Por eso se propone una estrategia más selectiva y, sobre todo, más ofensiva: reforzar ventajas tecnológicas ya existentes en Europa y buscar liderazgo en tecnologías emergentes para reequilibrar dependencias externas.

El segundo eje examina transformación digital y productividad. La explicación de la brecha europea se vincula a bajos niveles de I+D privada y a una concentración de esa I+D en sectores de tecnología media, como automoción, química y transporte, más que en segmentos de alta tecnología. Además, incluso dentro de esos sectores, la conversión del esfuerzo de I+D en crecimiento de productividad resulta proporcionalmente menor que en otras economías. Desde esa base se propone reorientar la I+D pública hacia misiones de mayor impacto y alto contenido tecnológico, coordinar mejor estrategias nacionales y europeas para alcanzar masa crítica, y fortalecer la cadena que va desde investigación hasta despliegue. También se sugiere realizar evaluaciones ex ante más profundas sobre inversiones públicas o incentivadas en infraestructura digital, exigir auditorías de respuesta de demanda antes de comprometer grandes proyectos, rediseñar el Digital Decade Index para enfocarlo en resultados de productividad e introducir benchmarking dinámico frente a trayectorias digitales de Estados Unidos. Otra propuesta destacada es crear instrumentos de financiamiento a escala europea para capital intangible, incluyendo habilidades, herramientas de desarrollo de software, apoyo al cambio organizacional y gobernanza de datos, con especial énfasis en pymes.

El tercer eje se dirige a regulación e instituciones. Aquí se sostiene que la oposición entre regulación e innovación es simplista, porque la regulación puede estimular o frenar el crecimiento según su diseño y contexto. También se recuerda que el mayor logro económico europeo, el mercado único, es precisamente un producto regulatorio. El problema identificado no es la existencia de regulación en sí, sino su calidad, su fragmentación y la debilidad institucional para convertir principios comunes en un mercado realmente integrado. Por eso se propone hacer de la innovación un objetivo explícito y prominente del derecho europeo, acompañado de métricas que permitan evaluar con evidencia los efectos de cada norma. Junto con ello se plantea reforzar el mercado único con reglas más claras, freno al gold plating nacional, enforcement más fuerte frente a Estados miembros que no apliquen correctamente las reglas comunes y herramientas jurídicas más creativas para superar bloqueos institucionales. También se sugieren cambios de diseño institucional, incluida una reorganización de la Comisión y la posible creación de una European Digital Agency para dar más coherencia a la regulación digital paneuropea. La competitividad europea queda así definida como una tarea que exige al mismo tiempo ambición tecnológica, difusión eficiente, mejor regulación y una arquitectura institucional capaz de ejecutar reformas que llevan décadas pendientes.

Para leer más ingrese a:

https://cerre.eu/publications/charting-a-european-path-to-competitiveness/

https://cerre.eu/wp-content/uploads/2026/01/CERRE_Charting-a-European-path-to-competitiveness.pdf