La estrategia parte de un diagnóstico claro sobre el entorno energético europeo. Los próximos años estarán marcados por una descarbonización más rápida, preocupaciones persistentes de asequibilidad, digitalización creciente y una gobernanza de mercado cada vez más compleja. A esto se suma el aprendizaje dejado por la crisis energética de 2022-2023, que mostró la necesidad de respuestas regulatorias ágiles, coordinadas y proporcionadas, pero también la importancia de contar con preparación previa, mecanismos de coordinación y capacidad de actuación en periodos no críticos. En esta base conceptual, CEER sitúa dos condiciones como indispensables: independencia regulatoria y cooperación estrecha entre autoridades nacionales. La primera se presenta como requisito para una evaluación imparcial de las necesidades del sector; la segunda, como vehículo para reforzar consistencia regulatoria, supervisión de mercado e intercambio de buenas prácticas dentro del mercado interior europeo de la energía.
La primera prioridad estratégica se concentra en optimizar soluciones orientadas al mercado para entregar mejores resultados a consumidores y sistema energético. Aquí el énfasis está en preservar la utilidad de los mecanismos de mercado, aprovechar mejor la infraestructura existente e incentivar inversiones eficientes en expansión de red. La lógica es que la transición no puede traducirse en sobrecostos evitables ni en señales regulatorias que distorsionen la asignación de recursos. Asimismo, la estrategia insiste en que los costos eficientes deben distribuirse de forma justa entre participantes, incluida la generación descentralizada, para sostener competitividad y asequibilidad. También se remarca que el sistema energético debe diseñarse para servir de manera eficiente a consumidores y empresas, equilibrando accesibilidad, seguridad de suministro y necesidad de inversión en red. Este enfoque combina visión económica y visión operativa, evitando que la descarbonización se trate de forma separada del funcionamiento real del sistema.
La segunda prioridad se orienta a empoderar y proteger a los consumidores, al tiempo que promueve asequibilidad y accesibilidad. El contenido coloca al consumidor en el centro de la regulación y reconoce que el éxito de la transición energética depende de consumidores activos y comprometidos. Esa participación ya no se limita al rol tradicional de usuario final, sino que se amplía hacia autoconsumo, respuesta de la demanda, servicios individualizados e iniciativas energéticas comunitarias. Bajo este cambio, la regulación debe garantizar derechos, protección y condiciones equitativas de acceso mientras monitorea la aparición de nuevos actores y servicios. También se advierte sobre el riesgo de pérdida de aceptación pública frente a determinadas medidas de descarbonización, por ejemplo, por resistencia a nueva infraestructura o por altos costos iniciales. Por eso, la estrategia concede un peso explícito a la comunicación transparente y a la interacción con ciudadanía y actores del mercado, como condición para sostener confianza y legitimidad regulatoria.
La tercera prioridad busca profundizar la integración de un sistema energético descarbonizado. En esta dimensión se destacan seguridad de suministro, resiliencia del mercado, integración entre electricidad y gas, uso eficiente de infraestructura y claridad regulatoria para innovación. La estrategia sostiene que una mayor participación de renovables intermitentes exige medidas adecuadas para asegurar estabilidad del sistema, mientras que el avance de la descarbonización obliga a pensar el sistema energético de forma integrada y no por segmentos aislados. También subraya que la transición debe compatibilizar competitividad, sostenibilidad y seguridad de suministro como tres pilares inseparables. Esa visión se refuerza con una lectura de las megatendencias que moldearán la agenda regulatoria: agravamiento de la situación energética y de recursos, reconfiguración geopolítica, acción climática, digitalización e inteligencia artificial, mayor protagonismo del individuo, disparidades globales de precios y presión sobre competitividad. Dentro de ese marco, la energía aparece además como parte de la agenda económica europea más amplia, vinculada a competitividad industrial y prosperidad de largo plazo.
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