El financiamiento para la acción climática en el sector del transporte en países en desarrollo presenta una serie de obstáculos que dificultan la transición hacia sistemas de movilidad más sostenibles. En primer lugar, la descentralización de responsabilidades a gobiernos locales muchas veces conlleva asignar tareas a administraciones que carecen de la capacidad financiera y técnica necesaria para su cumplimiento efectivo. Por ejemplo, el mantenimiento y actualización de catastros de propiedades, fundamentales para una recaudación de impuestos más precisa, suelen seguir siendo gestionados por gobiernos nacionales, lo que limita la eficiencia en la generación de recursos económicos. Además, la expansión de la infraestructura de transporte requiere inversiones iniciales elevadas, pero la capacidad de acceder a financiamiento resulta una barrera significativa para muchas ciudades debido a la falta de calificaciones crediticias y a la poca aptitud de las instituciones financieras para apoyar proyectos pequeños y con bajos ingresos derivados del uso.

Por otro lado, estos países enfrentan un problema de insuficiencia de fondos relacionados con la incapacidad de las ciudades para recuperar los costos mediante tarifas, debido a que los ingresos provenientes de usuarios suelen ser insuficientes o políticamente desincentivados. Por ejemplo, las tarifas para transporte público rara vez cubren todos los gastos operativos y de mantenimiento, y las políticas tienden a favorecer la expansión de la infraestructura vial que favorece a quienes poseen vehículos motorizados. Además, los subsidios implícitos, como los estacionamientos gratuitos o subvalorados, muestran un respaldo indirecto al uso del automóvil privado, lo cual genera un impacto negativo en las finanzas públicas y en la equidad social.

En cuanto a las limitaciones del financiamiento, existe un reconocimiento de que muchas inversiones en transporte necesitan de recursos externos debido a la escala del gasto requerido. Sin embargo, acceder a estos fondos resulta difícil por varios motivos, incluyendo las dificultades para calcular los beneficios ambientales y sociales de los proyectos, la incertidumbre en los comportamientos de los usuarios y las complejidades en demostrar que los proyectos serían inviables sin ayudas externas. Además, la participación del sector privado en la financiación de transporte sostenible sigue siendo limitada, en parte debido a la percepción del riesgo y a la falta de modelos de negocio que aseguren retornos adecuados. La necesidad de subsidios o de financiamiento adicional para proyectos de transporte público y movilidad activa, como ciclovías o aceras, también reduce la rentabilidad y dificulta su financiamiento sustentable.

Por otra parte, los fondos climáticos especializados enfrentan retos adicionales, dado que su participación en proyectos de transporte requiere cumplir con estrictos criterios de elegibilidad y demostrar que las intervenciones generan impactos de mitigación y adaptación que no afectarían el curso de acción en ausencia de financiamiento externo. La acreditación de entidades responsables y la incapacidad de algunos países para acceder directamente a estos fondos limita la escala de inversión. Sin embargo, existe potencial en el desarrollo de mercados de bonos verdes que pueden ofrecer financiamiento con condiciones favorables para proyectos de transporte ecológico, siempre que se mejoren los estándares de transparencia y las garantías de cumplimiento.

Por último, aunque la movilización de recursos del sector privado sigue siendo un objetivo, todavía resulta insuficiente. Esto se debe a que muchas inversiones en transporte sostenible son de retorno a largo plazo, y los modelos de negocio existentes en muchas ciudades en desarrollo no aseguran ingresos líquidos suficiente para cubrir los costos sin subvenciones o apoyo gubernamental. La incorporación de soluciones innovadoras, tanto en financiamiento como en tecnologías, puede facilitar la atracción de recursos privados en el futuro, pero requiere de un entorno regulatorio favorable y de una mayor elaboración de instrumentos financieros que reduzcan los riesgos asociados. La inversión en transporte sostenible en países en desarrollo enfrenta retos estructurales, financieros y políticos. Sin embargo, mediante la diversificación de las fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de capacidades institucionales, se puede avanzar en la creación de sistemas de movilidad que sean tanto eficientes como respetuosos con el medioambiente.

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