El hidrógeno de bajas emisiones se ha posicionado como una alternativa estratégica dentro de la transición energética global, especialmente en sectores difíciles de electrificar o desfosilizar. Su versatilidad como vector energético y materia prima lo convierte en una opción capaz de contribuir a la descarbonización, al tiempo que ofrece oportunidades de diversificación productiva y de seguridad energética. La caída de los costos de tecnologías renovables y de componentes como electrolizadores y sistemas de captura de carbono ha impulsado el interés mundial en esta industria emergente. De este modo, numerosos países han incorporado el hidrógeno en sus agendas energéticas, multiplicando proyectos y explorando su potencial tanto para consumo interno como para exportación. América Latina y el Caribe, con su abundancia de recursos naturales y matrices eléctricas con alta participación renovable, se encuentra en una posición favorable para aprovechar esta tendencia.

La región dispone de ventajas comparativas para producir hidrógeno verde gracias a sus recursos solares, eólicos e hídricos, mientras que algunos países cuentan con reservas fósiles que podrían facilitar la producción de hidrógeno azul. Sin embargo, estas condiciones naturales no bastan por sí solas para consolidar cadenas de valor alrededor del hidrógeno. Se requieren políticas coordinadas, marcos normativos claros y una infraestructura adecuada que permita transformar el potencial en proyectos concretos. Además, la industria enfrenta una brecha de costos que limita su competitividad frente a otras opciones energéticas más maduras, lo que exige incentivos y subsidios que estimulen tanto la oferta como la demanda. En este sentido, la región debe avanzar en la creación de clústeres o hubs que concentren producción, distribución y consumo, generando economías de escala y atrayendo inversiones.

El desarrollo de esta industria también depende de la capacidad institucional para gestionar transformaciones complejas. Las denominadas capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) son esenciales para sostener la implementación de proyectos y garantizar que los esfuerzos gubernamentales se articulen con los del sector privado y la sociedad civil. La ausencia de estas capacidades puede derivar en iniciativas fragmentadas, sin continuidad ni impacto significativo. Asimismo, la falta de infraestructura adecuada para transporte, almacenamiento y distribución limita la posibilidad de consolidar un mercado competitivo. Por ello, resulta indispensable que los países de la región fortalezcan sus instituciones, promuevan la cooperación regional y desarrollen mecanismos de certificación que aseguren trazabilidad y sostenibilidad en la producción de hidrógeno.

El hidrógeno de bajas emisiones ofrece a América Latina y el Caribe la oportunidad de avanzar hacia una transición energética más inclusiva y sostenible, pero también plantea desafíos que deben ser atendidos con visión estratégica. El potencial de producir hidrógeno verde a costos competitivos puede convertirse en un motor de transformación productiva y en una vía para diversificar exportaciones, siempre que se logre superar las barreras regulatorias, financieras y tecnológicas. La industria del hidrógeno no debe ser vista únicamente como un sector emergente, sino como parte de una estrategia integral que articule políticas públicas, inversiones y cooperación internacional. De esta manera, la región podrá aprovechar sus ventajas naturales, cerrar brechas de capacidades y posicionarse como un actor relevante en la economía del hidrógeno, contribuyendo tanto a la lucha contra el cambio climático como al fortalecimiento de su desarrollo económico y social.

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