La red de distribución eléctrica europea enfrenta una transformación acelerada por electrificación, expansión renovable y nuevas responsabilidades operativas. Bajo este contexto, el aumento de inversión ya es visible: el volumen anual pasó de 23,5 mil millones de euros en 2021 a 35,3 mil millones en 2024 y se proyecta en 46,7 mil millones para 2027. El crecimiento de 2024 frente a 2021 supera 50%, y la proyección de 2027 implica un aumento adicional de 32% respecto a 2024. Este cambio no se limita a construir más red. También exige que los DSO operen como facilitadores de mercado, gestores de datos, impulsores de innovación y actores activos en resiliencia del sistema. El problema es que el avance no ocurre de forma homogénea entre países ni entre operadores, por lo que la manera de definir ingresos y aprobar remuneración empieza a ser tan importante como el volumen de inversión mismo.
La heterogeneidad estructural del sector es uno de los puntos más importantes. En Europa existen 2.674 DSO repartidos en 28 países, con tamaños extremadamente dispares, desde operadores con un solo cliente hasta otros con casi 40 millones. El dato más revelador es que 92% de los DSO tiene menos de 100.000 clientes y, aun así, esos operadores pequeños solo atienden alrededor de 8% de los consumidores europeos. Esa fragmentación influye en capacidad técnica, calidad del planeamiento y posibilidad de asumir nuevas funciones. También afecta la cobertura de herramientas esenciales para la transición. Casi dos tercios de los DSO han sido eximidos de elaborar planes de desarrollo de red, los mercados locales de flexibilidad siguen en fase temprana, y en uno de cada tres Estados miembros las tarifas de red no incorporan señales horarias. En digitalización, aunque la penetración de medidores inteligentes supera 80% en la mayoría de los países, en seis Estados miembros sigue por debajo de 30%.
La respuesta propuesta se centra en hacer más eficiente la expansión de red y evitar que el marco regulatorio incentive inversiones subóptimas. Uno de los mensajes más fuertes es la necesidad de reducir el sesgo hacia CAPEX, todavía presente en varios países, donde la remuneración del capital invertido convive con incentivos separados para gastos operativos. Bajo ese esquema, la regulación puede favorecer obras convencionales aun cuando existan soluciones más eficientes desde el punto de vista del sistema, como flexibilidad, digitalización o alternativas no basadas en red. También se advierte que topes rígidos de gasto o ingreso pueden bloquear inversiones necesarias o trasladar a los DSO riesgos de sobrecostos no controlables sin una compensación equivalente. Junto con ello, se plantea una mayor transparencia sobre uso actual de la red y trayectorias futuras de CAPEX y OPEX, de manera que reguladores, usuarios y fabricantes puedan comprender mejor dónde existe capacidad disponible y dónde realmente se justifica ampliar infraestructura.
El contenido también pone énfasis en planeación integrada, calidad regulatoria y aprendizaje entre países. Se presentan prácticas nacionales como referencia en cuatro áreas: Incentivos a fusiones de DSO en Austria, Italia y España; planeación integral DSO-TSO en Eslovenia y un operador único regional en Flandes; incentivos basados en beneficios en Italia para mitigar sesgo CAPEX; y reconocimiento parcial de costos planificados en Austria, Alemania, Italia y Portugal para facilitar liquidez y una remuneración más prospectiva. A partir de ello, se formulan 10 recomendaciones orientadas a legisladores, reguladores y operadores, con un mensaje de fondo muy claro, la transición energética requiere marcos de ingresos capaces de adaptarse con regularidad, sin perder independencia regulatoria, eficiencia económica ni comunicación temprana con actores afectados.
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