Muchos estados de EEUU se han fijado ambiciosos objetivos de adopción de vehículos eléctricos y están trabajando para establecer políticas y programas de apoyo a la electrificación del transporte. Las Oficinas Estatales de Energía, las Comisiones de Servicios Públicos (PUC) y los Departamentos de Transporte (DOT), así como las Agencias Estatales de Medio Ambiente, los Defensores del Consumidor y otros importantes socios a nivel estatal, tienen cada uno un papel único y vital para apoyar el despliegue de los vehículos eléctricos (EV). Con frecuencia, estos organismos han trabajado juntos para coordinar la planificación de la infraestructura de los vehículos eléctricos y diseñar programas de incentivos, así como para lanzar ambiciosos marcos políticos y normativos en el ámbito de los vehículos eléctricos.

Recent federal legislation, including the Infrastructure and Investment in Jobs Act (IIJA) and Inflation Reduction Act (IRA), has provided states with additional opportunities to advance transportation electrification efforts.1 The IIJA will provide $7.5 billion for investments in EV charging infrastructure; of the total, $5 billion is dedicated to the National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) program that directs funds to state DOTs to build a network of EV chargers across the country. The remaining $2.5 billion is set aside for the Discretionary Grant Program for Charging and Fueling Infrastructure in which states, localities, tribes, territories, and metropolitan planning organizations are eligible to apply for funding to support publicly accessible EV charging and alternate fuel infrastructure.

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https://www.naseo.org/data/sites/1/documents/publications/NCEP_EV_MiniGuide_Nov2022.pdf