América Latina y el Caribe llega a 2026 en un contexto de crecimiento moderado, inversión contenida, espacio fiscal reducido y una inflación que avanza lentamente hacia su fase final de convergencia. La proyección regional de crecimiento se ubica en 2,1%, ligeramente por debajo del 2,4% de 2025, lo que mantiene a la región entre las de menor dinamismo del mundo y con un aumento apenas marginal del ingreso por habitante. El consumo privado sigue siendo el principal soporte de la actividad, mientras la inversión permanece débil en un entorno de incertidumbre global, tasas reales todavía restrictivas y cautela empresarial. A esto se suman presiones externas derivadas de tensiones geopolíticas, volatilidad en precios de la energía y una demanda internacional moderada. Sobre esa base, el planteamiento central sostiene que la región necesita revisar sus instrumentos de crecimiento productivo, retomando el debate sobre política industrial, pero desde una lógica distinta a la de los esquemas históricamente fallidos.

El punto de partida es que el renovado interés por la política industrial no surge solo en América Latina y el Caribe. A escala global, el bajo crecimiento, la transición energética, la reconfiguración del comercio y la competencia tecnológica han devuelto al Estado un papel más activo en la promoción de actividades estratégicas. Sin embargo, en la región esa discusión está atravesada por una experiencia histórica compleja. Los enfoques proteccionistas de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones derivaron en sectores poco dinámicos e inestabilidad macroeconómica, y posteriormente dieron paso a estrategias más orientadas al mercado. Aun así, el balance regional tampoco fue satisfactorio en la etapa liberalizadora. La comparación con Asia muestra que, bajo modelos más intervencionistas y también bajo enfoques más abiertos, la región mantuvo un crecimiento menor y un desempeño de productividad persistentemente débil. La conclusión es que el problema no reside únicamente en intervenir o no intervenir, sino en la ausencia de capacidades para aprender, adoptar tecnología y transformar esa adopción en aumentos sostenidos de productividad.

La propuesta redefine entonces la política industrial como una política de aprendizaje. El argumento es que el desarrollo requiere capacidad para realizar apuestas informadas sobre nuevos productos, procesos, mercados y tecnologías, y para corregir el rumbo a partir de esa experimentación. Bajo esa lógica, lo decisivo no es solo impulsar sectores específicos, sino construir los complementos que permiten que cualquier estrategia productiva funcione. El primero es el desarrollo de capacidades. La región sigue rezagada en calidad educativa, formación técnica, graduación en áreas STEM, calidad universitaria e interacción entre conocimiento y sector privado. Eso limita la disponibilidad de trabajadores, técnicos, emprendedores e instituciones capaces de identificar y adoptar tecnologías nuevas. El segundo es facilitar la toma de riesgos. La innovación y la expansión hacia nuevos mercados requieren gestión empresarial, horizontes de largo plazo y sistemas financieros capaces de distribuir riesgo. Los mercados poco profundos de la región reducen la capacidad de las empresas para experimentar y crecer. El tercero es maximizar los beneficios de la apertura. El comercio, la inversión extranjera, el estudio en el exterior y los intercambios con la frontera tecnológica siguen siendo los mecanismos más rápidos para incorporar conocimiento y disciplina competitiva, aunque sus beneficios dependen de contar con capacidades internas suficientes. El cuarto es fortalecer el Estado, no solo para intervenir, sino para hacerlo con autonomía, capacidad técnica, evaluación, disciplina y posibilidad real de terminar experimentos fallidos.

La lectura regional se completa con un entorno macroeconómico que condiciona cualquier estrategia productiva. Los déficits fiscales persisten, el costo de intereses sigue absorbiendo espacio presupuestal, la deuda pública continúa elevada y la inversión pública enfrenta desplazamiento por rigideces del gasto corriente. Al mismo tiempo, la informalidad laboral sigue siendo alta y limita productividad, movilidad social y reducción de pobreza. También persisten diferencias importantes en apertura comercial, acceso a mercados y complementariedad productiva con socios externos. En ese contexto, el planteamiento no propone una política industrial basada en subsidios indiscriminados o protección prolongada, sino una estrategia más exigente, donde el crecimiento depende de mejorar capital humano, capacidad empresarial, financiamiento, integración internacional y calidad estatal para que las apuestas productivas sean más sofisticadas y menos costosas en términos de error. 

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