La creciente digitalización de la economía ha transformado de manera acelerada los mercados, generando tanto oportunidades como tensiones competitivas que han captado la atención de las autoridades en América Latina y el Caribe. En este contexto, se ha intensificado el interés por examinar prácticas empresariales que, si bien impulsan la expansión de plataformas digitales, también pueden restringir la competencia y limitar la capacidad de otros actores de ingresar o crecer en el mercado.

Un primer ámbito de análisis lo constituyen los acuerdos de exclusividad y las cláusulas de nación más favorecida. Aunque en principio buscan proteger inversiones o evitar el uso gratuito de los servicios de una plataforma, su aplicación por parte de empresas con posición dominante tiende a cerrar el acceso a competidores, elevando las barreras de entrada. En países como Brasil y Chile, las investigaciones sobre plataformas de entrega de comida han mostrado cómo estos contratos reducen la capacidad de restaurantes o usuarios para negociar en condiciones más favorables con otras plataformas. Las soluciones adoptadas han pasado por limitar la duración de los contratos, restringir porcentajes de participación en el mercado o directamente eliminar dichas cláusulas, lo que abre espacio a nuevos actores y restablece márgenes de competencia.

Otro punto de fricción radica en el uso y acumulación de datos. Las plataformas digitales, gracias a su escala y a la cantidad de usuarios, concentran información que se convierte en un insumo estratégico para expandirse hacia otros mercados relacionados. Esto genera desequilibrios, pues la información recolectada de consumidores o de negocios que dependen de la plataforma puede ser utilizada para competir con ventaja frente a esos mismos negocios. Los casos vinculados a WhatsApp y Meta ilustran esta preocupación: la obligación de aceptar nuevas políticas de privacidad implicaba compartir datos con otras filiales, lo que fue considerado como un abuso de la posición dominante. Ante ello, las medidas correctivas consistieron en suspender esas prácticas, exigir un consentimiento informado y limitar el uso cruzado de datos. De esta manera, se busca mitigar tanto los riesgos de explotación del usuario como las ventajas indebidas que surgen de la concentración informacional.

Además, las prácticas de ventas atadas, empaquetamiento y restricciones de interoperabilidad también han suscitado la atención de las autoridades. Estas estrategias pueden presentarse como mejoras de eficiencia o comodidad para los consumidores, pero en realidad consolidan ecosistemas cerrados que dificultan el acceso de proveedores alternativos. Ejemplos de ello se encuentran en investigaciones a grandes marketplaces y en el caso de Apple, donde se cuestionó la obligación de utilizar su sistema de pagos dentro de las aplicaciones. Las medidas provisionales exigieron separar servicios, permitir otros sistemas de pago y abrir interfaces de programación a proveedores externos. Tales disposiciones buscan no solo frenar el poder de exclusión de las plataformas, sino también ampliar las posibilidades de elección y fomentar la innovación de terceros.

El fenómeno del auto-preferenciamiento completa el panorama de preocupaciones. Cuando una plataforma prioriza sus propios servicios en detrimento de los de competidores, manipula la visibilidad de la oferta y limita la capacidad de decisión de los usuarios. En la región se han presentado investigaciones sobre mecanismos de clasificación de productos o condiciones diferenciadas en la venta de boletos aéreos. Las medidas correctivas se han orientado a prohibir conductas discriminatorias y garantizar criterios transparentes en los algoritmos de recomendación.

En cuanto a los instrumentos utilizados, predominan las soluciones de carácter conductual, que obligan a modificar prácticas sin llegar a desinversiones estructurales. Asimismo, las medidas provisionales han ganado terreno como recurso ágil para contener daños inmediatos en mercados de rápido movimiento, aunque su efectividad depende de un diseño cuidadoso y de mecanismos de supervisión. Igualmente, los compromisos voluntarios presentados por las empresas han permitido cerrar casos con rapidez, aunque se corre el riesgo de que se genere menos jurisprudencia para orientar futuras intervenciones. La naturaleza transfronteriza de las plataformas digitales plantea otro desafío. Si bien algunos remedios se aplican más allá de las fronteras por eficiencia técnica o para prevenir sanciones en otros países, lo común es que las medidas se limiten al territorio de la autoridad que las impone. Ello refuerza la necesidad de cooperación internacional y coordinación regulatoria, con el fin de evitar divergencias y aprovechar aprendizajes.

La experiencia de América Latina y el Caribe refleja un proceso en evolución, donde las autoridades exploran diversas herramientas para contener prácticas que pueden distorsionar la competencia. La complejidad de los mercados digitales obliga a un monitoreo constante, a la incorporación de expertos técnicos y a la búsqueda de sinergias con regulaciones de protección de datos y de consumidores. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de considerar medidas proactivas como la interoperabilidad o remedios de lado de la demanda, que no solo corrigen abusos, sino que también pueden estimular una dinámica competitiva más saludable.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/remedies-in-digital-markets-in-latin-america-and-the-caribbean_34bbc7e4-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/08/remedies-in-digital-markets-in-latin-america-and-the-caribbean_17c0f440/34bbc7e4-en.pdf