El panorama energético global en 2025 estuvo marcado por una acumulación de perturbaciones sin precedentes que redefinieron las prioridades de los gobiernos. Las disrupciones en las cadenas de suministro tras la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania, las restricciones comerciales sobre minerales críticos, las temperaturas extremas y los conflictos que afectan a grandes proveedores de energía se sucedieron como ondas de choque durante los últimos cinco años. Estos eventos reactivaron preocupaciones de seguridad energética de larga data y expusieron nuevas vulnerabilidades sistémicas. En respuesta, se desencadenó un período excepcionalmente activo de formulación de políticas energéticas, comparable en intensidad a las respuestas que siguieron a las crisis del petróleo de los años setenta. Hoy, medidas de emergencia para gestionar perturbaciones en el suministro de petróleo y gas están legalmente vigentes en 60 países, y naciones que representan el 95% de las importaciones mundiales de petróleo han adoptado legislación de reservas estratégicas. El conflicto en Medio Oriente, cuya escalada durante 2026 llevó a la decisión colectiva del 11 de marzo de liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE), demostró que los fundamentos institucionales construidos desde los años setenta han fortalecido la capacidad de respuesta, aunque ningún país permanece completamente blindado.

En términos fiscales, el gasto gubernamental en energía se duplicó entre 2019 y 2025, alcanzando aproximadamente 405.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 1,4% del gasto público total. Este incremento estuvo impulsado en gran medida por las medidas de asequibilidad adoptadas durante la crisis energética de 2022, que desembolsaron alrededor de 220.000 millones de dólares en subsidios a hogares, aproximadamente diez veces los niveles previos a la crisis. Sin embargo, este auge no estuvo exento de ineficiencias: solo el 25% de las intervenciones de corto plazo se dirigió a los hogares más vulnerables, lo que aumentó la presión sobre las cuentas nacionales. A pesar de las revisiones presupuestarias de 2025, que redujeron el gasto energético proyectado en unos 110.000 millones de dólares anuales respecto a estimaciones anteriores, gracias en parte a la derogación de créditos fiscales en Estados Unidos y al fin del instrumento europeo de recuperación, los niveles de gasto siguen siendo considerablemente superiores a los de la década pasada. Este panorama refleja una tensión estructural entre la necesidad de sostener la transición energética y las restricciones fiscales que enfrentan los gobiernos en un entorno de alta volatilidad.

En paralelo a las tensiones financieras, la regulación de la eficiencia energética experimentó en 2025 su primera caída histórica en cobertura y exigencia desde que se establecieran los primeros estándares mínimos de desempeño energético en la década de 1970. Las reformas regulatorias del año, especialmente las promovidas por Estados Unidos a través de la llamada Ley One Big Beautiful Bill, relajaron normas de economía de combustible para vehículos de pasajeros y eliminaron penalidades corporativas relacionadas con el consumo promedio de flotillas. Estas modificaciones afectaron aproximadamente a un quinto de los usos finales cubiertos por estándares de eficiencia a nivel mundial. Además, la Unión Europea retrasó el cumplimiento de sus normas de emisiones para vehículos nuevos y postergó la implementación del Sistema de Comercio de Emisiones 2 del año 2027 al 2028. Si se proyectan estos cambios hacia 2030, la cobertura y exigencia global de los estándares habrían crecido un 50% sin las medidas de retroceso; con ellas, el crecimiento esperado se reduce al 30%. Esta tendencia, aunque justificada en algunos casos por la presión sobre el costo de vida y la competitividad industrial, expone a consumidores y empresas a una mayor vulnerabilidad ante futuras oscilaciones en los precios de la energía.

Frente a este retroceso normativo, los compromisos climáticos globales tampoco ofrecen una señal más ambiciosa. Al 27 de marzo de 2026, más de 130 países habían presentado nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París, con la mayoría estableciendo metas para 2035. No obstante, el ritmo de mitigación que implican estas nuevas NDC no supera al de la ronda anterior presentada en Glasgow. De cumplirse los compromisos incondicionales, las emisiones energéticas globales seguirían creciendo un 0,4% anual hasta 2035, y solo descenderían un 0,3% de cumplirse además los compromisos condicionales. Esto representa una desaceleración respecto a las tendencias históricas, pero también un retroceso frente a la ambición que habían señalado las NDC de 2021. Con 65 países aún sin presentar sus nuevas metas y con Estados Unidos retirado del Acuerdo de París desde enero de 2026, el escenario climático para el sector energético apunta a un período de transición más lento y complejo del que se había anticipado, en el que la urgencia geopolítica y la presión sobre los costos continúan dominando la agenda sobre los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Para leer más ingrese a:

https://www.iea.org/reports/state-of-energy-policy-2026

https://iea.blob.core.windows.net/assets/130be844-3b4b-4e2e-b6f4-0f217929e9ae/StateofEnergyPolicy2026.pdf