El uso de la energía en los edificios representa aproximadamente el 30 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en Estados Unidos. Ante esta situación, cerca de 140 jurisdicciones, que incluyen estados, ciudades, condados y pueblos, han adoptado medidas para reducir las emisiones de GEI en los edificios. Estas acciones tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de los residentes, disminuir los costos y cumplir con las metas climáticas. Cada jurisdicción ha diseñado mecanismos políticos específicos para reducir las emisiones de acuerdo con sus particularidades legales y climáticas. Sin embargo, decisiones recientes de tribunales federales han generado incertidumbre sobre la implementación de códigos de descarbonización en edificios. En este contexto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anuló recientemente una ordenanza de Berkeley relacionada con las conexiones de gas, argumentando que infringía la Ley federal de Política Energética y Conservación (Energy Policy and Conservation Act, EPCA). No obstante, el tribunal también destacó la existencia de una excepción clave en la EPCA, conocida como «puerto seguro» (Safe Harbor), que protege los códigos de construcción que cumplen con un requisito de siete factores.
El «puerto seguro» permite a las jurisdicciones eliminar el sesgo presente en los códigos modelo actuales, que tienden a favorecer el uso de combustibles fósiles en sistemas de calefacción y agua frente a equipos eléctricos más eficientes. Este informe analiza cómo mitigar dicho sesgo y facilitar la implementación de códigos de descarbonización de edificios. El documento presenta, en primer lugar, una explicación sobre el desarrollo y la estructura de los códigos energéticos de los edificios. Posteriormente, aborda el Safe Harbor de la EPCA y su relación con las vías de cumplimiento en los códigos energéticos. Además, detalla cómo los códigos modelo suelen favorecer implícitamente los aparatos de gas sobre los eléctricos con bomba de calor y propone métodos para equilibrar esta disparidad. Finalmente, introduce los Overlays residenciales y comerciales Zero Fuel Bias, que modifican el Código Internacional de Conservación de la Energía (IECC) 2024 y la norma ASHRAE 90.1-2022. Asimismo, evalúa cómo estas superposiciones cumplen con los requisitos del Safe Harbor, analizando cada uno de los siete factores en profundidad. A lo largo del informe, se exploran cuestiones clave, como jurisprudencia relevante y métricas de rendimiento, a través de recuadros laterales.
Los códigos energéticos son herramientas fundamentales para reducir el consumo de energía y las emisiones en el sector de la construcción, tanto en Estados Unidos como en otros países. Estos códigos establecen estándares mínimos de eficiencia energética aplicables a construcciones nuevas y ciertas renovaciones. Por lo general, se dividen en dos categorías: residencial y comercial. Los edificios multifamiliares de hasta tres plantas suelen regirse por el código residencial, mientras que aquellos de mayor altura están sujetos al código comercial. Cada código incluye múltiples vías de cumplimiento que permiten a los constructores demostrar que un edificio cumple con las normativas. Estas vías se basan en la comparación del desempeño energético modelado del edificio con un estándar de referencia, lo que permite alcanzar un objetivo de eficiencia conocido como «objetivo de conservación». Este enfoque establece un marco claro para medir el progreso y la eficiencia energética.
Durante décadas, los códigos modelo han evaluado el cumplimiento de manera desigual según el tipo de combustible utilizado en los edificios. Los sistemas de combustión han gozado de ventajas en los requisitos, lo que les permite cumplir más fácilmente con las normativas en comparación con los sistemas eléctricos, como las bombas de calor. Esta disparidad perpetúa un mayor consumo energético y emisiones de GEI a lo largo de la vida útil de los edificios. Aunque los expertos en códigos energéticos reconocen este problema, aún no se ha abordado de manera integral en los códigos modelo. La estructura actual sigue favoreciendo los aparatos de gas, a pesar de que las bombas de calor ofrecen mejoras significativas en el rendimiento energético de los edificios y reducen la contaminación climática entre un 35 % y un 93 %, dependiendo del estado y la región. La adopción de códigos revisados, como los Overlays de sesgo de combustible cero, puede contrarrestar esta desigualdad, ahorrar energía y reducir la contaminación. La legislación federal permite que los estados adopten códigos modelo o desarrollen sus propios códigos energéticos, siempre que cumplan con los requisitos de la EPCA. La regulación de los códigos energéticos varía significativamente entre estados. Algunos delegan por completo la autoridad en las localidades, permitiendo que estas adopten sus propios códigos energéticos. Otros establecen estándares mínimos o múltiples opciones. Estas diferencias reflejan un panorama diverso en cuanto a las responsabilidades y restricciones legales que enfrentan las jurisdicciones locales.
La construcción nueva representa una oportunidad clave para implementar desde el principio prácticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los costos energéticos y los impactos negativos en la salud y el confort de los ocupantes. Los códigos de energía para edificaciones se mantienen como uno de los mecanismos más efectivos para acelerar la adopción de equipos de emisiones cero y eficiencia energética, como las bombas de calor eléctricas. Este informe, junto con las superposiciones Zero Fuel Bias, ofrece un camino práctico para que las jurisdicciones impulsen construcciones y renovaciones importantes respetuosas con el clima, siguiendo una interpretación consciente de los riesgos bajo la normativa federal, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Se invita a las organizaciones y actores interesados en promover códigos de construcción que contribuyan a la reducción de la contaminación y al incremento de la eficiencia energética a contactar al Centro de Derecho de Salud Pública y a RMI. Estas instituciones ofrecen orientación sobre el informe, las opciones descritas y otros enfoques de políticas de descarbonización de edificaciones. Ambas organizaciones están comprometidas a apoyar a los gobiernos y comunidades que busquen soluciones a estos retos en el futuro próximo.
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