El documento de política Energy, Digital, and Anticorruption, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en noviembre de 2025 a través de su Sustainable Energy Hub y su Governance, Rule of Law and Peacebuilding Hub, aborda una dimensión poco explorada de la transición energética: la relación entre la digitalización del sector eléctrico y los riesgos de corrupción que pueden erosionar su legitimidad y eficacia. El punto de partida es una constatación empírica: existe una correlación positiva de 0,77 entre el Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice de Transición Energética en un análisis de 120 países, lo que sugiere que los países con menor corrupción avanzan de forma más consistente en sus procesos de descarbonización. A partir de ahí, el informe plantea que la digitalización no elimina el riesgo de corrupción sino que lo desplaza: de las transacciones físicas y los contratos en papel hacia los conjuntos de datos, los algoritmos y los sistemas de reporte, lo que exige capacidades híbridas de auditoría que combinen ciencia de datos, ciberseguridad y supervisión de adquisiciones.

Metodológicamente, el documento combina una revisión de la literatura sobre gobernanza energética y corrupción con un mapeo de riesgos a lo largo de toda la cadena de valor del sector -formulación de política, planeación de proyectos, generación, transmisión y distribución, y prestación del servicio- identificando para cada etapa los actores involucrados, las prácticas corruptas típicas (manipulación de licitaciones, captura regulatoria, sobornos, fraude en la facturación) y las estrategias de mitigación digital correspondientes. El informe estructura sus recomendaciones en ocho puntos de entrada: fortalecer la rendición de cuentas en contratos energéticos mediante inteligencia artificial y blockchain; reforzar los marcos institucionales y legales; aumentar la transparencia y el acceso a la información; mejorar los procesos de contratación pública; incrementar la transparencia sobre beneficiarios reales de las empresas; construir capacidades para la lucha anticorrupción; fortalecer la participación comunitaria y la e-participación; y consolidar la cooperación internacional.

Cada uno de estos puntos se ilustra con casos concretos: el sistema Alice de la Contraloría General de Brasil, que en 2023 analizó más de 190.000 adquisiciones públicas e inició 203 investigaciones de auditoría por un valor superior a 27.000 millones de reales; el modelo de gobernanza digital de Estonia, que utiliza registros basados en blockchain para verificar certificados de energía renovable y créditos de carbono; los medidores inteligentes prepago de India, que redujeron las pérdidas técnicas y comerciales en Bihar de aproximadamente 20% a 15,5%; y el pronóstico de demanda con redes neuronales profundas de Hydro-Québec, que sustituyó modelos manuales incapaces de responder a patrones de consumo cambiantes. El documento dedica también una sección específica a la gobernanza de minerales críticos -litio, cobalto, níquel, cobre y tierras raras-, cuya demanda podría multiplicarse hasta por cuatro hacia 2040, señalando la trazabilidad digital de mina a mercado como herramienta para prevenir el otorgamiento opaco de licencias y la captura de rentas en países ricos en estos recursos.

El valor de este informe para una alianza dedicada a la inserción de redes inteligentes radica en que ofrece un marco operativo para que los reguladores del sector eléctrico incorporen mecanismos de integridad desde el diseño mismo de los sistemas digitales, en lugar de tratarlos como un añadido posterior. Sus recomendaciones sobre sandboxes regulatorios para probar algoritmos, auditorías independientes de modelos de pronóstico y despacho, registros públicos de propiedad efectiva y plataformas de datos abiertos vinculadas a la transparencia fiscal constituyen insumos directamente aplicables al diseño de marcos regulatorios para redes inteligentes, medición avanzada y mercados eléctricos digitalizados en contextos como el colombiano, donde la modernización de la infraestructura eléctrica avanza en paralelo con la necesidad de fortalecer la confianza pública y la atracción de inversión.

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