Los mercados laborales atraviesan una transformación profunda impulsada por cambios demográficos, tecnológicos, económicos y sociales que están redefiniendo la forma en que las personas acceden al empleo, desarrollan sus carreras y enfrentan períodos de transición laboral. A escala global, el crecimiento económico mantiene un ritmo inferior al observado antes de la pandemia, mientras persisten desafíos relacionados con la pobreza laboral, la informalidad, las brechas de participación y las dificultades de inserción para distintos grupos poblacionales. Al mismo tiempo, la expansión de la inteligencia artificial, la automatización, la transición energética y las nuevas dinámicas de movilidad humana están modificando la demanda de habilidades y las características de numerosas ocupaciones. Frente a este escenario, los servicios públicos de empleo han ampliado su relevancia como instituciones capaces de conectar trabajadores y empleadores, facilitar ajustes en la oferta y demanda laboral y contribuir a la estabilidad económica y social. Su propósito trasciende la simple intermediación de vacantes, puesto que buscan acompañar a las personas durante múltiples transiciones laborales a lo largo de su vida, incluyendo la entrada al mercado laboral, los cambios de ocupación, los períodos de desempleo, el retorno al trabajo después de responsabilidades de cuidado y los procesos de actualización de competencias requeridos por las nuevas condiciones productivas.

A medida que los cambios demográficos modifican la composición de la población mundial, surgen retos diferenciados entre regiones. Mientras algunas economías experimentan envejecimiento poblacional y reducción de la población en edad de trabajar, otras continúan ampliando su fuerza laboral y disponen de oportunidades asociadas al denominado dividendo demográfico. Esta diversidad exige respuestas adaptadas a las necesidades de jóvenes, mujeres, personas mayores y grupos vulnerables. En ese sentido, los servicios públicos de empleo pueden contribuir mediante programas de orientación profesional, iniciativas para facilitar la transición entre educación y trabajo, mecanismos que favorezcan la participación femenina y estrategias de aprendizaje permanente para trabajadores de mayor edad. Además, el avance tecnológico introduce una dimensión adicional de complejidad. La automatización de tareas rutinarias y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial están alterando la estructura ocupacional y elevando la demanda de habilidades más especializadas. Aunque estos cambios generan oportunidades para aumentar la productividad y crear nuevas actividades económicas, también incrementan el riesgo de desplazamiento laboral para determinados trabajadores. Por tal motivo, la capacitación continua, la reconversión profesional y el fortalecimiento de competencias digitales adquieren una importancia creciente. Los servicios públicos de empleo aparecen entonces como intermediarios que no solo facilitan la búsqueda de trabajo, sino que también promueven procesos de formación y adaptación capaces de reducir los efectos negativos de la transformación tecnológica sobre el empleo y la inclusión social.

Simultáneamente, la desaceleración de la globalización y la creciente frecuencia de crisis económicas, sanitarias, climáticas y geopolíticas han incrementado la volatilidad de los mercados laborales. Las interrupciones en las cadenas globales de valor, las restricciones comerciales, los conflictos internacionales y los fenómenos meteorológicos extremos afectan tanto la producción como la generación de empleo. A ello se suman los impactos derivados de pandemias y recesiones, capaces de provocar cierres empresariales, reducción de jornadas laborales y pérdida masiva de ingresos. Estas perturbaciones suelen afectar con mayor intensidad a trabajadores vulnerables y sectores con menor capacidad de adaptación. Sin embargo, también pueden abrir espacios para nuevas actividades productivas, innovación y creación de empleo en sectores emergentes. Dentro de este contexto, los servicios públicos de empleo desempeñan funciones relacionadas con la provisión de información laboral, la orientación ocupacional, el apoyo a procesos de recualificación y la coordinación de programas de protección social que ayudan a amortiguar los efectos de las crisis. La experiencia de la pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de instituciones ágiles y capaces de ampliar rápidamente sus servicios, ofrecer apoyo económico temporal, mantener mecanismos de intermediación laboral y utilizar herramientas digitales para atender a millones de personas en circunstancias excepcionales. Asimismo, demostró que la inversión previa en infraestructura tecnológica facilita respuestas más rápidas y efectivas cuando surgen situaciones de emergencia.

Por otra parte, la migración laboral y la creciente complejidad de los ecosistemas de empleo están redefiniendo las formas de coordinación institucional. La movilidad de trabajadores entre regiones y países responde a diferencias de oportunidades económicas, necesidades de protección internacional, procesos de reunificación familiar y demandas específicas de mano de obra. En este entorno, la integración efectiva de migrantes requiere mecanismos que faciliten el reconocimiento de habilidades, el acceso a información confiable y la inserción en empleos de calidad. Al mismo tiempo, los servicios públicos de empleo ya no operan de manera aislada, sino como parte de redes más amplias que incluyen agencias privadas de empleo, instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades de seguridad social, empleadores y sindicatos. Este enfoque coloca a las personas en el centro de las políticas laborales y promueve una colaboración más estrecha entre múltiples actores para responder a necesidades diversas. De esta forma, la evolución de los servicios públicos de empleo refleja una transición desde modelos tradicionales centrados exclusivamente en la colocación laboral hacia sistemas integrales orientados a fortalecer la resiliencia, mejorar la empleabilidad, facilitar la movilidad ocupacional y contribuir al desarrollo económico sostenible. En un contexto caracterizado por cambios acelerados e incertidumbre persistente, la capacidad de estas instituciones para combinar innovación digital, coordinación interinstitucional, información estratégica y atención personalizada se perfila como un elemento determinante para favorecer mercados laborales más inclusivos, dinámicos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/the-world-of-public-employment-services-2026_4aebd080-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/the-world-of-public-employment-services-2026_781934e6/4aebd080-en.pdf