El aumento continuo de los gastos en servicios públicos responde a múltiples factores, como el crecimiento acelerado de la demanda, la necesidad de reemplazar infraestructuras obsoletas y el esfuerzo por modernizar y hacer más resiliente la red eléctrica. Sin embargo, este incremento en la inversión coincide con una crisis de asequibilidad, donde un número creciente de hogares enfrenta dificultades para cubrir sus facturas energéticas, generando una presión considerable sobre las compañías de servicios y los organismos reguladores para limitar costos y evitar aumentos tarifarios innecesarios. En este contexto, los mecanismos conocidos como «cost trackers» o rastreadores de costos, diseñados para recuperar ciertos gastos específicos fuera del proceso tarifario general y de manera acelerada, han adquirido mayor protagonismo. Aunque estos mecanismos pueden reducir riesgos financieros para las empresas al facilitar la recuperación rápida de gastos impredecibles o fuera de su control, también pueden trasladar esas cargas a los consumidores sin un escrutinio regulatorio exhaustivo, lo que puede incentivar gastos excesivos y desalinear los intereses entre usuarios y proveedores.

La aplicación de los rastreadores de costos ha evolucionado considerablemente desde sus inicios en los años setenta con cláusulas de ajuste de combustible, extendiéndose a diversas categorías de gasto. Su diseño y revisión varían notablemente, desde ajustes automáticos preaprobados hasta revisiones exhaustivas que evalúan la prudencia de los costos incurridos. Esta diversidad implica que, en muchos casos, el control regulatorio es menos riguroso comparado con el aplicado en las revisiones tarifarias generales, lo que puede exacerbar tendencias hacia el aumento de gastos y tarifas. Por ello, resulta pertinente reconsiderar y limitar el uso indiscriminado de estos mecanismos, integrando más categorías de gasto a las tarifas base cuando sea posible e incorporando procesos que fomenten un control más rígido y transparente del gasto, dado que la proliferación de rastreadores ha fragmentado y complejizado las revisiones regulatorias, aumentando la carga administrativa para entes reguladores y dificultando la participación de las partes interesadas.

Diversas estrategias regulatorias pueden contribuir a mejorar el control y la equidad en la recuperación de costos. En primer término, se recomienda realizar un análisis detallado del impacto agregado de los rastreadores de costos en las facturas de los clientes, estableciendo requisitos de reporte que permitan monitorear su uso y evaluar su efectividad permanentemente. Este análisis posibilita identificar rastreadores redundantes o innecesarios para eliminarlos o incorporarlos nuevamente a las tarifas base, de modo que se restablezca el incentivo a la eficiencia y el control del gasto por parte de las empresas. Asimismo, implementar mecanismos de incentivos compartidos, donde las empresas puedan beneficiarse parcialmente de los ahorros obtenidos al reducir los costos recuperados vía rastreadores, puede motivar un uso más prudente y eficiente de los recursos. Además, procedimientos regulatorios más rigurosos, que incluyan la reintroducción del rezago regulatorio y la extensión de los plazos de revisión, elevan el nivel de escrutinio sobre los gastos y aumentan el riesgo de desaprobación de costos improcedentes.

Procesos administrativos mejorados, como la consolidación de casos relacionados con rastreadores de costos en «dockets» únicos y la definición clara de criterios de elegibilidad para la recuperación a través de estos mecanismos, facilitan la supervisión y promueven una mayor transparencia. La revisión cuidadosa del nivel de riesgo que asumen las empresas al usar rastreadores puede influir en la determinación de sus tasas de retorno, estableciendo incentivos adecuados para equilibrar la necesidad de inversión con la protección del consumidor. Estas reformas, acompañadas por análisis costo-beneficio para justificar nuevas solicitudes de rastreadores y por la evaluación constante de su desempeño, promueven un equilibrio sostenible entre la recuperación de costos legítimos y la contención de la carga financiera que recae sobre los usuarios, contribuyendo a paliar la crisis de asequibilidad y a fortalecer la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

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A Smarter Approach to Cost Trackers to Support Affordability