El artículo, publicado en Frontiers in Environmental Economics por investigadores de la University of Energy and Natural Resources y la Sunyani Technical University de Ghana, examina cómo se experimenta a nivel comunitario el compromiso nacional con una transición energética justa, tomando como caso de estudio el distrito de Ellembelle, sede de la principal infraestructura de procesamiento de gas del país. El estudio aplica un marco de justicia energética que distingue tres dimensiones analíticas: justicia distributiva, sobre la asignación equitativa de costos y beneficios; justicia procedimental, sobre la inclusión en la toma de decisiones; y justicia de reconocimiento, sobre el respeto a las identidades, sistemas de conocimiento y autoridades locales.

Metodológicamente, el estudio combina seis grupos focales, quince entrevistas a informantes clave, dieciocho consultas con personal técnico de la empresa estatal de gas y tres asambleas comunitarias, con un total de 127 participantes entre febrero y abril de 2025. Los hallazgos documentan exclusión sistemática de los residentes del empleo calificado pese a que el distrito alberga infraestructura energética nacional crítica: el reclutamiento se centraliza en Accra, a 250 kilómetros de distancia, lo que impone barreras estructurales a la población económicamente vulnerable, mientras las regulaciones de contenido local carecen de mecanismos efectivos de fiscalización a nivel distrital. El distrito no cuenta con ninguna institución de formación técnica o vocacional, obligando a los residentes a desplazarse hasta 90 kilómetros para acceder a capacitación.

El estudio documenta también una paradoja de acceso energético particularmente reveladora: la comunidad que procesa el gas natural que abastece a todo el país no puede costear el gas licuado de petróleo para uso doméstico, y continúa dependiendo de leña y carbón. Adicionalmente, los procesos de selección de proyectos de responsabilidad social corporativa resultan opacos y unilaterales, y las autoridades tradicionales son sistemáticamente marginadas de las decisiones de gobernanza energética pese a su rol legítimo en la administración territorial consuetudinaria.

Un hallazgo central del estudio es que estas tres dimensiones de injusticia se refuerzan mutuamente: la exclusión de reconocimiento hacia las autoridades tradicionales habilita la exclusión procedimental de las decisiones, la cual a su vez produce una mala asignación distributiva de los beneficios de la infraestructura. Con la producción petrolera de Ghana proyectada a alcanzar su pico en 2029, los autores advierten que, sin reformas deliberadas de gobernanza, estos patrones de exclusión estructural podrían reproducirse en el sector de energía renovable que el país busca desarrollar hacia 2030.

Para el sector eléctrico colombiano y la alianza estratégica de redes inteligentes, este estudio ofrece lecciones metodológicas y de política directamente aplicables sobre cómo diseñar esquemas de contenido local con mecanismos reales de fiscalización, infraestructura de formación técnica descentralizada, y estructuras de participación comunitaria genuina, particularmente relevantes en territorios colombianos que alberguen o vayan a albergar proyectos de generación, transmisión y modernización de red asociados a la transición energética nacional.

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https://www.frontiersin.org/journals/environmental-economics/articles/10.3389/frevc.2026.1835455/full