La transición energética china suele analizarse desde posturas encontradas, unas que celebran su magnitud sin matices y otras que subrayan casi exclusivamente sus contradicciones. Frente a esa polarización, se propone una lectura basada en datos comparables entre países y en la experiencia directa de proyectos energéticos desarrollados en China, organizada alrededor de cuatro dimensiones: sostenibilidad, seguridad energética, asequibilidad y resultados económicos amplios. El resultado no es un balance favorable o desfavorable, sino una identificación precisa de qué elementos del modelo chino son transferibles a otros contextos institucionales y cuáles dependen de rasgos propios de su sistema político y económico.
De ese ejercicio surgen cinco factores que explican el ritmo del avance chino. La competencia entre empresas, impulsada por gobiernos locales que buscan atraer inversión y financiamiento central, ha generado ecosistemas de manufactura densos, como el de Shenzhen, donde conviven fabricantes de tecnología con centros de investigación universitaria. A esa competencia se suma una capacidad de innovación que dejó de limitarse a copiar tecnología externa: China concentra el 57% de las patentes acumuladas en tecnologías de transición energética entre 2000 y 2024, y empresas como JinkoSolarhan impuesto récords mundiales de eficiencia en celdas solares. La velocidad de ejecución de proyectos completa el cuadro, con procesos de permisos y conexión a red entre dos y cinco veces más rápidos que en Estados Unidos o la Unión Europea, apoyados en revisiones paralelas entre agencias en lugar de trámites secuenciales.
El componente fiscal siguió una secuencia deliberada, invirtiendo primero en manufactura e infraestructura de red antes de introducir incentivos de despliegue como las feed-in tariffs: entre 2013 y 2019 el 60% de la inversión eléctrica se dirigió a la red, y entre 2019 y 2025 esa proporción se invirtió hacia la generación. Esta secuencia ayuda a explicar por qué la expansión renovable china no colapsó su infraestructura de transmisión con la misma intensidad observada en otros mercados. A esto se añade una previsibilidad de política poco común, sostenida durante más de dos décadas a través de sucesivos Five-Year Plans que han mantenido la transición energética como prioridad estratégica nacional, dando a los inversionistas confianza para comprometer capital en un sector de retornos a largo plazo.
Ese mismo modelo trae consigo contrapartidas que merecen atención. Los precios industriales de electricidad cayeron 24% en moneda local durante la última década, pero parte de ese costo fue absorbido por operadores de red estatales, cuya rentabilidad sobre patrimonio promedió apenas 2% entre 2020 y 2024, muy por debajo del rango de 4% a 15% observado en empresas de energía estadounidenses y europeas. La competencia entre provincias también generó sobrecapacidad y baja rentabilidad en sectores como el automotor eléctrico, y el ritmo acelerado de despliegue elevó el vertimiento de energía solar y eólica, que pasó de 3% y 2% respectivamente en 2021 a 7% y 6% en 2025.
A partir de este diagnóstico se plantean tres prioridades para gobiernos de economías de mercado interesados en acelerar su propia transición sin adoptar un modelo de planificación centralizada: identificar oportunidades de escalamiento industrial y geográfico apoyadas en contratación pública de largo plazo, fortalecer los vínculos entre investigación universitaria y manufactura para convertir avances científicos en industrias competitivas, y tratar la transición energética como un programa de infraestructura nacional respaldado por financiamiento público estratégico que reduzca la presión sobre las tarifas de los usuarios finales. Para empresas de energía, reguladores y formuladores de política del sector eléctrico colombiano, estas tres líneas ofrecen un marco de referencia concreto para secuenciar inversión entre red y generación, acelerar tiempos de conexión sin sacrificar salvaguardas ambientales y sociales, y diseñar mecanismos de financiamiento que sostengan la modernización de la infraestructura eléctrica en el largo plazo.
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