La justicia medioambiental trata de resolver una serie de problemas recurrentes a los que se enfrentan diversas comunidades y grupos. Entre ellos se encuentran la exposición desproporcionada a los peligros medioambientales, el acceso desigual a los servicios medioambientales y la preocupación por las implicaciones desiguales de las políticas medioambientales. Estas preocupaciones pueden verse exacerbadas por la falta de un compromiso significativo y de recursos legales. A medida que los países aumentan sus esfuerzos para hacer frente a la degradación ambiental, la contaminación y el cambio climático, la justicia ambiental es más relevante que nunca, dado que puede arrojar luz sobre cómo garantizar la equidad en los procesos y resultados de la formulación de políticas ambientales. Este informe examina la pluralidad del concepto de justicia ambiental, sus pilares conceptuales subyacentes y cómo ha surgido en diferentes contextos de todo el mundo. También ofrece el primer inventario de políticas sobre la forma en que los gobiernos de la OCDE y de otros países están tratando de resolver los problemas de justicia ambiental, a partir de las 26 respuestas a la Encuesta de la OCDE sobre Justicia Ambiental, así como de un análisis documental complementario en un conjunto más amplio de países. El informe describe las distintas formas en que se persigue la justicia ambiental, ya sea directamente a través de leyes específicas o indirectamente mediante salvaguardias añadidas para las personas más vulnerables. Destacar la variedad de palancas de que disponen los responsables políticos y ejemplificar su aplicación práctica en distintos contextos sirve para informar mejor los esfuerzos presentes y futuros en materia de justicia medioambiental. Al mostrar no sólo los retos comunes y unificadores, sino también los principales enfoques, se refuerzan los argumentos a favor del aprendizaje mutuo entre países. Con este fin, se espera que las ideas y prácticas ofrecidas en este informe impulsen los avances en materia de justicia medioambiental en todos los países de la OCDE y más allá. A medida que los países aumentan sus esfuerzos para hacer frente a la degradación ambiental, la contaminación y el cambio climático, el concepto de justicia ambiental puede arrojar luz sobre cómo garantizar la equidad en los procesos y resultados de la formulación de políticas ambientales. Este informe examina la pluralidad del concepto de justicia ambiental, sus pilares conceptuales subyacentes y cómo ha surgido en diferentes contextos de todo el mundo. El informe también ofrece el primer balance político de cómo los gobiernos de la OCDE y de otros países están tratando de corregir los problemas de justicia ambiental, basándose en las respuestas a una encuesta de la OCDE sobre justicia ambiental, así como en un análisis documental complementario en un conjunto más amplio de países. Aunque no existe una definición universal de justicia ambiental, ésta trata de resolver una serie de problemas recurrentes a los que se enfrentan diversas comunidades y grupos. Entre ellos se encuentran la exposición desproporcionada a los peligros medioambientales y los consiguientes efectos adversos para la salud derivados de dicha exposición, el acceso desigual a los servicios medioambientales y la preocupación por las implicaciones distributivas de las políticas medioambientales. 

Estas preocupaciones pueden verse exacerbadas por la falta de un compromiso significativo y de recursos legales para las comunidades afectadas. La evolución y la manifestación de los movimientos de justicia medioambiental están profundamente arraigadas en contextos históricos y regionales. Los movimientos de base han concienciado a menudo sobre la justicia medioambiental, como ejemplifican las protestas contra el vertido ilegal de residuos tóxicos en distritos predominantemente afroamericanos y de bajos ingresos de Estados Unidos. Por otra parte, en Europa y América Latina también se observan enfoques descendentes a través de instrumentos internacionales como la Convención de Aarhus y el Acuerdo de Escazú, que cimentan el acceso a la información, la participación y la justicia como «derechos de acceso». El movimiento por la justicia medioambiental en Sudáfrica se remonta a finales de la década de 1980, en el contexto más amplio de la lucha por la democracia. En otros lugares de África, la preocupación por el impacto de las industrias extractivas y los residuos electrónicos en la salud y el medio ambiente fue uno de los principales impulsores. El término justicia medioambiental es menos común en la región de Asia-Pacífico, aunque Corea del Sur se ha centrado explícitamente en él en su política medioambiental. En Nueva Zelanda, mientras tanto, el enfoque culturalmente informado de la política reconoce los impactos dispares de la política medioambiental y climática en las poblaciones indígenas. Las investigaciones que documentan la exposición desproporcionada a los riesgos naturales y los provocados por el hombre dan fe de la naturaleza persistente de estas preocupaciones. Abundan los ejemplos, desde inmigrantes a regiones industriales que soportan mayores cargas medioambientales, hasta comunidades indígenas que sufren de forma desproporcionada la contaminación atmosférica causada por incendios forestales cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Agravada por vías de exposición pasadas por alto y una capacidad de adaptación desigual, la dispar calidad del medio ambiente puede magnificar las desigualdades sanitarias existentes en la intersección de la raza, el género y las características socioeconómicas. Una mayor exposición a los peligros medioambientales puede agravar aún más la vulnerabilidad y provocar efectos diferenciales sobre la salud. En relación con esto, los servicios medioambientales, como los espacios verdes y el agua potable, también están desigualmente disponibles para las comunidades. La bibliografía sobre justicia medioambiental también se está ampliando gradualmente para incluir el acceso diferencial a un conjunto más amplio de servicios medioambientales, incluida la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Hay dinámicas complejas que subyacen a la exposición desigual a los peligros medioambientales, que varían en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, hay casos de decisiones de ubicación por motivos raciales que se explican en términos de menor riesgo de enfrentarse a la resistencia de la comunidad, pero las empresas también pueden optar por ubicar sus operaciones basándose en consideraciones de costos sin una intención discriminatoria. 

Con el tiempo, la ubicación de las instalaciones y los riesgos pueden reducir los costos de la vivienda, induciendo a los hogares socioeconómicamente desfavorecidos a residir en las zonas circundantes. Los costos y beneficios de las políticas medioambientales también se distribuyen socio-espacialmente a través de canales como los mercados laborales y los efectos sobre la renta. Las políticas medioambientales pueden inducir a las empresas a sustituir la mano de obra por tecnología (que ahorra mano de obra), lo que perjudica desproporcionadamente a los trabajadores peor pagados y con menos cualificaciones transferibles. Las protestas contra el impacto de la política medioambiental en los costos, en medio de las crisis entrelazadas de los turbulentos mercados energéticos y las tensiones geopolíticas, atestiguan además la importancia de considerar adecuadamente los impactos distributivos a la hora de recabar y mantener el apoyo público a unas políticas medioambientales ambiciosas. Un análisis de las respuestas a la Encuesta de la OCDE revela que el término justicia medioambiental no es común entre las administraciones nacionales a pesar de la ubicuidad de las consideraciones de equidad en la política medioambiental. Desde la terminología de «racismo ambiental» en Canadá hasta la de «desigualdades ambientales» en Francia, se utilizan términos alternativos o adicionales para referirse a un conjunto similar de cuestiones. Aunque el uso explícito del término indica un enfoque más directo para abordar problemas de justicia ambiental persistentes e históricamente destacados, los países que no utilizan el término suelen abordarlos indirectamente por otros medios. Los países utilizan distintos enfoques para promover la justicia medioambiental. Los enfoques directos pueden consistir en decretos o leyes (Estados Unidos y Corea del Sur), precedentes judiciales (Colombia) o políticas e iniciativas (Alemania). Por su parte, los enfoques indirectos suelen basar la justicia ambiental en la garantía de derechos como el disfrute de un medio ambiente sano (Croacia) y la protección adicional de los grupos vulnerables mediante leyes contra la discriminación o evaluaciones de impacto detalladas (Reino Unido). Estos planteamientos pueden ser acumulativos; las medidas más específicas pueden basarse en planteamientos basados en los derechos. Sin embargo, el análisis revela que los países que tienen enfoques basados exclusivamente en los derechos consideran los aspectos sustantivos de la justicia ambiental con menos detalle que los que tienen medidas más específicas. Existe un interés generalizado por reducir los obstáculos a la participación en la toma de decisiones medioambientales.

El informe examina los desafíos y enfoques nacionales para abordar la justicia ambiental, un concepto que busca corregir la exposición desproporcionada a peligros ambientales, el acceso desigual a beneficios ambientales y las preocupaciones sobre las implicaciones desiguales de las políticas ambientales. El concepto de justicia ambiental se centra en abordar la exposición desigual a peligros ambientales, el acceso desigual a beneficios ambientales y la falta de equidad en las políticas ambientales. El informe subraya que estas desigualdades se ven exacerbadas por la falta de participación significativa y recursos legales adecuados para las comunidades afectadas. La justicia ambiental es crucial en la elaboración de políticas que buscan mitigar la degradación ambiental, la contaminación y el cambio climático, asegurando que todos los grupos tengan voz y acceso justo a los recursos y beneficios ambientales . El informe presenta una amplia revisión de cómo los países de la OCDE y otros abordan la justicia ambiental. A través de encuestas y análisis complementarios, se mapean los diversos métodos empleados, que van desde leyes específicas hasta salvaguardas adicionales para las poblaciones más vulnerables. Se destacan las prácticas que ilustran cómo los países pueden aprender mutuamente y aplicar políticas efectivas que promuevan la justicia ambiental . La justicia ambiental ha evolucionado de diferentes maneras en todo el mundo. En América del Norte, el movimiento se ha centrado en la lucha contra la exposición desproporcionada a contaminantes tóxicos en comunidades de bajos ingresos y minoritarias. En Europa, la atención se ha dirigido hacia la integración de la justicia ambiental en las políticas climáticas. En América Latina, Asia-Pacífico y África, la justicia ambiental aborda problemas como la minería ilegal, la deforestación y la vulnerabilidad climática, reflejando las diferentes necesidades y contextos regionales . El informe destaca tres pilares conceptuales de la justicia ambiental: justicia distributiva, que se refiere a la distribución equitativa de beneficios y cargas ambientales; justicia procedimental, que se enfoca en la participación equitativa en la toma de decisiones ambientales; y justicia de reconocimiento, que enfatiza el reconocimiento y respeto de las comunidades y sus derechos. Estos pilares están interrelacionados y son esenciales para una comprensión holística de la justicia ambiental . Los problemas sustantivos de la justicia ambiental incluyen la exposición inequitativa a peligros ambientales, como la contaminación del aire y el agua, y el acceso desigual a beneficios ambientales, como espacios verdes. Además, se examinan las barreras para el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el recurso legal. Estas barreras impiden que las comunidades afectadas influyan en las políticas que impactan sus vidas y entornos . El informe detalla métodos y herramientas para identificar y abordar preocupaciones de justicia ambiental, como el uso de mapas de desventaja ambiental y herramientas de evaluación de justicia ambiental. Estas herramientas ayudan a identificar comunidades en riesgo y evaluar el impacto de las políticas ambientales. Las medidas para abordar estas preocupaciones incluyen reducir barreras a la participación, mejorar el acceso a beneficios ambientales y económicos, y minimizar las cargas económicas desiguales de las políticas ambientales .  

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Desde 2015, a petición de los países donantes, la OCDE ha elaborado análisis de los avances hacia el objetivo fijado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que los países desarrollados movilicen 100 000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo, en el contexto de una acción de mitigación significativa y transparencia en la aplicación. Este objetivo se fijó inicialmente para 2020 y luego se amplió hasta 2025. La financiación climática contabilizada para el objetivo de los 100.000 millones de dólares no incluye toda la financiación para la acción climática en los países en desarrollo. Debido al ámbito geográfico, las cifras no incluyen ni la financiación climática pública nacional de los países en desarrollo, ni la financiación climática pública bilateral entre países en desarrollo, ni la financiación climática privada multilateral y movilizada atribuible a los propios países en desarrollo. Además, las cifras presentadas no incluyen ni la financiación privada resultante de las intervenciones de las políticas públicas, ni la financiación privada invertida en ausencia total de intervenciones públicas. Además, aunque los informes de la OCDE relativos al objetivo de los 100.000 millones de dólares proporcionan una lista de países categorizados como proveedores o beneficiarios de financiación climática respectivamente en este contexto, cabe destacar que los «países desarrollados» no son una categoría definida en el Acuerdo de París. En 2022, los países desarrollados proporcionaron y movilizaron un total de 115.900 millones de USD en financiación climática para los países en desarrollo, alcanzando así por primera vez su objetivo colectivo anual de movilizar 100.000 millones de USD para la acción climática en los países en desarrollo. Este logro se produce dos años más tarde que el año objetivo original de 2020, pero un año antes que en las proyecciones elaboradas por la OCDE antes de la COP26, que se basaban en compromisos prospectivos y estimaciones de proveedores públicos bilaterales y multilaterales de financiación para el clima. Debido al aumento interanual más importante y significativo observado hasta la fecha (26.300 millones de USD y un 30% más que en 2021), el total para 2022 alcanzó un nivel que, según las proyecciones de la OCDE, podría alcanzarse en 2025. La financiación total para la adaptación proporcionada y movilizada por los países desarrollados aumentó, a pesar de un pequeño descenso en 2021, alcanzando los 32 400 millones USD en 2022, frente a los 10 100 millones USD en 2016. Este importe total incluye 28 900 millones USD procedentes de fuentes públicas bilaterales y multilaterales. La financiación climática movilizada desde el sector privado para la adaptación también aumentó de 400 millones USD en 2016 a 3.500 millones USD en 2022. Es importante señalar, sin embargo, que los saltos significativos de la financiación privada para la adaptación movilizada en 2020 y 2022 son atribuibles a un pequeño número de proyectos a gran escala.  

El Pacto Climático de Glasgow de 2021 pedía a los países desarrollados que, para 2025, al menos duplicaran su aportación colectiva de financiación para la adaptación a los países en desarrollo con respecto a los niveles de 2019. El trabajo realizado en el marco del Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC (CPF de la CMNUCC) en un «Informe sobre la duplicación de la financiación de la adaptación» de 2023 abordó cuestiones relacionadas con la base de referencia para la duplicación, los retos metodológicos y las pruebas disponibles hasta 2020. Los resultados del primer Balance Global del Acuerdo de París en diciembre de 2023 reiteraron el llamamiento a la duplicación e instaron a los países desarrollados a preparar un informe en 2024 para evaluar los avances. El importe de la financiación de la adaptación rastreado por la OCDE en 2019 a partir de los datos comunicados por los proveedores bilaterales y multilaterales fue de 18 800 millones de USD. Si se toman como referencia las cifras de financiación pública de la OCDE, en 2022, a medio camino entre 2019 y 2025, los países desarrollados se encontraban aproximadamente a medio camino de cumplir el llamamiento de duplicar la provisión de financiación para la adaptación. Además, entre 2019 y 2022, la financiación de la adaptación movilizada desde el sector privado se duplicó con creces, pasando de 1.500 millones a 3.500 millones de dólares. En la práctica, existen diversos retos y oportunidades para que los proveedores internacionales contribuyan a aumentar la financiación de la adaptación en los países en desarrollo. La financiación de las medidas de adaptación en los países en desarrollo se enfrenta a varios retos: (i) económicos y financieros, como la limitación de las bases impositivas, la capacidad de endeudamiento, el aumento de los niveles de deuda y la falta de incentivos para los inversores privados debido a las dificultades para cuantificar el impacto de los fenómenos climáticos y los beneficios sociales no financieros; (ii) retos institucionales y de gobernanza, como la creciente fragmentación de la arquitectura internacional de financiación de la adaptación, la diversidad de criterios de elegibilidad, los largos procesos de revisión de las propuestas de proyectos y los problemas de acreditación de las entidades nacionales para gestionar los fondos procedentes de fuentes multilaterales. El sector privado tiene un papel clave que desempeñar en la financiación de la acción por el clima en los países en desarrollo. Este es especialmente el caso para salvar la brecha de inversión en áreas como la energía limpia, la agricultura y la resiliencia. En este contexto, la financiación pública puede utilizarse estratégicamente para movilizar la financiación privada, en particular mediante el empleo de mecanismos de reducción de riesgos. El informe esbozó oportunidades clave para que los proveedores internacionales les apoyen en estos esfuerzos, a la vez que proporcionó ideas relacionadas con el aumento de la financiación privada para la acción por el clima en los países en desarrollo de forma más general. Tras varios años de estancamiento, la financiación privada movilizada por la financiación pública para el clima aumentó significativamente tanto en términos relativos como absolutos, alcanzando los 21.900 millones de USD en 2022. Esto representó un aumento del 52% en comparación con 2021. 

El aumento se observó en las tres categorías de proveedores de financiación pública. Aunque no es posible, a nivel agregado, señalar factores explicativos específicos, es probable que este salto anual refleje tanto el fuerte crecimiento de la financiación pública para el clima entre 2021 y 2022 (que creció en 18.300 millones USD o un 25%), como algunas mejoras en la eficacia de dicha financiación pública para movilizar la financiación privada. Para poner este aumento en perspectiva, la financiación total movilizada para el desarrollo por parte de proveedores bilaterales y multilaterales también creció significativamente en 2022, un 27%, pasando de 48.000 millones USD en 2021 a 61.000 millones. En cuanto a los mecanismos de apalancamiento utilizados por los proveedores bilaterales y multilaterales para las actividades relacionadas con el cambio climático, la mayor parte de la financiación privada para el clima se movilizó a través de inversiones en empresas y sociedades instrumentales, garantías y préstamos sindicados. Sin embargo, los distintos tipos de proveedores de financiación pública tienden a recurrir a mecanismos diferentes, lo que refleja mandatos diferentes, así como la necesidad de adaptar la elección y el uso de dichos mecanismos a los distintos contextos nacionales y sectoriales. Hay una serie de retos que pueden afectar al potencial de movilización de la financiación privada para el clima en los países en desarrollo. Entre ellos se encuentran las condiciones generales que favorecen la inversión en los países beneficiarios (por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, el riesgo político y los entornos normativos, la disponibilidad de conocimientos técnicos, el costo de la diligencia debida y la supervisión), así como la dinámica comercial en algunas áreas de acción climática que carecen de perfiles de riesgo-rentabilidad suficientemente atractivos para atraer la inversión privada a gran escala. Además, los proyectos individuales suelen ser demasiado pequeños para garantizar una financiación comercial significativa. Además, los objetivos, mandatos y modelos operativos de los actores del desarrollo que despliegan financiación pública internacional para el clima tienden a estar dominados por exposiciones del sector público, una participación limitada del sector privado y modelos centrados en préstamos intensivos en capital que limitan el potencial para movilizar financiación privada. Un préstamo en condiciones favorables se concede a un prestatario en condiciones más preferentes que las disponibles en el mercado, incluidos tipos de interés inferiores a los del mercado, períodos de gracia ampliados o una combinación de ambos.

El informe destaca que la financiación climática proporcionada y movilizada por los países desarrollados ha mostrado una tendencia creciente durante el período 2013-2017. En 2013, la financiación total fue de aproximadamente 52,2 mil millones de USD, aumentando a 71,2 mil millones de USD en 2017. Esta tendencia refleja los esfuerzos continuos de los países desarrollados para cumplir con sus compromisos bajo el Acuerdo de París, aunque todavía se encuentran por debajo del objetivo de 100 mil millones de USD anuales que se esperaba alcanzar para 2020. Los flujos financieros han sido dirigidos tanto a la mitigación como a la adaptación, con una mayor proporción destinada a la mitigación debido a su capacidad para atraer inversiones del sector privado. A pesar del enfoque predominante en la mitigación, ha habido un progreso notable hacia la duplicación de la financiación para la adaptación. En 2017, la financiación para la adaptación se estimó en 12,9 mil millones de USD, representando un aumento significativo en comparación con los años anteriores. Este incremento se debe en parte a la creciente concienciación sobre la vulnerabilidad de muchos países en desarrollo frente a los impactos del cambio climático y la necesidad urgente de construir resiliencia. Sin embargo, el informe subraya que se requieren esfuerzos adicionales para cerrar la brecha de financiación y cumplir con las promesas internacionales. Las fuentes de financiación climática incluyen presupuestos públicos, bancos de desarrollo multilaterales, y el sector privado. Los fondos públicos siguen siendo la principal fuente, representando aproximadamente el 74% de la financiación total en 2017. Los bancos de desarrollo multilaterales han jugado un papel crucial al apalancar financiamiento adicional del sector privado a través de mecanismos de cofinanciación y garantías. Sin embargo, movilizar financiamiento privado sigue siendo un desafío debido a los riesgos percibidos y las barreras de inversión en los países en desarrollo. El informe identifica varios retos en la movilización y asignación de financiación climática, incluyendo la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas, y la falta de herramientas y metodologías estandarizadas para rastrear y reportar los flujos financieros. Para abordar estos desafíos, se recomienda una mayor cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades en los países receptores, y la implementación de políticas que faciliten la inversión privada en proyectos de mitigación y adaptación. Además, se enfatiza la importancia de garantizar que la financiación llegue a los países más vulnerables y a las comunidades que más lo necesitan.   

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En septiembre de 2020, el Presidente Xi Jinping anunció que China «intentará que las emisiones de CO2 alcancen su punto máximo antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060» (los objetivos de «doble carbono»). Con ello, China estableció una visión clara para una profunda transformación, así como un marco para el desarrollo socioeconómico sostenible. El ritmo de reducción de las emisiones de China en las próximas décadas será un factor importante en los esfuerzos comunes mundiales para limitar el calentamiento global en consonancia con el Acuerdo de París, dado que el país representa un tercio de las emisiones anuales mundiales de CO2 procedentes del sector energético. El sistema nacional de comercio de derechos de emisión (ETS) de China -que entró en funcionamiento en julio de 2021- es un importante instrumento político para alcanzar los objetivos de «doble carbono» del país. El sistema cubre alrededor de 4,5 Gt de CO2 de emisiones anuales del sector energético -alrededor del 40% de las emisiones de CO2 del sector energético de China en 2020-, lo que lo convierte en el mayor RCCDE del mundo en términos de emisiones cubiertas. Se espera que la cobertura se amplíe aún más en los próximos años para incluir a los sectores industriales intensivos en energía, responsables de otro 30% de las emisiones de CO2 del sector energético chino. Reforzar el régimen nacional de comercio de derechos de emisión puede enviar una señal de precios sólida para la descarbonización, impulsar reducciones de emisiones rentables y orientar las inversiones bajas en carbono, todo lo cual puede contribuir a acelerar la transición hacia una energía limpia y el avance de China hacia sus ambiciones climáticas. Aunque el régimen nacional de comercio de derechos de emisión de China asigna actualmente todos los derechos de forma gratuita, ha manifestado su intención de estudiar la introducción de la subasta de derechos de emisión. En respuesta a la invitación del gobierno chino a la AIE para cooperar en los sistemas de comercio de emisiones de carbono, este informe analiza las experiencias internacionales en la aplicación de la subasta de derechos de emisión, centrándose en los objetivos y resultados de las políticas, los elementos clave de diseño y aplicación, y el uso de los ingresos de las subastas. El informe pretende informar a los responsables políticos de China y de otras jurisdicciones en las que la subasta de derechos de emisión está siendo considerada en el diseño o desarrollo de sistemas de comercio de derechos de emisión. Incluye una serie de ideas políticas adaptadas a las circunstancias nacionales de China para informar el proceso político nacional. A medida que las jurisdicciones introducen la subasta de derechos de emisión, se enfrentan generalmente a tres áreas principales de preocupación: la fuga de carbono, las consecuencias económicas y sociales adversas relacionadas con el aumento de los costos para los emisores, y los retos relacionados con la falta de repercusión de los costos en los mercados regulados. Los principales instrumentos utilizados para hacer frente a estos problemas son el reciclado de los ingresos de las subastas (con fines claramente definidos), el uso selectivo de los derechos de emisión gratuitos y, más recientemente, las medidas de ajuste de las emisiones de carbono en la frontera de las importaciones. Las subastas por consignación podrían ser otra forma de combinar ciertas ventajas de las subastas convencionales y abordar parcialmente las preocupaciones antes mencionadas, dado que los ingresos de las subastas se devolverían finalmente a las entidades cubiertas.  

Los sistemas SCE más maduros han convergido hacia la adopción de la subasta como método de asignación por defecto de los derechos de emisión. Sin embargo, a menudo se siguen concediendo derechos gratuitos en un número limitado de sectores tras una evaluación de los aspectos económicos subyacentes, la exposición a los riesgos de fuga de carbono, los efectos sobre la competitividad y la capacidad de las entidades cubiertas para repercutir sus costos de carbono. Estas evaluaciones suelen realizarse utilizando criterios normalizados y cuantitativos y se centran en dos dimensiones: la intensidad de las emisiones y la exposición comercial. Los resultados de la evaluación también sirven de base para determinar el ritmo de introducción de las subastas, así como el equilibrio entre subastas y asignaciones gratuitas en distintos sectores. Aunque los detalles varían según la jurisdicción, el proceso suele incluir una introducción más rápida y una mayor proporción de subastas en los sectores que afrontan poco o ningún riesgo de fuga y pueden repercutir sus costos de carbono (por ejemplo, el sector de la energía eléctrica y los proveedores de combustible). Las subastas se irán introduciendo progresivamente en los sectores con riesgos de fuga moderados, y más lentamente en los sectores con emisiones muy intensivas y expuestos al comercio (EITE). Incluso en el caso de los sectores que pueden optar a derechos de emisión gratuitos, algunas jurisdicciones han encontrado formas alternativas de reducir progresivamente los derechos gratuitos para incentivar una producción más eficiente y las inversiones en descarbonización. Estos métodos incluyen la introducción de puntos de referencia cada vez más estrictos para la asignación de derechos gratuitos, así como otros factores de reducción o corrección. Los ingresos procedentes de las subastas han adquirido mayor importancia y se consideran una de las principales ventajas de este enfoque. Las jurisdicciones analizadas han convergido cada vez más en soluciones que despliegan los ingresos de las subastas a través de fondos específicos que destinan el gasto a fines concretos. Estas inversiones pueden financiar inversiones adicionales en la mitigación de los gases de efecto invernadero, ayudar a abordar los problemas de competitividad o reducir los costos a largo plazo de la descarbonización a través de la mejora de la innovación. También pueden utilizarse para reducir el impacto de los costos del carbono en los ciudadanos vulnerables, o para apoyar programas de desarrollo económico en regiones afectadas por transiciones industriales. La existencia de mecanismos de gobernanza adecuados y transparentes para el uso de los ingresos de las subastas se considera esencial para alcanzar los objetivos previstos, reforzar la aceptación pública y minimizar los costos administrativos. Estos acuerdos suelen implicar la colaboración interministerial entre el regulador del RCCDE y el Ministerio de Hacienda. 

Además, es posible que los marcos de gobernanza de los ingresos de las subastas tengan que evolucionar con el tiempo a medida que madura el sistema de comercio de derechos de emisión y cambian las prioridades en cuanto al uso de los ingresos. La adopción de la subasta parcial de derechos en el sistema chino de comercio de derechos de emisión podría reforzar su eficacia medioambiental y de costos, así como su función de apoyo a la consecución de los objetivos de «doble carbono» de China. Una introducción gradual de la subasta, con una cuota de alrededor del 25% para el sector eléctrico en 2035, podría duplicar potencialmente la reducción de emisiones en el sector (reduciendo las emisiones de CO2 en 840 Mt adicionales en 2035) en comparación con un sistema de asignación totalmente gratuito. Este enfoque -que tendría un impacto limitado en los costos totales del sistema- podría crear una nueva fuente de ingresos anuales de unos 39.000 millones de dólares. Las subastas también pueden mejorar el funcionamiento del mercado de carbono chino y ayudar a abordar ciertos retos experimentados en el primer periodo de cumplimiento, aumentando la liquidez del mercado, reforzando la determinación del precio del carbono y permitiendo la aplicación de medidas de ajuste de los precios y la oferta. Las principales cuestiones que hay que abordar al introducir la subasta están relacionadas con la estructura del mercado de la energía, la competitividad y los riesgos de fuga, así como las posibles repercusiones sociales y las complejidades de la gobernanza. El cambio climático se ha convertido en el principal reto de esta generación y el sector energético es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han respondido aumentando sus ambiciones climáticas, incluidos nuevos objetivos para alcanzar las emisiones netas cero. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, es necesario adoptar en esta década marcos políticos que permitan una profunda descarbonización del sector energético para mediados de siglo.

El siguiente informe se centra en cómo la implementación de subastas en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de China puede fortalecer el sistema y acelerar la transición hacia la neutralidad de carbono. El informe responde a la invitación del gobierno chino para cooperar en sistemas de comercio de emisiones y proporciona lecciones basadas en experiencias internacionales. China, responsable de un tercio de las emisiones anuales de CO2 del sector energético mundial, ha establecido objetivos ambiciosos para alcanzar su pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. En julio de 2021, China lanzó su ETS nacional, cubriendo inicialmente alrededor de 4.5 gigatoneladas de CO2 del sector eléctrico, con planes de expansión para incluir sectores industriales intensivos en energía. Este ETS es fundamental para lograr los objetivos climáticos de China, dado que puede proporcionar señales de precio sólidas para la descarbonización y guiar inversiones en bajas emisiones de carbono. Aunque actualmente todas las asignaciones en el ETS de China se distribuyen gratuitamente, el gobierno chino ha manifestado su intención de explorar la introducción de subastas de derechos de emisión. El informe de la IEA analiza experiencias internacionales en la implementación de subastas, centrándose en objetivos y resultados políticos, elementos clave de diseño e implementación, y el uso de los ingresos generados por las subastas. Estas lecciones están diseñadas para informar a los responsables políticos chinos y de otras jurisdicciones considerando incluir subastas en sus ETS. El informe sugiere que la introducción gradual de subastas en el ETS de China podría fortalecer su efectividad ambiental y económica. Una introducción parcial de subastas, con un porcentaje alrededor del 25% para el sector eléctrico para 2035, podría duplicar las reducciones de emisiones en el sector en comparación con un sistema de asignaciones completamente gratuitas, generando un flujo de ingresos anual significativo. En conclusión, el informe de la IEA ofrece una serie de recomendaciones y lecciones basadas en experiencias internacionales que podrían guiar a China en la implementación efectiva de subastas dentro de su ETS, fortaleciendo así su camino hacia la neutralidad de carbono.   

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