Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • Assessing the Impact of Voluntary Actions on the Grid

    Assessing the Impact of Voluntary Actions on the Grid

    En los últimos 10 años, la adquisición voluntaria de energía limpia por parte de las empresas ha sido un enorme motor para el desarrollo de las energías renovables. Desde 2014, grandes empresas han firmado contratos de adquisición que respaldan el desarrollo de más de 70 gigavatios de energías renovables en Estados Unidos, además de adquirir certificados de energía renovable (CER), aportar financiación de capital fiscal y abogar a escala regional y nacional por un mayor despliegue de energías limpias. Estas tendencias de adquisición voluntaria siguen ampliándose y expandiéndose a otros mercados como Japón, Corea del Sur y Taiwán. La urgencia de la crisis climática está impulsando a muchos grandes consumidores de energía a plantearse cómo pueden evaluar el impacto de diversas acciones en la descarbonización y la confiabilidad de la red. La mejor manera de realizar esta evaluación es mediante el análisis del impacto de las emisiones consecuenciales, que emplea varios enfoques para estimar la diferencia entre las emisiones globales totales en diferentes estados posibles del mundo. Aunque muchos autores han publicado sobre el análisis del impacto de las emisiones consecuentes, ha habido diferentes puntos de vista y hasta ahora ninguna declaración conjunta de los distintos autores sobre las áreas de consenso y cómo resolver las conclusiones discrepantes. Para ofrecer mayor claridad a los agentes empresariales, ZEROgrid creó la Iniciativa de Asesoramiento sobre Impacto, o IAI. La IAI está formada por un grupo de profesionales expertos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), la Universidad de Princeton, REsurety, RMI y WattTime que identificaron colectivamente puntos clave de consenso, así como áreas que requieren más investigación. Este documento proporciona una visión general de las conclusiones del IAI en relación con las áreas emergentes de consenso sobre el análisis del impacto de las emisiones consecuentes, sus implicaciones y las áreas en las que se requiere más investigación. Los asesores del IAI coinciden unánimemente en que el impacto de las emisiones, ya sean emisiones evitadas o inducidas, de cualquier intervención es la diferencia entre las emisiones totales si se toma la medida y las emisiones totales en un escenario contrafactual en el que no se toma. Una intervención puede ser un proyecto empresarial, una política o cualquier otra cosa que afecte a las emisiones. El impacto de las emisiones puede articularse en una ecuación de la siguiente manera. Una intervención consiste en cambiar alguna variable para que sea X + ∆X en lugar de ser simplemente X. El impacto en las emisiones de la red, ∆E, de ese cambio es la diferencia en las emisiones totales resultantes de la red. La suma de todos estos fenómenos y de cualquier otro es el impacto total de un proyecto o intervención. Como resultado, muchos factores diferentes pueden influir en el impacto de una intervención sobre las emisiones de la red. Un marco mental útil para razonar sobre esta complejidad es observar que, en casi todos los casos, todos estos efectos diferentes sólo cambian las emisiones de una de estas dos maneras: (1) efectos que cambian la cantidad de centrales eléctricas que se utilizan o (2) efectos que cambian qué centrales eléctricas se construyen o no. 

    El impacto total es la suma de estos dos efectos. Se considera que las emisiones totales (E) de cualquier central eléctrica en un periodo de tiempo determinado son el producto de su capacidad (C) en megavatios (MW), la utilización (U) de esa capacidad (para generar MWh) y el factor de emisión (FE) de esa central en ese momento (contaminación por MWh). Las emisiones totales de la red a lo largo del tiempo son la suma de este producto en todas las regiones (r), horas (t) y centrales eléctricas (p). Por ejemplo, considerando una red formada por una sola región, medida a lo largo de una hora, alimentada por dos centrales de carbón. Los factores de emisión de las centrales eléctricas pueden cambiar debido a acciones como la modernización de las plantas o cambios en las operaciones, pero las acciones corporativas voluntarias suelen afectar materialmente a los cambios en la capacidad y utilización de las centrales eléctricas. Por ello, el impacto de las emisiones se considerará principalmente a través de los cambios predominantes en la capacidad y la utilización. Una convención común en economía es, por tanto, distinguir entre el impacto a corto plazo (que refleja sólo los cambios en la utilización) y el impacto a largo plazo (que refleja los cambios tanto en la utilización como en la capacidad). Sin embargo, esta terminología puede resultar a veces confusa para las empresas, para las que las expresiones «a corto plazo» y «a largo plazo» tienen significados diferentes en otros contextos. Para asegurarse de que este importante concepto no se pierde en la traducción entre distintos campos, puede ser útil utilizar un lenguaje riguroso que se explique con precisión en ecuaciones. Una de estas distinciones útiles es similar al enfoque establecido en las Directrices para cuantificar las reducciones de GEI de los proyectos de electricidad conectada a la red (GHGP) del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Definamos primero el cambio operativo de una intervención como el cambio en cualquier variable que causaría una intervención si la red no respondiera cambiando la capacidad de ninguna de sus centrales eléctricas. El impacto operativo, ∆Eop, es el cambio operativo en las emisiones. Por supuesto, en la práctica, las redes responden a los ajustes del mercado cambiando la capacidad de sus centrales eléctricas, pero más lentamente. Por lo tanto, el cambio estructural inducido, también conocido como cambio de construcción, en cualquier variable es la diferencia entre los cambios resultantes totales en esa variable y el cambio operativo. El impacto de la construcción, ∆Ebu, es el cambio de construcción en las emisiones. Es importante señalar que, a pesar del nombre, el impacto de la construcción incluye las plantas construidas debido a la intervención, las plantas retiradas debido a la intervención, las plantas no construidas debido a la intervención y las plantas no retiradas debido a la intervención. Algunos de ellos son relativamente fáciles de observar y otros pueden ser más sutiles, pero todos estos efectos siguen siendo importantes. La formulación anterior puede utilizarse para comprender el impacto total de una intervención en la red. Utilizando estos términos, el impacto total de una intervención es la suma del impacto operativo más el impacto de construcción. 

    Por lo tanto, cualquier análisis del impacto consecuente que no tenga en cuenta el impacto operativo o el impacto de la construcción es incompleto. La adicionalidad es el sentido en el que las reducciones de emisiones de una intervención son aditivas. Dividir la adicionalidad en dos componentes puede ayudar a aclarar un área común en la que diferentes profesionales pueden malinterpretarse. En primer lugar, las acciones pueden tener un impacto directo en las emisiones de la red al influir en la capacidad, la utilización o los factores de emisión de generadores específicos. Por ejemplo, la compra de REC, la participación en acuerdos de compra de energía o tarifas verdes, y la realización de otras acciones pueden impulsar diferentes cantidades de nueva capacidad de energía limpia. En segundo lugar, el impacto global de estas acciones sobre las emisiones de la red puede variar en función del total de cambios estructurales inducidos en el sistema. Por ejemplo, si las acciones de una empresa permiten directamente la construcción de una nueva planta solar, la adición de ese nuevo recurso solar podría a su vez inducir la retirada de una planta de carbón, el abandono de un proyecto de energía renovable diferente en la cola de desarrollo, o el desarrollo de almacenamiento de energía adicional. Como tal, la adicionalidad o no adicionalidad de una acción depende de ambos componentes. Una acción podría ser no adicional si simplemente no tuviera ningún impacto sobre la capacidad, la utilización o los factores de emisión. Alternativamente, incluso si una acción permitiera directamente una nueva capacidad, podría seguir siendo no adicional si también indujera un cambio indirecto igual y opuesto en la capacidad. La práctica de estimar este impacto total se conoce como análisis del impacto de las emisiones consecuentes. La teoría del análisis del impacto de las emisiones consecuentes, como ya se ha indicado, es relativamente sencilla. Sin embargo, su práctica plantea muchos retos difíciles e incertidumbres no cuantificadas. Este documento ha articulado un marco matemático en un esfuerzo por ayudar a las empresas, los responsables políticos y otras personas a interpretar y comprender mejor los resultados de diversos modelos de evaluación del impacto consecuencial. A pesar de las limitaciones inherentes y la incertidumbre de los modelos y la literatura existentes, los expertos del IAI siguen recomendando estos enfoques como herramientas poderosas para estimar el impacto de las emisiones de diferentes acciones y políticas posibles.

     

    El informe evalúa cómo las acciones voluntarias de las corporaciones impactan la descarbonización y la confiabilidad de la red eléctrica. El análisis de impacto de emisiones consecuenciales es crucial para estimar la diferencia en emisiones globales entre escenarios con y sin una acción determinada. Aunque existen diferentes enfoques para este análisis, ha habido falta de consenso entre los autores sobre cómo resolver discrepancias en las conclusiones. Para abordar esta necesidad, se creó la Iniciativa Asesora de Impacto (IAI) de ZEROgrid, que incluye expertos de diversas instituciones que identificaron puntos clave de consenso y áreas que requieren más investigación. Los expertos de IAI coinciden en que el verdadero impacto de cualquier acción voluntaria se mide como la diferencia en emisiones totales entre un mundo donde se toma la acción y uno donde no se toma. Este impacto se descompone en varios efectos contribuyentes, incluyendo los cambios en la operación a corto plazo de las plantas de energía y los cambios estructurales a largo plazo en la oferta total de diferentes plantas de energía. Sin embargo, la verificación empírica de estos cambios estructurales presenta desafíos significativos y potencialmente altos niveles de incertidumbre. El informe describe varios modelos utilizados para estimar estos impactos, incluyendo modelos de expansión de capacidad con despacho económico, modelos de regresión, modelos de despacho de ISO. Aunque todos estos modelos tienen grados de incertidumbre, proporcionan herramientas valiosas para estimar los impactos de las acciones en la red eléctrica. A pesar de las limitaciones inherentes y la incertidumbre en los modelos existentes, los expertos de IAI recomiendan el uso de estos enfoques como herramientas poderosas para evaluar el impacto de las acciones voluntarias. El informe subraya la necesidad de una mayor investigación para mejorar la precisión y la validación de estos modelos, así como la importancia de la colaboración continua entre corporaciones, investigadores y formuladores de políticas para lograr una red descarbonizada y confiable. En resumen, este informe proporciona un marco matemático y conceptual para ayudar a las empresas y otras partes interesadas a interpretar mejor los resultados de diversos modelos de evaluación de impacto consecuencial, promoviendo así una mayor comprensión y acción hacia la descarbonización de la red eléctrica.  

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  • Energy Efficiency Policy Toolkit 2024

    Energy Efficiency Policy Toolkit 2024

    La eficiencia energética es fundamental para mejorar la vida de todas las personas. Proporciona un acceso asequible y confiable a la energía, refuerza la seguridad del suministro energético, acelera las transiciones hacia energías limpias y favorece el crecimiento económico y la resiliencia. Por estas razones, las políticas de eficiencia energética pueden aportar muchos beneficios a las personas: reducción de las facturas energéticas, mejora de los resultados sanitarios y creación de nuevos puestos de trabajo, al tiempo que garantizan que estos beneficios sean compartidos por todos. Para lograr emisiones netas nulas en 2050 es esencial centrarse en la eficiencia energética desde el principio. Para acelerar la acción en materia de eficiencia energética, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha creado este conjunto de herramientas políticas para los gobiernos con motivo de la 9ª Conferencia Mundial Anual sobre Eficiencia Energética. Estos paquetes de políticas proporcionan un enfoque práctico para acelerar la eficiencia energética orientando a los gobiernos en el diseño de medidas políticas eficaces. Destacan las políticas clave que deben combinarse para crear resultados sólidos en tres pilares: regulación, información e incentivos. Se actualizaron para la Conferencia de Versalles de 2023. El conjunto de herramientas políticas de 2024 se centra en cómo puede lograrse el objetivo de duplicación con herramientas concretas o instrumentos específicos que se encuentran en los paquetes de políticas. Las «Herramientas Políticas para la Duplicación» pretenden ayudar a los responsables políticos en la implementación de políticas de eficiencia energética que puedan contribuir al progreso anual, mejorando al mismo tiempo los niveles de vida, los presupuestos públicos, la seguridad energética y el empleo, y apoyando al mismo tiempo transiciones energéticas justas e inclusivas. Este documento se ha creado como una visión general accesible sobre los instrumentos políticos e incluye enlaces útiles a información más detallada. Los paquetes de políticas de eficiencia energética contienen instrumentos que abarcan diferentes sectores y tipos de políticas. Aunque los países deberían trabajar para conseguir un marco que incluya diferentes instrumentos y abarque múltiples sectores, a corto plazo puede ser útil establecer prioridades. Algunas políticas son más rápidas de aplicar o pueden tener efectos mayores. Las herramientas políticas de duplicación pretenden ayudar a informar a los responsables políticos sobre las posibles políticas de eficiencia energética que pueden utilizar para contribuir al objetivo global de duplicación. Este conjunto de herramientas políticas contiene 12 herramientas políticas iniciales para cuatro sectores de uso final: edificios, electrodomésticos, industria y vehículos. Cada sector incluye una descripción general de las herramientas políticas de regulación, información e incentivos, describiendo su relevancia para el objetivo de duplicación, los pasos básicos de implementación y las mejores prácticas en todo el mundo, así como enlaces útiles a información más detallada. Los edificios representan alrededor del 30% del consumo final de energía en todo el mundo y más de la mitad del consumo de electricidad. Para mantenerse en la senda hacia las emisiones netas cero en 2050 y conseguir duplicar la mejora anual de la intensidad energética mundial de aquí a 2030, los edificios deben aumentar rápidamente su eficiencia. Un enfoque político integrado que combine regulación, información e incentivos es la forma más eficaz de alcanzar este objetivo. Los siguientes instrumentos de duplicación pueden ayudar a los gobiernos a aplicar políticas de eficiencia energética y contribuir al objetivo mundial de duplicación. 

    Los códigos energéticos de los edificios son un instrumento normativo del paquete de políticas sobre edificios. Establecen requisitos mínimos para el uso de la energía en los edificios. Pueden establecer requisitos para la eficiencia energética global de todo un edificio (códigos basados en el desempeño) o para componentes individuales del edificio como el aislamiento, los sistemas de iluminación o los sistemas de calefacción y refrigeración (códigos prescriptivos). Pueden incluir ambos tipos de requisitos para ofrecer flexibilidad al mercado. Sólo se permite construir edificios que cumplan el código energético. Para conseguir que los edificios se encaminen hacia un futuro de emisiones netas cero, los códigos energéticos de los edificios deben incluir no sólo requisitos de eficiencia energética, sino también requisitos relativos a la producción de energía renovable in situ, el carbono incorporado, la gestión energética y la integración de aparatos y equipos inteligentes para permitir la respuesta a la demanda. Los códigos energéticos de los edificios deben aplicarse tanto a los edificios nuevos como a los existentes que se sometan a reformas importantes. También pueden fijar plazos para las mejoras de la eficiencia energética. Mejoran la eficiencia de los edificios y ayudan a la industria a prepararse y adaptarse a los cambios del mercado. En 2023, existían en todo el mundo unos 80 códigos energéticos de la construcción, y sólo el 40% de los edificios nuevos construidos en todo el mundo cumplían los requisitos de eficiencia energética. Las subvenciones a la rehabilitación son un incentivo en el paquete de políticas de edificios. Las subvenciones pueden reducir los costos iniciales de las tecnologías de eficiencia energética y hacerlas más atractivas y financieramente viables para consumidores, constructores y promotores. Esto puede ayudar a crear un tirón del mercado, apoyando a las partes interesadas en la aplicación de medidas de eficiencia energética para cumplir con los reglamentos para lograr mayores niveles de desempeño energético de los edificios. Las subvenciones suelen concederse antes de la rehabilitación y cubren parte de los costos, como el aislamiento, la mejora de los sistemas de calefacción o refrigeración o la instalación de energía solar fotovoltaica. Las subvenciones pueden incluir requisitos para mejorar la eficiencia energética general de los edificios (normalmente basados en una evaluación teórica de las medidas) y a veces están vinculadas a programas de certificación de la eficiencia energética. Además de las subvenciones tradicionales, también existen mecanismos de mercado que recompensan la mejora del desempeño o instrumentos de pago por desempeño. El seguimiento y la evaluación de los programas de subvenciones para la rehabilitación de edificios energéticamente eficientes son fundamentales para valorar la eficacia, el impacto y la eficiencia de estas iniciativas. Este proceso implica la recopilación, el análisis y el uso de datos para seguir el progreso del programa en relación con sus objetivos y para informar sobre el diseño de políticas y programas futuros. 

    Los pasos clave incluyen el establecimiento de métricas e indicadores de éxito claros, como el ahorro de energía, la rentabilidad y la satisfacción de los participantes. Los datos se recopilan a través de métodos como la medición, las encuestas y las auditorías. Es importante que el proceso incluya la comparación del uso de la energía antes y después de la rehabilitación para cuantificar el ahorro y determinar si el programa ha alcanzado sus objetivos. Medir el ahorro real es importante, dado que se corre el riesgo de que el ahorro estimado sea mayor que el real si las medidas no se aplicaron adecuadamente. Este proceso ayuda a identificar las mejores prácticas, las áreas de mejora y apoya la toma de decisiones basada en datos para mejorar el desempeño de los programas de eficiencia energética. También podría ser beneficioso (desde el punto de vista de la maximización del ahorro energético) proporcionar mayores subvenciones a las mejoras logradas en el desempeño energético más allá de lo exigido en la normativa de construcción y/o vincular la subvención a un sistema de pago por desempeño (P4P). Un paquete de políticas eficaz para mejorar la eficiencia energética de los edificios contiene instrumentos de regulación, información e incentivos. Todos ellos trabajan juntos para impulsar la eficiencia en los edificios y contribuir al objetivo global de duplicar los avances en eficiencia energética para 2030 y lograr emisiones netas nulas en el sector energético para 2050. Las normas reguladoras, como los códigos energéticos de los edificios, figuran entre las políticas más eficaces no sólo para impulsar la eficiencia energética y reducir las emisiones, sino también para mejorar la salud, el confort y la productividad de los ocupantes, al tiempo que se refuerza la resistencia al cambio climático y se mitigan las fluctuaciones de los precios de la energía. Instrumentos de información como los certificados de eficiencia energética aportan transparencia sobre el uso energético de un edificio, lo que permite a los consumidores tomar decisiones mejor informadas. También pueden ayudar a proporcionar información a los gobiernos sobre el parque inmobiliario de un país, lo que a su vez puede servir de base para la actualización del código energético de los edificios. Otras herramientas de información son las campañas de sensibilización y aceptación entre las partes interesadas y las ventanillas únicas que facilitan el acceso a subvenciones y otros incentivos, junto con la orientación y la garantía de calidad.

     

    El informe destaca la importancia de la eficiencia energética para mejorar la vida de las personas, asegurar el suministro energético, acelerar la transición hacia energías limpias y apoyar el crecimiento económico. El documento fue creado para la 9ª Conferencia Global sobre Eficiencia Energética, coorganizada por el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, y el ministro de Energía y Petróleo de Kenia, Davis Chirchir. Su objetivo es ayudar a los gobiernos a alcanzar el objetivo global de duplicar el progreso en eficiencia energética para 2030, como se acordó en la UAE Consensus en la COP28 en Dubái y la Declaración de Versalles de la 8ª Conferencia Global de la IEA en 2023. Para 2024, la IEA ha desarrollado 12 herramientas iniciales de «duplicación» que se centran en la eficiencia de edificios, electrodomésticos, industria y vehículos. Estas herramientas están diseñadas para ayudar a los responsables políticos en la implementación de políticas que mejoren los estándares de vida, los presupuestos públicos, la seguridad energética y el empleo, mientras apoyan transiciones energéticas justas e inclusivas. El informe subraya la importancia de un diseño e implementación cuidadosos de las políticas, adaptándose a las circunstancias nacionales, como la estructura económica y los objetivos climáticos y energéticos. También destaca la necesidad de recursos y capacidades adecuadas para implementar estas políticas de manera efectiva. En resumen el informe proporciona una guía integral para que los gobiernos diseñen y apliquen políticas efectivas de eficiencia energética, con el objetivo de duplicar el progreso en esta área para 2030 y contribuir significativamente a la transición hacia un futuro energético sostenible y resiliente.

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  • Lebanon Digital ID Use Cases 

    Lebanon Digital ID Use Cases 

    La Iniciativa Identificación para el Desarrollo (ID4D) del Banco Mundial aprovecha los conocimientos mundiales e intersectoriales, los instrumentos de financiación del Banco Mundial y las asociaciones para ayudar a los países a aprovechar el potencial transformador de los sistemas de identificación (ID), incluido el registro civil (RC). El objetivo es que todas las personas puedan ejercer sus derechos y acceder a mejores servicios y oportunidades económicas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ID4D opera en todo el Banco Mundial con prácticas y unidades globales que trabajan en desarrollo digital, protección social, salud, inclusión financiera, gobernanza, género y protección de datos, entre otros. Para asegurar la alineación con las buenas prácticas internacionales para maximizar los beneficios del desarrollo y minimizar los riesgos, ID4D se guía por los 10 Principios de Identificación para el Desarrollo Sostenible, que han sido desarrollados y aprobados conjuntamente por el Banco Mundial y más de 30 organizaciones mundiales y regionales. Como se indica en el Diagnóstico, el sistema de registro civil sigue basándose en gran medida en el papel y, por tanto, no es, en su estado actual, un candidato viable para un sistema de identificación digital. Sin embargo, el sistema del documento nacional de identidad (DNI) está digitalizado y puede servir de base para la identificación digital. A continuación se resumen las principales limitaciones de este sistema, así como de otros sistemas digitalizados que son candidatos potenciales para la identificación digital. Existe la posibilidad de que se dupliquen las cuentas debido a fallos en los sistemas de identificación existentes utilizados en el momento de la incorporación. También existe la incapacidad de realizar transacciones seguras debido a: (a) los actuales productos de servicios financieros no ofrecen una autenticación sólida ni un alto grado de confianza, y (b) no hay unicidad intersectorial, lo que impide el intercambio de datos y la interoperabilidad entre sectores. A falta de sistemas sólidos de identificación digital en Líbano, los sectores han recurrido a diversas soluciones alternativas. Aunque estas soluciones alternativas permiten a las partes cumplir (parcialmente) ciertas funciones de los sistemas de identificación digital, siguen siendo ineficaces, costosas e inadecuadas en comparación con un sistema de identificación digital plenamente operativo. Para crear identificadores únicos, las soluciones alternativas incluyen: (a) la duplicación biográfica basada en atributos impresos en la tarjeta NID, y (b) esquemas de identidad «únicos» específicos del sector. Para comprobar la validez del documento de identidad, las soluciones incluyen la evaluación de las características visuales de seguridad, como los hologramas, que presentan diversas vulnerabilidades, especialmente para las transacciones en línea. La verificación de los atributos de identidad sólo puede realizarse con el registro electoral, que no contiene datos completos ni totalmente actualizados, dado que la base de datos del DNI no es interoperable con otros sistemas. Para autenticar a las personas, la foto impresa en el carné -que puede llevar décadas desfasada- es la única opción de verificación de la identidad en ausencia de autenticación digital. 

    Dado que el número del DNI puede leerse actualmente en texto plano en el código de barras, el MdI podría ofrecer una solución a las partes usuarias que permita verificar digitalmente la autenticidad de un DNI, incluidos sus datos biográficos. Permitir que los servicios de toda la Administración comprueben la validez de los documentos o identificadores oficiales comparándolos con la fuente autorizada (por ejemplo, el DNI) hará posible la incorporación remota a los servicios digitales. La atribución del DNI a las cuentas de usuario en los servicios básicos (por ejemplo, la sanidad) mediante la verificación previa de la identidad de la persona con un alto nivel de certeza aumentará la confianza en las transacciones entre administraciones públicas. Aunque el presente análisis se ha centrado en las limitaciones de los sistemas actuales y en las necesidades de identificación digital de diversos sectores, es necesario seguir trabajando para aclarar las necesidades, los puntos débiles y las preocupaciones de los ciudadanos en relación con los sistemas digitales. La falta de interoperabilidad entre el DNI y las bases de datos de pasaportes significa que si una persona se registra para un servicio utilizando un pasaporte, no hay forma de verificar si esa misma persona ya está registrada con un número de DNI. Este es uno de los principales puntos débiles de la proliferación de identificadores sectoriales. Un servicio de comprobación que permita correlacionar los números de pasaporte y de DNI podría resolver este problema y aumentar la aceptación del DNI como identificador único por parte de los proveedores de servicios. Existen múltiples fuentes de datos en los ministerios y organismos gubernamentales que constituyen la columna vertebral de la actual prestación de servicios, como los documentos de identidad, pasaportes, permisos de conducir, números de identificación fiscal e identificaciones sanitarias. Una designación clara de las fuentes autorizadas resolverá varios problemas del actual ecosistema de identificación, entre ellos: (a) la proliferación de datos obsoletos en las bases de datos oficiales; (b) las discrepancias en los atributos de identidad y otros datos en los sistemas gubernamentales; y (c) la falta de un método para decidir qué versión de los datos de una persona debe conservarse para uso oficial cuando hay una discrepancia. Si el uso compartido de datos se generaliza, la gobernanza de los datos subyacentes será cada vez más importante, al igual que la capacidad de clasificar los datos en función de su uso y sensibilidad. La elaboración de políticas adecuadas en una fase temprana del ciclo de implantación es vital, dado que serán decisivas para dar forma a cualquier arquitectura y diseño de servicio que se adopte en el futuro, incluidas la ciberseguridad y la protección de datos. El actual entorno jurídico que sustenta la identificación digital en Líbano exige revisiones exhaustivas para facilitar eficazmente la digitalización de los sistemas de identificación y de RC, garantizando la seguridad y la protección de los datos personales. Es imprescindible modificar la obsoleta ley de registro civil para agilizar los actuales procesos basados en papel y adaptarlos a la digitalización. Además, es necesario un reglamento de aplicación para que el DNI sea plenamente operativo para los ciudadanos.  

    El reconocimiento legal de la documentación de identidad digitalizada depende de la adopción del decreto de aplicación para la firma electrónica, que se presentó al Consejo de Ministros en enero de 2024. Además, la promulgación de una ley integral de protección de datos con supervisión independiente y la adopción de una legislación integral sobre ciberdelincuencia conforme a las normas internacionales son cruciales para establecer la confianza en el sistema de identidad. Podría considerarse la posibilidad de expedir una credencial de identidad digital en los casos en que actualmente se expiden credenciales de alta confianza (por ejemplo, documentos de identidad y pasaportes), así como la oportunidad para las personas que deseen recibir una credencial digital (por ejemplo, una identificación móvil). El diseño de múltiples credenciales de identidad digital para satisfacer las necesidades de las distintas categorías de usuarios debe basarse en una estrategia de identidad digital más amplia y en consultas con la sociedad civil, y deben realizarse estudios de viabilidad y análisis de costos y beneficios para analizar modelos alternativos de entrega de credenciales de identidad digital y elaborar una hoja de ruta para su implantación. Este informe analiza cada caso de uso y toma nota de las oportunidades potenciales para reforzar la identidad digital. En algunos casos, una victoria rápida -como utilizar el código de barras 2D existente en el documento nacional de identidad (NID) para reducir los problemas de introducción de datos- puede implantarse con un cambio mínimo en los servicios existentes. En otros casos, se requieren inversiones más amplias, como la introducción de la identidad digital y la tecnología de firma electrónica. Tales inversiones exigen un análisis más profundo de los sistemas existentes y sus arquitecturas de destino. En general, existe un gran potencial de transformación digital en múltiples sectores de la Administración y la economía libanesas, gran parte del cual depende del establecimiento de los elementos fundamentales de una arquitectura que englobe a toda la Administración y a toda la economía, como las normas de interoperabilidad, la gobernanza de los datos, el intercambio seguro de datos (por ejemplo, a través de interfaces de programas de aplicación (API)) y la verificación confiable de la identidad, como la que proporcionan la identidad digital y la tecnología de firma electrónica. 

    El informe sobre el uso de la identificación digital en Líbano destaca la importancia de fortalecer los marcos legales e institucionales para facilitar la digitalización de los sistemas de identificación civil y de registro. Se hace hincapié en la necesidad de revisar a fondo la legislación actual para garantizar la seguridad y protección de los datos personales en un entorno digital. Se considera fundamental realizar enmiendas a la obsoleta ley de registro civil para agilizar los procesos existentes basados en papel y adaptarse a la digitalización. Asimismo, se destaca la importancia de implementar regulaciones para operativizar completamente el NID (Documento Nacional de Identidad) para los ciudadanos, lo cual requiere la adopción del decreto de implementación para las firmas electrónicas. Además, se subraya la necesidad de promulgar una ley integral de protección de datos con supervisión independiente y de adoptar legislación integral sobre ciberdelitos de acuerdo con estándares internacionales para establecer la confianza en el sistema de identificación. En cuanto a la política de identificador único, se sugiere la elaboración de políticas y/o directrices que acepten el NID como el identificador único para los ciudadanos libaneses. La adopción de un identificador único para las personas reduce la necesidad de concordancia de identidades y facilita la interoperabilidad de los servicios gubernamentales. Atribuir el NID a las cuentas de usuario en servicios fundamentales, como la salud, tras verificar la identidad de la persona a un alto nivel de certeza, aumentará la confianza al realizar transacciones entre entidades gubernamentales. Se propone un esfuerzo de desarrollo de políticas y/o directrices indicativas que incluye la definición de documentos, la redacción de políticas y documentos de orientación, así como un proceso de revisión y enmienda, con un tiempo estimado total de 8 semanas. Además, se aborda la crisis económica actual en Líbano y su impacto en el sector financiero, destacando la necesidad de reestructuración y la posible inclusión de un seguro de depósitos, especialmente para pequeños depositantes. Se menciona que la financiación de estos esquemas de seguro de depósitos podría requerir una inyección de fondos públicos, incluidos recursos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La identificación efectiva de los titulares de cuentas se considera crucial para la implementación exitosa de estos esquemas, lo que resalta la importancia de contar con un sistema de identificación sólido. 

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  • The Impact of Spectrum Set-Asides on Private and Public Mobile Networks 

    The Impact of Spectrum Set-Asides on Private and Public Mobile Networks 

    La digitalización de las empresas ofrece la promesa de ganancias sustanciales de productividad. Por ello, los responsables políticos tratan de promover la transformación digital de las industrias. Sus esfuerzos se centran en ofrecer la infraestructura de red del futuro. Los casos de uso industrial avanzado requieren una conectividad inalámbrica que ofrezca un gran ancho de banda, baja latencia, confiabilidad extremadamente alta y mayor seguridad. La 5G satisface estas necesidades por diseño, ofreciendo soporte para soluciones digitales como las comunicaciones masivas IoT, el almacenamiento y la computación en la nube y la IA. Para las empresas, la principal vía de acceso a las soluciones 5G son los operadores de redes públicas y sus ofertas de extremo a extremo, incluido el acceso a la infraestructura pública compartida y al espectro gestionado por el operador. En algunos casos, los usuarios empresariales pueden necesitar soluciones adaptadas a sus necesidades particulares. Las redes 5G privadas pueden resolver este problema mediante un diseño personalizado que satisfaga el nivel de rendimiento deseado y la demanda de servicios. Por tanto, la asignación de frecuencias supone un compromiso. Hasta ahora no se disponía de pruebas empíricas sobre la magnitud de cada efecto. Esta investigación aborda la falta de pruebas mediante un sólido análisis estadístico a ambos lados de esta disyuntiva. El análisis no encuentra indicios de que la asignación de espectro pueda acelerar la digitalización de las empresas. Esto es coherente tanto si se examina el impacto de las retiradas de espectro en la adopción de redes privadas como en la conectividad IoT por parte de las empresas. Cualquier asociación aparente entre las reservas y la adopción de redes privadas o IoT puede explicarse por tendencias temporales y otros factores. Estas tendencias temporales y factores, conocidos como factores de confusión, han afectado de forma independiente a la adopción de las cláusulas de salvaguardia y a la adopción de redes privadas, dando lugar a una aparente correlación entre las dos variables. Sin embargo, cualquier correlación inicial es espuria y no indica un efecto político. La falta de asociación entre las reservas y la adopción de redes privadas puede explicarse por la disponibilidad de opciones alternativas de acceso al espectro. Las empresas pueden acceder a soluciones completas de redes privadas (incluido el espectro) de operadores de redes móviles públicas. Otra opción para las empresas es alimentar sus redes privadas utilizando espectro disponible a través de marcos de uso compartido o arrendamiento de espectro. Del mismo modo, la falta de asociación con la adopción del IoT indica que las reservas no mejoran la capacidad de las empresas para acceder a estos servicios más allá de lo que ofrecen los modos alternativos de acceso al espectro. Examinando el otro lado de la disyuntiva, este análisis concluye que la cantidad de espectro disponible para las redes móviles públicas afecta a la calidad de la red. 100 MHz adicionales de espectro se asociaron a velocidades de descarga un 24% superiores (equivalentes a 4,5 Mbps en términos de velocidades de descarga medias mundiales entre 2014 y 2022). 

    Por lo tanto, una cantidad mediana de 100 MHz puede tener un impacto negativo sustancial en los consumidores y las empresas que utilizan redes públicas. Dado que la calidad de las redes móviles públicas se ha relacionado ampliamente con los beneficios económicos, surge un claro costo económico. Los resultados de este estudio ponen de relieve la necesidad de considerar las consecuencias imprevistas y no deseadas de la reserva de espectro, sobre todo porque no hay pruebas de un beneficio claro. Se aconseja cautela a la hora de confiar en las reservas de espectro como marco para el acceso. Es posible que la asignación de espectro a las empresas no sea la más eficiente desde el punto de vista económico en comparación con las demás opciones disponibles. En primer lugar, deben considerarse y priorizarse marcos alternativos de acceso al espectro. Ofrecer espectro retirado a un costo reducido o sin costo alguno también puede dar lugar a incentivos distorsionados en el mercado de soluciones e infraestructuras digitales. Fijar un precio diferente para el espectro en función de si lo utilizan redes públicas o privadas repercute en el costo relativo de cada solución. Como el ahorro de costos se traslada a los posibles usuarios, el uso de redes privadas con espectro reservado se subvenciona de hecho. Esto puede poner en desventaja a las soluciones basadas en redes móviles públicas cuando, de otro modo, habrían sido la opción óptima, lo que conduce a la ineficiencia económica. Aunque los datos de este estudio proporcionan una primera visión del impacto de la retirada de frecuencias, los nuevos datos sobre el impacto de los distintos marcos de acceso al espectro deben evaluarse de forma continua. Las decisiones políticas deben reevaluarse a medida que surjan nuevas pruebas y soluciones tecnológicas. En particular, se observa la necesidad de disponer de datos internacionales mejores y armonizados sobre la adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas. La digitalización de las empresas está llamada a traer la próxima oleada de crecimiento de la productividad. Además de la conectividad mejorada con 5G, las empresas han adoptado ampliamente servicios digitales como el almacenamiento y la computación en la nube, el IoT, la conectividad entre máquinas y los servicios de seguridad. 

    Una infraestructura de red moderna es un pilar fundamental de esta revolución digital en el sector empresarial. La infraestructura sustenta la transmisión de una cantidad cada vez mayor de datos. Estos datos son fundamentales para el funcionamiento de soluciones tecnológicas que aumentan la productividad integradas en líneas de producción, redes eléctricas, infraestructuras de ciudades inteligentes y otros aspectos de las industrias digitalizadas. Uno de los objetivos políticos de muchos gobiernos es fomentar la digitalización de las empresas y centrarse en la infraestructura de red necesaria. Para aprovechar todas las ventajas que puede aportar la digitalización, la infraestructura de red necesita capacidades específicas que respalden los casos de uso empresarial y los servicios digitales. La tecnología 5G ofrece una serie de estas capacidades para fomentar las redes inalámbricas, los responsables políticos deben gestionar el espectro radioeléctrico de manera eficiente, con el objetivo de obtener el mayor valor económico de su uso entre las distintas tecnologías y partes interesadas. Para la mayoría de las empresas, la opción por defecto para las soluciones 5G son los operadores públicos de redes móviles y sus soluciones integrales, incluido el acceso a infraestructuras públicas compartidas y espectro gestionado. Dependiendo de la disponibilidad local de servicios móviles y de las condiciones particulares, como en los emplazamientos industriales, algunas empresas tienen necesidades de conectividad que pueden no estar universalmente cubiertas por las redes móviles públicas. Esto puede despertar el interés por las redes móviles privadas personalizadas. Sin embargo, la conectividad privada basada en la 5G genera una demanda adicional de espectro radioeléctrico. Por lo tanto, los responsables políticos deben tener en cuenta estas necesidades y las opciones para permitir el acceso de las empresas al espectro. Medir el impacto de la política de retirada de frecuencias implica identificar la relación causa-efecto entre la retirada de frecuencias y la transformación digital, en este caso representada por la adopción de redes privadas. Si en un país en el que se aplica la retirada de frecuencias hay un elevado número de redes privadas, la política de retirada de frecuencias podría considerarse la causa, y la prevalencia de las redes privadas, el efecto.

    El informe muestra como la digitalización de las empresas se ve como una oportunidad significativa para aumentar la productividad, y los responsables políticos están enfocados en desarrollar la infraestructura de red necesaria para respaldar esta transformación. La infraestructura 5G, con su alta capacidad, baja latencia, alta fiabilidad y seguridad mejorada, es crucial para habilitar soluciones digitales avanzadas como IoT masivo, almacenamiento en la nube, computación y AI. Las empresas acceden a estas soluciones principalmente a través de operadores de redes públicas que ofrecen infraestructuras compartidas y espectro gestionado. Existen varias opciones para hacer que el espectro esté disponible para las redes privadas, entre las cuales se incluyen los marcos de compartición de espectro, las obligaciones de arrendamiento adjuntas a las licencias de operadores de redes públicas y las reservas de espectro específicamente destinadas a su uso por industrias. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas. La investigación concluye que no hay evidencia de que las reservas de espectro hayan acelerado la digitalización de las empresas. No se encuentra ninguna asociación significativa entre la presencia de reservas de espectro y el número de lanzamientos de redes privadas o la adopción de IoT por parte de las empresas. Cualquier correlación aparente puede explicarse por tendencias temporales y otros factores confusos. De hecho, las empresas pueden acceder al espectro mediante alternativas como el uso de espectro compartido o el arrendamiento de operadores de redes públicas, lo que sugiere que las reservas de espectro no son esenciales para el crecimiento de las redes privadas. Las reservas de espectro presentan una compensación entre facilitar el acceso de las empresas a redes privadas y mantener la calidad de las redes públicas. La evidencia actual no apoya la hipótesis de que las reservas de espectro beneficien significativamente la adopción de redes privadas o la digitalización de las empresas. Además, las reservas de espectro pueden perjudicar la calidad de las redes públicas y, por ende, generar costos económicos significativos. Por lo tanto, se recomienda a los responsables políticos que consideren cuidadosamente las consecuencias no deseadas y busquen alternativas más eficientes para la asignación de espectro.Para leer más ingrese a:

     

  • Artificial intelligence, data and competition

    Artificial intelligence, data and competition

    Los recientes avances de la Inteligencia Artificial (IA) generativa la han puesto de relieve en todo el mundo. La tecnología aún está en desarrollo, pero tiene potencial para mejorar muchos mercados. Sin embargo, es importante que los mercados sigan siendo competitivos para garantizar que sus beneficios se dejen sentir ampliamente. El ciclo de vida de la IA generativa aún está en desarrollo y es complejo. Este documento se centra en tres etapas: formación de modelos básicos, puesta a punto e implantación. Los costos de entrada varían según las etapas, pero el acceso a suficientes datos de calidad y potencia de cálculo parecen vitales. Como tecnología potencialmente importante en el futuro, lo que está en juego es demasiado importante como para no dar a la competencia todas las oportunidades. Es demasiado pronto para saber cómo se desarrollará la competencia en la IA generativa, pero parece haber algunos riesgos para la competencia que merecen atención. Podrían surgir problemas de competencia debido a los vínculos a lo largo de la cadena de valor de la IA generativa, incluidos los de los mercados existentes, así como posibles obstáculos para acceder a insumos clave. A pesar de la incertidumbre, varias autoridades de competencia y responsables políticos están tomando medidas para supervisar la evolución del mercado y pueden tener que hacer uso de las diversas herramientas a su disposición. En el futuro, las autoridades de competencia necesitarán una capacidad técnica suficiente para desempeñar sus funciones. La cooperación internacional y nacional podría desempeñar un papel importante a la hora de permitir a las autoridades mantener eficazmente sus conocimientos y experiencia. Aunque la Inteligencia Artificial (IA) existe desde hace décadas, en los últimos 18 meses se ha debatido mucho sobre la IA generativa y la inteligencia general artificial (IAG), un concepto controvertido que puede describirse como máquinas con inteligencia de nivel humano o superior. Se debate acaloradamente si este objetivo está cerca de alcanzarse. No obstante, el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en noviembre de 2022 y los posteriores desarrollos de la IA generativa han demostrado su potencial como avance tecnológico significativo. La IA generativa se basa en técnicas computacionales avanzadas para entrenar enormes modelos a partir de vastos conjuntos de datos. No sólo puede responder de forma inteligente a preguntas en lenguajes naturales, sino que además lo hace de forma rápida y competente. El impacto económico total de la IA generativa es incierto. Sin embargo, puede revolucionar muchos aspectos de los mercados y repercutir en la productividad y el crecimiento del PIB. Aunque la IA es más amplia que la IA generativa, gran parte de este documento se centra en estos avances recientes de la IA generativa. Dadas las implicaciones potenciales de la IA generativa, si es, y seguirá siendo, una industria competitiva es una cuestión que merece ser debatida. Varias autoridades de competencia ya están estudiando esta cuestión, al igual que los gobiernos. Los recientes avances en IA también se producen en el contexto de una economía digital cada vez más concentrada, lo que puede afectar a la evolución del sector. Por un lado, la IA podría permitir la aparición de nuevas empresas y propuestas. Por otro lado, las empresas digitales existentes podrían tener éxito al poder aprovechar sus posiciones actuales. Además de estas complicaciones, las autoridades de competencia pueden verse presionadas para actuar, dada la reciente experiencia de las dificultades en la aplicación de la competencia en los mercados digitales. 

    Por lo tanto, es oportuno considerar las perspectivas de la competencia en la IA, dado que el Comité de Competencia de la OCDE no la ha examinado directamente antes. Sin embargo, ha debatido cuestiones relacionadas. Por ejemplo, en 2023 el Comité celebró una mesa redonda sobre Competencia Algorítmica, que incluyó la consideración de cómo el uso de la IA podría afectar a los resultados competitivos en los mercados y a la aplicación de la competencia. Además, en los últimos años el Comité ha debatido muchas cuestiones potencialmente relacionadas en los mercados digitales, como las Teorías del Daño en las Fusiones Digitales en 2023 y la audiencia de 2020 sobre la Economía de la Competencia de los Ecosistemas Digitales. Al considerar la competencia y la IA, varias cuestiones parecen relevantes para las autoridades de competencia. En primer lugar, ¿qué es la IA? En segundo lugar, ¿hasta qué punto está justificada la preocupación por la competencia en el futuro? En tercer lugar, si tienen algún fundamento, ¿qué puede o debe hacerse al respecto? En relación con esto, ¿plantea la IA retos realmente novedosos a la política de competencia o son suficientes los enfoques analíticos actuales? El documento aborda estas cuestiones. Sin embargo, no se trata de un estudio de mercado ni de una investigación detallada, por lo que no se ha recabado información de los participantes en el mercado. En el capítulo 2, el documento comienza introduciendo conceptos relevantes de la IA, incluida la que parece ser la dinámica actual más importante del mercado. A continuación, el Capítulo 3 explora los posibles problemas de competencia dentro de la oferta de IA, al tiempo que considera si hay motivos para prestarle una atención especial. A continuación, el capítulo 4 examina las herramientas de que disponen las autoridades de competencia y los responsables políticos para responder a esos problemas. A continuación, el capítulo 5 introduce brevemente dos cuestiones adicionales. En primer lugar, cómo podría afectar el uso de la IA a la competencia en otros mercados. En segundo lugar, el potencial de la IA para ayudar a las autoridades de competencia en el desempeño de sus funciones. El documento termina con una conclusión. La IA es una tecnología de uso general con amplias aplicaciones. Este artículo se centra en la IA generativa, que a veces se utiliza indistintamente como sinónimo de IA. La IA generativa puede producir respuestas convincentes a las indicaciones humanas, lo que permite una interacción sin precedentes con el consumidor. Los resultados de los modelos se han ampliado a la creación de imágenes, vídeos y audio originales. A pesar de este enfoque, hay varios campos dignos de mención dentro de la IA, como la visión por ordenador o la IA reactiva. 

    Estos campos también tienen potencial para producir avances tecnológicos revolucionarios. Se desconoce cómo evolucionarán estos distintos campos, así como su probable importancia futura. Algunas de las características de estos otros campos pueden compartirse con la IA generativa, pero otras no. Y lo que es más importante, es posible que cambien las dinámicas más relevantes desde el punto de vista de la competencia. La IA generativa combina técnicas que podrían considerarse dentro de la informática y la estadística. En esencia, podría caracterizarse como una inferencia estadística extremadamente eficaz, que utiliza grandes modelos con muchos parámetros derivados de conjuntos de datos aún mayores. Estos modelos predicen resultados complejos -como respuestas textuales, código informático, ensayos detallados o la imagen de un gato en un dibujo animado- a partir de entradas escritas o habladas en una serie de lenguas humanas. Fundamentalmente, mediante técnicas que permiten procesar grandes cantidades de datos, los modelos generativos de IA aprenden a identificar patrones y pueden «predecir» las mejores respuestas a las consultas basándose en probabilidades. La naturaleza predictiva de estas tecnologías de IA es un elemento importante para anticipar usos futuros. Hay muchos términos asociados a la IA generativa. Algunos se utilizan indistintamente. En última instancia, quienes trabajan en el ámbito de la competencia no necesitan adquirir un doctorado en Inteligencia Artificial, del mismo modo que no necesitaban ser expertos en fundición de acero o pilotaje de aviones para evaluar la competencia en esos mercados. Sin embargo, comprender la esencia de los términos hará que el campo sea más accesible. Este documento contiene explicaciones básicas de algunos términos de uso común en relación con la IA generativa, aunque se debe señalar que algunas de estas definiciones no siempre cuentan con el consenso de las distintas partes interesadas de la comunidad de la IA. La IA generativa combina una mayor capacidad de predicción con la comprensión de los lenguajes naturales. Esta combinación puede mejorar, o incluso revolucionar, una larga lista de tareas. Actividades como la categorización de datos, la edición de textos, la investigación de problemas, la generación de ideas y muchas más podrían beneficiarse de la IA generativa. No tiene por qué sustituir el trabajo humano, pero sí complementarlo.

     

    El informe examina el desarrollo reciente de la Inteligencia Artificial (IA), particularmente la IA generativa, y sus posibles impactos económicos y en la competencia de los mercados. El documento se enfoca en tres etapas clave del ciclo de vida de la IA generativa: la formación de modelos base, el ajuste fino y el despliegue. La IA generativa, que puede crear contenido nuevo y original, tiene el potencial de transformar significativamente diversos sectores económicos. Sin embargo, su ciclo de vida, que incluye la recolección y procesamiento de grandes cantidades de datos y la necesidad de poder computacional significativo, es complejo y aún está en desarrollo. El informe aborda las posibles preocupaciones sobre la competencia en el suministro de IA. Señala que, aunque la IA tiene el potencial de beneficiar muchos mercados, también existen riesgos significativos que podrían afectar la competencia. Estos riesgos incluyen ventajas significativas para los primeros en moverse y economías de escala, la dificultad de acceder a datos de alta calidad y el poder computacional necesario para desarrollar y afinar modelos de IA . El documento también examina las herramientas disponibles para las autoridades de competencia para monitorear y abordar estos problemas. Estas herramientas incluyen la supervisión del mercado, estudios sectoriales, control de fusiones y la acción reguladora. Además, se destaca la importancia de la cooperación internacional y doméstica para mantener el conocimiento y la experiencia necesarios para gestionar estos desafíos. En conclusión, el informe subraya la importancia de mantener mercados competitivos para maximizar los beneficios de la IA. Aunque es demasiado pronto para predecir cómo evolucionará la competencia en el sector de la IA generativa, es crucial que las autoridades de competencia se preparen y utilicen las herramientas a su disposición para abordar los posibles riesgos y asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan ampliamente.

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  • Diagnóstico de la Economía Digital: Guinea Ecuatorial

    Diagnóstico de la Economía Digital: Guinea Ecuatorial

    El documento proporciona una evaluación del estado actual de la economía digital emergente de Guinea Ecuatorial a través de cinco pilares clave: infraestructura digital, plataformas públicas digitales, servicios financieros digitales, negocios y competencias digitales. En cuanto a la infraestructura digital, Guinea Ecuatorial ha realizado avances para mejorar la asequibilidad y accesibilidad de la banda ancha, pero aún enfrenta desafíos significativos. Existen cuasi monopolios en el acceso al ancho de banda internacional y las redes troncales nacionales, lo que resulta en altos precios y una baja penetración de la banda ancha. Además, el marco regulatorio es débil y el ente regulador carece de competencias financieras y de toma de decisiones. Para las plataformas públicas digitales, aunque se han introducido leyes y decretos para digitalizar el sector público, muchas leyes están desactualizadas y el marco regulatorio necesita fortalecerse. La implementación de un marco nacional de interoperabilidad y una identidad digital podría mejorar significativamente la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas. En el ámbito de los servicios financieros digitales, estos se encuentran en una etapa temprana, con pocos bancos ofreciéndolos y limitaciones en el acceso a banda ancha. Debe priorizarse la inclusión y la educación financieras para promover un entorno más inclusivo. En cuanto a los negocios digitales, el ecosistema es incipiente, con pocas empresas nacionales y barreras como el acceso limitado a financiamiento, la escasez de personal cualificado y un marco regulatorio débil. Finalmente, se subraya la importancia de fortalecer las competencias digitales en toda la sociedad mediante programas de educación y capacitación. Las instituciones de educación superior y de formación técnico-profesional (EFTP) tienen una capacidad limitada para ofrecer programas que contribuyan a la diversificación económica, lo que resulta en una escasez de mano de obra cualificada. En resumen, el documento ofrece un análisis integral y una hoja de ruta para guiar a Guinea Ecuatorial en el aprovechamiento de las tecnologías digitales para el crecimiento económico, la mejora en la prestación de servicios y el desarrollo inclusivo.

    La Orden Ministerial No. 2/2022, que estableció un precio máximo de XAF 15 por 1 MB de datos móviles y entró en vigor el 1 de mayo de 2022, marcó un hito significativo en el sector de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. Posteriormente, la Orden Ministerial 3/2022 obligó a los operadores a reducir aún más los precios a XAF 1 (IVA incluido) por 1 MB a partir del 1 de septiembre de 2022. Aunque estas medidas alinean a Guinea Ecuatorial con los promedios de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), es fundamental implementar reducciones adicionales en tarifas y costos mayoristas para garantizar la asequibilidad y accesibilidad de la banda ancha en todo el territorio nacional. El Ministerio de Transportes, Correos y Nuevas Tecnologías (MINTCT), junto con su agencia subordinada ORTEL, es el regulador máximo del sector de telecomunicaciones. No obstante, el marco regulatorio, establecido por la Ley General de Telecomunicaciones de 2005 y sus enmiendas de 2008, requiere una actualización conforme a las mejores prácticas internacionales. Además, Guinea Ecuatorial enfrenta una gran carencia en políticas y medidas adecuadas de ciberseguridad, situándose en el puesto 180 de 181 países en el Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). A pesar de ello, se están realizando esfuerzos para mejorar esta situación, como la redacción de una iniciativa de ley de ciberseguridad y la creación de un departamento de Ciberseguridad en el Ministerio de Defensa. Es también relevante señalar que, aunque existen infraestructuras de almacenamiento de datos tanto públicas como privadas, estas aún requieren inversiones para cumplir con los estándares de certificación. En este sentido, es esencial analizar las limitaciones y desafíos del sector de telecomunicaciones y la economía digital en Guinea Ecuatorial, así como proponer recomendaciones para abordarlos. Las principales limitaciones identificadas incluyen un marco legal y regulatorio desactualizado, la ausencia de un regulador independiente, monopolios en los mercados de capacidad internacional y red troncal nacional, falta de regulación de servicios mayoristas y un fondo de servicio universal inoperativo. Para superar estas barreras, se sugiere aumentar la redundancia de la conectividad internacional mediante un cable submarino adicional y regular el mercado mayorista de capacidad internacional orientado a costos. Asimismo, fortalecer el mercado mayorista nacional de fibra troncal, reducir las tarifas del espectro de microondas y aumentar la cobertura en zonas rurales utilizando el fondo de servicio universal e incentivos. Además, debe mitigarse la brecha de uso mejorando la alfabetización digital y reduciendo impuestos, revisar la ley de telecomunicaciones para crear un regulador independiente, actualizar la administración del espectro e implementar el dividendo digital. También, se recomienda realizar una evaluación de madurez en ciberseguridad para identificar áreas de mejora. De este modo, Guinea Ecuatorial podría avanzar significativamente en la modernización de su infraestructura digital y en la prestación de servicios públicos digitales, logrando así un desarrollo más inclusivo y sostenible en el ámbito de las telecomunicaciones.

    El estado actual de los servicios financieros digitales y del sector financiero en Guinea Ecuatorial revela un panorama de desarrollo incipiente y desafíos significativos. A pesar de que los bancos ofrecen algunos servicios básicos como tarjetas de débito/crédito, cajeros automáticos y banca por internet/móvil, aún no se han implementado servicios más avanzados como créditos digitales, e-KYC (apertura remota de cuentas) o seguros digitales. La cobertura de sucursales bancarias y cajeros automáticos ha aumentado, pero se concentra principalmente en áreas urbanas, dejando desatendidas las zonas rurales. El sector financiero es pequeño y dominado por unos pocos bancos comerciales, algunos de propiedad estatal, y el sector de microfinanzas es incipiente con solo dos instituciones pequeñas. A esto se suma la carencia de una estrategia nacional de inclusión financiera, aunque Guinea Ecuatorial participa en el desarrollo de una estrategia regional de la CEMAC enfocada en cuatro pilares: educación financiera, innovación y servicios digitales, un marco regulatorio adecuado, y una oferta accesible de servicios financieros. Además, se carece de una visión estratégica general para el desarrollo del sector financiero, lo que limita su crecimiento y capacidad de inclusión. En cuanto a la digitalización de los pagos gubernamentales y la protección del consumidor financiero, el país carece de una estrategia integral para digitalizar los pagos gubernamentales, y la mayoría de las agencias pagan pensiones y salarios manualmente. No se han adoptado iniciativas específicas para ofrecer programas de protección social mediante pagos digitales, aunque existe potencial para aprovechar las lecciones de un programa de transferencia de efectivo implementado en 2021. A nivel regulatorio, se prohibieron las transacciones relacionadas con criptomonedas y se aprobó un reglamento regional sobre protección de consumidores financieros, aunque la capacidad institucional para aplicarlo es limitada. Guinea Ecuatorial forma parte de un sistema regional de pagos regulado por el Banco de los Estados de África Central, y existen plataformas regionales para la liquidación de pagos, compensación y prevención de fraudes. Sin embargo, mientras que los bancos están conectados a la plataforma de interoperabilidad regional, las instituciones de microfinanzas y las tesorerías públicas aún no lo están. Además, el país no cuenta con un buró de crédito nacional ni un registro de garantías colaterales, lo que limita el acceso al crédito y la expansión de servicios financieros. Los desafíos para avanzar en la inclusión financiera y el desarrollo de servicios financieros digitales son numerosos. Entre ellos se encuentran el bajo acceso a infraestructura digital y conectividad, la falta de una estrategia nacional de inclusión financiera, programas limitados de educación financiera, deficiencias en la protección al consumidor financiero y en el marco regulatorio de ciberseguridad, y dificultades para recopilar y analizar datos desagregados por género. Además, el acceso limitado al canal USSD en áreas remotas restringe la oferta de servicios digitales. Se recomienda desarrollar una estrategia nacional de inclusión financiera que incluya una encuesta sobre la demanda de servicios financieros, una estrategia de educación financiera, la recopilación de datos clave y desagregados por sexo, y una hoja de ruta para la digitalización de pagos gubernamentales. Adicionalmente, debe considerarse el mejoramiento de la infraestructura digital y logística, facilitar el acceso a financiación, fortalecer la regulación adaptada a las empresas digitales y promover la adopción de tecnologías digitales como parte de la diversificación económica del país.

    En cuanto a la digitalización de los pagos gubernamentales y la protección del consumidor financiero, el país carece de una estrategia integral para digitalizar los pagos gubernamentales, y la mayoría de las agencias pagan pensiones y salarios manualmente. No se han adoptado iniciativas específicas para ofrecer programas de protección social mediante pagos digitales, aunque existe potencial para aprovechar las lecciones de un programa de transferencia de efectivo implementado en 2021. A nivel regulatorio, se prohibieron las transacciones relacionadas con criptomonedas y se aprobó un reglamento regional sobre protección de consumidores financieros, aunque la capacidad institucional para aplicarlo es limitada. Guinea Ecuatorial forma parte de un sistema regional de pagos regulado por el Banco de los Estados de África Central, y existen plataformas regionales para la liquidación de pagos, compensación y prevención de fraudes. Sin embargo, mientras que los bancos están conectados a la plataforma de interoperabilidad regional, las instituciones de microfinanzas y las tesorerías públicas aún no lo están. Además, el país no cuenta con un buró de crédito nacional ni un registro de garantías colaterales, lo que limita el acceso al crédito y la expansión de servicios financieros. Los desafíos para avanzar en la inclusión financiera y el desarrollo de servicios financieros digitales son numerosos. Entre ellos se encuentran el bajo acceso a infraestructura digital y conectividad, la falta de una estrategia nacional de inclusión financiera, programas limitados de educación financiera, deficiencias en la protección al consumidor financiero y en el marco regulatorio de ciberseguridad, y dificultades para recopilar y analizar datos desagregados por género. Además, el acceso limitado al canal USSD en áreas remotas restringe la oferta de servicios digitales. Se recomienda desarrollar una estrategia nacional de inclusión financiera que incluya una encuesta sobre la demanda de servicios financieros, una estrategia de educación financiera, la recopilación de datos clave y desagregados por sexo, y una hoja de ruta para la digitalización de pagos gubernamentales. Asimismo, se debe mejorar la infraestructura digital y logística, facilitar el acceso a financiación, fortalecer la regulación adaptada a las empresas digitales y promover la adopción de tecnologías digitales como parte de la diversificación económica del país.

    El estado actual de los servicios financieros digitales y el sector financiero en Guinea Ecuatorial presenta un panorama mixto, con algunos avances, pero también con significativas áreas de mejora. Los bancos en el país ofrecen servicios básicos como tarjetas de débito y crédito, cajeros automáticos y banca por internet y móvil. Sin embargo, aún no se han implementado servicios más avanzados como créditos digitales, e-KYC (apertura remota de cuentas) o seguros digitales. A pesar de que la cobertura de sucursales bancarias y cajeros automáticos ha aumentado, esta expansión se ha concentrado principalmente en áreas urbanas, dejando desatendidas a las zonas rurales. El sector financiero es pequeño y está dominado por unos pocos bancos comerciales, algunos de ellos de propiedad estatal. El sector de microfinanzas es incipiente, con solo dos instituciones pequeñas operando en este ámbito. Guinea Ecuatorial carece de una estrategia nacional de inclusión financiera, aunque participa en el desarrollo de una estrategia regional de la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria de África Central), que se enfoca en cuatro pilares: educación financiera, innovación y servicios digitales, un marco regulatorio adecuado, y la oferta accesible de servicios financieros. Asimismo, el país carece de una visión estratégica general para el desarrollo del sector financiero, lo que limita su crecimiento y evolución. La digitalización de los pagos gubernamentales y la protección del consumidor financiero en Guinea Ecuatorial también enfrenta varios retos. Actualmente, el país no cuenta con una estrategia integral para la digitalización de los pagos gubernamentales, y la mayoría de las agencias aún realizan pagos de pensiones y salarios manualmente. Aunque no se han adoptado iniciativas específicas para ofrecer programas de protección social mediante pagos digitales, existe un potencial para aprovechar las lecciones de un programa de transferencia de efectivo implementado en 2021. En cuanto a la regulación, se ha adoptado una decisión que prohíbe a las instituciones financieras realizar transacciones relacionadas con criptomonedas. A nivel regional, se ha aprobado un reglamento sobre protección de consumidores financieros, pero Guinea Ecuatorial carece de la capacidad institucional para aplicarlo adecuadamente, y no hay datos públicos sobre quejas contra proveedores de servicios financieros. En términos de infraestructura financiera, el país forma parte de un sistema regional de pagos regulado por el Banco de los Estados de África Central, que incluye plataformas para la liquidación de pagos, compensación y prevención de fraudes. Aunque los bancos ecuatoguineanos están conectados a la plataforma de interoperabilidad regional, las instituciones de microfinanzas y las tesorerías públicas aún no lo están. Además, Guinea Ecuatorial no cuenta con un buró de crédito nacional ni con un registro de garantías colaterales, lo que limita la transparencia y la confianza en el sistema financiero.

    Guinea Ecuatorial ha emprendido varias iniciativas y programas para desarrollar competencias digitales, reconociendo la creciente demanda de estas habilidades en los sectores público y privado. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la academia IDENTIC, que se dedica a la formación en competencias digitales y ha lanzado la comunidad Chicas en Tecnología (CET). Este programa busca abordar la subrepresentación de las mujeres en el ámbito tecnológico, proporcionando capacitación, asesoramiento y motivación a niñas y mujeres jóvenes interesadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Sin embargo, el sector privado enfrenta una notable escasez de talento local con competencias digitales adecuadas, lo que obliga a algunas empresas a contratar trabajadores extranjeros o a capacitar internamente a su personal. Un ejemplo de esto es el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, que creó la escuela de negocios BANGE para formar a sus empleados en estas áreas críticas. En el sector público, la falta de competencias digitales es un cuello de botella significativo, dado que muchos empleados carecen incluso de habilidades digitales básicas. Instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Centro Nacional Para la Informatización de la Administración Pública (CNIAPGE) son los principales responsables de la formación digital en el sector público, pero enfrentan desafíos como la falta de compatibilidad entre sistemas y la escasez de competencias digitales. No obstante, existen oportunidades para aprovechar, como la aspiración de CNIAPGE de liderar la expansión de los servicios gubernamentales digitales, lo cual podría transformar significativamente la eficiencia y la eficacia del sector público. Para mejorar las competencias digitales en Guinea Ecuatorial, se proponen una serie de recomendaciones estratégicas. En primer lugar, es esencial desarrollar una política nacional sobre tecnologías de la información y la comunicación en educación, que incluya una visión clara y estrategias de tecnología educativa alineadas con las prioridades nacionales. Del mismo modo, se recomienda realizar una evaluación de las brechas de competencias digitales y aprobar un marco basado en documentos como DigiComp 2.0 de la Comisión Europea. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, es clave recopilar y utilizar datos sobre competencias digitales, desarrollando instrumentos de evaluación y optimizando la recopilación de datos en encuestas de hogares. En el sector educativo, se debe garantizar que docentes y estudiantes tengan acceso a dispositivos y plataformas de enseñanza y aprendizaje, acompañados de recursos y software educativo adecuado. Además, se sugiere priorizar las competencias fundamentales como la alfabetización, aritmética y habilidades socioemocionales, implementando programas basados en ciencias del aprendizaje y pedagogía estructurada, con una perspectiva de género para reducir la discriminación. Estas recomendaciones no solo buscan cerrar la brecha de competencias digitales en el país, sino también posicionar a Guinea Ecuatorial en una trayectoria de crecimiento económico y desarrollo sostenible, aprovechando plenamente el potencial de la economía digital.

     

    En general, se destaca la importancia de fortalecer las competencias digitales en toda la sociedad mediante programas de educación y capacitación, aunque las instituciones de educación superior y formación técnico-profesional tienen una capacidad limitada para ofrecer programas que contribuyan a la diversificación económica, lo que resulta en una escasez de mano de obra cualificada. El documento también aborda aspectos específicos del sector de telecomunicaciones, como las medidas regulatorias para reducir el costo de los datos móviles y los esfuerzos para mejorar la ciberseguridad y la infraestructura de almacenamiento de datos. En resumen, el análisis presenta una hoja de ruta detallada para que Guinea Ecuatorial aproveche las tecnologías digitales para el crecimiento económico, la mejora en la prestación de servicios y el desarrollo inclusivo, proponiendo soluciones para superar las limitaciones actuales y fortalecer la economía digital del país.

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  • The telco AI opportunity

    The telco AI opportunity

    En el contexto de la industria de las telecomunicaciones, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta clave para la innovación y la eficiencia operativa. Empresas como Rakuten Mobile y Rakuten Symphony están liderando el camino al reconocer el valor estratégico de la IA en sus operaciones. Sin embargo, este avance no está exento de desafíos significativos que deben abordarse para maximizar sus beneficios. Una de las principales oportunidades que ofrece la IA en este sector es la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa. Rakuten Group ha establecido un lago de datos unificado, reconociendo así el valor de los datos como un activo invaluable. No obstante, el costo asociado con el entrenamiento de modelos de IA, la utilización de recursos en la nube y la identificación de casos de uso adecuados a menudo se pasa por alto. Se debe evaluar si la IA es realmente necesaria o si soluciones más simples, como motores de flujo de trabajo, podrían ser suficientes. El proceso de automatización, incluyendo soluciones de IA, implica analizar datos, identificar causas raíz y tomar decisiones o acciones. El análisis de causas raíz se destaca como el paso más desafiante, que requiere el entrenamiento y ajuste fino de modelos de IA. Además, se menciona el uso de grandes modelos de lenguaje (LLMs) para aplicaciones de IA en telecomunicaciones y la importancia de un enfoque impulsado por el negocio y el retorno de inversión (ROI) para investigar y adoptar nuevas tecnologías como la IA. La fidelidad de los datos, es decir, la calidad y confiabilidad de estos, se destaca como decisivo para automatizar procesos de red previamente manuales. Siendo así, la IA ofrece oportunidades para transformar las operaciones en la industria de las telecomunicaciones, pero es fundamental abordar los desafíos asociados, desde la disponibilidad de datos hasta los costos y la eficiencia. Las empresas como Rakuten están liderando este camino, pero el éxito dependerá de una evaluación cuidadosa y un enfoque estratégico para la implementación de soluciones de IA. 

    La implementación efectiva de la IA en la industria de las telecomunicaciones depende en gran medida de la calidad de los datos. Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a desafíos como los silos de datos, la subutilización de los datos disponibles y la necesidad de compartir datos y ser más abiertos en este aspecto. Es clave comprender que la IA de nivel empresarial requiere fuentes de datos confiables y la capacidad de aplicarla de manera específica y única basada en el origen de los datos. Históricamente, los operadores han subutilizado sus datos, lo que lleva a un «ciclo vicioso» de malos datos, implementación insuficiente de IA y menos enfoque en generar datos de calidad. La calidad de los datos influye directamente en la calidad de los resultados habilitados por la IA, lo que subraya el principio de «basura entra, basura sale». La apertura y el intercambio de datos dentro del ecosistema de las telecomunicaciones pueden habilitar aplicaciones interesantes y valiosas de la IA. Mejorar la calidad de los datos y la implementación de la IA puede llevar a productos mejores y experiencias de cliente mejoradas, proporcionando una ventaja competitiva. Empresas como Deutsche Telekom reconocen la importancia de la IA para ofrecer el mejor servicio posible a los clientes. Se resalta el papel crítico de la calidad de los datos y el intercambio de datos para desbloquear todo el potencial de la IA para los operadores de telecomunicaciones, permitiendo mejorar las operaciones de red, experiencias personalizadas para los clientes y diferenciación competitiva. En un mismo sentido, el creciente papel de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria de las telecomunicaciones se refleja en áreas como las redes empresariales, la computación en el borde y las aplicaciones industriales. Destaca la formación de la Global Telco AI Alliance por parte de importantes empresas de telecomunicaciones como Deutsche Telekom, e& Group, Singtel, SK Telecom y SoftBank, con el objetivo de desarrollar modelos de lenguaje grandes (LLMs) específicos para las telecomunicaciones, como asistentes digitales y chatbots. Se menciona el ensayo de Nokia de un chatbot de IA industrial para su sistema MXIE, que utiliza el LLM MX Workmate diseñado para el cumplimiento de tecnología operativa (OT). Las empresas líderes presentadas en la feria industrial Hannover Messe están adoptando la IA generativa para aplicaciones industriales. VIAVI Solutions, una empresa enfocada en pruebas y medidas, está aprovechando la IA para probar sistemas de IA y desarrollar gemelos digitales para simular condiciones de red del mundo real para pruebas exhaustivas en diversos escenarios habilitados por la IA. Se destacan las transformaciones en la industria de las telecomunicaciones, incluida la transición a la nube nativa de 5G Standalone y la desagregación de hardware y software en la RAN, así como los desafíos y oportunidades introducidos por la integración de la IA en redes, servicios, nube y procesos de prueba. 

    En el ámbito de las redes 6G, VIAVI está trabajando en el uso de IA y Aprendizaje Automático (ML) para probar y optimizarlas. Ian Wong de VIAVI mencionó que la IA puede ayudar a encontrar patrones, anomalías y defectos durante las pruebas, lo que permite una mayor cobertura y mejora la eficiencia. VIAVI está colaborando con el Instituto para el Internet de las Cosas Inalámbricas de la Universidad Northeastern y el centro de investigación Open6G en un gemelo digital a escala de ciudad de una red 6G, incorporando modelado de propagación y canal de radiofrecuencia basado en IA, y probando receptores neuronales. Sameh Yamany, Director de Tecnología de VIAVI, afirmó que los operadores de telecomunicaciones están utilizando la IA para optimizar los recursos de red y borde, ofrecer servicios con alta demanda de IA y respaldar casos de uso innovadores. Él enfatizó que la tecnología de IA está permitiendo a los operadores de telecomunicaciones abordar desafíos complejos, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer servicios innovadores a los clientes. El reporte menciona a Tupl, una empresa fundada en 2014 que se enfoca en la optimización de redes habilitadas por IA. El enfoque de Tupl implica utilizar datos y análisis de ingenieros de red y alimentarlos en un motor de decisiones, co-creando modelos para tareas como monitoreo del desempeño de la red, resolución de problemas y optimización de clústeres. Tupl, mediante sus soluciones de automatización, ofrece una respuesta clave para los operadores de telecomunicaciones al abordar problemas y optimizar procesos. Petri Hautakangas, CEO de Tupl, enfatizó la importancia de utilizar información impulsada por datos para tomar decisiones, en lugar de solo obtener información de análisis. Destacó el desafío de la creciente complejidad de las redes y la reducción de las fuerzas laborales, donde la automatización puede desempeñar un papel relevante en el trabajo de ingeniería. La solución Network Advisor de Tupl está diseñada para reducir tareas manuales y automatizar operaciones de red. Puede detectar problemas, identificar causas raíz y proporcionar información estandarizada al personal de campo para su resolución. Hautakangas reconoció que la transición de la automatización abierta a cerrada llevará tiempo pero señaló que no ha habido resistencia por parte de los ingenieros. Las soluciones de Tupl se adaptan a las necesidades específicas de los clientes, con un enfoque en un retorno de inversión claro y en abordar puntos de dolor. Los operadores dirigen sus inversiones en IA hacia áreas con beneficios medibles, como ahorro de costos y eficiencias en procesos. Más allá de las telecomunicaciones, Tupl también ofrece soluciones de automatización para industrias como agricultura, salud y servicios públicos, alineándose con los esfuerzos de las telecos para desarrollar negocios empresariales y nuevas fuentes de ingresos. Hautakangas enfatizó que la IA es un medio para un fin, siendo el valor real proveniente de tomar decisiones basadas en datos y automatizar procesos.

    La importancia de ser nativo de la nube y nativo de la IA para las empresas de telecomunicaciones, especialmente en el contexto de las redes 6G, es fundamental. Ser nativo de la nube es un requisito para ser nativo de la IA, lo cual es un aspecto decisivo de la visión para 6G. Se destaca que si una empresa de telecomunicaciones empezara desde cero hoy, el mejor enfoque sería tener la IA como núcleo. También se menciona la necesidad de modernización de tecnologías de red, la transición al núcleo 5G Standalone y actualizaciones a sistemas OSS/BSS para habilitar capacidades nativas de la nube y la IA. Además, se aborda el aumento de requisitos de computación para alimentar estas redes avanzadas y el papel de NVIDIA en proporcionar soluciones aceleradas por GPU para prototipado rápido de sistemas complejos y abordar las crecientes demandas de computación en el panorama 6G. El reporte, a su vez, discute la visión y esfuerzos de NVIDIA para aprovechar la inteligencia artificial (IA) y mejorar 5G y allanar el camino para las redes 6G. Se destaca el trabajo de NVIDIA con operadores como SoftBank para incorporar IA en la infraestructura 5G nativa de la nube, permitiendo la provisión automatizada y definida por software de recursos de red según los requisitos de uso. Este enfoque permite una utilización eficiente de recursos, ejecutando la red de acceso de radio (RAN) a capacidades más bajas mientras se dedican recursos de computación restantes a servicios de IA. Ronnie Vasishta, vicepresidente Sénior de Telecomunicaciones de NVIDIA, enfatiza la escalabilidad y flexibilidad de esta arquitectura multiusos en comparación con las redes de telecomunicaciones tradicionales de un solo propósito. El texto también menciona la plataforma 6G Research Cloud de NVIDIA, que incluye herramientas como el simulador de red Aerial Omniverse Digital Twin 6G, un stack de RAN definido por software y el marco neural de radio Sionna para programación de red en tiempo real. Mirando hacia el futuro, el texto sugiere que la transición de 5G a 6G requerirá un salto significativo en la eficiencia espectral inalámbrica y las comunicaciones por radio, lo cual puede facilitarse mediante la IA distribuida y conectada en el borde y la tecnología de gemelos digitales. La visión última es que 5G se ejecute como una carga de trabajo definida por software en una «fábrica de IA», permitiendo la eficiencia espectral impulsada por IA y ofertas de IA como servicio.

     

    En general, la integración de la IA en la industria de las telecomunicaciones es un avance estratégico fundamental, destacado por empresas líderes como Rakuten Mobile y Rakuten Symphony. Aunque este avance promete eficiencia y capacidades innovadoras, se enfrenta a desafíos significativos, como el costo asociado con el entrenamiento de modelos de IA y la identificación de casos de uso adecuados. La calidad de los datos emerge como un factor crítico para el éxito de la IA en este sector, donde Rakuten Group ha establecido un lago de datos unificado como reconocimiento de su valor estratégico. Además, la transición hacia ser nativo de la nube y nativo de la IA se presenta como esencial para enfrentar los desafíos y oportunidades de las redes 6G, con empresas como NVIDIA liderando este camino con soluciones aceleradas por GPU y una visión clara hacia el futuro de las redes y servicios impulsados por la IA. La colaboración entre actores clave, el enfoque en el retorno de inversión (ROI) y la comprensión de la importancia de la calidad de los datos y la automatización de procesos destacan el camino hacia una transformación efectiva y estratégica en la industria de las telecomunicaciones.

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  • Advancing Cloud and Data Infrastructure Markets

    Advancing Cloud and Data Infrastructure Markets

    La evolución de la computación en la nube y las infraestructuras de datos ha marcado un hito significativo en el panorama tecnológico global, siendo piezas clave para el desarrollo económico y social, especialmente en regiones con economías emergentes o en vías de desarrollo. Este informe proporciona una visión exhaustiva de estos mercados, subrayando su trascendencia para la transformación digital, la innovación empresarial y el crecimiento económico sostenible. En primer lugar, se aborda la esencia misma de la computación en la nube, desglosando los diferentes modelos de servicios (IaaS, PaaS, SaaS) y los modelos de implementación (público, privado, híbrido, comunitario), destacando la flexibilidad, escalabilidad y eficiencia que ofrecen estos paradigmas tecnológicos. Si bien se resaltan los beneficios palpables como los ahorros de costos y la capacidad de adaptación a demandas variables, se señalan también los desafíos inherentes, como las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos, la dependencia de proveedores y las exigencias de conectividad a internet que estas tecnologías requieren. La expansión de la computación en la nube se impulsa por el motor de los datos, que ocupan un lugar central en la estrategia digital de las organizaciones y los gobiernos. En este sentido, se analiza la dinámica de los mercados de infraestructuras de nube y datos, donde gigantes de la tecnología como Amazon, Microsoft y Google dominan el panorama con sus servicios hyperscale, mientras que tecnologías emergentes como la computación en el borde y las redes 5G ganan protagonismo. Se identifican tendencias clave, como el auge de aplicaciones nativas en la nube, la adopción de contenedorización y la tendencia hacia una computación sin servidor, así como la creciente estrategia de múltiples nubes y nubes híbridas. El documento enfatiza la importancia estratégica de estas tecnologías para países en desarrollo, subrayando la necesidad de crear entornos habilitadores que fomenten la adopción de la nube y la inversión en infraestructuras de datos. Se plantean recomendaciones concretas para los gobiernos, como el desarrollo de estrategias nacionales de nube, la promoción de inversiones en infraestructura de datos, el impulso al desarrollo de habilidades en la nube y la resolución de desafíos regulatorios relacionados con la gobernanza de datos, la ciberseguridad y los flujos de datos transfronterizos. Esta estrategia integral busca no solo impulsar la adopción tecnológica, sino también catalizar la innovación empresarial, el crecimiento económico inclusivo y la transformación digital a nivel nacional y regional.

    La computación en la nube es un modelo que permite el acceso bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables a través de internet. Este paradigma transforma la infraestructura de TI tradicional en un recurso basado en servicios, escalable y bajo demanda, gestionado por proveedores de servicios. IaaS proporciona recursos informáticos virtualizados como hardware, redes y almacenamiento. PaaS ofrece una plataforma para desarrollar y desplegar aplicaciones sin gestionar la infraestructura subyacente. SaaS proporciona acceso a aplicaciones de software a través de internet. La computación en la nube ofrece beneficios como eficiencia en costos, flexibilidad, desempeño mejorado, confiabilidad y sostenibilidad mejorada. Sin embargo, también introduce riesgos relacionados con la seguridad de datos, cumplimiento normativo, dependencia de proveedores y costos ocultos. Las organizaciones pueden elegir entre diferentes modelos de implementación: nube privada (dedicada a una sola organización), nube comunitaria (compartida entre organizaciones con intereses comunes), nube pública (propiedad de proveedores de terceros y accedida a través de internet) y nube híbrida (una combinación de nubes públicas y privadas). La elección del modelo de implementación y del proveedor de servicios puede ayudar a mitigar riesgos, como usar múltiples proveedores para evitar la dependencia de un solo proveedor y elegir proveedores con sólidas prácticas ambientales. Por otro lado, la discusión sobre los diferentes modelos de implementación de la nube, que abarcan desde nubes privadas hasta nubes multicloud, arroja luz sobre la diversidad de opciones y consideraciones que las organizaciones enfrentan al adoptar la computación en la nube. Las nubes privadas ofrecen infraestructura dedicada, mayor control y aislamiento de red, siendo adecuadas para organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de datos y normativas de cumplimiento. Las nubes comunitarias implican infraestructura de nube privada compartida accesible para organizaciones con intereses compartidos. Las nubes públicas son propiedad y operadas por proveedores de terceros, con recursos informáticos compartidos pagados bajo un modelo de pago por uso. Las nubes híbridas combinan infraestructuras locales, privadas y públicas de la nube. Las implementaciones multicloud utilizan recursos de múltiples proveedores de la nube. El documento destaca los beneficios de la computación en la nube, incluyendo la eficiencia en costos a través de tarifas de pago por uso, flexibilidad y escalabilidad, alto desempeño y confiabilidad, y la responsabilidad compartida en ciberseguridad con los proveedores de la nube. Sin embargo, también señala limitaciones como gastos imprevistos potenciales, capacidades de ciberseguridad y resiliencia variables entre los modelos, y la necesidad de un análisis de costos y beneficios exhaustivo antes de la migración. En resumen, las decisiones de migración a la nube deben considerar factores como casos de uso, cargas de trabajo, recursos requeridos, cumplimiento normativo y proveedores de servicios en la nube. Las organizaciones deben evaluar sus opciones y necesidades únicas antes de decidir sobre la migración y los modelos de implementación de la nube.

    La distribución global de los centros de datos y su crecimiento son aspectos a tener en cuenta en el panorama tecnológico actual. En Norteamérica, Canadá está ganando prominencia debido a sus sitios más grandes y opciones de energía asequibles. Por su parte, la región de Asia Oriental y el Pacífico se espera que experimente el crecimiento más rápido, con grandes inversiones de gigantes tecnológicos como Alibaba, Amazon, Google y Microsoft en países como Australia, China, India, Japón y partes del sudeste asiático. Europa, por su parte, cuenta con un mercado de centros de datos diverso concentrado en Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido, donde se enfocan en operaciones sostenibles y cumplimiento de regulaciones de soberanía de datos. Además, los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia están emergiendo como destinos atractivos debido a sus fuentes de energía renovable y clima favorable. En África subsahariana, el mercado de centros de datos está en sus etapas iniciales, pero muestra un potencial de crecimiento, con centros clave en Kenia, Nigeria y Sudáfrica, que están abordando desafíos de infraestructura e implementando políticas favorables. Por otro lado, en Oriente Medio y el Norte de África, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran en el desarrollo de centros de datos, ofreciendo incentivos a través de zonas económicas especiales, mientras que Egipto y Marruecos son mercados emergentes en la región. En América Latina y el Caribe, Brasil, Chile, Colombia y México son actores clave, con gobiernos que promueven la industria a través de marcos regulatorios e incentivos. En otra instancia, el crecimiento de los centros de datos ha llevado a una mayor demanda de energía y requisitos de conectividad, lo que representa desafíos y oportunidades. Los centros de datos consumen una cantidad significativa y creciente de electricidad a nivel global, ejerciendo presión sobre las redes eléctricas, especialmente en países más pequeños con mercados de centros de datos en expansión. Para abordar esto, los principales proveedores de nube están invirtiendo en fuentes de energía renovable y métodos de enfriamiento innovadores para mejorar la eficiencia energética. La oferta confiable y adecuada de energía es decisiva para atraer inversiones en centros de datos, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Además, la conectividad digital robusta, incluyendo cables de fibra óptica, cables submarinos y redes inalámbricas, es esencial para permitir la transferencia eficiente de datos y el acceso a servicios en la nube. Los principales proveedores de nube están invirtiendo fuertemente en conectividad internacional, como cables submarinos, para satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda y expandir sus servicios a nuevas ubicaciones. Sin embargo, la disponibilidad de infraestructura digital es desigual a nivel global, lo que dificulta el desarrollo del mercado de la nube, especialmente en economías de ingresos bajos y medianos. Por tanto, el entorno empresarial, que incluye la estabilidad política, la consistencia regulatoria, los incentivos fiscales y las leyes de protección de datos, juega un papel en la atracción de inversiones en centros de datos. Un clima político estable, políticas fiscales favorables y regulaciones sólidas de protección de datos son factores clave que los proveedores de nube consideran al decidir dónde establecer centros de datos.

    El panorama de la computación en la nube ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, especialmente en lo que respecta a las estrategias gubernamentales y las regulaciones que rodean esta tecnología. La promoción de la adopción de la nube y el intercambio de datos por parte de los gobiernos ha adquirido una relevancia en el contexto actual. Esto se refleja en la importancia de los marcos de clasificación de datos, que garantizan el manejo adecuado de la información sensible. Un enfoque comúnmente adoptado es la clasificación en tres categorías: impacto mínimo, impacto moderado e impacto alto. Además, los gobiernos deben considerar cuidadosamente los modelos de implementación de la nube (pública, privada, híbrida o multicloud) que mejor se adapten a sus necesidades. Muchos han optado por establecer nubes privadas o comunitarias, conocidas como nubes gubernamentales, para cumplir con requisitos específicos de seguridad y gobernanza, al mismo tiempo que utilizan servicios de nube pública. Ejemplos como G-cloud en Singapur, la nube privada del gobierno en Sudáfrica y la iniciativa Uzbekistan Cloud destacan estas tendencias. A medida que las estrategias de nube evolucionan, también lo hacen las prácticas de migración y gestión en la esfera pública. Por ejemplo, Rumania ha delineado un enfoque metódico para identificar y priorizar las aplicaciones y servicios del sector público que migrarán a la nube como parte de su plan de recuperación nacional. Este enfoque se divide en varias etapas que abarcan desde la identificación de sistemas elegibles hasta la planificación y ejecución de la migración en una nube gubernamental privada. Además, se destacan iniciativas similares en India y otros países que apuntan a fomentar la adopción de la nube entre las empresas y mejorar las habilidades digitales de la fuerza laboral para impulsar la digitalización nacional. En este contexto, la regulación desempeña un papel de gran relevancia en la configuración del mercado de la nube y la infraestructura de datos. Los marcos regulatorios claros y favorables pueden facilitar el crecimiento de estos mercados, pero también presentan desafíos como la soberanía de datos y la seguridad cibernética. Los gobiernos están tomando medidas para abordar estas cuestiones a través de estrategias específicas de nube, capacitación del personal del sector público y migración de sistemas gubernamentales. Sin embargo, el panorama global de la computación en la nube plantea desafíos jurisdiccionales y de conflicto de leyes que requieren un equilibrio entre la soberanía de datos y la fluidez en las transferencias transfronterizas de datos. Además, la seguridad de los datos, la privacidad y el uso ético de la información son consideraciones críticas que deben tenerse en cuenta en cualquier marco regulatorio. Siendo así, el impulso gubernamental hacia la adopción de la nube es fundamental para la transformación digital y la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, se requiere una gobernanza sólida y un enfoque equilibrado en las regulaciones para garantizar que se maximicen los beneficios de la nube mientras se protegen los derechos de los datos y se asegura la seguridad cibernética.

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  • Hacia una mayor inclusión financiera para el desarrollo: Informe económico sobre Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana

    Hacia una mayor inclusión financiera para el desarrollo: Informe económico sobre Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana

    El documento examina el entorno económico y la inclusión financiera en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPARD). La región ha experimentado un crecimiento superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, además del consumo privado respaldado por remesas. Sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró en 2023 debido a la menor dinámica exportadora, la desaceleración global y condiciones financieras internacionales más ajustadas. Aunque la inflación se moderó en 2023 después de alcanzar niveles históricos en 2022, sigue por encima de los promedios históricos en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque el crédito bancario al sector privado ha crecido en la última década, existen oportunidades para profundizar la inclusión financiera, como lo indican indicadores como márgenes de interés altos, retornos sobre el capital, concentración y costos operativos relativos al ingreso en varios sistemas bancarios. Se identifican políticas que podrían avanzar en la inclusión financiera, como tener una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), niveles educativos y baja concentración de mercado. Las tecnologías financieras digitales también permiten un mayor acceso a servicios financieros. El informe sugiere fortalecer el diseño e implementación de ENIF, mejorar la educación financiera desde temprana edad y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, como promover las fintech, ampliar la cobertura de burós de crédito, mejorar los registros de garantías, reducir barreras de entrada y fomentar la competencia. También se discuten políticas para promover plataformas digitales y dinero móvil, que podrían contribuir a la inclusión financiera al abordar la distancia y costos de cuenta. Varios países han desarrollado plataformas de pagos electrónicos minoristas gestionadas por bancos centrales y accesibles para empresas fintech no bancarias. Las transferencias sociales a través de medios digitales y centros público-privados para discutir la introducción de nuevas tecnologías en el sector financiero también han sido promovidas. De igual forma, el informe destaca operaciones seleccionadas mediante las cuales el Grupo BID ha apoyado la inclusión financiera en CAPARD, trabajando con el sector público, privado y respaldando innovaciones empresariales en etapas iniciales.

    El análisis detallado del sector bancario en los países de la región CAPARD revela una serie de características y desafíos que impactan directamente en la dinámica económica y financiera de la región. En términos generales, el crédito juega un papel fundamental en la estructura de activos bancarios, representando en promedio el 58% de estos activos. Sin embargo, esta cifra varía considerablemente entre países, con algunos mostrando una alta participación en títulos públicos o disponibilidades líquidas. Esta diversificación en la composición de activos refleja la adaptabilidad de los bancos a las condiciones económicas y financieras de cada país, así como su capacidad para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de inversión. Una tendencia notable en el sector bancario de CAPARD es el aumento significativo de la inversión en deuda soberana en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esta estrategia refleja la búsqueda de seguridad y estabilidad por parte de los bancos en un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Aunque esta inversión puede proporcionar cierta protección contra riesgos crediticios, también plantea desafíos en términos de rentabilidad y diversificación de cartera, especialmente en un entorno de tasas de interés bajas o negativas. En lo que respecta a la distribución de crédito, se observa que el crédito a empresas representa aproximadamente la mitad de la cartera de crédito total, lo que subraya la importancia del sector empresarial en la economía de la región. Este segmento incluye empresas de diversos tamaños y sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones, cada una con necesidades financieras específicas que requieren soluciones adaptadas por parte de las entidades financieras. Por otro lado, el crédito a la vivienda muestra una heterogeneidad significativa entre países, con porcentajes que oscilan entre el 6% y el 44% de la cartera de crédito total. Esta variabilidad refleja las diferencias en los mercados inmobiliarios y las políticas gubernamentales relacionadas con la vivienda en cada país, así como las preferencias y capacidades financieras de los hogares para acceder a préstamos hipotecarios. Uno de los aspectos más destacados del sector bancario en CAPARD es la diferencia en los márgenes de interés en comparación con el resto de América Latina y el Caribe (ALC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos márgenes más amplios se traducen en un margen neto de intereses también más alto, lo que sugiere una mayor rentabilidad para los bancos en la región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el retorno sobre el capital (ROE) no siempre es superior al promedio de ALC debido a otros costos operativos que pueden contrarrestar las ganancias por intereses. Esta situación subraya la importancia de mejorar la eficiencia operativa de los bancos en CAPARD para maximizar la rentabilidad y ofrecer servicios financieros competitivos y sostenibles. Un aspecto crítico que afecta tanto al sector bancario como a la economía en general es la inclusión financiera, tanto de empresas como de hogares. En este sentido, se observan desafíos significativos, como el acceso limitado al crédito para pequeñas empresas y hogares de menores ingresos. Este acceso restringido puede limitar el potencial de crecimiento económico y la capacidad de los sectores más vulnerables de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. En definitiva, el sector bancario en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana enfrenta una serie de desafíos y oportunidades que requieren políticas y estrategias específicas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La mejora de la eficiencia operativa, el fomento de la competencia, la adopción de tecnologías financieras innovadoras y el fortalecimiento de la educación financiera son elementos clave para avanzar hacia una mayor inclusión financiera y un sector bancario más resiliente y orientado al desarrollo económico y social de la región.

    El análisis sobre los niveles de educación financiera en varios países de América Central y el Caribe, comparándolos con el promedio del G20, revela una serie de hallazgos importantes. Por ejemplo, se observa que el conocimiento sobre el cálculo de intereses simples y compuestos en préstamos es limitado, con muchos encuestados sin poder responder correctamente a preguntas relacionadas. Asimismo, el entendimiento sobre la relación entre riesgo y retorno, así como la diversificación, está ligeramente por debajo del promedio del G20. Sin embargo, existe un buen entendimiento sobre la inflación, posiblemente debido a las altas tasas de inflación durante el período de la encuesta. En términos generales, la educación financiera, medida por el porcentaje de personas que respondieron correctamente 5 o más preguntas, varía desde un 31% en Guatemala hasta un 46% en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, pero aún por debajo del promedio del G20. También se identifica una brecha de género, donde los hombres superan a las mujeres, aunque esta brecha es menor que el promedio del G20 en la mayoría de los países. En cuanto a las implicaciones políticas, se destaca que la educación financiera en las escuelas puede mejorar el comportamiento crediticio y la acumulación de activos en la vida adulta, lo que respalda la incorporación de la educación financiera en los currículos escolares como una medida estratégica. En otro análisis, se profundiza en los factores que determinan las tasas de interés en el sector financiero de la región CAPARD. Estos factores incluyen los altos costos administrativos en comparación con estándares internacionales, la concentración del mercado que sugiere menor competencia y posibles extracciones de rentas, la pérdida esperada de la cartera crediticia debido a la probabilidad de impago y la exposición al riesgo, y el margen de rentabilidad, que tiende a ser mayor en mercados menos maduros y con menos competencia como CAPARD. En este contexto, se enfatiza la importancia de promover la competencia y la entrada de nuevos participantes en el sector financiero para mejorar la eficiencia y reducir las tasas de interés. Otro aspecto analizado es la inclusión financiera en CAPARD y las barreras que limitan la competencia. Se mencionan los altos márgenes de intermediación y los costos de cambio para los clientes al cambiar de proveedor, y se proponen medidas como reducir la tasa de encaje, adelgazar costos administrativos bancarios y fomentar la portabilidad entre bancos. Además, se resalta el papel de las tecnologías financieras digitales (Fintech) para impulsar la inclusión financiera al reducir costos y facilitar el acceso a servicios financieros, aunque se advierte sobre la necesidad de regular adecuadamente estos nuevos servicios para mitigar riesgos. Del mismo modo, se aborda el auge de las tecnologías financieras digitales en la región CAPARD, como los pagos digitales, los bancos digitales y el dinero móvil, que han experimentado un aumento significativo durante la pandemia de COVID-19. Estos avances tecnológicos ofrecen oportunidades para diversificar los servicios financieros y mejorar la inclusión financiera, pero también plantean desafíos regulatorios y de seguridad que deben abordarse de manera efectiva para garantizar un desarrollo sostenible del sector financiero en la región.

    Las recomendaciones de política para promover la inclusión financiera en la región de CAPARD son fundamentales para impulsar el acceso equitativo a servicios financieros mediante tecnologías digitales. En este sentido, la identificación adecuada de usuarios y una conectividad digital sólida son pilares clave para garantizar la efectividad de las iniciativas. Además, el desarrollo de plataformas de pagos electrónicos por parte de los bancos centrales y el fomento del uso de medios de pago digitales para transferencias gubernamentales son estrategias efectivas para ampliar la participación en el sistema financiero. La educación financiera enfocada en tecnologías digitales y los marcos regulatorios que incentiven el uso de plataformas digitales y dinero móvil son elementos complementarios que fortalecen la inclusión financiera de manera integral. En este contexto, herramientas regulatorias como los centros de innovación financiera y los areneros regulatorios (sandboxes) desempeñan un rol al facilitar un entorno propicio para la innovación mientras se garantiza la estabilidad del sistema financiero. Ejemplos concretos de iniciativas exitosas en la región, como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) en Costa Rica y el Sistema de Pagos Masivos (Transfer365) en El Salvador, demuestran el impacto positivo de estas políticas en la inclusión financiera. En otro sentido, la discusión sobre herramientas y medidas regulatorias aborda la necesidad de un enfoque integral para promover la inclusión financiera y la adopción de servicios financieros digitales en regiones como CAPARD. La alineación de los requisitos KYC (Conozca a su cliente) para el cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), la regulación de sistemas de pago y medios digitales, y la promoción del uso de pagos electrónicos son acciones esenciales para crear un entorno propicio para la inclusión financiera. Del mismo modo, la regulación de criptomonedas y activos digitales, junto con permitir que entidades no bancarias ofrezcan servicios financieros con requisitos prudenciales adecuados, son medidas que contribuyen a ampliar el acceso a servicios financieros seguros y eficientes. Es fundamental garantizar la protección del consumidor, la privacidad de datos y los estándares de ciberseguridad, al tiempo que se fomenta la competencia y la interoperabilidad en los servicios financieros digitales. Siendo así, se destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la regulación adecuada para mitigar riesgos y proteger a los consumidores en la era digital.

     

    En definitiva, aunque la región ha experimentado un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, así como el consumo privado respaldado por remesas, se enfrenta a desafíos como la desaceleración del crecimiento en 2023 debido a factores como la menor dinámica exportadora y condiciones financieras internacionales más ajustadas. A pesar de la moderación de la inflación en 2023, que había alcanzado niveles históricos en 2022, sigue siendo alta en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque ha habido avances en la inclusión financiera, con un crecimiento del crédito bancario al sector privado en la última década, aún existen oportunidades para profundizarla, especialmente en términos de márgenes de interés altos, rentabilidad sobre el capital, concentración y costos operativos. Se identifican políticas potenciales para avanzar en la inclusión financiera, como una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), mejor educación financiera, y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, incluyendo promover las fintech y ampliar la cobertura de burós de crédito. Además, se destacan las tecnologías financieras digitales como facilitadoras de un mayor acceso a servicios financieros, junto con iniciativas como plataformas de pagos electrónicos minoristas y transferencias sociales digitales. Estos hallazgos y recomendaciones subrayan la importancia de políticas integrales para promover la inclusión financiera y fortalecer el sector bancario en CAPARD, impulsando así un crecimiento económico inclusivo y sostenible en la región.

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  • Nature Positive: Guidelines for the Transition in Cities

    Nature Positive: Guidelines for the Transition in Cities

    El informe ofrece directrices para que las ciudades transiten hacia ser «positivas para la naturaleza,» es decir, que dejen la naturaleza en un mejor estado del que encontraron. Destaca la importancia de que las ciudades tomen acción en favor de la naturaleza, dado que los centros urbanos impulsan una parte significativa de la economía global, pero han impactado negativamente los ecosistemas naturales. Las ciudades deben comprometerse a actuar en beneficio de la naturaleza tanto dentro como fuera de sus límites. Para ello, es esencial desarrollar una estrategia formal para la naturaleza con objetivos claros y metas basadas en la ciencia, adaptadas a su contexto local. Esta estrategia debe delinear la visión de la ciudad en cuanto al cuidado de la naturaleza, establecer objetivos y metas coherentes informados por una evaluación de la biodiversidad, e incluir un plan de mejora que cree un entorno propicio mediante la gobernanza, políticas, financiamiento, datos, participación de interesados y capacidades. Además, debe listar acciones específicas positivas para la naturaleza, como medidas políticas y soluciones basadas en la naturaleza. Las ciudades deben implementar estas acciones, monitorear su progreso y reportar su impacto. El informe tiene como objetivo proporcionar claridad sobre la agenda global de biodiversidad y apoyar a los gobiernos locales y empresas en comprender su rol como agentes de cambio para ser positivos para la naturaleza para 2030 y más allá, según lo establecido por el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La adopción de este nuevo marco global de biodiversidad busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030, requiriendo acciones de gobiernos, empresas y ciudades. Aunque existen guías para que las ciudades establezcan objetivos climáticos, todavía se necesita una metodología unificada para definir y evaluar los impactos en la naturaleza y establecer objetivos a nivel urbano. Las ciudades, altamente dependientes de las contribuciones de la naturaleza como la calidad del aire y el agua y la resiliencia a eventos extremos, han impactado negativamente los ecosistemas naturales debido a la expansión urbana. Actualmente, solo el 37% de las principales ciudades tienen una estrategia de biodiversidad. A su vez, se introduce un marco que divide la naturaleza en los ámbitos de atmósfera, tierra, agua dulce, océano y biodiversidad para ayudar a identificar acciones urbanas que beneficien a la naturaleza. Aunque la naturaleza ofrece contribuciones invaluables, estas no se contabilizan adecuadamente en los sistemas económicos, perpetuando el daño a la naturaleza. Por tanto, las ciudades deben actuar en favor de la naturaleza, dado que sus fundamentos y atractivo dependen del acceso a las contribuciones de la naturaleza. Evaluar las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza es esencial para el bienestar, estabilidad financiera, prosperidad y resiliencia de las ciudades. El marco TNFD para empresas puede adaptarse a las ciudades para perseguir una transición positiva para la naturaleza mediante la evaluación y divulgación de las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

    El informe ofrece una visión integral de los habilitadores y componentes clave que las ciudades necesitan, se centra en cinco habilitadores principales: gobernanza, políticas, financiamiento, datos y análisis, y participación de las partes interesadas. Cada habilitador se desglosa en subcomponentes específicos. En cuanto a la gobernanza, es decisivo contar con estructuras adecuadas, procesos definidos y roles dedicados a supervisar los esfuerzos relacionados con la naturaleza. Las políticas deben incluir regulaciones, incentivos y requisitos que guíen y promuevan soluciones amigables con la naturaleza. El financiamiento implica asegurar fondos suficientes, establecer procesos de financiación y crear mecanismos para asociaciones público-privadas. Los datos y análisis se centran en la gestión de datos y en capacidades de análisis de riesgos e impactos para informar la toma de decisiones. La participación de las partes interesadas enfatiza las estrategias de comunicación, la participación comunitaria, el desarrollo del capital humano y el fomento de la investigación y la innovación. Además, se propone un modelo de madurez para cada subcomponente, que define lo que constituye un nivel «inicial y en desarrollo» frente a un nivel «avanzado y líder» de madurez. Se sugiere que las ciudades realicen una autoevaluación para identificar brechas y desafíos, y luego diseñen estrategias accionables para mejorar su entorno habilitador en estas áreas clave. Entre las acciones específicas que las ciudades pueden considerar como primeros pasos, se incluye el establecimiento de un marco de gobernanza con un mandato flexible y coordinado para supervisar, informar y promover iniciativas positivas para la naturaleza. Es esencial asegurar la colaboración y estandarizar procesos a través de acuerdos de nivel de servicio o memorandos de entendimiento. Otros principios clave incluyen un mandato claro de los líderes de la ciudad, la participación en redes de ciudades, un enfoque basado en datos, procesos estandarizados, la colaboración con entidades gubernamentales nacionales, y la transparencia y rendición de cuentas. En términos de políticas, es fundamental desarrollar hojas de ruta enfocadas en la naturaleza, colaborar con las autoridades locales en recursos compartidos, integrar principios positivos para la naturaleza en los códigos de construcción y las políticas de planificación urbana, abordar fallas de políticas en la contratación pública y aplicar medidas para apoyar la adopción de nuevas soluciones. Para el financiamiento, se pueden implementar mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, explorar fuentes de financiamiento existentes, utilizar la agregación de proyectos, habilitar mecanismos para expresar las preferencias del consumidor, considerar la contabilidad del capital natural, buscar fuentes de financiamiento innovadoras como los bonos verdes y la captura de valor del suelo, abordar las barreras de solvencia crediticia, y fomentar la inclusión de criterios ESG en los mecanismos de financiamiento. Este enfoque holístico no solo mejora la capacidad de las ciudades para gestionar sus impactos en la naturaleza, sino que también proporciona beneficios adicionales como eficiencias operativas, reducción de riesgos, aumento de inversiones, innovación, gobernanza más eficiente, atracción de talento y un espíritu comunitario mejorado. Los ejemplos y estudios de caso de diversas ciudades ilustran las acciones recomendadas, subrayando la importancia de un compromiso claro y sostenido con la naturaleza en todos los aspectos del desarrollo urbano.

     

    En el desarrollo de la transición de las ciudades hacia un enfoque positivo para la naturaleza, se reconoce el papel que desempeñan las ciudades en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Se enfatiza la importancia de que las ciudades establezcan objetivos basados en la ciencia y ejecuten acciones concretas para alcanzarlos. Además, se fomenta la colaboración entre ciudades, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones financieras para proporcionar soluciones innovadoras, experiencia y financiación. El informe visualiza a las ciudades como centros de cuidado de la naturaleza, donde humanos y naturaleza prosperan juntos, promoviendo un crecimiento inclusivo y una prosperidad compartida. Este documento marca el inicio de una serie de iniciativas que abogan por la regeneración de la naturaleza en las áreas urbanas y por las áreas urbanas, con el objetivo de ayudar a las ciudades a incorporar los valores de la naturaleza en sus decisiones económicas, proporcionando orientación sobre gobernanza, incentivos, regulaciones, participación de las partes interesadas, desarrollo de capacidades, soluciones y oportunidades de financiación para lograr ciudades más resilientes, prósperas y equitativas. Adicionalmente, el informe discute diversas iniciativas y marcos destinados a mapear, valorar y proteger el capital natural, incluyendo esfuerzos de instituciones académicas, gobiernos y organizaciones. Se menciona el Proyecto de Capital Natural de la Universidad de Stanford, que apoya a gobiernos en más de 80 países a través de sus modelos InVEST. No obstante, se señala que estos esfuerzos son relativamente recientes y que el progreso en la protección del capital natural aún está en sus primeras etapas. También se hace referencia a informes y recomendaciones de organizaciones como la TNFD, la Science Based Targets Network (SBTN) y el Foro Económico Mundial. El documento subraya la importancia de comprender y abordar los impactos de la urbanización, las aguas residuales y otras actividades humanas en los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, menciona diversas metas, marcos e iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo urbano sostenible, como la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), el Índice de Singapur sobre Biodiversidad en las Ciudades, los Índices de Naturaleza Urbana de la UICN, la Plataforma de Acción CitiesWithNature, los Límites del Sistema Terrestre, la Declaración de Edimburgo, el Acelerador de Naturaleza Urbana y las estrategias y planes implementados por ciudades como Copenhague, Singapur, Melbourne, Vancouver, Durban, Londres, Nueva York y París. En última instancia, el informe proporciona referencias y enlaces a diversos recursos y ejemplos relacionados con la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las ciudades. Incluye información sobre herramientas, informes e iniciativas de organizaciones como ICLEI, la Asociación de Ginebra y gobiernos locales en ciudades como Vancouver, Sídney, Lausanne-Morges y Auckland. Se abordan temas como estructuras organizativas, programas de entrega, gobernanza, planes operativos, planes climáticos, métricas de biodiversidad, ganancias netas de biodiversidad, bonos verdes, repositorios de datos, participación comunitaria, iniciativas de ciencia ciudadana y programas de desarrollo de capacidades. Estas referencias buscan proporcionar orientación práctica, estudios de caso y mejores prácticas para que las ciudades integren soluciones basadas en la naturaleza y promuevan una transición positiva para la naturaleza.  

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