Colombia enfrenta un panorama ambiental complejo en el que convergen metas ambiciosas de mitigación, desafíos de adaptación y presiones crecientes sobre sus ecosistemas. La capacidad institucional para monitorear y responder a los impactos del clima se ha fortalecido, con indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten evaluar avances. Además, las soluciones basadas en la naturaleza han generado sinergias con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación. Sin embargo, persisten limitaciones en la financiación de la adaptación, especialmente a nivel local, lo que dificulta escalar la implementación de medidas.

En materia de mitigación, el país se ha comprometido a reducir en 51% las emisiones netas de gases de efecto invernadero hacia 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. Para cumplir estas metas se requieren reducciones profundas en sectores como la deforestación, la agricultura y el transporte, donde las emisiones continúan aumentando. El marco institucional y normativo se ha fortalecido en la última década, pero la magnitud de los objetivos exige transformaciones estructurales. La calidad del aire constituye otro reto. Aunque las emisiones de partículas finas han disminuido, las emisiones totales de contaminantes crecieron entre 2015 y 2021. En áreas rurales, la contaminación en interiores sigue siendo un problema por el limitado acceso a tecnologías de cocina limpia. Se han endurecido los estándares de vehículos y combustibles, y se han tomado medidas frente a fuentes fijas, pero para cumplir con la meta de reducir a la mitad los impactos en salud hacia 2040 se requiere consolidar marcos regulatorios, financieros e institucionales más sólidos.

El acceso a agua potable y saneamiento muestra avances muy lentos. La cobertura de servicios seguros continúa rezagada respecto a otros países de la región, mientras que el tratamiento de aguas residuales es bajo y las pérdidas en el suministro público son significativas. La inversión en infraestructura ha disminuido desde 2012, lo que evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto, la coordinación institucional y la recuperación de costos, además de diversificar las fuentes de financiamiento. La gestión de residuos enfrenta presiones crecientes. La generación de desechos aumenta y casi la mitad termina en rellenos sanitarios, lo que limita las aspiraciones de economía circular. Aunque la tasa de reciclaje ha mejorado y se han implementado programas de responsabilidad extendida del productor y gravámenes a plásticos de un solo uso, la cobertura de recolección y separación sigue siendo insuficiente. El reconocimiento de los recicladores informales es un avance, pero se requiere mayor apoyo para integrarlos plenamente en el sistema.

En el ámbito fiscal, se han dado pasos hacia la “ecologización” de impuestos, incluyendo la introducción de un impuesto al carbono. No obstante, las tasas bajas, las exenciones y los subsidios a combustibles fósiles generan señales contradictorias. Se necesita una reforma integral que alinee los precios con los objetivos ambientales, fortalezca la tarificación del carbono y continúe eliminando subsidios nocivos. El sector financiero ha comenzado a integrar consideraciones climáticas, con iniciativas pioneras como la taxonomía verde y pruebas de estrés climático. Sin embargo, las inversiones en combustibles fósiles aún superan a las de energías limpias, lo que contrasta con las tendencias globales. La obligatoriedad en la divulgación y la mejora en los sistemas de monitoreo y verificación serían pasos decisivos para orientar capital hacia proyectos sostenibles.

La biodiversidad, que constituye una de las mayores riquezas del país, enfrenta presiones intensas. Aunque se ha avanzado en la reducción de la deforestación y en la implementación de planes de acción, más de dos tercios de los ecosistemas están amenazados. La agricultura explica gran parte de la pérdida de hábitat, lo que demanda integrar la conservación en las políticas sectoriales y eliminar incentivos dañinos. Programas como los pagos por servicios ecosistémicos han ampliado áreas bajo uso sostenible y movilizado recursos, pero requieren mayor estabilidad y monitoreo. En definitiva, Colombia ha consolidado un marco ambicioso para enfrentar el cambio climático y proteger su biodiversidad, pero la efectividad depende de superar limitaciones en financiamiento, coordinación y capacidad técnica. La transición hacia un modelo sostenible exige profundizar reformas fiscales, ampliar inversiones verdes y asegurar que la conservación se integre en todos los sectores productivos.

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https://www.oecd.org/en/publications/oecd-environmental-performance-reviews-colombia-2026_968398f7-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/01/oecd-environmental-performance-reviews-colombia-2026_ae5732e1/968398f7-en.pdf