El escenario político del Reino Unido en 2024 estuvo marcado por tensiones entre los compromisos ambientales previamente adquiridos y una narrativa emergente que cuestionaba el costo social y económico de continuar por la vía de la descarbonización. En ese contexto, la percepción pública respecto a las políticas climáticas jugó un rol determinante en el diseño y posicionamiento de las propuestas de los distintos partidos en campaña. Si bien algunas formaciones políticas intentaron ganar terreno electoral mediante la moderación o incluso el retroceso de sus compromisos con el objetivo de emisiones netas cero, los datos de opinión pública mostraron una realidad más matizada.
A pesar de la creciente preocupación por los precios de la energía y el impacto de la inflación, una mayoría considerable de ciudadanos expresó respaldo a medidas concretas en favor del medioambiente. La idea de que el cambio climático requiere acción gubernamental decidida recibió un amplio apoyo, así como la expansión de áreas protegidas y el aumento de impuestos extraordinarios a las ganancias de empresas de combustibles fósiles. Esto sugiere que, más allá de la politización del tema, existe una base social firme que respalda iniciativas ambientales, siempre que estén enmarcadas en una narrativa de justicia y beneficio colectivo.
Las diferencias en la valoración del problema climático se evidencian con mayor fuerza cuando se aborda el asunto desde un enfoque general o ideológico. El término «urgencia» parece polarizar, especialmente entre votantes de corte conservador o populista, quienes se muestran más escépticos frente a medidas que sugieren transformaciones estructurales rápidas. No obstante, cuando se desagregan las propuestas en políticas específicas, como la reforestación o los incentivos a la eficiencia energética, el respaldo se amplía incluso entre votantes con posturas ideológicas divergentes. Este hallazgo revela que el apoyo ambiental no es necesariamente ideológico, sino que puede depender del tipo de medida y su forma de comunicación.
Otro factor relevante fue la reacción de los votantes frente a mensajes electorales concretos. La inclusión de experimentos con candidatos ficticios permitió identificar que propuestas como aumentar el impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético, destinando esos fondos al sistema público de salud o a inversiones en renovables, generaban apoyo transversal entre diferentes grupos electorales. Por el contrario, mensajes contrarios a las zonas de bajas emisiones o favorables a una expansión de licencias petroleras no lograron atraer respaldo significativo, con la única excepción de votantes asociados a partidos más escépticos del cambio climático.
Si bien persisten preocupaciones legítimas sobre la seguridad energética y los costos, estas no parecen estar provocando una oposición masiva a las políticas ambientales. Más bien, indican la necesidad de comunicar dichas políticas con sensibilidad hacia las condiciones económicas actuales. A largo plazo, el reto no está tanto en convencer sobre la existencia del problema climático, sino en demostrar que las soluciones pueden ser socialmente justas, económicamente viables y políticamente coherentes. El análisis evidencia que la agenda ambiental mantiene un respaldo ciudadano robusto y que el uso del escepticismo como herramienta electoral tiene un efecto limitado. Por tanto, la transformación verde no solo es técnica y normativa, sino también comunicativa y cultural, lo cual demanda liderazgo político con visión a largo plazo.
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