La realidad social y económica de América Latina y el Caribe se caracteriza por avances significativos en la reducción de la pobreza, pero también por la persistencia de profundas desigualdades que limitan la movilidad social. A lo largo de las últimas décadas, millones de personas han mejorado sus condiciones de vida, sin embargo, la región continúa siendo la más desigual del mundo. El ingreso del 10% más rico multiplica por doce el del 10% más pobre, lo que refleja una brecha que condiciona el acceso a oportunidades y perpetúa diferencias intergeneracionales. En este contexto, la educación se presenta como el motor más poderoso para transformar las estructuras sociales. La cobertura en la educación primaria alcanza casi la universalidad, con más del 97% de niños matriculados. No obstante, al avanzar hacia niveles superiores, la trayectoria se interrumpe: más de un tercio de los jóvenes no concluye la secundaria antes de los 23 años y apenas una cuarta parte logra finalizar estudios terciarios, cifra muy por debajo del promedio de países de la OCDE. Esta situación se traduce en un déficit de capital humano que limita la productividad y restringe las posibilidades de movilidad ascendente.

Los resultados de evaluaciones internacionales como PISA y PIAAC muestran con claridad la magnitud de los desafíos. En PISA 2022, tres de cada cuatro estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en matemáticas, mientras que más de la mitad tampoco logró superar los estándares básicos en lectura y ciencias. En el caso de los adultos, más de la mitad se ubicó en los niveles más bajos de alfabetización y una proporción considerable carece de habilidades digitales elementales. Estas carencias no solo afectan la capacidad de participar en economías cada vez más tecnológicas, sino que también refuerzan la transmisión intergeneracional de la desigualdad. La influencia del nivel educativo de los padres sobre el desempeño de los hijos es especialmente marcada en países como Chile y Perú, donde las diferencias en puntuaciones de alfabetización superan los 50 puntos respecto al promedio de la OCDE. Este patrón evidencia cómo las condiciones de origen determinan las oportunidades futuras, consolidando un círculo difícil de romper. Además, la baja calidad educativa se refleja en la inserción laboral: gran parte de la población se concentra en empleos informales, con bajos ingresos y escasa protección social, lo que incrementa la vulnerabilidad de los hogares.

Otro aspecto relevante es la distancia entre las aspiraciones juveniles y la realidad del mercado laboral. Una proporción significativa de estudiantes espera desempeñarse en ocupaciones de alta jerarquía, pero la demanda efectiva de estas posiciones es mucho menor. Esta desalineación se vincula con el contexto socioeconómico, pues los jóvenes de menores recursos muestran mayores niveles de expectativas poco realistas. La falta de orientación vocacional adecuada y de experiencias directas con el mundo del trabajo contribuye a ampliar esta brecha. Frente a este panorama, la formación técnica y profesional aparece como una alternativa estratégica para mejorar la transición hacia el empleo. Sin embargo, la matrícula en programas de educación vocacional en la región sigue siendo reducida en comparación con otros países, y la participación en aprendizaje a lo largo de la vida es mínima. En países como México y Ecuador, más del 60% de los adultos se encuentra desvinculado de procesos de capacitación, lo que limita la actualización de competencias en un entorno laboral cambiante.

La inversión pública en educación también resulta insuficiente. Mientras los países de la OCDE destinan en promedio el 5% del PIB, en América Latina y el Caribe la cifra ronda el 3,8%. Además, ningún país ha alcanzado el umbral de gasto acumulado por estudiante que se asocia con mejoras sostenidas en el rendimiento académico. Esto indica que no solo se requiere aumentar los recursos, sino también utilizarlos de manera más eficiente, orientándolos hacia la calidad y la equidad. Las recomendaciones de política se centran en cuatro ejes. Primero, incrementar y optimizar la inversión educativa, asegurando que los recursos se traduzcan en mejores aprendizajes. Segundo, reducir las tasas de abandono escolar mediante estrategias de prevención y reinserción, además de ampliar el acceso a la educación superior con apoyos financieros adecuados. Tercero, fortalecer los sistemas de formación técnica y profesional, incorporando experiencias de aprendizaje en el trabajo que faciliten la inserción laboral. Cuarto, consolidar servicios de orientación vocacional que ofrezcan apoyo intensivo a estudiantes de bajos ingresos, compensando las limitaciones de capital social y cultural en sus familias.

La región enfrenta un desafío estructural: transformar la educación y las habilidades en verdaderos instrumentos de movilidad social. Si se logra avanzar en calidad, equidad y pertinencia, se abrirá la posibilidad de construir sociedades más inclusivas, democracias más sólidas y economías capaces de aprovechar el talento de todos sus ciudadanos.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/social-mobility-and-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean_428fa0a6-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/social-mobility-and-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean_8f724a1b/428fa0a6-en.pdf