El documento examina el entorno económico y la inclusión financiera en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPARD). La región ha experimentado un crecimiento superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, además del consumo privado respaldado por remesas. Sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró en 2023 debido a la menor dinámica exportadora, la desaceleración global y condiciones financieras internacionales más ajustadas. Aunque la inflación se moderó en 2023 después de alcanzar niveles históricos en 2022, sigue por encima de los promedios históricos en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque el crédito bancario al sector privado ha crecido en la última década, existen oportunidades para profundizar la inclusión financiera, como lo indican indicadores como márgenes de interés altos, retornos sobre el capital, concentración y costos operativos relativos al ingreso en varios sistemas bancarios. Se identifican políticas que podrían avanzar en la inclusión financiera, como tener una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), niveles educativos y baja concentración de mercado. Las tecnologías financieras digitales también permiten un mayor acceso a servicios financieros. El informe sugiere fortalecer el diseño e implementación de ENIF, mejorar la educación financiera desde temprana edad y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, como promover las fintech, ampliar la cobertura de burós de crédito, mejorar los registros de garantías, reducir barreras de entrada y fomentar la competencia. También se discuten políticas para promover plataformas digitales y dinero móvil, que podrían contribuir a la inclusión financiera al abordar la distancia y costos de cuenta. Varios países han desarrollado plataformas de pagos electrónicos minoristas gestionadas por bancos centrales y accesibles para empresas fintech no bancarias. Las transferencias sociales a través de medios digitales y centros público-privados para discutir la introducción de nuevas tecnologías en el sector financiero también han sido promovidas. De igual forma, el informe destaca operaciones seleccionadas mediante las cuales el Grupo BID ha apoyado la inclusión financiera en CAPARD, trabajando con el sector público, privado y respaldando innovaciones empresariales en etapas iniciales.

El análisis detallado del sector bancario en los países de la región CAPARD revela una serie de características y desafíos que impactan directamente en la dinámica económica y financiera de la región. En términos generales, el crédito juega un papel fundamental en la estructura de activos bancarios, representando en promedio el 58% de estos activos. Sin embargo, esta cifra varía considerablemente entre países, con algunos mostrando una alta participación en títulos públicos o disponibilidades líquidas. Esta diversificación en la composición de activos refleja la adaptabilidad de los bancos a las condiciones económicas y financieras de cada país, así como su capacidad para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de inversión. Una tendencia notable en el sector bancario de CAPARD es el aumento significativo de la inversión en deuda soberana en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esta estrategia refleja la búsqueda de seguridad y estabilidad por parte de los bancos en un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Aunque esta inversión puede proporcionar cierta protección contra riesgos crediticios, también plantea desafíos en términos de rentabilidad y diversificación de cartera, especialmente en un entorno de tasas de interés bajas o negativas. En lo que respecta a la distribución de crédito, se observa que el crédito a empresas representa aproximadamente la mitad de la cartera de crédito total, lo que subraya la importancia del sector empresarial en la economía de la región. Este segmento incluye empresas de diversos tamaños y sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones, cada una con necesidades financieras específicas que requieren soluciones adaptadas por parte de las entidades financieras. Por otro lado, el crédito a la vivienda muestra una heterogeneidad significativa entre países, con porcentajes que oscilan entre el 6% y el 44% de la cartera de crédito total. Esta variabilidad refleja las diferencias en los mercados inmobiliarios y las políticas gubernamentales relacionadas con la vivienda en cada país, así como las preferencias y capacidades financieras de los hogares para acceder a préstamos hipotecarios. Uno de los aspectos más destacados del sector bancario en CAPARD es la diferencia en los márgenes de interés en comparación con el resto de América Latina y el Caribe (ALC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos márgenes más amplios se traducen en un margen neto de intereses también más alto, lo que sugiere una mayor rentabilidad para los bancos en la región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el retorno sobre el capital (ROE) no siempre es superior al promedio de ALC debido a otros costos operativos que pueden contrarrestar las ganancias por intereses. Esta situación subraya la importancia de mejorar la eficiencia operativa de los bancos en CAPARD para maximizar la rentabilidad y ofrecer servicios financieros competitivos y sostenibles. Un aspecto crítico que afecta tanto al sector bancario como a la economía en general es la inclusión financiera, tanto de empresas como de hogares. En este sentido, se observan desafíos significativos, como el acceso limitado al crédito para pequeñas empresas y hogares de menores ingresos. Este acceso restringido puede limitar el potencial de crecimiento económico y la capacidad de los sectores más vulnerables de la sociedad para mejorar sus condiciones de vida. En definitiva, el sector bancario en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana enfrenta una serie de desafíos y oportunidades que requieren políticas y estrategias específicas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La mejora de la eficiencia operativa, el fomento de la competencia, la adopción de tecnologías financieras innovadoras y el fortalecimiento de la educación financiera son elementos clave para avanzar hacia una mayor inclusión financiera y un sector bancario más resiliente y orientado al desarrollo económico y social de la región.

El análisis sobre los niveles de educación financiera en varios países de América Central y el Caribe, comparándolos con el promedio del G20, revela una serie de hallazgos importantes. Por ejemplo, se observa que el conocimiento sobre el cálculo de intereses simples y compuestos en préstamos es limitado, con muchos encuestados sin poder responder correctamente a preguntas relacionadas. Asimismo, el entendimiento sobre la relación entre riesgo y retorno, así como la diversificación, está ligeramente por debajo del promedio del G20. Sin embargo, existe un buen entendimiento sobre la inflación, posiblemente debido a las altas tasas de inflación durante el período de la encuesta. En términos generales, la educación financiera, medida por el porcentaje de personas que respondieron correctamente 5 o más preguntas, varía desde un 31% en Guatemala hasta un 46% en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, pero aún por debajo del promedio del G20. También se identifica una brecha de género, donde los hombres superan a las mujeres, aunque esta brecha es menor que el promedio del G20 en la mayoría de los países. En cuanto a las implicaciones políticas, se destaca que la educación financiera en las escuelas puede mejorar el comportamiento crediticio y la acumulación de activos en la vida adulta, lo que respalda la incorporación de la educación financiera en los currículos escolares como una medida estratégica. En otro análisis, se profundiza en los factores que determinan las tasas de interés en el sector financiero de la región CAPARD. Estos factores incluyen los altos costos administrativos en comparación con estándares internacionales, la concentración del mercado que sugiere menor competencia y posibles extracciones de rentas, la pérdida esperada de la cartera crediticia debido a la probabilidad de impago y la exposición al riesgo, y el margen de rentabilidad, que tiende a ser mayor en mercados menos maduros y con menos competencia como CAPARD. En este contexto, se enfatiza la importancia de promover la competencia y la entrada de nuevos participantes en el sector financiero para mejorar la eficiencia y reducir las tasas de interés. Otro aspecto analizado es la inclusión financiera en CAPARD y las barreras que limitan la competencia. Se mencionan los altos márgenes de intermediación y los costos de cambio para los clientes al cambiar de proveedor, y se proponen medidas como reducir la tasa de encaje, adelgazar costos administrativos bancarios y fomentar la portabilidad entre bancos. Además, se resalta el papel de las tecnologías financieras digitales (Fintech) para impulsar la inclusión financiera al reducir costos y facilitar el acceso a servicios financieros, aunque se advierte sobre la necesidad de regular adecuadamente estos nuevos servicios para mitigar riesgos. Del mismo modo, se aborda el auge de las tecnologías financieras digitales en la región CAPARD, como los pagos digitales, los bancos digitales y el dinero móvil, que han experimentado un aumento significativo durante la pandemia de COVID-19. Estos avances tecnológicos ofrecen oportunidades para diversificar los servicios financieros y mejorar la inclusión financiera, pero también plantean desafíos regulatorios y de seguridad que deben abordarse de manera efectiva para garantizar un desarrollo sostenible del sector financiero en la región.

Las recomendaciones de política para promover la inclusión financiera en la región de CAPARD son fundamentales para impulsar el acceso equitativo a servicios financieros mediante tecnologías digitales. En este sentido, la identificación adecuada de usuarios y una conectividad digital sólida son pilares clave para garantizar la efectividad de las iniciativas. Además, el desarrollo de plataformas de pagos electrónicos por parte de los bancos centrales y el fomento del uso de medios de pago digitales para transferencias gubernamentales son estrategias efectivas para ampliar la participación en el sistema financiero. La educación financiera enfocada en tecnologías digitales y los marcos regulatorios que incentiven el uso de plataformas digitales y dinero móvil son elementos complementarios que fortalecen la inclusión financiera de manera integral. En este contexto, herramientas regulatorias como los centros de innovación financiera y los areneros regulatorios (sandboxes) desempeñan un rol al facilitar un entorno propicio para la innovación mientras se garantiza la estabilidad del sistema financiero. Ejemplos concretos de iniciativas exitosas en la región, como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) en Costa Rica y el Sistema de Pagos Masivos (Transfer365) en El Salvador, demuestran el impacto positivo de estas políticas en la inclusión financiera. En otro sentido, la discusión sobre herramientas y medidas regulatorias aborda la necesidad de un enfoque integral para promover la inclusión financiera y la adopción de servicios financieros digitales en regiones como CAPARD. La alineación de los requisitos KYC (Conozca a su cliente) para el cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), la regulación de sistemas de pago y medios digitales, y la promoción del uso de pagos electrónicos son acciones esenciales para crear un entorno propicio para la inclusión financiera. Del mismo modo, la regulación de criptomonedas y activos digitales, junto con permitir que entidades no bancarias ofrezcan servicios financieros con requisitos prudenciales adecuados, son medidas que contribuyen a ampliar el acceso a servicios financieros seguros y eficientes. Es fundamental garantizar la protección del consumidor, la privacidad de datos y los estándares de ciberseguridad, al tiempo que se fomenta la competencia y la interoperabilidad en los servicios financieros digitales. Siendo así, se destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la regulación adecuada para mitigar riesgos y proteger a los consumidores en la era digital.

En definitiva, aunque la región ha experimentado un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano y mundial, impulsado por sectores como el turismo y la agroalimentación, así como el consumo privado respaldado por remesas, se enfrenta a desafíos como la desaceleración del crecimiento en 2023 debido a factores como la menor dinámica exportadora y condiciones financieras internacionales más ajustadas. A pesar de la moderación de la inflación en 2023, que había alcanzado niveles históricos en 2022, sigue siendo alta en varios países. El informe destaca la importancia del sector financiero para moderar las fluctuaciones del consumo y promover la inversión, siendo la inclusión financiera un requisito previo. Aunque ha habido avances en la inclusión financiera, con un crecimiento del crédito bancario al sector privado en la última década, aún existen oportunidades para profundizarla, especialmente en términos de márgenes de interés altos, rentabilidad sobre el capital, concentración y costos operativos. Se identifican políticas potenciales para avanzar en la inclusión financiera, como una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), mejor educación financiera, y medidas para reducir la concentración de mercado y tasas de interés, incluyendo promover las fintech y ampliar la cobertura de burós de crédito. Además, se destacan las tecnologías financieras digitales como facilitadoras de un mayor acceso a servicios financieros, junto con iniciativas como plataformas de pagos electrónicos minoristas y transferencias sociales digitales. Estos hallazgos y recomendaciones subrayan la importancia de políticas integrales para promover la inclusión financiera y fortalecer el sector bancario en CAPARD, impulsando así un crecimiento económico inclusivo y sostenible en la región.

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El informe ofrece directrices para que las ciudades transiten hacia ser «positivas para la naturaleza,» es decir, que dejen la naturaleza en un mejor estado del que encontraron. Destaca la importancia de que las ciudades tomen acción en favor de la naturaleza, dado que los centros urbanos impulsan una parte significativa de la economía global, pero han impactado negativamente los ecosistemas naturales. Las ciudades deben comprometerse a actuar en beneficio de la naturaleza tanto dentro como fuera de sus límites. Para ello, es esencial desarrollar una estrategia formal para la naturaleza con objetivos claros y metas basadas en la ciencia, adaptadas a su contexto local. Esta estrategia debe delinear la visión de la ciudad en cuanto al cuidado de la naturaleza, establecer objetivos y metas coherentes informados por una evaluación de la biodiversidad, e incluir un plan de mejora que cree un entorno propicio mediante la gobernanza, políticas, financiamiento, datos, participación de interesados y capacidades. Además, debe listar acciones específicas positivas para la naturaleza, como medidas políticas y soluciones basadas en la naturaleza. Las ciudades deben implementar estas acciones, monitorear su progreso y reportar su impacto. El informe tiene como objetivo proporcionar claridad sobre la agenda global de biodiversidad y apoyar a los gobiernos locales y empresas en comprender su rol como agentes de cambio para ser positivos para la naturaleza para 2030 y más allá, según lo establecido por el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La adopción de este nuevo marco global de biodiversidad busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030, requiriendo acciones de gobiernos, empresas y ciudades. Aunque existen guías para que las ciudades establezcan objetivos climáticos, todavía se necesita una metodología unificada para definir y evaluar los impactos en la naturaleza y establecer objetivos a nivel urbano. Las ciudades, altamente dependientes de las contribuciones de la naturaleza como la calidad del aire y el agua y la resiliencia a eventos extremos, han impactado negativamente los ecosistemas naturales debido a la expansión urbana. Actualmente, solo el 37% de las principales ciudades tienen una estrategia de biodiversidad. A su vez, se introduce un marco que divide la naturaleza en los ámbitos de atmósfera, tierra, agua dulce, océano y biodiversidad para ayudar a identificar acciones urbanas que beneficien a la naturaleza. Aunque la naturaleza ofrece contribuciones invaluables, estas no se contabilizan adecuadamente en los sistemas económicos, perpetuando el daño a la naturaleza. Por tanto, las ciudades deben actuar en favor de la naturaleza, dado que sus fundamentos y atractivo dependen del acceso a las contribuciones de la naturaleza. Evaluar las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza es esencial para el bienestar, estabilidad financiera, prosperidad y resiliencia de las ciudades. El marco TNFD para empresas puede adaptarse a las ciudades para perseguir una transición positiva para la naturaleza mediante la evaluación y divulgación de las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

El informe ofrece una visión integral de los habilitadores y componentes clave que las ciudades necesitan, se centra en cinco habilitadores principales: gobernanza, políticas, financiamiento, datos y análisis, y participación de las partes interesadas. Cada habilitador se desglosa en subcomponentes específicos. En cuanto a la gobernanza, es decisivo contar con estructuras adecuadas, procesos definidos y roles dedicados a supervisar los esfuerzos relacionados con la naturaleza. Las políticas deben incluir regulaciones, incentivos y requisitos que guíen y promuevan soluciones amigables con la naturaleza. El financiamiento implica asegurar fondos suficientes, establecer procesos de financiación y crear mecanismos para asociaciones público-privadas. Los datos y análisis se centran en la gestión de datos y en capacidades de análisis de riesgos e impactos para informar la toma de decisiones. La participación de las partes interesadas enfatiza las estrategias de comunicación, la participación comunitaria, el desarrollo del capital humano y el fomento de la investigación y la innovación. Además, se propone un modelo de madurez para cada subcomponente, que define lo que constituye un nivel «inicial y en desarrollo» frente a un nivel «avanzado y líder» de madurez. Se sugiere que las ciudades realicen una autoevaluación para identificar brechas y desafíos, y luego diseñen estrategias accionables para mejorar su entorno habilitador en estas áreas clave. Entre las acciones específicas que las ciudades pueden considerar como primeros pasos, se incluye el establecimiento de un marco de gobernanza con un mandato flexible y coordinado para supervisar, informar y promover iniciativas positivas para la naturaleza. Es esencial asegurar la colaboración y estandarizar procesos a través de acuerdos de nivel de servicio o memorandos de entendimiento. Otros principios clave incluyen un mandato claro de los líderes de la ciudad, la participación en redes de ciudades, un enfoque basado en datos, procesos estandarizados, la colaboración con entidades gubernamentales nacionales, y la transparencia y rendición de cuentas. En términos de políticas, es fundamental desarrollar hojas de ruta enfocadas en la naturaleza, colaborar con las autoridades locales en recursos compartidos, integrar principios positivos para la naturaleza en los códigos de construcción y las políticas de planificación urbana, abordar fallas de políticas en la contratación pública y aplicar medidas para apoyar la adopción de nuevas soluciones. Para el financiamiento, se pueden implementar mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, explorar fuentes de financiamiento existentes, utilizar la agregación de proyectos, habilitar mecanismos para expresar las preferencias del consumidor, considerar la contabilidad del capital natural, buscar fuentes de financiamiento innovadoras como los bonos verdes y la captura de valor del suelo, abordar las barreras de solvencia crediticia, y fomentar la inclusión de criterios ESG en los mecanismos de financiamiento. Este enfoque holístico no solo mejora la capacidad de las ciudades para gestionar sus impactos en la naturaleza, sino que también proporciona beneficios adicionales como eficiencias operativas, reducción de riesgos, aumento de inversiones, innovación, gobernanza más eficiente, atracción de talento y un espíritu comunitario mejorado. Los ejemplos y estudios de caso de diversas ciudades ilustran las acciones recomendadas, subrayando la importancia de un compromiso claro y sostenido con la naturaleza en todos los aspectos del desarrollo urbano.

En el desarrollo de la transición de las ciudades hacia un enfoque positivo para la naturaleza, se reconoce el papel que desempeñan las ciudades en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Se enfatiza la importancia de que las ciudades establezcan objetivos basados en la ciencia y ejecuten acciones concretas para alcanzarlos. Además, se fomenta la colaboración entre ciudades, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones financieras para proporcionar soluciones innovadoras, experiencia y financiación. El informe visualiza a las ciudades como centros de cuidado de la naturaleza, donde humanos y naturaleza prosperan juntos, promoviendo un crecimiento inclusivo y una prosperidad compartida. Este documento marca el inicio de una serie de iniciativas que abogan por la regeneración de la naturaleza en las áreas urbanas y por las áreas urbanas, con el objetivo de ayudar a las ciudades a incorporar los valores de la naturaleza en sus decisiones económicas, proporcionando orientación sobre gobernanza, incentivos, regulaciones, participación de las partes interesadas, desarrollo de capacidades, soluciones y oportunidades de financiación para lograr ciudades más resilientes, prósperas y equitativas. Adicionalmente, el informe discute diversas iniciativas y marcos destinados a mapear, valorar y proteger el capital natural, incluyendo esfuerzos de instituciones académicas, gobiernos y organizaciones. Se menciona el Proyecto de Capital Natural de la Universidad de Stanford, que apoya a gobiernos en más de 80 países a través de sus modelos InVEST. No obstante, se señala que estos esfuerzos son relativamente recientes y que el progreso en la protección del capital natural aún está en sus primeras etapas. También se hace referencia a informes y recomendaciones de organizaciones como la TNFD, la Science Based Targets Network (SBTN) y el Foro Económico Mundial. El documento subraya la importancia de comprender y abordar los impactos de la urbanización, las aguas residuales y otras actividades humanas en los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, menciona diversas metas, marcos e iniciativas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo urbano sostenible, como la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), el Índice de Singapur sobre Biodiversidad en las Ciudades, los Índices de Naturaleza Urbana de la UICN, la Plataforma de Acción CitiesWithNature, los Límites del Sistema Terrestre, la Declaración de Edimburgo, el Acelerador de Naturaleza Urbana y las estrategias y planes implementados por ciudades como Copenhague, Singapur, Melbourne, Vancouver, Durban, Londres, Nueva York y París. En última instancia, el informe proporciona referencias y enlaces a diversos recursos y ejemplos relacionados con la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las ciudades. Incluye información sobre herramientas, informes e iniciativas de organizaciones como ICLEI, la Asociación de Ginebra y gobiernos locales en ciudades como Vancouver, Sídney, Lausanne-Morges y Auckland. Se abordan temas como estructuras organizativas, programas de entrega, gobernanza, planes operativos, planes climáticos, métricas de biodiversidad, ganancias netas de biodiversidad, bonos verdes, repositorios de datos, participación comunitaria, iniciativas de ciencia ciudadana y programas de desarrollo de capacidades. Estas referencias buscan proporcionar orientación práctica, estudios de caso y mejores prácticas para que las ciudades integren soluciones basadas en la naturaleza y promuevan una transición positiva para la naturaleza.  

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 El informe presenta una visión de las políticas de fijación de precios del carbono a nivel mundial. Aunque la adopción de la fijación de precios del carbono ha sido limitada en el último año, se observan signos alentadores de su implementación en países de ingresos medios como Brasil, India y Türkiye. A nivel global, se cuenta con 75 instrumentos de fijación de precios del carbono, con avances en la implementación a nivel subnacional y en iniciativas sectoriales específicas para la aviación y el transporte marítimo. Destaca el inicio del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de una década de crecimiento sólido, los precios del carbono siguen siendo insuficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Actualmente, estos instrumentos cubren alrededor del 24% de las emisiones globales, y aunque las propuestas podrían aumentar la cobertura a casi el 30%, se requiere un compromiso político sólido. Los ingresos por fijación de precios del carbono alcanzaron un nuevo récord de más de $100 mil millones en 2023, impulsados por los altos precios en la UE y un cambio temporal en los ingresos del sistema de comercio de emisiones (ETS) alemán. Más de la mitad de estos ingresos se destinaron a programas relacionados con el clima y la naturaleza, aunque su contribución a los presupuestos nacionales sigue siendo baja. Los gobiernos están utilizando cada vez más múltiples instrumentos de fijación de precios del carbono en paralelo y ampliando la cobertura a sectores como el transporte marítimo y los residuos. El uso de créditos de carbono para compensar las responsabilidades de fijación de precios también está en aumento, extendiendo la señal de precio del carbono a sectores no cubiertos. En cuanto a los mercados de créditos de carbono, las emisiones disminuyeron por segundo año consecutivo, mientras que las retiradas permanecieron considerablemente por debajo de las emisiones, generando un creciente conjunto de créditos no retirados. Si bien la demanda de cumplimiento está aumentando, la demanda voluntaria sigue dominando. Los precios disminuyeron en la mayoría de las categorías de proyectos, excepto en los de eliminación de carbono. El informe enfatiza la importancia de las iniciativas para reconstruir la integridad y credibilidad de los créditos de carbono, con esfuerzos centrados en los estándares del lado de la oferta y la orientación del lado de la demanda. El desarrollo e implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París también continúa, a pesar de contratiempos y retrasos. 

El análisis resalta la creciente urgencia de abordar el cambio climático mediante una acción política integral, que incluya la fijación de precios del carbono. Aunque se observa un aumento en el compromiso político, con más del 90% de las partes del Acuerdo de París adoptando objetivos de reducción de emisiones y muchos países anunciando compromisos de emisiones netas cero, las políticas actuales son insuficientes para cumplir con los objetivos de París. Los instrumentos de fijación de precios del carbono desempeñan un papel clave al incentivar la descarbonización en las economías y pueden ajustarse con el tiempo para alinearse con objetivos cada vez más estrictos. Sin embargo, las perspectivas económicas globales moderadas, con un crecimiento restringido en las economías avanzadas y perspectivas variables para los mercados emergentes, presentan desafíos para la reforma económica. Los gobiernos enfrentan decisiones difíciles al asignar recursos entre desafíos a corto plazo como el costo de vida y problemas a largo plazo como el cambio climático. Se lograron avances en 2023 a través de reformas en políticas industriales, esfuerzos de descarbonización en el sector vehicular y energético, y despliegue de energías renovables, pero persiste una brecha de implementación. La fijación de precios del carbono es una parte clave del conjunto de políticas necesarias para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y respaldar un crecimiento bajo en emisiones. Se destacan los desarrollos importantes en los sistemas de comercio de emisiones a nivel nacional y los esfuerzos continuos para implementar mercados internacionales de créditos de carbono bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. Las preocupaciones sobre la credibilidad del mercado voluntario de carbono han frenado el impulso, enfatizando la importancia de la integridad del mercado. El informe se centra en la fijación directa de precios del carbono mediante impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones y mecanismos de acreditación de carbono, al tiempo que reconoce el papel de políticas indirectas de fijación de precios como impuestos sobre combustibles y subsidios a los combustibles fósiles.

El panorama actual de los instrumentos de fijación de precios del carbono a nivel mundial revela que alrededor del 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están cubiertas por iniciativas de fijación de precios del carbono en 2024, incluyendo ETS e impuestos al carbono. Sin embargo, los precios de estos instrumentos siguen siendo en su mayoría insuficientes para impulsar el nivel de reducciones de emisiones necesarias para cumplir con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Solo unos pocos instrumentos tienen precios iguales o superiores al nivel recomendado de $63 por tonelada de CO2 equivalente para 2030, a fin de limitar el calentamiento a muy por debajo de 2°C. Todos los precios actuales del carbono están por debajo del costo marginal estimado de reducción de $226-$385 por tonelada para limitar el calentamiento a 1.5°C. Aunque la cobertura y los ingresos por fijación de precios del carbono siguen aumentando, con ingresos globales superando los $100 mil millones en 2023, la mayoría de los instrumentos carecen de la ambición necesaria para una descarbonización profunda. Además, se discuten las iniciativas emergentes de fijación de precios del carbono sectoriales para la aviación internacional y el transporte marítimo, que podrían contribuir a aumentar la cobertura global de emisiones. Siendo así, se destaca la necesidad de una mayor ambición y precios del carbono más altos en todas las jurisdicciones para alinearse con los objetivos climáticos. De igual forma, el informe resalta los siguientes puntos clave: Los ingresos globales por fijación de precios del carbono en 2023 ascendieron a USD 104 mil millones, con ETS generando más del 70% de los ingresos debido a su amplia cobertura y precios más altos en los principales ETS como el de la UE. Aunque la subasta de asignaciones tiene ventajas para la generación de ingresos y la determinación de precios, la mayoría de las jurisdicciones asignan una parte de las asignaciones de forma gratuita para facilitar la transición a una economía con restricciones de carbono y proteger la competitividad de las industrias nacionales. A pesar de los aumentos, los ingresos por fijación de precios del carbono siguen siendo una pequeña parte de los presupuestos totales de los países, con la mayor contribución vista en Alemania, alrededor del 4% de los ingresos gubernamentales. La mayoría de las jurisdicciones utilizan los ingresos por fijación de precios del carbono para financiar programas relacionados con el clima o apoyar el presupuesto general, mientras que algunas redistribuyen una parte a hogares afectados de manera desproporcionada por la fijación de precios del carbono. Los gobiernos están utilizando cada vez más múltiples instrumentos de fijación de precios del carbono en paralelo para aumentar la cobertura, la ambición y la flexibilidad, con alrededor del 70% de las jurisdicciones teniendo más de un instrumento en vigor. La fijación de precios del carbono es más común en los sectores de energía y la industria, pero los gobiernos están explorando la cobertura en nuevos sectores como el transporte marítimo y los residuos. Continúan surgiendo diseños y enfoques de políticas flexibles, reflejando la adaptabilidad de la fijación de precios del carbono a las circunstancias y objetivos nacionales.

El informe ofrece un panorama de los mercados de créditos de carbono en 2023. En general, los precios de los créditos de carbono disminuyeron en la mayoría de las categorías de proyectos, pero los precios de los créditos de remoción de emisiones (por ejemplo, de proyectos de forestación) demostraron una resistencia significativa. Los precios en bolsas de intercambio cayeron más abruptamente que los precios en transacciones de venta directa (OTC), lo que sugiere que los compradores están dispuestos a pagar un precio premium por créditos con atributos específicos a través de transacciones OTC. Los créditos basados en la naturaleza que cubren proyectos de evitación de emisiones experimentaron las mayores disminuciones de precios, posiblemente debido a preocupaciones sobre el sobre acreditamiento y problemas de integridad. En contraste, los precios de los créditos de remoción de emisiones se mantuvieron estables o aumentaron. Los créditos de nueva generación comandaron un precio premium, reflejando las preocupaciones del mercado sobre la legitimidad de proyectos antiguos. Se espera que el próximo esquema de compensación de emisiones de la aviación CORSIA impulse la demanda de créditos de carbono, pero la oferta de créditos elegibles permanece incierta debido al requisito de ajustes correspondientes y la autorización del país anfitrión. Aunque desarrollos como el de Guyana proporcionando créditos autorizados son alentadores, será necesaria un aumento sustancial en la oferta de créditos ajustados de manera correspondiente para satisfacer la demanda anticipada de CORSIA. Asimismo, se destacan varios puntos clave sobre el mercado voluntario de carbono: Existe un enfoque creciente en la calidad del crédito, con compradores dispuestos a pagar precios premium por créditos de alta calidad. Datos recientes muestran una correlación entre las calificaciones de calidad propietarias y los precios de los créditos de carbono. El Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM) tiene como objetivo crear un referente global para créditos de carbono de alta calidad evaluando programas de acreditación y metodologías contra sus Principios Básicos de Carbono (CCPs). Algunos programas como ACR, Climate Action Reserve y Gold Standard han sido aprobados por cumplir con los criterios CCP. Iniciativas como la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) y la Iniciativa de Integridad de Mercados de Carbono Voluntarios (VCMI) proporcionan orientación sobre cómo las empresas pueden hacer afirmaciones ambientales al comprar créditos de carbono e integrarlos en sus estrategias climáticas. Persisten preocupaciones sobre la naturaleza legal de los créditos de carbono, la falta de armonización y supervisión del mercado, lo que crea riesgos de actividades fraudulentas. Se están realizando esfuerzos por parte de organizaciones como UNIDROIT e IOSCO para abordar estos problemas y mejorar la integridad del mercado. Están surgiendo productos de seguros de créditos de carbono para ayudar a gestionar riesgos como bajo desempeño, reversión e invalidez, ofreciendo garantías a los compradores. Los gobiernos e instituciones internacionales están desarrollando instrumentos financieros innovadores para abordar barreras de financiamiento para proyectos de acreditación de carbono en desarrollo.

El análisis realizado, revela la importancia de una metodología rigurosa y fuentes confiables para comprender y evaluar las políticas de fijación de precios del carbono a nivel global. El documento no solo enumera las fuentes utilizadas, como la base de datos EDGAR, sino que también proporciona una visión clara de los plazos establecidos para la recopilación de datos, asegurando así la actualización y relevancia de la información presentada. Este enfoque meticuloso garantiza la calidad y precisión de los datos, elementos fundamentales para realizar evaluaciones sólidas y proponer estrategias efectivas en la gestión del carbono. Además de abordar las fuentes y metodologías, el informe se adentra en los detalles de los instrumentos de fijación de precios del carbono, incluyendo precios observados, ingresos generados y las tasas de cambio que influyen en estos mercados. Esto ofrece una comprensión completa de la dinámica financiera detrás de estas políticas, destacando la importancia de considerar aspectos económicos y financieros al diseñar estrategias de mitigación del cambio climático. Asimismo, el informe analiza los avances y desarrollos en los ETS y cómo estos mecanismos contribuyen a la gestión efectiva de las emisiones de carbono. El análisis del informe se complementa con la clasificación de las economías en diferentes grupos de ingresos y la explicación detallada de cómo se atribuyen las emisiones a jurisdicciones subnacionales. Este enfoque territorial permite una visión más precisa de la distribución de las emisiones y las responsabilidades en la reducción de carbono, lo que a su vez facilita la formulación de políticas específicas y efectivas a nivel local y regional. En conjunto, este enfoque integral y detallado del Banco Mundial ofrece una hoja de ruta sólida y fundamentada para abordar los desafíos urgentes relacionados con la fijación de precios del carbono y la mitigación del cambio climático a nivel global.   

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https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/b0d66765-299c-4fb8-921f-61f6bb979087  

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/de3e6372-811f-47b3-989e-70ced694f9a8/content  

El documento busca fomentar la discusión pública e informar políticas orientadas al crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la salud humana, en referencia a la acción para lograr emisiones netas cero en el sistema agroalimentario, lo cual es esencial para mitigar el cambio climático. El documento justifica esta necesidad, expone su propósito, explica la metodología utilizada, define conceptos clave y enmarca su mensaje global como una convocatoria a la acción. Pretende presentar una estrategia integral para la transición del sistema agroalimentario hacia emisiones netas cero, considerando toda la cadena de valor desde la producción hasta el consumo. A través del análisis de desafíos, oportunidades y soluciones potenciales, y apoyándose en evidencias globales y estudios de caso, el informe busca ofrecer una hoja de ruta para que responsables de políticas, empresas y partes interesadas impulsen las transformaciones necesarias en el sistema agroalimentario para enfrentar la crisis climática, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El informe describe una «receta» para transformar el sistema agroalimentario y lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. Actualmente, el sistema agroalimentario representa aproximadamente un tercio de las emisiones globales, por lo que su transformación es esencial para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. El informe resalta medidas de mitigación asequibles y prácticas disponibles en países de diferentes niveles de ingresos. Los países de altos ingresos pueden impulsar la demanda hacia alternativas sostenibles mediante políticas de precios y apoyar a los países en desarrollo con la transferencia de tecnología y el financiamiento climático. Los países de ingresos medios tienen muchas oportunidades rentables en la ganadería, el cultivo de arroz y la evitación de la deforestación, mientras que los países de bajos ingresos pueden saltar directamente a tecnologías verdes. Los gobiernos deben crear condiciones legales y económicas habilitantes, movilizar financiamiento, reorientar subsidios perjudiciales, proteger a las poblaciones vulnerables y fomentar la innovación a través de la investigación y el desarrollo. Con esfuerzos concertados pero diferenciados, el sistema agroalimentario puede convertirse en un aliado contra el cambio climático, mejorando la seguridad alimentaria, la resiliencia, los medios de vida y el bienestar humano.

El documento subraya el papel del sistema agroalimentario en el logro de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París y la significativa brecha de financiamiento para los esfuerzos de mitigación en este sector. Aunque el sistema agroalimentario representa una porción sustancial de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el financiamiento climático para la mitigación en este sector sigue siendo alarmantemente bajo, con solo un 2.2% del total del financiamiento climático. La transición a un sistema agroalimentario de bajas emisiones podría conllevar compensaciones a corto plazo, como la reducción de la producción agrícola y el aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, los costos de la inacción son aún mayores, puesto que el sistema alimentario actual contribuye a resultados negativos en la salud, agrava la pobreza y causa billones de dólares en externalidades ambientales anualmente. El documento enfatiza los múltiples beneficios de transformar el sistema agroalimentario, incluyendo retornos potenciales de $4.3 billones en 2030 y el aumento de los desempeños de los cultivos, la conservación de la biodiversidad y la captura de carbono a través de prácticas agrícolas inteligentes con el clima. Se proyecta que una acción temprana de mitigación reducirá los riesgos del cambio climático y generará beneficios sustanciales a largo plazo. Muchos países de bajos y medianos ingresos están alcanzando menos de la mitad de su potencial de producción agrícola, mientras que los países de altos ingresos están logrando el 70%. Los países de bajos ingresos pueden evitar quedar atrapados en trayectorias de altas emisiones orientando sus sistemas agroalimentarios hacia opciones de alimentos de bajas emisiones y adoptando prácticas de agricultura inteligente con el clima, las cuales proporcionan ganancias económicas, resiliencia climática y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos y las empresas pueden facilitar inversiones climáticas en el sector agroalimentario mejorando la focalización, la reducción de riesgos, la rendición de cuentas y los mercados de carbono. Medidas de política como la inclusión de los sistemas agroalimentarios en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y la reorientación de subsidios perjudiciales hacia la mitigación pueden acelerar la transformación. Mejorar los sistemas de monitoreo y medición de gases de efecto invernadero, así como los sistemas de reporte y verificación, puede desbloquear financiamiento climático. Las prácticas y tecnologías innovadoras para reducir las emisiones agroalimentarias están en expansión y volviéndose más rentables, pero se necesita más investigación y desarrollo para continuar esta tendencia.

La necesidad crítica de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sistema agroalimentario para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5°C, como lo exige el Acuerdo de París, es innegable. Incluso si todos los demás sectores eliminan las emisiones de combustibles fósiles, las emisiones del sistema alimentario por sí solas podrían empujar al planeta más allá del umbral de 1.5°C. Desafortunadamente, los esfuerzos para reducir las emisiones del sistema agroalimentario han sido insuficientes, con solo aproximadamente la mitad de las partes del Acuerdo de París incluyendo inicialmente objetivos de GEI relacionados con la agricultura en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Además, la financiación climática para el sistema agroalimentario está muy por debajo de lo necesario. No obstante, existen soluciones disponibles y asequibles para lograr emisiones netas cero en el sistema agroalimentario. Muchas opciones de mitigación rentables cuestan menos de $100 por tonelada de emisiones de GEI, e incluso algunas generan ahorros o beneficios. El Banco Mundial, con su liderazgo global en agricultura y cambio climático, está bien posicionado para apoyar a los países en alcanzar las emisiones netas cero del sistema agroalimentario. El informe proporciona un marco estratégico para reducir drásticamente las emisiones de GEI del sistema agroalimentario, al tiempo que contribuye a otros objetivos de desarrollo clave. Identifica soluciones rentables para cada categoría de ingresos de los países para abordar sus mayores concentraciones de emisiones del sistema agroalimentario, y destaca la necesidad de un entorno propicio a través de inversiones, incentivos, información, innovación, instituciones e inclusión. El sistema agroalimentario actual es un importante contribuyente al cambio climático y no es sostenible para un planeta habitable. Es responsable de emisiones significativas de GEI, amenazando el límite de calentamiento global de 1.5°C del Acuerdo de París. A pesar de los avances en la reducción de las proyecciones de emisiones, el mundo necesita alcanzar emisiones netas cero de GEI para 2050 para cumplir con el objetivo de 1.5°C. Sin embargo, existe una brecha de financiamiento significativa entre lo que actualmente se proporciona al sistema agroalimentario y lo que se necesita para su transición a una trayectoria de bajas emisiones. Los costos de la inacción, como los impactos del cambio climático, el agotamiento de recursos naturales y los impactos inequitativos, son aún mayores y socavan el desarrollo económico, la salud humana y ambiental. Si bien existen compensaciones en la consecución de múltiples objetivos para el sistema agroalimentario, los costos de la inacción son más graves. Afortunadamente, existen acciones de mitigación rentables que se pueden tomar de inmediato para reducir las emisiones del sistema agroalimentario mientras se alimenta al planeta. El capítulo destaca la urgencia de transformar el sistema agroalimentario para abordar su significativo impacto climático y las condiciones que están en su lugar para comenzar esta transformación ahora.

La reducción de las emisiones de GEI en el sistema agroalimentario es decisiva para alcanzar los objetivos climáticos globales. Existen múltiples oportunidades de mitigación rentables que pueden ser implementadas para reducir estas emisiones. Prácticas agrícolas como la mejora en la gestión de nutrientes, el riego intermitente en el cultivo de arroz y los sistemas agroforestales no solo reducen las emisiones, sino que también ofrecen beneficios de adaptación y resiliencia. Además, medidas relacionadas con el uso de la tierra, como la reducción de la deforestación, la mejora en la gestión forestal y la restauración de turberas, presentan un gran potencial de mitigación. Las medidas pre y post-producción, como los cambios dietéticos, la reducción del desperdicio de alimentos y la adopción de proteínas alternativas, también pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones. El sistema agroalimentario ofrece una fuente destacada de soluciones de mitigación rentables, con muchas prácticas que incluso generan ahorros. Estudios sugieren que a un precio de carbono de $100 por tonelada de CO2 equivalente, el sector agrícola podría reducir las emisiones no-CO2 en un 31-35%. Las medidas para reducir las emisiones de metano del ganado y la agricultura también son altamente rentables, con el potencial de reducir estas emisiones en hasta un 45% para 2030. Es esencial que cada país aproveche estas oportunidades prioritarias para alcanzar emisiones netas cero en el sistema agroalimentario. Del mismo modo, el sistema agroalimentario no solo es un importante contribuyente al cambio climático debido a sus emisiones de GEI, sino que también es un gran consumidor de energía, representando un tercio del uso y las emisiones de energía globales. La demanda de energía está en aumento debido a la mecanización, el uso de fertilizantes y pesticidas, y los procesos pre y post-producción, especialmente en los países de altos ingresos. La adopción de energía renovable se presenta como una estrategia de mitigación rentable, con costos en descenso para las instalaciones solares y eólicas. Las energías renovables tienen el potencial de reducir las emisiones, crear empleos y mejorar la calidad del aire en el sector agroalimentario. El uso de fuentes de energía renovable, como la irrigación solar, el almacenamiento en frío y los sistemas de cocción, ofrece una solución sostenible para varias etapas de la cadena de valor agroalimentaria, proporcionando beneficios como mayor eficiencia, reducción de desperdicios y mejora de la seguridad alimentaria. Ejemplos en India, Bangladesh y África Oriental demuestran cómo la irrigación solar ha aumentado los desempeños y los ingresos para los agricultores. 

En adición, los gobiernos pueden implementar medidas políticas para promover dietas sostenibles y bajas en emisiones. Aunque las preocupaciones ambientales o de sostenibilidad a menudo quedan en segundo plano frente a necesidades más urgentes como el hambre y la asequibilidad, las dietas poco saludables generan costos significativos para la salud pública. Los subsidios a productos cárnicos y lácteos contribuyen a su asequibilidad y alta consumo, a pesar de sus impactos ambientales negativos. Medidas financieras como impuestos e incentivos, estrategias de arquitectura de elección como el control de porciones y la colocación de productos, el etiquetado de alimentos y las campañas de educación y comunicación son intervenciones potenciales. Mientras que intervenciones aisladas como el etiquetado tienen un impacto limitado, los enfoques integrales que combinan múltiples herramientas son más efectivos. La efectividad de estas intervenciones depende de factores como la confianza en el gobierno, las posibles consecuencias no deseadas para los hogares de bajos ingresos y la resistencia del consumidor. Organizaciones de consumidores, el consumo responsable y la investigación e innovación en proteínas alternativas también desempeñan un papel complementario en la promoción de dietas bajas en emisiones. Por otra parte, los mercados de carbono y los precios del carbono se han establecido como mecanismos para reducir las emisiones de GEI en el sistema agroalimentario. Estos mercados pueden ser obligatorios, como los mercados de cumplimiento, o voluntarios (VCMs), donde las organizaciones pueden compensar sus emisiones. Ejemplos destacados incluyen el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea y el estándar Gold Standard, que representan mercados de cumplimiento y voluntarios, respectivamente. Por otro lado, los impuestos al carbono son precios determinados por los gobiernos que las organizaciones deben pagar por cada tonelada de GEI emitida. Aunque tanto los mercados de carbono como los impuestos tienen el potencial de financiar actividades de reducción de emisiones, su utilización en el sistema agroalimentario es limitada, especialmente para los pequeños agricultores. Esto se debe en parte al legado del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), que en gran medida excluyó proyectos agrícolas. No obstante, los VCMs están creciendo rápidamente y se espera un mayor crecimiento para el año 2030. Los mercados de carbono enfrentan desafíos significativos, como las caídas del mercado, las exenciones que socavan los impuestos al carbono, la complejidad del sector agrícola y las dificultades en la monitorización, reporte y verificación (MRV) de las reducciones de emisiones. Para mejorar la integridad y transparencia de los VCMs, se están llevando a cabo esfuerzos que incluyen evaluaciones independientes, sistemas de metadatos de código abierto y la vinculación global de los mercados de carbono bajo los mecanismos del Acuerdo de París. Además, se han observado avances políticos en países de altos ingresos (HICs), como la política agrícola común (CAP) de la UE, el esquema de comercio de emisiones de Nueva Zelanda y programas en Estados Unidos, Canadá y Australia, que fueron de los primeros en incluir las emisiones agrícolas en las políticas de mitigación. Estos esfuerzos reflejan un reconocimiento creciente de la necesidad de integrar el sistema agroalimentario en las estrategias de reducción de GEI, aprovechando mecanismos de mercado y políticas fiscales para fomentar prácticas sostenibles y bajas en carbono.

Finalmente, existen diversos métodos para mitigar las emisiones de GEI asociadas con la producción ganadera. La intensificación de la producción ganadera en pastizales para reducir el uso de tierra por animal, políticas que aseguren que los productos importados no contribuyan a la deforestación y prácticas como el pastoreo rotacional y la reducción de la intensidad del pastoreo para prevenir la sobreexplotación y la degradación del suelo son algunas de las estrategias. Innovaciones modernas como la cría de ganado para baja fermentación entérica, cambios en las dietas animales, la expansión de la digestión anaeróbica del estiércol y el uso de inhibidores de la nitrificación también son clave. En cuanto a la producción de arroz, una fuente significativa de emisiones de metano, se sugieren métodos de aplicación de agua intermitente, siembra directa y producción de arroz en condiciones aeróbicas como estrategias efectivas para reducir emisiones. Mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno a través de la gestión integrada de la fertilidad del suelo y el uso de fertilizantes de liberación lenta, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y gestionar adecuadamente las aguas residuales del sistema agroalimentario son medidas adicionales que pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones.   

La expansión de la infraestructura pública de carga para vehículos eléctricos (VE) es fundamental para abordar la ansiedad por autonomía y fomentar una adopción más amplia de los VE. En este sentido, se destaca la importancia de las significativas inversiones realizadas por el gobierno federal, estados y empresas de servicios públicos en programas de carga para VE, que ascienden a $6,5 mil millones, de los cuales $5,3 millones se han asignado específicamente para infraestructura de carga. Aunque la mayoría de la carga de VE actualmente ocurre en el hogar, existe una creciente necesidad de estaciones de carga públicas para atender a aquellos sin capacidades de carga en casa, incluidos los residentes de comunidades desfavorecidas. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable estima que para 2030, Estados Unidos necesitará más de 1 millón de puertos de carga nivel 2 accesibles al público y 182.000 puertos de carga rápida de corriente continua accesibles al público para respaldar la flota de vehículos livianos de propiedad privada del país. Además, se requerirán 26 millones de puertos de carga para hogares unifamiliares y multifamiliares. Para acelerar el mercado de carga comercial, las empresas de servicios públicos deben involucrar a propietarios de propiedades comerciales, como minoristas, restaurantes, edificios de oficinas, destinos turísticos, hoteles y empresas de administración de apartamentos/condominios, para alentarlos a instalar cargadores. Al implementar programas e incentivos de carga de VE comerciales, las empresas de servicios públicos pueden desempeñar un papel clave en facilitar la transición a vehículos eléctricos, promover la electrificación de flotas, mejorar la calidad del aire y extender los beneficios de la movilidad eléctrica a comunidades desatendidas. La discusión sobre los programas de incentivos de carga para VE ofrecidos por empresas de servicios públicos en todo Estados Unidos resalta la importancia de hacer que la carga sea accesible para todos, incluidos los usuarios de servicios de transporte compartido, transporte público y autobuses escolares, a través de programas de incentivos de carga de VE comerciales. Es fundamental reconocer que la carga comercial de VV puede ser compleja y costosa, con costos de instalación que van desde $10,000 para un puerto de carga nivel 2 hasta $250.000 para un cargador rápido de corriente continua (DCFC). Por lo tanto, es importante diseñar e implementar de manera efectiva los programas de carga de VE comerciales de las empresas de servicios públicos. Entre los programas exitosos se mencionan el Programa Charger Solution de Duke Energy North Carolina, que ofrece opciones de alquiler de cargadores nivel 2 y DCFC a negocios y viviendas multifamiliares. Asimismo, el programa Fleet Partner de Portland General Electric es un programa de preparación de instalaciones propiedad de la empresa de servicios públicos que incluye un estudio de viabilidad gratuito, diseño, construcción e incentivos personalizados para la preparación de instalaciones. En Nueva York, las empresas de servicios públicos de propiedad de inversionistas ofrecen programas de incentivos para la preparación de instalaciones, donde los clientes poseen la infraestructura de preparación de instalaciones y los cargadores, pero la empresa de servicios públicos proporciona reembolsos para compensar los costos. El programa de preparación de instalaciones comerciales de VE de NYSEG y RGE, implementado por Franklin Energy, ofrece incentivos de hasta el 100% para la instalación de infraestructura de carga. 

Las estrategias para promover programas de carga VE comerciales por parte de las empresas de servicios públicos incluyen analizar datos de clientes para desarrollar estrategias de marketing específicas, capacitar al personal interno para manejar consultas de clientes y aprovechar las redes locales y aliados comerciales para alcance y capacitación. Para clientes de flotas, se recomienda ofrecer servicios de asesoramiento para ayudarles a navegar por la complejidad de la transición a VE, como adquisiciones, presupuestos y operaciones. Esto puede beneficiar tanto a la empresa de servicios públicos como al cliente al optimizar la infraestructura de carga y minimizar costos. Para clientes no flotantes, se aconseja construir un caso de negocio para la carga de VE comercial destacando beneficios potenciales como atraer conductores de VE, generar ingresos y demostrar liderazgo en sostenibilidad. También se sugiere ofrecer herramientas como análisis de costo-beneficio y soluciones de gestión de carga para abordar preocupaciones sobre costos e impactos en la red. Además, se enfatiza la importancia de simplificar el proceso de inscripción proporcionando orientación clara, administradores de cuentas dedicados y herramientas en línea para facilitar la solicitud y gestión del proyecto. Por otra parte, se destacan los desafíos que enfrentan las empresas, como la falta de conocimiento sobre presupuestos y la dificultad para obtener estimaciones de costos de instaladores calificados. Las soluciones propuestas incluyen consultar recursos externos gratuitos, proporcionar ejemplos de presupuestos y estudios de caso, ofrecer evaluaciones iniciales gratuitas del sitio y utilizar una herramienta de evaluación del sitio para generar recomendaciones de equipos de alto nivel y estimaciones generales del proyecto. El objetivo es abordar las necesidades de presupuesto de las empresas y agilizar el proceso de evaluación de la viabilidad de instalar estaciones de carga para VE, acelerando así la decisión de inscripción. En un mismo sentido, se discuten los desafíos y soluciones relacionados con tres etapas de un programa de carga de EV comerciales: despertar conciencia e interés, crear un caso de negocio y acelerar la decisión de inscripción. En la etapa de conciencia e interés, el desafío es identificar y comercializar a todos los interesados relevantes más allá de la alta dirección. La solución es preguntar proactivamente al cliente sobre todos los posibles interesados y asegurar su participación. En la etapa de caso de negocio, el desafío es manejar las expectativas y los plazos de los interesados, debido a que las instalaciones más grandes de nivel 2 pueden tomar de 8 a 10 meses y las instalaciones de carga rápida de corriente continua generalmente requieren al menos un año. La solución es ser transparente sobre el progreso del programa y establecer plazos realistas. En la etapa de decisión de inscripción, los desafíos incluyen elegir proveedores, desarrollar infraestructura de preparación de instalaciones del lado de la empresa de servicios públicos y del lado del cliente, y gestionar el flujo del programa. Las soluciones involucran proporcionar educación sobre VE, simplificar los procesos de selección de proveedores y coordinar con empresas de servicios públicos y contratistas. En general, se enfatiza la importancia de la gestión proactiva de interesados, establecer expectativas realistas y proporcionar recursos educativos para navegar de manera fluida por las complejidades de la implementación de programas de carga de VE comerciales. 

La creación de un mercado para la infraestructura de carga de VE y la gestión del programa asociado plantea desafíos y soluciones importantes. En primer lugar, se debe establecer un mercado que permita a clientes, contratistas y proveedores explorar y comparar recomendaciones de equipos de carga de VE. Esto requiere la creación de una red de instaladores calificados y un portal para contratistas que gestionen proyectos de manera transparente. Además, se deben abordar desafíos relacionados con el desarrollo de la infraestructura del lado de la empresa de servicios públicos, como manejar solicitudes de servicio y mejoras para sitios de carga de VE comerciales. Priorizar y acelerar las solicitudes de servicio para el programa de carga de VE es una solución sugerida. Asimismo, se deben considerar desafíos y soluciones para crear infraestructura del lado del cliente, como los retrasos en permisos y solicitudes de interconexión con la empresa de servicios públicos. Trabajar con autoridades locales e identificar partes interesadas clave puede mitigar estos retrasos. En conjunto, estas estrategias abordan los desafíos integrales en el establecimiento y gestión de un programa de carga de VE comercial, desde la selección de proveedores hasta la gestión del flujo del programa. La implementación y gestión de un programa comercial de carga de VE plantea diversos desafíos y ofrece soluciones clave. Uno de los desafíos principales es el diseño adecuado del sitio, considerando aspectos como los carriles contra incendios, el acceso ADA y las canalizaciones, que pueden aumentar los costos. Es fundamental contar con información precisa para evitar proyectos costosos de reingeniería. Además, es necesario abordar la gestión del flujo del programa, como el seguimiento del progreso de los clientes y la resolución de retrasos. Las soluciones propuestas incluyen confiar en contratistas de implementación para diseñar, implementar y gestionar el programa, así como proporcionar portales y herramientas para mantener informadas a las partes interesadas. A su vez, se deben considerar aspectos importantes para los clientes, como determinar el acceso al cargador (físico o digital) y decidir si cobrar tarifas por su uso u ofrecerlo como un servicio gratuito. En resumen, estos enfoques brindan ideas sobre cómo abordar los desafíos y establecer un programa efectivo de carga de VE comercial.   

https://www.franklinenergy.com/amp-up-commercial-ev  

https://448562.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/448562/Franklin%20Energy/Non-Image%20Downloadable%20Files/Franklin-Energy_Amp-Up-Your-Commercial-EV-Charging-Programs.pdf 

 El documento explora programas en los Estados Unidos y Canadá que promueven la construcción de viviendas y edificios nuevos de energía cero y carbono cero. Estos programas se enfocan en estructuras altamente eficientes energéticamente, donde la cantidad de energía producida en el lugar (generalmente a través de paneles solares fotovoltaicos) iguala o supera la energía comprada a las compañías de servicios públicos durante el año. Los edificios de carbono cero llevan este concepto más allá al considerar las emisiones de carbono asociadas con la generación de electricidad. El estudio identifica 22 programas de este tipo en 13 estados de EE. UU. y una provincia canadiense, con 14 centrados en construcción residencial y 8 en edificios comerciales. La mayoría de los programas apuntan a la construcción lista para la energía cero, pero varios tienen rutas de energía cero. Algunos programas se enfocan explícitamente en viviendas asequibles o brindan incentivos más altos para estas. En conjunto, estos programas tienen un presupuesto anual de aproximadamente $110 millones para 2024, un aumento del 70% desde un estudio similar en 2020. Más de 5,000 viviendas unifamiliares, casi 25,000 apartamentos y 222 edificios comerciales totalizando 9.5 millones de pies cuadrados se han completado a través de estos programas. Además, muchos más proyectos están en curso, incluyendo más de 60,000 apartamentos y 325 edificios comerciales que totalizan más de 94 millones de pies cuadrados. El estudio destaca tendencias como el uso de calefacción eléctrica y de agua, incentivos para la electrificación y un creciente enfoque en la construcción de energía/carbono cero a medida que los códigos de construcción se vuelven más estrictos. Enfatiza la importancia de minimizar el uso de energía y las emisiones en nuevas construcciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se abordan las opciones de edificios de energía cero y carbono cero, que son altamente eficientes y producen tanta energía como consumen en un año, a menudo a través de fuentes de energía renovable en el lugar como paneles solares. Destaca la importancia de la transición a estos edificios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía. Se definen edificios de energía cero, edificios de carbono cero (que consideran las emisiones de la generación de energía), y edificios listos para la energía cero (altamente eficientes, pero sin sistemas de energía renovable). Se discuten varios programas y estándares que promueven estos edificios, como la especificación de Hogares Listos para Energía Cero del DOE, el Desafío del Edificio Vivo y LEED Zero. El documento, a su vez, abarca la economía de los edificios de energía cero, que pueden tener costos iniciales más altos, pero costos totales más bajos debido al ahorro de energía. Se menciona el creciente número de hogares y edificios de energía cero y casi cero en los últimos años y el papel de los programas de nueva construcción de servicios públicos y otros en la promoción de estos edificios. Lecciones clave de programas existentes incluyen la importancia de capacitar a los constructores, apuntar a constructores grandes, intervenir temprano en el proceso de diseño, usar estructuras de incentivos simples y resaltar los múltiples beneficios de los edificios de energía cero más allá del ahorro de energía.

Por otra parte, se abordan diferentes programas e iniciativas en varios estados del noreste de los Estados Unidos destinados a promover la construcción residencial nueva de energía cero y carbono cero. Destacan los esfuerzos de organizaciones como NYSERDA, las empresas de servicios públicos en Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Efficiency Vermont para proporcionar incentivos, capacitación y apoyo a los constructores para construir hogares altamente eficientes energética y totalmente eléctricos. Los programas ofrecen incentivos escalonados basados en métricas de desempeño como puntajes HERS, con mayores incentivos para hogares que logran un consumo de energía cercano a cero o energía neta cero. Las iniciativas también incluyen asistencia en diseño, servicios de consultoría, apoyo en marketing y capacitación en técnicas como Passive House y calefacción eléctrica. Si bien algunos programas han tenido éxito en involucrar a desarrolladores de viviendas personalizadas y asequibles, los constructores de producción y especulativos han sido más reacios a adoptar estas prácticas avanzadas de construcción. Las empresas de servicios públicos están explorando estrategias como tarifas de electricidad separadas para hogares con bombas de calor para abordar las preocupaciones de costos. En general, estos programas tienen como objetivo desarrollar la capacidad del mercado y fomentar la adopción de prácticas de construcción de energía cero y carbono cero en el sector residencial. En un mismo sentido, programas e iniciativas de diferentes organizaciones y empresas de servicios públicos están dirigidos a promover la construcción de edificios nuevos de energía cero y carbono cero, especialmente hogares residenciales. Cubren programas en Vermont, California, Illinois, el Distrito de Columbia y Michigan. Efficiency Vermont tiene un programa de viviendas de alto desempeño que ofrece incentivos para hogares energéticamente eficientes, mientras que California se ha fijado la meta de construcción de energía neta cero para 2020 y ha mejorado constantemente sus códigos de construcción. Las empresas de servicios públicos de California ofrecen el programa California Energy-Smart Homes, que requiere construcciones nuevas totalmente eléctricas con bombas de calor, infraestructura de carga para vehículos eléctricos y otras medidas energéticamente eficientes. Commonwealth Edison en Illinois tiene un Programa de Construcción Nueva Totalmente Eléctrica y un Programa de Construcción Nueva de Viviendas Asequibles con una vía piloto de edificios pasivos para proyectos multifamiliares de bajos ingresos. El Distrito de Columbia tiene un Programa de Energía Neta Cero que proporciona incentivos y asistencia técnica para edificios de energía neta cero, incluyendo proyectos residenciales y comerciales. Consumers Energy en Michigan tiene un Programa de Construcción de Nuevas Viviendas Totalmente Eléctricas que promueve hogares nuevos totalmente eléctricos, de alta eficiencia y listos para energía solar con incentivos para cumplir con ciertos criterios de desempeño energético. Se destaca los diversos requisitos del programa, incentivos, niveles de participación y lecciones aprendidas de estas iniciativas destinadas a avanzar en la construcción de edificios nuevos energéticamente eficientes y de energía cero.

De igual forma, se consideran programas e iniciativas particularmente en el sector residencial multifamiliar. Destacan programas piloto, competencias, incentivos y esquemas de certificación implementados por diferentes estados, empresas de servicios públicos y organizaciones en los Estados Unidos y Canadá. En Nueva Jersey, se propuso un programa piloto para otorgar premios monetarios a los mejores diseños de edificios que cumplan con criterios específicos, incluyendo bajas emisiones de carbono, confort superior y replicabilidad. Massachusetts lanzó un programa estatal que ofrece estudios de viabilidad, modelado energético e incentivos financieros para proyectos multifamiliares que cumplen con los estándares de Passive House. El programa Zero Energy for the Ocean State (ZEOS) de Rhode Island proporciona subvenciones para proyectos de viviendas asequibles de energía neta cero, incluyendo energía solar en el lugar y bombas de calor de aire. Efficiency Vermont ofrece un programa multifamiliar con dos vías: Certificado de Efficiency Vermont y Alto desempeño, siendo este último esencialmente listo para energía cero. Ofrece incentivos, cubre costos de puesta en marcha y modelado, y ha completado más de 800 unidades desde 2016. British Columbia, Canadá, tiene un «código paso a paso» con cinco niveles, el más alto siendo listo para energía cero, y ofrece incentivos a través del Desafío de Energía Cero para edificios que cumplan con el nivel más alto. Enterprise Community Partners, una organización sin fines de lucro tiene un programa de certificación llamado Green Communities Plus, que requiere que los proyectos sean energía neta cero o casi cero, como lo demuestran certificaciones como el Hogar Listo para Energía Cero (ZERH) del DOE o Passive House. El primer proyecto Green Communities Plus se completó recientemente en Fort Collins, Colorado. En general, se destacan diferentes enfoques y estructuras de incentivos empleados por diferentes entidades para fomentar la adopción de prácticas de construcción de energía cero y de bajo carbono, especialmente en el sector de viviendas multifamiliares. Los análisis sobre estos programas se implementan en diferentes estados y regiones, destacando sus características clave y enfoques específicos. En el ámbito residencial, se menciona el programa Green Communities Plus, requerido o incentivado en algunos estados, junto con programas de casas modulares en Vermont (Efficiency Vermont) y Delaware (Ze-Mod). Estos programas colaboran con fabricantes para desarrollar diseños de casas modulares altamente eficientes y cero energía, ofreciendo incentivos financieros y opciones de financiamiento para hacerlas accesibles a compradores de ingresos bajos y moderados. En el sector comercial, se destaca el programa Path to Net Zero de Energy Trust of Oregon, que brinda asistencia en diseño, apoyo técnico, incentivos y capacitación para ayudar a proyectos a alcanzar metas de energía neto cero. Se hace hincapié en la fijación temprana de objetivos y en la creación de una comunidad en torno al neto cero como estrategias clave. Además, se mencionan programas comerciales de NYSERDA, como el de nueva construcción comercial, que ofrece diferentes niveles de apoyo, incluyendo asistencia técnica, modelado energético e incentivos financieros para proyectos de energía neto cero y renovaciones profundas. Estos programas, junto con otros mencionados, apuntan a impulsar el mercado hacia la construcción de energía y carbono cero mediante apoyo técnico, incentivos financieros y avances en códigos de construcción. 

Siendo así se tienen en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, se exploran los planes de desarrollo sostenible, los programas de eficiencia energética, los incentivos, las certificaciones y los proyectos piloto que conforman este panorama. Estos programas están diseñados para abarcar tanto la construcción residencial como la comercial, proporcionando pautas claras, asistencia técnica e incentivos financieros que fomenten la adopción de prácticas de construcción energéticamente eficientes y de energía cero. Destacan los esfuerzos de diversas organizaciones, desde agencias gubernamentales hasta empresas de servicios públicos y organizaciones sin fines de lucro, en impulsar y respaldar el desarrollo de edificios de energía cero y cero carbono mediante regulaciones, estándares, competencias y recursos educativos. Esta interconexión entre los programas y el apoyo de múltiples actores demuestra la coherencia y la sinergia necesarias para avanzar hacia una construcción más sostenible y amigable con el medio ambiente. Adicionalmente, el documento profundiza en los programas de eficiencia energética y energías renovables enfocados en la construcción residencial en diferentes estados y regiones de los Estados Unidos. Se detallan aspectos como los administradores de programas, los años de inicio, los datos de finalización recientes, los presupuestos, las estructuras de incentivos, las ofertas de asistencia técnica, las especificaciones de terceros utilizadas y los ahorros energéticos estimados. Estos programas abarcan desde iniciativas de construcción nueva para viviendas unifamiliares, apartamentos y edificios comerciales, hasta programas específicos centrados en viviendas modulares de energía cero y edificios residenciales de alto desempeño. Este enfoque resalta la diversidad de enfoques y diseños de programas destinados a promover la construcción energéticamente eficiente y de energía cero en el sector residencial en todo el país, evidenciando la variedad de estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad en la construcción residencial.  

https://www.aceee.org/white-paper/2024/05/programs-promote-zero-energy-and-zero-carbon-new-homes-and-buildings  

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/programs_to_promote_zero-energy_and_zero-carbon_new_homes_and_buildings_1.pdf  

El informe presenta conocimientos clave y estudios de caso de actores de la industria en toda la cadena de valor de los plásticos que han desarrollado e implementado soluciones para abordar la contaminación por plásticos. Los hallazgos clave son: existe una amplia gama de soluciones exitosas, pero su implementación a gran escala sigue siendo un desafío. El informe recopiló 59 estudios de caso, con aproximadamente el 65% de ellos basados en un modelo de negocio con fines de lucro y alrededor de la mitad de ellos actualmente rentables. Mientras que algunas soluciones provienen de empresas multinacionales, solo el 25% se consideran «maduras», el 20% son startups y más del 55% están en la fase de expansión. La mayoría de los proveedores de soluciones buscan escalar sus propuestas, pero enfrentan desafíos debido a la fase formativa de la adopción de innovaciones. La colaboración a lo largo de la cadena de valor es crucial para la implementación exitosa. Muchas soluciones requieren cooperación entre diferentes partes interesadas, como fabricantes, minoristas, empresas de gestión de residuos y consumidores. Una colaboración efectiva puede superar barreras y permitir la escalabilidad. Los marcos de políticas y regulaciones habilitadoras son factores clave para ampliar estas soluciones. Políticas de apoyo, regulaciones e incentivos pueden crear un entorno propicio para la adopción y expansión de soluciones. La falta de estos marcos es una barrera significativa. La concienciación y el cambio de comportamiento del consumidor son esenciales para el éxito de muchas soluciones. Aquellas que implican la participación del consumidor, como el reciclaje o la reutilización, requieren esfuerzos para aumentar la conciencia y promover cambios de comportamiento. El acceso a financiamiento es un desafío común, especialmente para startups y empresas en expansión. Mecanismos de financiamiento innovadores y el apoyo de los sectores público y privado pueden ayudar a abordar esta barrera. Los datos y la tecnología desempeñan un en la habilitación de la trazabilidad, transparencia y optimización de soluciones a lo largo de la cadena de valor. El informe tiene como objetivo proporcionar información de soluciones industriales existentes para informar el desarrollo de un tratado global eficaz e impactante sobre plásticos, que actualmente está siendo negociado por los estados miembros de la ONU. Este tratado global sobre plásticos es esencial para acelerar la adopción y ampliación de soluciones para abordar la contaminación por plásticos. Los puntos clave incluyen: las intervenciones políticas las cuales son clave para la transición de proyectos piloto a la adopción generalizada de soluciones circulares para plásticos. Los entrevistados enfatizaron la necesidad de políticas audaces, consistentes y aplicables para crear un entorno propicio para la escalabilidad de las soluciones. Definir términos clave como «plásticos», «plásticos alternativos» y «sustitutos no plásticos» es esencial para la claridad y la aplicación coherente de las políticas. Se necesitan estándares globales armonizados para probar la biodegradabilidad, reciclabilidad, seguridad alimentaria y otros aspectos para asegurar la alineación y facilitar el comercio. Las intervenciones políticas específicas mencionadas incluyen la responsabilidad extendida del productor (EPR), prohibiciones de ciertos plásticos y objetivos para estrategias específicas de gestión de residuos (por ejemplo, reciclaje, reutilización). El tratado global sobre plásticos puede desempeñar un papel clave en la armonización de definiciones, estándares e intervenciones políticas a nivel global, proporcionando claridad y condiciones habilitantes para escalar soluciones circulares.  

Por otra parte, se destaca la importancia de desbloquear y canalizar flujos financieros para apoyar la implementación y escalamiento de soluciones circulares que aborden la contaminación por plásticos. Se resalta la complejidad del panorama financiero de la contaminación plástica, que requiere una combinación de fuentes de financiamiento privadas, públicas, filantrópicas y mixtas. La mayoría de los proveedores de soluciones apuntan a modelos de negocio sostenibles y dependen en gran medida de inversiones privadas, como capital de riesgo, inversiones de impacto, créditos plásticos, asociaciones corporativas y compromisos de la industria. Se espera que el tratado global sobre plásticos desempeñe un papel crítico en facilitar el acceso al financiamiento y ayudar a los proveedores de soluciones a escalar sus propuestas. Se proponen tres mecanismos clave: 1) establecer las regulaciones adecuadas y garantizar su cumplimiento, 2) asegurar una estructura de gobernanza y financiera bien diseñada para los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR, por sus siglas en inglés), y 3) proporcionar un marco de divulgación para el seguimiento y la trazabilidad. Las regulaciones y su cumplimiento se destacan para desbloquear inversiones, dado que proporcionan consistencia a largo plazo y claridad sobre la dirección de las regulaciones, lo que reduce el riesgo de las inversiones en infraestructuras de manufactura y reciclaje. Los esquemas EPR se consideran incentivos financieros clave, pero su alcance debería cubrir toda la cadena de valor de los plásticos, incluyendo la reutilización y la infraestructura para la gestión de residuos y la reutilización. Un marco de divulgación para el seguimiento y la trazabilidad puede mejorar la transparencia, medir el impacto e incentivar a los inversores privados al proporcionar datos basados en evidencia sobre las cadenas de suministro y su impacto ambiental. En general, aunque no se espera que el tratado proporcione un gran fondo, puede desempeñar un papel crítico al proporcionar definiciones, marcos, orientación y políticas para incentivar a los inversores y desbloquear financiamiento para soluciones circulares. De igual forma se examinan las soluciones industriales circulares para abordar la contaminación por plásticos y el papel que podría desempeñar un posible tratado global sobre plásticos en el escalamiento de estas soluciones. Las ideas clave incluyen: el escalamiento de soluciones circulares desde alternativas de nicho hasta su adopción generalizada es un gran desafío. Las intervenciones políticas y los mecanismos de financiamiento a través de un tratado global se consideran impulsores clave para superar este desafío. Las necesidades políticas específicas destacadas incluyen definiciones y estándares claros, esquemas armonizados de responsabilidad extendida del productor, prohibiciones de plásticos problemáticos, objetivos para estrategias óptimas de gestión de residuos y estándares de calidad del material. El proceso de negociación del tratado en sí presenta oportunidades para la colaboración multilateral, la construcción de confianza en soluciones innovadoras y el aumento de la conciencia pública, factores citados como igualmente importantes para el escalamiento de soluciones. La falta de confianza, la resistencia al cambio y la renuencia a compartir información son barreras importantes. Los «campeones» individuales que impulsan el cambio y la colaboración en toda la cadena de valor son importantes para construir confianza. Aumentar la conciencia del consumidor y habilitar opciones sostenibles convenientes a través de esfuerzos de marketing se consideran factores de éxito, pero la conciencia por sí sola es insuficiente sin alternativas accesibles. Mientras el tratado puede impulsar políticas y financiamiento, todos los interesados deben contribuir a educar, colaborar y construir confianza durante las fases de negociación e implementación para la adopción efectiva de soluciones circulares.

El informe aborda diversas soluciones e iniciativas dirigidas a promover el re-uso y el diseño de envases circulares para reducir los desechos plásticos. Se destacan estudios de caso de empresas como el laboratorio de diseño circular de envases Cazoolo de Braskem, la alternativa reutilizable a los sobres de un solo uso de Alner, los envases de alimentos reutilizables y retornables de DeliverZero, la plataforma Loop de TerraCycle para envases reutilizables, el sistema NextGen Cup de Closed Loop Partners para tazas reutilizables y la plataforma tecnológica de Vytal para habilitar contenedores reutilizables. Estas soluciones enfatizan la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, el intercambio transparente de conocimientos, la incorporación de los costos de externalidades, la responsabilidad extendida del productor (EPR) de carácter legal y las políticas que prohíban ciertos envases o incentiven los reutilizables. La visión a largo plazo es hacer que el re-uso sea conveniente, asequible y generalizado, integrándolo en las estrategias de empaque de las marcas y el comportamiento de los consumidores. Se considera que un tratado global sobre plásticos sería útil para establecer la dirección, crear un entorno competitivo justo, incorporar modelos de reutilización, incentivar a los productores, mandar objetivos de reutilización y desbloquear inversiones. Sin embargo, también se enfatiza la necesidad de personalizar las soluciones para adaptarse a las culturas y mercados regionales. Las necesidades clave identificadas son la inversión, el apoyo político, la educación del consumidor, las pruebas iterativas y el abordaje de las realidades operacionales. En un mismo sentido, se entregan soluciones y perspectivas de diferentes organizaciones y empresas que trabajan hacia una mejor gestión de residuos plásticos y una economía circular para los plásticos. Cubre iniciativas relacionadas con el re-uso, el reciclaje, la recolección, la limpieza y la clasificación de residuos plásticos. Los puntos clave son: se necesitan normas y regulaciones para promover el re-uso cuando es ambientalmente beneficioso y para encarecer los plásticos de un solo uso al contabilizar sus externalidades. Los programas de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR), como los implementados por organizaciones como ECOCE y Citeo, tienen como objetivo armonizar las regulaciones, promover el reciclaje e involucrar a los productores en la gestión de residuos. Los proyectos piloto, como el reciclaje de botella a botella de Ecojil y Veolia, están estableciendo infraestructuras de reciclaje y demostrando modelos circulares para los plásticos. Los desafíos incluyen la alta inversión de capital, la baja demanda de plásticos reciclados, la falta de estandarización y las regulaciones inconsistentes en diferentes regiones. Soluciones como la tecnología de limpieza por chorro de Pinovo y las instalaciones de clasificación a pequeña escala de Sweepsmart abordan problemas específicos como la contaminación por micro plásticos y la gestión de residuos en economías en desarrollo. Se considera que un tratado global sobre plásticos podría establecer metas ambiciosas pero realistas, armonizar regulaciones, crear un campo de juego nivelado, impulsar la demanda de plásticos reciclados y proporcionar orientación sobre prácticas de economía circular.

En otra instancia, se proporcionan estudios de caso e ideas de varias organizaciones que trabajan en soluciones para abordar la contaminación por plásticos y avanzar hacia una economía circular para los plásticos. Cubre iniciativas centradas en integrar plásticos provenientes de océanos en las cadenas de suministro, limpiar plásticos de los océanos y ríos, mejorar la trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro, y optimizar la elección de materiales mediante herramientas de software. Los puntos clave incluyen la necesidad de una infraestructura de reciclaje robusta, políticas de apoyo, la formalización del sector informal de residuos, establecer objetivos claros para la reducción de plásticos, armonizar metodologías entre países y utilizar tecnología como blockchain e inteligencia artificial para la trazabilidad y obtener información. Las organizaciones destacan los beneficios potenciales de un tratado global sobre plásticos en áreas como el reconocimiento del papel de los trabajadores de residuos, abordar los equipos de pesca abandonados, establecer objetivos de remediación, permitir metodologías consistentes y formalizar el sector informal. La visión a largo plazo es reducir la dependencia de plásticos vírgenes, lograr un crecimiento empresarial sostenible y, en última instancia, limpiar el 90% de los plásticos en los océanos para 2040. En general, el informe destaca la importancia de un tratado global sobre plásticos en el establecimiento de un marco político coherente, definiciones y estándares para acelerar la transición hacia una economía circular de plásticos.  

https://www.weforum.org/publications/circular-industry-solutions-for-a-global-plastics-treaty/  

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Circular_Industry_Solutions_2024.pdf