Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • OT CYBERSECURITY THE 2023 YEAR IN REVIEW

    OT CYBERSECURITY THE 2023 YEAR IN REVIEW

    El papel del mercado voluntario de carbono (VCM) en la agricultura de América Latina y el Caribe (ALC) destaca la oportunidad única de atraer inversión privada y fortalecer la acción climática en la región. El VCM, proyectado para liberar alrededor de $50 mil millones anuales para 2030, se presenta como un motor clave para catalizar sistemas agrícolas resilientes y de baja emisión. Esta perspectiva se alinea con la urgente necesidad de abordar las emisiones del sector agrícola, que representan el 20% de las emisiones antropogénicas globales y una parte significativa de las emisiones en muchos países de la región. Las principales fuentes de emisiones en este sector son la producción ganadera (fermentación entérica y manejo de estiércol) y el cultivo de cultivos (manejo del suelo). El potencial de mitigación es enorme, con un estimado de 0,9 GtCO2e anuales en ALC, lo que subraya la importancia de las medidas de costo-efectivas en la agricultura para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, a pesar de estas oportunidades, persisten desafíos sistémicos en la implementación efectiva del VCM en la agricultura. Estos incluyen la dispersión de emisiones, la dificultad en la medición precisa, y la necesidad de agregar fincas individuales en programas sectoriales más amplios. Aunque los avances tecnológicos han mejorado la medición del carbono y la supervisión de proyectos, aún queda un camino por recorrer en la monitorización de reducciones de emisiones y el aumento de la captura de carbono. Además, la financiación del VCM por sí sola a menudo es insuficiente para cubrir todos los costos del programa, lo que subraya la importancia de las inversiones públicas y privadas adicionales. La clave para aprovechar las oportunidades del VCM en la agricultura radica en superar estos desafíos de manera integral y en desarrollar un marco político y regulatorio que incentive y facilite la inversión privada en prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al clima en toda la región de ALC. 

    El mercado voluntario de carbono (VCM) en América Latina y el Caribe (ALC) presenta diversas oportunidades para el desarrollo de mercados agrícolas y de carbono azul, destacando el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (NbS). Estas soluciones, como la forestación/reforestación, la evitación de la deforestación y la mejora en la gestión forestal, se perfilan como las actividades más prominentes en el VCM. Es crucial diseñar proyectos de alta integridad en el VCM que efectivamente reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proporcionen beneficios duraderos. Sin embargo, se advierte contra proyectos mal diseñados que podrían sobreestimar las reducciones de emisiones, carecer de adicionalidad o violar salvaguardias ambientales, sociales o de gobernanza. Los gobiernos anfitriones de proyectos de mercado de carbono pueden desempeñar un papel crucial al garantizar la alineación de políticas, el reparto de beneficios con las comunidades locales y el cumplimiento de salvaguardias. Asimismo, pueden crear incentivos para actividades de mercado de carbono y promover estratégicamente inversiones en VCM en sistemas de producción agrícola específicos o ecosistemas. Se exploran oportunidades en el mercado de carbono en el sector agrícola, focalizándose en la producción ganadera, cultivo de arroz, sistemas agroforestales y sistemas costeros (carbono azul). En resumen, se destaca el potencial del VCM para mejorar la rentabilidad de sistemas de producción agrícola sostenibles y resilientes al clima en ALC, haciendo hincapié en proyectos de alta integridad y políticas de apoyo de los gobiernos anfitriones. Por otro lado, se discuten diversas medidas para mejorar la sostenibilidad y productividad de las operaciones ganaderas mientras se reducen las emisiones de GEI. El manejo mejorado del pastoreo mediante pastoreo rotacional y sistemas forrajeros mejorados puede aumentar la captura de carbono en el suelo y la resiliencia agrícola. La adición de aditivos inhibidores de metano y soluciones tecnológicas emergentes puede reducir las emisiones de fermentación entérica, la mayor fuente de metano de la ganadería. La captura y uso del estiércol para la producción de biogás puede reducir las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Sin embargo, el VCM puede proporcionar una financiación limitada por finca, pero combinado con asistencia técnica, puede facilitar la transición hacia prácticas más resilientes y productivas. A pesar de los avances, existe el riesgo de un «efecto rebote» donde los aumentos de productividad incentivan la expansión de sistemas ganaderos, lo que lleva a un aumento de emisiones. En el contexto del cultivo de arroz, se discuten oportunidades de mitigación como técnicas de riego alterno y seco, manejo mejorado de fertilizantes y variedades de arroz mejoradas. Estas medidas pueden reducir las emisiones de metano y óxido nitroso mientras mejoran los desempeños y la calidad del cultivo. 

     

    El desarrollo de proyectos de mitigación de carbono en América Latina y el Caribe (ALC) se centra en dos tipos principales: proyectos agroforestales y proyectos de carbono azul. Los proyectos agroforestales, como los implementados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Patuca en Honduras, buscan proteger la biodiversidad mientras permiten a pequeños productores beneficiarse de la producción sostenible de madera y cacao. Estos proyectos también ofrecen servicios ecosistémicos como enriquecimiento del suelo, regulación del agua y prevención de la erosión. Por otro lado, los proyectos de carbono azul se centran en preservar y restaurar ecosistemas costeros como manglares, marismas de mareas y praderas marinas, que tienen una mayor densidad de carbono que los bosques terrestres. La región de ALC alberga una parte significativa del potencial global de mitigación de carbono azul, especialmente en Centro y Sudamérica con sus extensos ecosistemas de manglares y praderas marinas. Estos proyectos ofrecen múltiples beneficios, como la mitigación de emisiones, la mejora de la biodiversidad, la protección costera, la adaptación al cambio climático y el apoyo a las comunidades costeras. Además, se discute cómo los gobiernos, especialmente los ministerios de agricultura pueden crear un entorno propicio para las inversiones en el mercado voluntario de carbono (VCM) en el sector agrícola, promoviendo proyectos y créditos de alta integridad y facilitando el acceso a financiamiento. En cuanto al papel potencial de los gobiernos en el apoyo y escalado del mercado voluntario de carbono (VCM) en los sectores agrícola y forestal, se destaca la importancia de proporcionar certeza regulatoria, adoptar estándares ambientales y sociales, establecer datos de referencia y sistemas de medición, y abordar obstáculos que limiten la participación de los agricultores. Los gobiernos también pueden respaldar directamente proyectos de VCM, mantener registros para la transparencia y participar en colaboraciones regionales para facilitar programas de VCM.  Se enfatiza la importancia de los esfuerzos gubernamentales para ampliar el VCM y cumplir con objetivos globales de naturaleza y clima a través de la movilización de financiamiento privado.  En definitiva, el mercado voluntario de carbono (VCM) representa una oportunidad significativa para la agricultura en América Latina y el Caribe (ALC) en la lucha contra el cambio climático. Con la proyección de liberar considerables fondos anuales para 2030, el VCM puede catalizar la transición hacia sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles. La región cuenta con un potencial enorme de mitigación de emisiones, especialmente en sectores como la producción ganadera, el cultivo de arroz, los sistemas agroforestales y los ecosistemas costeros (carbono azul). Sin embargo, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es crucial abordar desafíos como la dispersión de emisiones, la medición precisa y la necesidad de proyectos de alta integridad. Los gobiernos desempeñan un papel clave al crear un entorno propicio para la inversión privada en el VCM, promoviendo proyectos y prácticas de alta integridad, y facilitando el acceso a financiamiento y estándares ambientales y sociales. En este contexto, el VCM emerge como un instrumento estratégico para avanzar hacia sistemas agrícolas más resilientes y bajos en emisiones en ALC, contribuyendo significativamente a los objetivos globales de mitigación de cambio climático y desarrollo sostenible.

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  • AGRICULTURAL AND BLUE CARBON MARKET OPPORTUNITIES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

    AGRICULTURAL AND BLUE CARBON MARKET OPPORTUNITIES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

    El papel del mercado voluntario de carbono (VCM) en la agricultura de América Latina y el Caribe (ALC) destaca la oportunidad única de atraer inversión privada y fortalecer la acción climática en la región. El VCM, proyectado para liberar alrededor de $50 mil millones anuales para 2030, se presenta como un motor clave para catalizar sistemas agrícolas resilientes y de baja emisión. Esta perspectiva se alinea con la urgente necesidad de abordar las emisiones del sector agrícola, que representan el 20% de las emisiones antropogénicas globales y una parte significativa de las emisiones en muchos países de la región. Las principales fuentes de emisiones en este sector son la producción ganadera (fermentación entérica y manejo de estiércol) y el cultivo de cultivos (manejo del suelo). El potencial de mitigación es enorme, con un estimado de 0,9 GtCO2e anuales en ALC, lo que subraya la importancia de las medidas de costo-efectivas en la agricultura para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, a pesar de estas oportunidades, persisten desafíos sistémicos en la implementación efectiva del VCM en la agricultura. Estos incluyen la dispersión de emisiones, la dificultad en la medición precisa, y la necesidad de agregar fincas individuales en programas sectoriales más amplios. Aunque los avances tecnológicos han mejorado la medición del carbono y la supervisión de proyectos, aún queda un camino por recorrer en la monitorización de reducciones de emisiones y el aumento de la captura de carbono. Además, la financiación del VCM por sí sola a menudo es insuficiente para cubrir todos los costos del programa, lo que subraya la importancia de las inversiones públicas y privadas adicionales. La clave para aprovechar las oportunidades del VCM en la agricultura radica en superar estos desafíos de manera integral y en desarrollar un marco político y regulatorio que incentive y facilite la inversión privada en prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al clima en toda la región de ALC. 

    El mercado voluntario de carbono (VCM) en América Latina y el Caribe (ALC) presenta diversas oportunidades para el desarrollo de mercados agrícolas y de carbono azul, destacando el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (NbS). Estas soluciones, como la forestación/reforestación, la evitación de la deforestación y la mejora en la gestión forestal, se perfilan como las actividades más prominentes en el VCM. Es crucial diseñar proyectos de alta integridad en el VCM que efectivamente reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proporcionen beneficios duraderos. Sin embargo, se advierte contra proyectos mal diseñados que podrían sobreestimar las reducciones de emisiones, carecer de adicionalidad o violar salvaguardias ambientales, sociales o de gobernanza. Los gobiernos anfitriones de proyectos de mercado de carbono pueden desempeñar un papel crucial al garantizar la alineación de políticas, el reparto de beneficios con las comunidades locales y el cumplimiento de salvaguardias. Asimismo, pueden crear incentivos para actividades de mercado de carbono y promover estratégicamente inversiones en VCM en sistemas de producción agrícola específicos o ecosistemas. Se exploran oportunidades en el mercado de carbono en el sector agrícola, focalizándose en la producción ganadera, cultivo de arroz, sistemas agroforestales y sistemas costeros (carbono azul). En resumen, se destaca el potencial del VCM para mejorar la rentabilidad de sistemas de producción agrícola sostenibles y resilientes al clima en ALC, haciendo hincapié en proyectos de alta integridad y políticas de apoyo de los gobiernos anfitriones. Por otro lado, se discuten diversas medidas para mejorar la sostenibilidad y productividad de las operaciones ganaderas mientras se reducen las emisiones de GEI. El manejo mejorado del pastoreo mediante pastoreo rotacional y sistemas forrajeros mejorados puede aumentar la captura de carbono en el suelo y la resiliencia agrícola. La adición de aditivos inhibidores de metano y soluciones tecnológicas emergentes puede reducir las emisiones de fermentación entérica, la mayor fuente de metano de la ganadería. La captura y uso del estiércol para la producción de biogás puede reducir las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Sin embargo, el VCM puede proporcionar una financiación limitada por finca, pero combinado con asistencia técnica, puede facilitar la transición hacia prácticas más resilientes y productivas. A pesar de los avances, existe el riesgo de un «efecto rebote» donde los aumentos de productividad incentivan la expansión de sistemas ganaderos, lo que lleva a un aumento de emisiones. En el contexto del cultivo de arroz, se discuten oportunidades de mitigación como técnicas de riego alterno y seco, manejo mejorado de fertilizantes y variedades de arroz mejoradas. Estas medidas pueden reducir las emisiones de metano y óxido nitroso mientras mejoran los desempeños y la calidad del cultivo. 

     

    El desarrollo de proyectos de mitigación de carbono en América Latina y el Caribe (ALC) se centra en dos tipos principales: proyectos agroforestales y proyectos de carbono azul. Los proyectos agroforestales, como los implementados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Patuca en Honduras, buscan proteger la biodiversidad mientras permiten a pequeños productores beneficiarse de la producción sostenible de madera y cacao. Estos proyectos también ofrecen servicios ecosistémicos como enriquecimiento del suelo, regulación del agua y prevención de la erosión. Por otro lado, los proyectos de carbono azul se centran en preservar y restaurar ecosistemas costeros como manglares, marismas de mareas y praderas marinas, que tienen una mayor densidad de carbono que los bosques terrestres. La región de ALC alberga una parte significativa del potencial global de mitigación de carbono azul, especialmente en Centro y Sudamérica con sus extensos ecosistemas de manglares y praderas marinas. Estos proyectos ofrecen múltiples beneficios, como la mitigación de emisiones, la mejora de la biodiversidad, la protección costera, la adaptación al cambio climático y el apoyo a las comunidades costeras. Además, se discute cómo los gobiernos, especialmente los ministerios de agricultura pueden crear un entorno propicio para las inversiones en el mercado voluntario de carbono (VCM) en el sector agrícola, promoviendo proyectos y créditos de alta integridad y facilitando el acceso a financiamiento. En cuanto al papel potencial de los gobiernos en el apoyo y escalado del mercado voluntario de carbono (VCM) en los sectores agrícola y forestal, se destaca la importancia de proporcionar certeza regulatoria, adoptar estándares ambientales y sociales, establecer datos de referencia y sistemas de medición, y abordar obstáculos que limiten la participación de los agricultores. Los gobiernos también pueden respaldar directamente proyectos de VCM, mantener registros para la transparencia y participar en colaboraciones regionales para facilitar programas de VCM.  Se enfatiza la importancia de los esfuerzos gubernamentales para ampliar el VCM y cumplir con objetivos globales de naturaleza y clima a través de la movilización de financiamiento privado.  En definitiva, el mercado voluntario de carbono (VCM) representa una oportunidad significativa para la agricultura en América Latina y el Caribe (ALC) en la lucha contra el cambio climático. Con la proyección de liberar considerables fondos anuales para 2030, el VCM puede catalizar la transición hacia sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles. La región cuenta con un potencial enorme de mitigación de emisiones, especialmente en sectores como la producción ganadera, el cultivo de arroz, los sistemas agroforestales y los ecosistemas costeros (carbono azul). Sin embargo, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es crucial abordar desafíos como la dispersión de emisiones, la medición precisa y la necesidad de proyectos de alta integridad. Los gobiernos desempeñan un papel clave al crear un entorno propicio para la inversión privada en el VCM, promoviendo proyectos y prácticas de alta integridad, y facilitando el acceso a financiamiento y estándares ambientales y sociales. En este contexto, el VCM emerge como un instrumento estratégico para avanzar hacia sistemas agrícolas más resilientes y bajos en emisiones en ALC, contribuyendo significativamente a los objetivos globales de mitigación de cambio climático y desarrollo sostenible.

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  • The Great Reversal: Prospects, Risks, and Policies in International Development Association (IDA) Countries

    The Great Reversal: Prospects, Risks, and Policies in International Development Association (IDA) Countries

    El documento “The Great Reversal: Prospects, Risks, and Policies in International Development Association (IDA) Countries» del Banco Mundial analiza la situación económica actual, desafíos y perspectivas de los países del IDA, que se encuentran entre los más pobres y vulnerables del mundo. Se abordan diversos aspectos, desde desarrollos macroeconómicos recientes hasta perspectivas de crecimiento a corto plazo, pérdidas de producción, tendencias de pobreza, riesgos, dividendos demográficos y de recursos naturales, necesidades de inversión, prioridades de política interna y el papel del apoyo global. Destaca la complejidad que enfrentan estos países, incluyendo el estancamiento en la reducción de la pobreza, la crisis climática, inseguridad alimentaria, fragilidad, recuperación post-pandemia y conflictos. Se enfatiza la necesidad de esfuerzos concertados para elevar los estándares de vida y promover el progreso económico y social en estas naciones. La situación actual revela un cambio histórico en el desarrollo, con desafíos económicos y sociales profundos que requieren soluciones integrales y apoyo sostenido a nivel global. Las naciones del IDA, representando alrededor de una cuarta parte de la población mundial pero más del 70% de los extremadamente pobres, enfrentan desafíos de desarrollo significativos que se han exacerbado por las crisis superpuestas en años recientes. A pesar de avances en indicadores clave como el acceso a servicios básicos y la reducción de la pobreza en décadas anteriores, persisten las vulnerabilidades de deuda y problemas estructurales. La pandemia de COVID-19 impactó severamente su crecimiento económico, que cayó al 0.3% en 2020, la tasa más baja desde principios de los 80. La recuperación se ha visto obstaculizada por conflictos, alta inflación, aumento de tasas de interés y condiciones financieras más ajustadas. Se vislumbra una reversión histórica en el desarrollo, con uno de cada tres países del IDA siendo más pobre ahora que antes de la pandemia. Más de la mitad de estos países verán ampliarse la brecha de ingresos per cápita con economías avanzadas entre 2020 y 2024. El progreso en reducción de pobreza se ha deshecho y la inseguridad alimentaria ha aumentado, con los países del IDA albergando al 92% de las personas en inseguridad alimentaria a nivel global. La preocupación por la angustia de la deuda es palpable, con la mitad de estos países en alto riesgo o ya en angustia de deuda. El riesgo clave es el estancamiento o un deterioro adicional, llevando a una década perdida en desarrollo. Los países del IDA están altamente expuestos a desastres relacionados con el cambio climático y a un aumento en la violencia y conflictos. Vientos en contra globales como perspectivas de crecimiento más débiles, tensiones geopolíticas y condiciones financieras más ajustadas podrían obstaculizar aún más el progreso. Sin embargo, estos países poseen un potencial significativo, con abundantes recursos naturales, dividendos demográficos y ejemplos exitosos pasados como China, India y Corea del Sur. Para acelerar el crecimiento y satisfacer las necesidades de inversión, se requieren paquetes de políticas integrales, centrados en áreas como la resiliencia climática, sostenibilidad de la deuda y aprovechamiento de su potencial económico.

    Los países del IDA muestran niveles relativamente bajos de apertura comercial y exportaciones concentradas en bienes. Son altamente vulnerables al cambio climático, experimentando un número significativo de personas afectadas y daños económicos sustanciales por desastres naturales. Aunque han progresado en indicadores de desarrollo humano como la esperanza de vida y la mortalidad materna, continúan rezagados respecto a otras economías en estas áreas, así como en indicadores de salud infantil temprana. Lidian con acceso limitado a infraestructura, instituciones débiles, alta informalidad y bajos ingresos gubernamentales. Específicamente, los países del IDA participan menos en el comercio internacional en relación con su PIB en comparación con otros EMDEs. Su producción y exportaciones tienden a concentrarse en un rango estrecho de productos, muchos dependiendo fuertemente de ingresos por commodities. Los países del IDA sufren el impacto de eventos climáticos extremos debido al cambio climático, con una frecuencia y severidad crecientes de desastres naturales, con pérdidas económicas promedio del 1.3% del PIB entre 2011 y 2022. Aunque ha habido mejoras en indicadores de desarrollo humano, los países del IDA siguen rezagados respecto a otros EMDEs en áreas como esperanza de vida, tasas de mortalidad materna e infantil, y acceso a saneamiento básico, electricidad e internet. También enfrentan desafíos con instituciones débiles, alta actividad económica informal y limitados ingresos y gastos gubernamentales. Del mismo modo, en los países del IDA, la economía informal representa una parte significativa del PIB (36% entre 2010-2020), limitando los esfuerzos de movilización de ingresos gubernamentales y recursos para inversión pública y programas sociales. Los ingresos fiscales en los países del IDA promediaron solo el 11.9% del PIB en 2021, mucho menos que en otros países emergentes y en desarrollo (EMDEs). El gasto en sectores críticos como salud y educación sigue siendo notablemente menor en los países del IDA en comparación con otros EMDEs. Muchos países del IDA enfrentan déficits gemelos persistentes (fiscal y de cuenta corriente) y niveles elevados de deuda, dependiendo en gran medida de fuentes de financiamiento externo. Sus sectores financieros domésticos tienden a estar subdesarrollados, careciendo de capacidad de intermediación y diversos instrumentos para mitigar choques. En 2020, el crecimiento del PIB en los países del IDA cayó al 0.3%, el ritmo más lento desde principios de los 80, debido a las interrupciones de la pandemia de COVID-19 y la menor demanda externa. La recuperación en 2021 fue más débil que en otros EMDEs, con un crecimiento del 4.7% en los países del IDA en comparación con el 7.3% en otros EMDEs. El crecimiento en los países del IDA se desaceleró aún más al 4.2% en 2022 y un estimado del 3.7% en 2023, obstaculizado por la guerra Rusia-Ucrania, alta inflación, política monetaria más estricta y financiamiento limitado. El crecimiento del comercio e inversión fue volátil durante 2020-2023, con un fuerte retroceso del comercio en 2020 antes de recuperarse en 2021, mientras que el crecimiento de la inversión se mantuvo bajo. El panorama para los países del IDA sigue siendo desafiante, con un crecimiento proyectado para recuperarse modestamente al 4.3% en 2024 y 4.5% en 2025, pero aún por debajo del promedio de 2010-2019.

    El panorama económico para los países del IDA se presenta desafiante, con proyecciones de crecimiento del PIB alrededor del 5% en 2023-2025, aunque con descensos concentrados en economías más pobres y frágiles. Se espera una modesta recuperación en el crecimiento del comercio, respaldando la actividad en los países del IDA a medida que la demanda global de bienes se recupera. Sin embargo, la inflación se mantiene elevada, descendiendo, pero permaneciendo por encima de los niveles previos a la pandemia en los próximos dos años, erosionando los ingresos reales. Las pérdidas de producción con respecto a las tendencias previas a la pandemia han sido significativas, especialmente para los estados pequeños. Desde 2020, las pérdidas acumuladas de producción han sido mayores para los países del IDA frágiles y afectados por conflictos. La recuperación ha sido más débil que después de la recesión de 2009 debido a crisis superpuestas. Los países del IDA están en camino de experimentar la mitad de década de menor crecimiento desde principios de los años 90. El progreso en la convergencia de ingresos con economías avanzadas se ha desacelerado, con la mitad de los países del IDA creciendo más lentamente que las economías avanzadas durante 2020-2024. Un crecimiento débil dificultará el avance en la reducción de la pobreza, constituyendo una reversión histórica de los avances anteriores. En otra instancia, la situación económica débil y la falta de progreso en la reducción de la pobreza extrema en los países del IDA debido a la pandemia de COVID-19 son preocupantes. Se proyecta que los países del IDA experimenten la mitad de década de menor crecimiento desde principios de los años 90 entre 2020 y 2024. El crecimiento del PIB per cápita en los países del IDA se espera que promedie solo el 1.2% anual durante este período, menos de la mitad del promedio de 2.5% de 2010-2019. El proceso de acercamiento a los niveles de ingreso per cápita de las economías avanzadas se está estancando en los países del IDA. Durante 2020-2024, se proyecta que el crecimiento del ingreso per cápita en los países del IDA sea casi idéntico al de las economías avanzadas, deteniendo la convergencia. El progreso en la reducción de la pobreza extrema se detuvo debido a la pandemia. La tasa de pobreza extrema en los países del IDA aumentó en 0.8 puntos porcentuales en 2020, revirtiendo alrededor de tres años de progreso previo. Las perspectivas de crecimiento débil por persona limitarán aún más las reducciones en la pobreza extrema. Para 2030, se estima que el 21.2% de la población en los países del IDA seguirá viviendo en pobreza extrema. El número absoluto de personas que viven en pobreza extrema en los países del IDA es ahora mayor que en 1990 y se espera que disminuya solo modestamente para 2030, de 498 millones en 2023 a 463 millones en 2030. 

    La implementación de políticas fiscales prudentes es fundamental para los países del IDA (Asociación Internacional de Desarrollo), especialmente para aquellos que dependen de las exportaciones de productos básicos, dado que ayudan a crear espacio fiscal y construir resiliencia ante los impactos negativos. Sin embargo, en comparación con otros países de mercados emergentes y en desarrollo (EMDEs, por sus siglas en inglés), los países del IDA enfrentan desafíos como ingresos volátiles, instituciones fiscales débiles y políticas fiscales procíclicas, lo que hace necesaria la introducción de marcos y consejos fiscales independientes. Esto puede mejorar la credibilidad y los resultados de las políticas fiscales, aunque su implementación debe alinearse con las capacidades individuales de cada país. Además, abordar la inflación sigue siendo una prioridad, con los responsables políticos del IDA preparados para ajustar las políticas si fuera necesario. Además, fortalecer los mercados financieros internos, monitorear los riesgos de liquidez y gestionar las discrepancias monetarias son esenciales para reducir las vulnerabilidades del sector financiero. Las políticas estructurales también son cruciales, enfocándose en mejorar la atención médica, la educación, la apertura comercial, la gobernanza y el entorno empresarial para promover el crecimiento de la inversión y aprovechar las ventajas demográficas de manera efectiva. El documento, subraya el papel fundamental de la atención médica y la educación para aprovechar las favorables condiciones demográficas en los países del IDA y traducirlas en crecimiento económico. Destaca las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, especialmente en el ámbito educativo, y enfatiza la necesidad de políticas integrales para mitigar las pérdidas educativas y garantizar un crecimiento inclusivo. Las inversiones en infraestructura de atención médica, digitalización, suministro de agua, saneamiento y formación profesional son esenciales. Cerrar la brecha de género, promover la participación en la fuerza laboral y fortalecer el papel del sector privado en la inversión también son vitales. Además, el apoyo global a través de subvenciones, financiamiento concesional y cooperación comercial es crucial para que los países del IDA aborden desafíos y avancen en sus objetivos de desarrollo, dada su vulnerabilidad a los impactos globales como pandemias y cambio climático.

    Los países del IDA al enfrentar desafíos persistentes en su desarrollo, agravados por la pandemia de COVID-19 y crisis posteriores, requieren avance en la recuperación de la recesión inducida por la pandemia ha sido débil en comparación con otras economías. El progreso en la reducción de la pobreza extrema se ha estancado después de años de avances. Las vulnerabilidades de la deuda y los crecientes costos de servicio de la deuda oscurecen aún más el panorama. La inseguridad alimentaria ha aumentado. La brecha de ingresos entre muchos países del IDA y el resto del mundo se está ampliando, lo que constituye un retroceso histórico en el desarrollo. A pesar de los múltiples desafíos, los países del IDA tienen la capacidad de impulsar un cambio transformador. La prioridad debería ser crear condiciones para respaldar un crecimiento de la inversión más sólido mediante reformas fiscales, mejorar la credibilidad de las políticas, fortalecer la gobernanza e instituciones, y mejorar la educación y la atención médica. El apoyo global será fundamental, incluyendo asistencia directa y abordando desafíos globales como el cambio climático, la fragmentación del comercio, la inseguridad alimentaria y los conflictos. Un futuro más brillante es posible para los países del IDA a través de políticas estratégicas y esfuerzos concertados. Sus perfiles demográficos y riqueza de recursos ofrecen ventajas comparativas que, si se aprovechan eficazmente, podrían respaldar su desarrollo y avanzar en los objetivos globales. Sin embargo, un enfoque constructivo requiere un mayor apoyo y cooperación global, incluyendo una cooperación internacional reforzada, un sistema de comercio basado en reglas, y abordar temas urgentes como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los conflictos. El progreso en estas medidas es imperativo para brindar a los países del IDA la mejor oportunidad de revertir los retrocesos que han experimentado y alcanzar un camino de desarrollo más luminoso.

     

    En general, la evaluación del documento del Banco Mundial sobre los países del IDA destaca la urgencia de abordar los desafíos económicos y sociales que enfrentan estos países, especialmente agravados por la pandemia de COVID-19 y las crisis posteriores. La debilidad en la recuperación económica, el estancamiento en la reducción de la pobreza extrema, las vulnerabilidades de la deuda y la creciente inseguridad alimentaria plantean un panorama complejo. Sin embargo, se reconoce el potencial transformador de estos países y la necesidad de políticas integrales que promuevan el crecimiento de la inversión, fortalezcan la gobernanza y mejoren la educación y la atención médica. El apoyo global es esencial para enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible y equitativo en los países del IDA.

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  • Resources for defossilized chemical production in the United States

    Resources for defossilized chemical production in the United States

    El análisis del potencial de desfosilizar la industria química de los Estados Unidos revela la necesidad de abordar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en sectores como la producción química, para alcanzar emisiones netas cero. Este proceso implica la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes alternativas y no fósiles como biomasa residual, dióxido de carbono capturado, hidrógeno limpio y etanol. Sin embargo, la transición enfrenta desafíos como las cadenas de suministro fósiles arraigadas, la disponibilidad y costo de las materias primas sostenibles, y la limitada implementación comercial de algunas tecnologías. Para superar estas barreras, se requieren políticas duraderas que incentiven la desfosilización y la hagan competitiva en costos, además de la expansión de apoyo gubernamental para tecnologías cercanas a la comercialización, demostraciones industriales y acceso a electricidad limpia. En este contexto, el enfoque en desfosilizar la producción de productos químicos industriales clave, como amoníaco, metanol, etileno y propileno en los Estados Unidos, adquiere una relevancia estratégica. Este análisis considera las cantidades de biomasa residual, hidrógeno electrolítico y dióxido de carbono capturado necesarias para reemplazar de manera efectiva los combustibles fósiles en la producción química. Aunque la desfosilización de las fuentes de alimentación reduce las emisiones durante el ciclo de vida, también se reconoce la necesidad de una mayor descarbonización de la energía utilizada en los procesos químicos. La implementación efectiva de estas estrategias requiere una combinación de enfoques, incluyendo la eficiencia energética, la economía circular, la electrificación con energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono. En otra instancia, la transición hacia una industria química sostenible implica un enfoque holístico que abarque la desfosilización junto con otras estrategias de reducción de emisiones para lograr emisiones netas cero y un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

    La producción de etileno, propileno, amoníaco y metanol representa la base de la industria química en los Estados Unidos, utilizándose principalmente para la fabricación de plásticos, fertilizantes y otros productos. La transición hacia el uso de fuentes de alimentación no fósiles como biomasa residual, CO2 capturado e hidrógeno electrolítico para satisfacer la demanda de estos productos químicos requeriría cantidades masivas de recursos. Se estima que serían necesarios alrededor de 375 millones de toneladas de biomasa gasificada, 276 millones de toneladas de CO2 y 29-41 millones de toneladas de hidrógeno para cubrir la demanda total de estos productos químicos primarios. Como alternativa, el uso de etanol proveniente de la fermentación de maíz para producir etileno requeriría 62 millones de toneladas de etanol, utilizando 41 millones de acres de tierra y 7.1 mil millones de bushels de maíz. La transición a fuentes de alimentación no fósiles para la producción química es un esfuerzo a largo plazo que requeriría la creación de nuevas cadenas de suministro y un aumento significativo en la producción de estos recursos alternativos. El análisis de la desfosilización de la producción química en Estados Unidos mediante el uso de fuentes de alimentación alternativas como CO2, metanol, etanol y fuentes de energía renovable como la eólica y solar destaca la amplia expansión de la capacidad de producción necesaria, especialmente para el metanol, para satisfacer la demanda de productos químicos primarios como las olefinas. El análisis sugiere que las emisiones industriales podrían satisfacer una parte significativa de la demanda de CO2, mientras que la electricidad renovable proveniente de la energía eólica y solar podría proporcionar la energía necesaria para procesos como la electrólisis para producir hidrógeno. Se exploran las oportunidades regionales para la producción química desfosilizada en función de la disponibilidad de fuentes de alimentación, destacando la región de la Costa del Golfo como dominante debido a su proximidad a los combustibles fósiles. El análisis mapea las ubicaciones de las instalaciones actuales de producción química, plantas de hidrógeno y amoníaco, y el potencial de fuentes de energía renovable en diferentes regiones de Estados Unidos. 

    La discusión sobre el potencial de desfosilización de la industria química en Estados Unidos mediante el uso de fuentes de alimentación alternativas como energía renovable, biomasa y emisiones de procesos industriales resalta los desafíos y oportunidades asociados con esta transición. La región de la Costa del Golfo domina la producción química primaria en EE. UU., representando más de la mitad del total nacional. Aunque ningún recurso único en la Costa del Golfo podría satisfacer su demanda química total, la región tiene un alto potencial para generación renovable, emisiones de procesos industriales y recursos de biomasa residual. Otras regiones, como los Grandes Lagos, el Medio Oeste y el Medio Continente, tienen recursos abundantes como biomasa, energía renovable y producción de etanol, lo que las posiciona favorablemente para la desfosilización. Discute oportunidades como la superposición de proximidad entre la producción química y las fuentes de alimentación alternativas, teóricamente abundantes emisiones de CO2, políticas de apoyo y financiamiento, potencial de energía renovable y almacenamiento de CO2, producción de etileno a partir de regiones ricas en etanol, reducción de la contaminación en el lugar y la posibilidad de una transición justa para la fuerza laboral de la industria de los combustibles fósiles. Sin embargo, los desafíos incluyen la complejidad de la transición de plantas químicas existentes, la necesidad de regulación o mejores condiciones económicas para incentivar la captura de CO2 y posibles compensaciones entre la reducción de la contaminación en el lugar y la creación de impactos indirectos en otros lugares. Igualmente, se abarcan estrategias y desafíos para desfosilizar la industria química manufacturera con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sugiere la modernización de plantas existentes, el cambio a fuentes de energía renovable como el hidrógeno electrolítico, la expansión de la generación de electricidad limpia y la infraestructura de transmisión, la construcción de nuevas instalaciones para la producción de materias primas como el metanol, e implementar la captura y almacenamiento de carbono. Los principales desafíos incluyen altos costos y necesidades de financiamiento, suministro intermitente de energía renovable, construcción de infraestructura, captura económica de carbono para emisores más pequeños, escasez de agua en algunas regiones y oposición comunitaria potencial debido a impactos históricos de contaminación. De igual forma, se enfatiza la necesidad de apoyo gubernamental mediante financiamiento, políticas y reformas de permisos, así como la participación de comunidades afectadas en la toma de decisiones y asegurar que reciban beneficios. A su vez, se destaca la importancia de una contabilidad robusta de emisiones y evaluaciones del ciclo de vida para verificar las reducciones de emisiones.

    El documento aborda la necesidad de la transición en la industria de producción química lejos de las fuentes de alimentación a base de combustibles fósiles hacia procesos más sostenibles. Se destaca que el sector químico es el subsector industrial con mayores emisiones en EE. UU., y la demanda de productos químicos probablemente aumentará. El documento explora varias tecnologías y estrategias para la desfosilización de la producción química, como el etanol para etileno, metanol para olefinas, electrólisis de hidrógeno, captura, utilización y almacenamiento de carbono, e-metanol y captura directa de aire. Sugiere que algunas regiones, como el Cinturón del Maíz del Medio Oeste y la Costa del Golfo, tienen potencial a corto plazo para esta transición debido a la infraestructura y recursos existentes. Sin embargo, el reporte reconoce que queda un trabajo significativo por hacer, incluida la competitividad económica de las materias primas con bajo contenido de carbono, el aumento de la disponibilidad de energía renovable y la mejora de los procesos de permisos. Es importante destacar la necesidad de corregir los daños históricos y continuos a las comunidades cercanas a los sitios de manufactura industrial y buscar un sistema de manufactura nuevo transparente, responsable y sostenible. El documento, también menciona la posible oposición de grupos de justicia ambiental que han perdido la confianza debido al daño acumulado por la contaminación y que podrían oponerse a nuevos proyectos, incluso aquellos destinados a reducir las emisiones. Por otro lado, la transición hacia alternativas no fósiles en la producción química de Estados Unidos implica reemplazar la materia prima de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural con opciones como biomasa, CO2, hidrógeno y etanol. Esta transformación tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los impactos ambientales asociados con la producción química. Se exploran diversas tecnologías y enfoques, como la captura y utilización de carbono, la producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis, el uso de materia prima biológicos y vías químicas alternativas. Adicionalmente, se resaltan los desafíos como la preparación tecnológica, los requisitos energéticos, las emisiones y las preocupaciones de justicia ambiental, especialmente en comunidades cercanas a instalaciones industriales. Esta transición también está marcada por desarrollos recientes, como los créditos fiscales para el hidrógeno según el Acta de Reducción de Inflación y las hojas de ruta del Departamento de Energía para la descarbonización industrial y el hidrógeno limpio. 

     

    En general, el documento aborda exhaustivamente la transición hacia una industria química sostenible y desfosilizada en los Estados Unidos, destacando la necesidad imperante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como la producción química. Se discuten las oportunidades y desafíos asociados con la sustitución de combustibles fósiles por fuentes alternativas como biomasa residual, dióxido de carbono capturado, hidrógeno limpio y etanol. Se enfatiza la importancia de políticas duraderas y un mayor apoyo gubernamental para incentivar la desfosilización y hacerla competitiva en costos. El análisis incluye la estimación de cantidades necesarias de recursos no fósiles para reemplazar efectivamente a los combustibles fósiles en la producción química, así como la necesidad de una mayor descarbonización de la energía utilizada en estos procesos. Se mencionan diversas estrategias como la eficiencia energética, la economía circular, la electrificación con energías renovables y la captura y almacenamiento de carbono para lograr emisiones netas cero. Además, se destaca la importancia de abordar las preocupaciones de justicia ambiental y asegurar una transición justa para las comunidades afectadas. En resumen, se presenta un panorama integral de la estrategia y consideraciones necesarias para lograr una industria química más sostenible y desfosilizada en Estados Unidos.

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  • Business Action for Adaptation & Resilience

    Business Action for Adaptation & Resilience

    El documento resalta la urgencia de acelerar la acción en adaptación y resiliencia climática, dado el impacto devastador que el cambio climático está teniendo en comunidades globales. En este sentido, se enfatiza la necesidad de que empresas e instituciones financieras desempeñen un papel fundamental en impulsar la innovación y la inversión hacia la adaptación y resiliencia, además de los esfuerzos de descarbonización. El Sharm El-Sheikh Adaptation Agenda (SAA), presentado en la COP27, ofrece un plan de acción global integral para aumentar la resiliencia de 4 mil millones de personas para el año 2030. Este plan se centra en las transformaciones necesarias en seis sistemas de impacto: alimentos y agricultura, agua y naturaleza, asentamientos humanos, costas y océanos, infraestructura y salud, junto con políticas, planificación y financiamiento como facilitadores transversales. Aunque se han evidenciado algunos avances en estos sistemas y actores, se requiere un escalado significativo de la acción, la movilización de financiamiento y la toma de decisiones informadas sobre riesgos climáticos. Las empresas e instituciones financieras aún deben comprender completamente la relación e interdependencias entre los sistemas del SAA y su propia resiliencia. En este sentido, el informe busca cerrar esta brecha al resaltar el papel de las empresas e instituciones financieras en la entrega de resiliencia económica, social y ambiental a través del SAA. Presenta un enfoque simple usando tres elementos: mejorar la resiliencia, identificar oportunidades y colaboración para promover la acción de adaptación. Se proporcionan ejemplos de empresas, instituciones financieras y organizaciones que respaldan la acción empresarial para inspirar y motivar a otros. El informe complementa el informe Soluciones Climáticas 2030, que proporciona una hoja de ruta para el sprint de siete años para mantener un futuro resiliente a 1.5 grados al alcance. Aunque la transformación a nivel de sistema aún no ha ocurrido a la velocidad requerida, se ha avanzado sustancialmente en la acción individual de empresas, instituciones financieras y organizaciones para acelerar la acción de adaptación. La conciencia y la acción parecen estar progresando más rápido en los sistemas de alimentos, agricultura, agua y naturaleza en comparación con los sistemas de salud, asentamientos humanos e infraestructura.

    De igual forma, el documento aborda cómo las empresas pueden contribuir al avance de la Agenda de Adaptación de Sharm El-Sheikh (SAA) en varios sistemas, con un enfoque en el sistema alimentario y agrícola. Se destaca la vulnerabilidad de este sistema a los impactos del cambio climático y se esbozan los objetivos de la SAA, como la producción sostenible de alimentos, la reducción del desperdicio alimentario, la promoción de dietas saludables, la protección de la biodiversidad y el fin del hambre y la desnutrición para 2030. El sector privado desempeña un papel significativo en el sistema alimentario global, presentando oportunidades para que las empresas desarrollen e implementen soluciones de adaptación. Entre los beneficios se incluyen cadenas de suministro más resilientes, mayor seguridad alimentaria, uso eficiente de recursos, nuevas ofertas de productos y mejoras en los medios de vida. Las empresas ya están implementando prácticas agrícolas sostenibles como enfoques regenerativos y agroecológicos, y se están viendo beneficios cuantificables por parte de los interesados. Enfoques colaborativos e integrados de la cadena de valor son comunes para abordar los desafíos de alimentos y agricultura. Iniciativas como el Proyecto de Agricultura Positiva de Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible reúnen a varios actores para acelerar la transformación de este sistema y aumentar los esfuerzos de adaptación. El reporte proporciona ejemplos de actividades empresariales que contribuyen a los sistemas de alimentos y agricultura, como la diversificación de cultivos, el enriquecimiento del suelo, tecnologías eficientes de riego, compras de créditos de carbono y colaboración con ONG para compartir lecciones aprendidas. Asimismo, destaca la iniciativa SEKEM, que promueve prácticas agrícolas regenerativas, apoya a agricultores pequeños en la transición a la agricultura orgánica y biodinámica, y genera créditos de carbono mientras mejora los medios de vida de las comunidades locales.

    Por otra parte, se estudia la importancia de proteger y restaurar la naturaleza para que las empresas logren sus objetivos climáticos y un crecimiento sostenible. Destaca la campaña «Es Ahora por la Naturaleza», que reúne a empresas para contribuir a un mundo positivo para la naturaleza para 2030. Las soluciones basadas en la naturaleza se reconocen como medidas exitosas de adaptación que mejoran la resiliencia a los impactos del cambio climático y pueden mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El documento reconoce el reconocimiento reciente y la definición universal de las soluciones basadas en la naturaleza, lo que facilita su implementación por parte de las empresas. Recursos y orientación específica por sector están disponibles para ayudar a las empresas a transformar sus operaciones y contribuir a una economía positiva para la naturaleza. Sin embargo, existe una brecha de financiamiento significativa para proyectos relacionados con el agua y la naturaleza, y se necesita más inversión para que las empresas aceleren la implementación de soluciones de adaptación y resiliencia. El documento también discute el progreso realizado en la COP28, donde las naciones y los participantes no estatales respaldaron la acción climática basada en la naturaleza, y se anunciaron fondos para iniciativas forestales, de manglares y oceánicas. Se está produciendo acción colaborativa entre organizaciones, empresas y gobiernos para acelerar la resiliencia de los sistemas de agua y naturaleza. Iniciativas como la Coalición de Resiliencia del Agua (WRC) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) están trabajando con empresas para preservar los recursos de agua dulce, restaurar la naturaleza e implementar soluciones basadas en la naturaleza. El documento proporciona ejemplos de acciones empresariales que contribuyen a los sistemas de agua y naturaleza, como la restauración de cuencas hidrográficas, el tratamiento de aguas residuales, medidas de eficiencia de recursos y el compromiso con comunidades y organizaciones locales. Ejemplos específicos incluyen la colaboración del WRC con el Fondo del Agua de São Paulo de The Nature Conservancy para restaurar cuencas hidrográficas en Brasil, y la asociación de GSK con una ONG local en India para mejorar los recursos hídricos y aumentar la resiliencia climática para la agricultura y las comunidades locales.

    Diferentes varias soluciones financieras e iniciativas pueden desempeñar un papel fundamental en ayudar a las empresas y comunidades a adaptarse y resistir los impactos negativos del cambio climático. Destaca el Fondo de Adaptación, que ha comprometido más de $1 mil millones para proyectos de adaptación y resiliencia climática, beneficiando a más de 43 millones de personas en todo el mundo. Los Principios de Banca Responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proporcionan un marco para la banca sostenible, guiando a los signatarios en la implementación de su compromiso con la adaptación y resiliencia. La COP28 vio compromisos financieros sustanciales hacia la adaptación climática, incluido un marco para el Objetivo Global de Adaptación (GGA) que requiere que los países desarrollados proporcionen al menos $400 mil millones anuales para 2030 para apoyar a los países en desarrollo. Grupos de financiamiento privado presionaron por mejores condiciones para atraer más dinero privado para la adaptación, lanzando iniciativas como el Reto de Miles de Millones de Dólares para Adaptación en Dubai y el Fondo de Pérdidas y Daños. El informe destaca cómo bancos, aseguradoras e inversores se están movilizando ante los impactos climáticos y las oportunidades para que la financiación privada contribuya a las reformas arquitectónicas internacionales. Se enfatiza la necesidad de regulaciones y políticas nacionales que incentiven los flujos financieros hacia la adaptación y resiliencia. El informe proporciona ejemplos de acciones empresariales, como el Plan de Adaptación del Banco Europeo de Inversiones, la Iniciativa Escala para Resiliencia, el sistema digital de gestión de riesgos climáticos y la taxonomía de resiliencia financiera de COK Sodality, y el Fondo Kuali de Gawa Capital, que recauda capital para pequeños agricultores a través de estructuras innovadoras de financiamiento combinado.

    En otra instancia, se esbozan diversas iniciativas, recursos y herramientas destinadas a mejorar la adaptación y resiliencia climática en diferentes sectores, con un enfoque en el sector privado y los sistemas de alimentación y agricultura. Destaca iniciativas de varios años como el Global Business Pathway y el Framework for Building Climate Resilience, que tiene como objetivo establecer un sólido marco empresarial para la acción de adaptación y resiliencia del sector privado. También se están lanzando los Principios para el Liderazgo Empresarial en Resiliencia Climática para resaltar los principios clave para el liderazgo corporativo en esta área. El documento menciona recursos para desarrollo de capacidades y resiliencia, como la guía del Race to Resilience sobre la medición del progreso en resiliencia, el informe del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sobre resiliencia climática empresarial, y herramientas como la Global Resilience Index Initiative y las herramientas de evaluación de riesgos climáticos de Climada Technology. Para los sistemas de alimentación y agricultura, se menciona el Protocolo FAO GSOC MRV para monitoreo de carbono orgánico del suelo, la herramienta Cool Farm de Coolfarm para calcular métricas relacionadas con la adaptación, la Hoja de Ruta de Alimentación y Agricultura del WBCSD, el Marco de Agricultura Regenerativa de OP2B, y herramientas como el Aqueduct Food del World Resources Institute y la Calculadora de Carbono de Farm Carbon Toolkit. Además, el informe destaca los roles de varias organizaciones, como el Foro Económico Mundial, la Conferencia de las Partes (COP), Resilience First, el Centro para Soluciones Climáticas y Energéticas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Alianza Global para la Resiliencia, y el Centro Global para la Adaptación, en impulsar los esfuerzos de adaptación y resiliencia climática. A su vez, se proporciona un enfoque de diversos recursos, marcos, puntos de referencia, orientaciones, métricas e iniciativas destinadas a mejorar la resiliencia y adaptación en áreas como agricultura, sistemas alimentarios, sistemas de salud, gestión del agua y conservación de la naturaleza. Cubre iniciativas de organizaciones como el WBCSD, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN GC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otros. Los recursos ofrecen orientación sobre temas como agricultura regenerativa, instalaciones de salud resistentes al clima, gestión del agua, prácticas empresariales positivas para la naturaleza, y evaluación de impactos en el capital natural. El documento, adicionalmente, destaca convocantes y coaliciones que trabajan para acelerar la acción y promover la colaboración en estas áreas, como la Fuerza de Tareas de Agroindustria de la Iniciativa de Mercados Sostenibles (SMI), la Coalición de Agroecología, y la Alianza para la Acción Transformadora en Clima y Salud (ATACH).

    El documento proporciona una visión general de recursos, marcos, orientaciones y regulaciones relacionados con los sistemas de agua, naturaleza, y sistemas costeros y oceánicos en el contexto de la adaptación y resiliencia climática. Cubre herramientas, métricas, objetivos y organizaciones convocantes centradas en abordar riesgos hídricos, pérdida de biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, y resiliencia costera y oceánica. Los recursos clave mencionados incluyen la lista prioritaria de cuencas hidrográficas de alto riesgo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, directrices para el desempeño empresarial en biodiversidad, herramientas como Aqueduct de WRI para mapear riesgos hídricos, el Objetivo Global para la Naturaleza, Objetivos Basados en la Ciencia para la Naturaleza, y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD). Del mismo modo, resalta convocantes como la Coalición para la Resiliencia del Agua, Negocios por la Naturaleza, y la Coalición para la Resiliencia Oceánica, que reúnen a empresas, organizaciones y gobiernos para impulsar la acción colectiva y promover prácticas sostenibles en estas áreas. En un mismo sentido, se expone el tema referente a recursos para desarrollo de capacidades y mejora de la resiliencia en sistemas de asentamientos humanos e infraestructuras en el contexto de la adaptación y resiliencia climática. Cubre marcos, puntos de referencia, orientaciones, métricas, herramientas y otros recursos de diversas organizaciones e iniciativas. Para los sistemas de asentamientos humanos, destaca recursos como estrategias para que las empresas avancen en la resiliencia climática local, estrategias de gestión de riesgos y resiliencia urbanos, informes de progreso sobre sistemas de alerta temprana, y guías para la planificación de adaptación al cambio climático basada en evidencia en ciudades. También menciona el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la iniciativa de Alertas Tempranas para Todos de la ONU, y herramientas como CRiSTAL, Marco de Evaluación de Resiliencia y PREPdata. Para los sistemas de infraestructura, discute estándares como la ISO 14090:2019 sobre Adaptación, informes sobre adaptación de infraestructuras, e iniciativas como Data4Cities del Pacto Global de alcaldes, Explorer de Insights Ambientales de Google, y el perfilador de riesgos de infraestructura de Munich Re. También destaca próximos informes y recursos de organizaciones como la Coalición Internacional para Infraestructuras Sostenibles, Centro Global sobre Adaptación, y la Coalición para Infraestructuras Resilientes ante Desastres. Además, el reporte lista convocantes y organizaciones trabajando en estas áreas, como la Comunidad de Adaptación al Agua del Centro Global sobre Adaptación, la Alianza para la Resiliencia y Preparación, C40 Cities, Iniciativa de Alertas Tempranas para Todos, Red de Ciudades Resilientes, e Iniciativas Internacionales de Consejo para Iniciativas Locales de Medio Ambiente.

     

    En síntesis, el documento subraya la necesidad de intensificar las medidas en materia de adaptación y resiliencia climática, considerando el impacto cada vez más devastador que el cambio climático está teniendo en las comunidades a nivel global. Se hace hincapié en el papel que deben desempeñar las empresas e instituciones financieras en este contexto, no solo impulsando la innovación y la inversión hacia la adaptación y resiliencia, sino también liderando esfuerzos significativos de descarbonización. El SAA, presentado en la COP27, emerge como un plan de acción global integral cuyo objetivo es incrementar la resiliencia de aproximadamente 4 mil millones de personas para el año 2030. Este plan se centra en la identificación de transformaciones cruciales en seis sistemas de impacto, a saber: alimentos y agricultura, agua y naturaleza, asentamientos humanos, costas y océanos, infraestructura, y salud. Además, considera políticas, planificación y financiamiento como facilitadores transversales para lograr estos objetivos. El documento ofrece una visión panorámica de la situación actual en cuanto a adaptación y resiliencia climática, destacando tanto los logros alcanzados como los desafíos pendientes. Hace un llamado a la acción urgente y coordinada de empresas, instituciones financieras, gobiernos y sociedad en su conjunto para abordar de manera efectiva los desafíos climáticos y avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente para todos.

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  • Collaborating with Utilities to Meet Underserved Community Needs

    Collaborating with Utilities to Meet Underserved Community Needs

    Las comunidades desatendidas, en particular los barrios de indígenas y personas de color (BIPOC) y los hogares con ingresos bajos y moderados (LMI), se enfrentan a mayores retos energéticos, como el aumento de los costos, los cortes de electricidad y las barreras para acceder a servicios de eficiencia energética. Estos problemas pueden verse agravados por importantes cargas energéticas, evidenciadas por una gran parte de los ingresos dedicados a los costos de la energía y tiempos de recuperación prolongados tras las interrupciones de la red eléctrica. Estas instalaciones pueden proporcionar servicios esenciales a la comunidad, aumentando así su impacto más allá de los beneficios inmediatos para los propietarios de los edificios y distribuyendo esos beneficios a los ocupantes de los edificios (es decir, a los inquilinos) y, en algunos casos, a la comunidad circundante. La distribución de estos beneficios es fundamental para abordar las necesidades históricamente desatendidas de la comunidad, como el acceso a recursos energéticos limpios y los incentivos económicos para proyectos de energía limpia. Además, la combinación de energía solar y almacenamiento puede proporcionar beneficios de resiliencia. Este informe presenta una estrategia para que las comunidades aprovechen y, en algunos casos, contribuyan al diseño de programas de energía solar y de energía solar + almacenamiento para satisfacer mejor sus necesidades específicas. El objetivo principal de este informe es dotar a las organizaciones y líderes comunitarios de estrategias eficaces para aprovechar los beneficios que ofrecen los programas comerciales de energía solar y de energía solar + almacenamiento. De este modo, pretende empoderar a las comunidades desfavorecidas aumentando su conocimiento de estos programas y apoyando su capacidad de liderazgo y obtención de beneficios. Sin embargo, se reconoce la responsabilidad de los responsables de la toma de decisiones con recursos y poder de gobierno para abordar las desigualdades históricas a las que se enfrentan estas comunidades desatendidas. La colaboración entre las comunidades desatendidas y las compañías eléctricas es vital para hacer realidad los beneficios de las soluciones comerciales de energía solar y de energía solar + almacenamiento. Dicha colaboración puede proporcionar un medio para comenzar a abordar directamente las injusticias históricas y actuales dentro del sistema energético y conducir hacia un futuro energético equitativo. Este informe identifica algunos enfoques exitosos y una guía práctica para la colaboración, basada en las experiencias del equipo SEIN, para que las comunidades puedan aprovechar los programas comerciales de energía solar + almacenamiento de sus empresas de servicios públicos para crear beneficios en las formas que prioricen. Se ofrece un marco para que estas colaboraciones conduzcan a (1) una mejor comunicación sobre los programas existentes para llegar a las comunidades desatendidas, (2) mejoras en los programas existentes para satisfacer las necesidades de la comunidad y, en algunos casos, (3) la creación conjunta de nuevos programas de servicios públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

    Los hogares con rentas bajas soportan una carga energética tres veces superior a la de sus homólogos sin rentas bajas, y más de una cuarta parte de los hogares estadounidenses experimentan una carga energética significativa, indicativa de que una parte sustancial de sus ingresos se gasta en costos energéticos.  Y en muchos de los más recientes y graves apagones en todo el país, los barrios BIPOC y de bajos ingresos sufrieron los apagones más largos y frecuentes. Estos problemas se ven agravados por la limitada capacidad de las comunidades desfavorecidas para absorber los impactos financieros y los mayores retrasos en el restablecimiento del sistema eléctrico. Mientras que los responsables de la toma de decisiones con recursos y poder de gobierno tienen la responsabilidad de abordar las injusticias a las que se enfrentan estas comunidades marginadas y desplegar/financiar estos programas, este informe puede ser un recurso para ayudar a las organizaciones comunitarias (CBO) a navegar por las complejidades de la entrega de los beneficios de la energía solar comercial y solar + programas de almacenamiento a sus comunidades para aprovechar los beneficios potenciales de la energía solar, tales como la asequibilidad, la supervivencia a los cortes, el desarrollo de la fuerza de trabajo, y el empoderamiento local. Se invita a las organizaciones comunitarias a revisar las historias de éxito de la SEIN, a considerar la relevancia potencial para el contexto de su propia comunidad y a explorar si estas opciones potenciales podrían ser una parte útil de una estrategia holística para satisfacer las necesidades energéticas de una comunidad. También se presentan ideas concretas sobre cuándo y cómo colaborar con la empresa de servicios públicos de la comunidad desatendida. El objetivo de este informe es compartir los enfoques innovadores de los equipos de SEIN con las comunidades y las organizaciones comunitarias para apoyar un sistema energético más equitativo y limpio. Los dos primeros casos de uso se centran en el ahorro de facturas para los propietarios de los edificios. Estos ahorros pueden ayudar a los propietarios de pequeñas empresas de comunidades con pocos recursos. Los casos de uso tercero y cuarto hacen hincapié en la capacidad de supervivencia a los cortes y la resiliencia de la comunidad, que ofrecen beneficios más directos a la comunidad en general, incluida la continuidad de los servicios esenciales durante los cortes de energía y el establecimiento de centros de resiliencia de la comunidad que pueden servir como refugios de emergencia y apoyar a la comunidad en tiempos de desastre. Las comunidades tienen la oportunidad de tomar la iniciativa, promoviendo la adopción de la energía solar, identificando políticas de apoyo y participando activamente en la planificación y las operaciones. 

    Los propios propietarios de los edificios pueden considerarse parte de la comunidad, especialmente cuando sus propiedades se encuentran dentro de la zona geográfica definida o son ellos mismos miembros de esa comunidad. En muchos ejemplos del trabajo de los equipos de SEIN, los propietarios de los edificios son miembros activos de la comunidad, contribuyen a su bienestar y participan en iniciativas locales. Las empresas de servicios públicos pueden apoyar y facilitar la ejecución de proyectos de energías renovables para apoyar la equidad energética, pero el alcance real de su implicación puede variar en función de la normativa estatal, los modelos de negocio de las empresas de servicios públicos y su historial con la comunidad en cuestión. Las empresas de servicios públicos detalladas en este informe tenían la capacidad de apoyar el avance de la equidad energética a través de incentivos adaptados y apoyo técnico, y otras empresas de servicios públicos podrían tener más limitaciones. Las empresas de servicios públicos desempeñan un papel esencial en la integración de la energía solar en la red y garantizan un funcionamiento sin problemas tanto para la red en su conjunto como para los clientes individuales. Mediante una gestión eficaz de estos recursos solares, las empresas de servicios públicos pueden mitigar el riesgo de disparidades de costos entre los usuarios. Si las políticas y los programas se diseñan sin las protecciones adecuadas y sin prestar atención a priorizar las necesidades de las comunidades desatendidas, estas comunidades se verían desproporcionadamente afectadas por dichos costos. Los servicios públicos también pueden ayudar a reducir los costos iniciales de las instalaciones solares mediante tarifas, mecanismos de compensación e incentivos financieros. Al mismo tiempo, las empresas de servicios públicos tienen que gestionar posibles retos como la pérdida de ingresos por la reducción de las ventas de electricidad y los posibles retos asociados a la integración en la red de muchos activos controlados por los clientes.

     

    El informe aborda la importancia de la colaboración entre empresas de servicios públicos y comunidades desatendidas para abordar las necesidades energéticas y socioeconómicas. Se destaca que, a pesar de los esfuerzos de las empresas de servicios públicos para mejorar la equidad y la accesibilidad, aún existen barreras significativas para las comunidades desatendidas en términos de acceso a servicios energéticos asequibles y sostenibles. El informe señala que la colaboración efectiva entre las empresas de servicios públicos y las comunidades desatendidas puede generar beneficios mutuos. Por un lado, las empresas de servicios públicos pueden mejorar su reputación y cumplir con sus objetivos de responsabilidad social corporativa al abordar las necesidades de las comunidades desatendidas. Por otro lado, las comunidades desatendidas pueden acceder a servicios energéticos más asequibles y sostenibles, lo que puede mejorar su calidad de vida y su desarrollo socioeconómico. Además, el informe destaca que la colaboración entre empresas de servicios públicos y comunidades desatendidas puede ayudar a abordar desafíos específicos, como la pobreza energética, la falta de acceso a servicios energéticos y la desigualdad socioeconómica. Proporciona ejemplos de programas y proyectos exitosos de colaboración en diferentes partes del mundo, destacando las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que pueden ser replicadas en otras comunidades y contextos. En resumen, el informe subraya la importancia de la colaboración entre empresas de servicios públicos y comunidades desatendidas para abordar las necesidades energéticas y socioeconómicas de manera efectiva y sostenible. Insta a las empresas de servicios públicos, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil a trabajar juntos para superar las barreras existentes y lograr un acceso equitativo a servicios energéticos asequibles y sostenibles para todas las comunidades.

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  • States in Sync

    States in Sync

    El sistema de transmisión del Oeste ha sido fundamental para el desarrollo económico de la región desde 1889, cuando la primera línea de transmisión de larga distancia llevó energía hidroeléctrica 14 millas desde Willamette Falls para proporcionar alumbrado eléctrico al centro de Portland, Oregón. Desde aquella primera línea, las empresas de servicios públicos y las agencias federales han conectado la energía de carbón, hidroeléctrica, de gas, eólica y solar de todo el Oeste a través de líneas de transmisión, permitiendo el crecimiento de las mayores ciudades e industrias de la región. Entre los años 1960 y 1980, la red del Oeste creció una media del 5% anual. Hoy, está en la cúspide de una nueva oportunidad de desarrollo económico y una vez más se necesita ampliar el sistema de transmisión del Oeste. Sin embargo, el statu quo ha sido ineficaz en la planificación regional de todo el Oeste. En las últimas décadas, se ha construido muy pocas líneas de transmisión, y la mayoría de las que se ha construido son locales y dentro de un solo estado. En este análisis, sé demuestra que la expansión de la transmisión regional occidental es una oportunidad económica beneficiosa para todos los estados occidentales -Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming- y que la planificación más expansiva produce los mayores beneficios. Además, se describe cómo Occidente no logrará aprovechar estas oportunidades económicas si se sigue planificando en silos. En primer lugar, nos sé centra en la inmensa oportunidad económica para los estados exportadores de energía del Oeste, incluidos Colorado, Montana, Nuevo México y Wyoming. Se ha constatado que el mercado eléctrico del Oeste, basado en los objetivos de las políticas públicas legisladas y en estimaciones razonables de crecimiento de la carga, crecerá por encima de los 40.000 millones de dólares anuales en 2050. Pero para acceder a esta oportunidad, los estados exportadores de energía necesitarán una mayor capacidad de transmisión interestatal. Sin una mayor capacidad de transmisión, estos estados sólo podrán acceder al 7% del mercado (3.000 millones de dólares al año). La planificación de la transmisión en todo el oeste es clave para que los estados exportadores de energía desarrollen una posición dominante en este nuevo mercado energético. En segundo lugar, se descubre que los estados con normas de energía limpia pueden reducir significativamente sus costos energéticos colaborando con sus vecinos. El análisis revela una correlación directa entre la cantidad de ahorro económico que un estado puede obtener al cumplir sus objetivos de energía limpia y la distancia más allá de sus fronteras que incluye en su planificación. La planificación más amplia podría dar lugar a reducciones de costos de más del 30% en comparación con la construcción de la generación sólo dentro de un estado. Así pues, para garantizar que los Estados cumplan sus objetivos de forma asequible, deben realizar una planificación lo más amplia posible y tratar de conectar los bordes del Oeste.  

    El mercado occidental de electricidad limpia se duplicará en 2030 y se sextuplicará en 2050, incluso con unas estimaciones modestas de crecimiento de la carga. Dada la riqueza de recursos del Oeste, todos los Estados occidentales pueden aprovechar esta oportunidad económica. El análisis se centra en cómo los cuatro estados exportadores de energía del Oeste -Colorado, Montana, Nuevo México y Wyoming- podrían acceder a los mercados de otros estados si ampliaran la transmisión. Las actuales restricciones de transmisión limitan el acceso a las oportunidades que se avecinan en el mercado eléctrico del Oeste. Se necesita una planificación de la transmisión expansiva y proactiva para aprovechar dos oportunidades: el acceso a nuevos e inmensos mercados energéticos y la reducción de costos para cumplir los mandatos y compromisos en materia de energía limpia. Sin embargo, el proceso actual de planificación de la transmisión regional está bloqueado. En los últimos 20 años, los grupos regionales de planificación de la transmisión no han construido ni una sola línea de transmisión fuera de California. Occidente carece de un lugar centralizado eficaz para planificar la transmisión. La planificación de la transmisión corresponde en gran medida a las 38 autoridades de equilibrio de la región (la mayoría gestionadas por empresas de servicios públicos). Esta planificación aislada y ascendente no capta el valor de la coordinación más allá de la huella de cada zona de equilibrio. Desgraciadamente, Northern Grid y West Connect, los dos grupos responsables de la planificación regional fuera de California, según lo previsto por la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) en la Orden 1000, se han dedicado por defecto a realizar ejercicios de comprobación y no han captado todo el valor de la planificación regional. Las líneas de transporte regionales son, por supuesto, grandes inversiones de capital, y sus beneficios se dispersan entre numerosos beneficiarios. Por ello, es comprensible que los reguladores se preocupen por quién paga los costos iniciales y quién se beneficiará. Occidente carece de un foro centralizado eficaz de asignación de costos y de una metodología para decidir quién paga la transmisión regional. En el sistema actual, los grupos de planificación regional (California Independent System Operator (CAISO), Northern Grid y WestConnect) deciden la asignación de costos por defecto para las líneas regionales. Esta facultad nunca se ha utilizado, en parte porque a los miembros de las empresas de servicios públicos les preocupa que los reguladores puedan considerar que su parte de los costos es imprudente e injusta. En su lugar, las empresas de servicios públicos negocian los costos al margen de un sistema centralizado. 

    Este proceso impide el desarrollo de líneas al introducir incertidumbre en la recuperación de costos y crea un obstáculo adicional a líneas que podrían ser muy beneficiosas para todas las partes. Además, presenta el potencial de un problema de parasitismo en el que algunos beneficiarios no pagan por los beneficios que reciben. Los proyectos en el Oeste son especialmente vulnerables a los retrasos en la concesión de permisos y a la cancelación de proyectos debido a las sensibilidades medioambientales del Oeste, a la expansión de las tierras federales y al hecho de que las líneas de transmisión para conectar los recursos a la carga a menudo deben atravesar largas distancias a través de varios estados. El proceso de concesión de permisos es el obstáculo más importante para el desarrollo de nuevas líneas en el Oeste y ha dado lugar a plazos de más de 20 años para los proyectos. En general, el sistema actual de planificación de la transmisión no desbloqueará la transmisión necesaria para aprovechar las oportunidades económicas. Otros operadores de transporte del Oeste muestran tendencias similares. En el Oeste actual, una red de ferrocarriles, oleoductos y líneas de transmisión sirven de autopistas de la energía que conectan las ricas fuentes de energía del Oeste con la demanda en el Oeste y en todo Estados Unidos. Sin estas autopistas, la vitalidad económica de la producción energética del Oeste sería como un corazón sin arterias. Hoy en día, las políticas públicas y el costo decreciente de pasar de los usos finales alimentados por combustible a los alimentados por electricidad están cambiando rápidamente los mercados energéticos occidentales. Las políticas estatales, como la cartera de renovables y las normas de energía limpia, y los compromisos voluntarios de las empresas están creando una gran demanda de nueva energía eléctrica. En conjunto, las políticas y los compromisos en favor de la energía limpia representan ya el 90% de la futura demanda occidental de electricidad. Además, se espera que las políticas estatales de descarbonización de la economía, los incentivos federales para el hidrógeno y la electrificación, y el descenso de los costos de los vehículos eléctricos y las bombas de calor contribuyan a un crecimiento sustancial de la carga en las próximas décadas. Recientemente, las nuevas propuestas de centros de datos y plantas de fabricación han empezado a aumentar inesperadamente las previsiones de demanda de electricidad a corto plazo.

     

    El informe explora el papel crítico que desempeñan los estados en la implementación de políticas energéticas ambiciosas y efectivas para abordar la crisis climática. El informe destaca cómo los estados pueden influir significativamente en el mercado energético y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la adopción de políticas innovadoras y colaborativas. Uno de los puntos clave del informe es la importancia de la colaboración entre estados para compartir mejores prácticas y abordar desafíos comunes. Se destaca cómo los estados pueden aprender unos de otros y adoptar enfoques exitosos para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Además, el informe resalta la necesidad de que los estados se coordinen con el gobierno federal y otros actores clave para maximizar el impacto de sus políticas y programas. El informe también destaca la importancia de la planificación a largo plazo y la estabilidad de las políticas para fomentar la inversión en energía limpia. Se enfatiza la necesidad de políticas consistentes y duraderas que brinden certeza a los inversores y permitan la expansión de las energías renovables y la electrificación de sectores como el transporte y los edificios. Asimismo, se aborda la importancia de la equidad y la inclusión en la transición energética, destacando la necesidad de políticas que aseguren que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de las oportunidades creadas por la transición a una energía más limpia y sostenible. En resumen, el informe destaca el papel fundamental que desempeñan los estados en la implementación de políticas energéticas efectivas y en la reducción de emisiones de GEI. El informe subraya la importancia de la colaboración entre estados, la planificación a largo plazo y la equidad para lograr una transición exitosa hacia un futuro energético más sostenible y resiliente al clima.

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  • Philippine Market Movers: An analysis of three high potential areas to accelerate the offshore wind market in the Philippines

    Philippine Market Movers: An analysis of three high potential areas to accelerate the offshore wind market in the Philippines

    Con más de 36.000 kilómetros de costa y un potencial técnico total estimado de 178 gigavatios (GW), la energía eólica marina está ganando atención en Filipinas como medio para mejorar la seguridad energética, reducir los costos de la electricidad, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear una columna vertebral para el crecimiento económico. El objetivo del país de alcanzar el 35% de energía renovable para 2030 ha señalado el compromiso del Gobierno con las energías renovables. Aunque Filipinas cuenta con abundantes recursos solares, hidroeléctricos y geotérmicos, la disponibilidad de tierras y el dominio ancestral se han convertido en retos crecientes para el desarrollo de las energías renovables en la última década. Paralelamente, la demanda de electricidad en Filipinas sigue creciendo, lo que aumenta la presión sobre el sistema eléctrico. Para impulsar el sector de la energía eólica marina, el Presidente Ferdinand Marcos Jr. firmó la Orden Ejecutiva nº 21, Serie de 2023, que ordena al Departamento de Energía (DOE) establecer el marco político para el desarrollo de la energía eólica marina. Filipinas, con su prometedor potencial eólico, el creciente apoyo gubernamental y unos costes de la electricidad relativamente altos, es un mercado ideal para catalizar la industria eólica marina en todo el Sudeste Asiático. Aunque la energía eólica marina ofrece un potencial significativo para ayudar a satisfacer la creciente demanda de energía renovable de Filipinas, el marco regulador del país, los requisitos para la concesión de permisos, la infraestructura, el mecanismo de tarifas y las políticas no están actualmente preparados para poner en marcha proyectos a gran escala. La hoja de ruta del Banco Mundial para la energía eólica marina en Filipinas contiene recomendaciones para el DOE y otras partes interesadas sobre cómo preparar el mercado. Basándose en el informe del Banco Mundial, el propósito de este informe es identificar los desafíos específicos que potencialmente impiden la preparación del mercado para proyectos eólicos marinos a gran escala, y evaluar las áreas de desarrollo eólico marino que son prometedoras para los primeros proyectos eólicos marinos del país y la próxima ola de desarrollo eólico marino del país. Más concretamente, este informe ofrece un análisis de prefactibilidad de tres zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina situadas cerca de la bahía de Manila, la bahía de Tayabas y Guimaras. Este documento se centra en las zonas que pueden albergar instalaciones de fondo fijo para apoyar el objetivo de energía renovable para 2030 de la administración actual. Estas tres zonas se eligieron por sus altas velocidades de viento, superiores a 7 metros por segundo; su proximidad a los principales centros de carga del sur de Luzón y el oeste de Visayas; zonas con profundidades de agua relativamente bajas (<50 metros), que permiten diseños de generación de turbinas eólicas (WTG) de cimentación fija para el primer proyecto del mercado; y acceso a zonas más profundas (>50 metros) para parques eólicos marinos flotantes. Dado que el 90% del potencial técnico eólico marino de Filipinas se encuentra en aguas profundas (>50 metros), lo que requeriría aerogeneradores con cimientos flotantes, se supone que el mercado eólico marino filipino a largo plazo deberá centrarse en las turbinas con cimientos flotantes. Mediante el estudio de tres zonas que justifican el desarrollo tanto de cimentaciones fijas como flotantes, el objetivo de este análisis es que las inversiones en infraestructuras, la ordenación del espacio marino, la coordinación social y medioambiental y las enseñanzas extraídas de los primeros proyectos de cimentaciones fijas puedan aplicarse y apoyar el desarrollo de proyectos eólicos marinos flotantes a más largo plazo en zonas adyacentes.  

    Este análisis incluye información específica sobre la ubicación, como los recursos eólicos disponibles, la batimetría, las consideraciones medioambientales, las repercusiones sociales, los usos competidores, el acceso al emplazamiento a través de puertos y los puntos de interconexión. Este informe también incluye una visión general del desarrollo de la energía eólica marina y de los costes y consideraciones de equipamiento, un resumen del panorama legal y normativo relativo a la energía eólica marina, y un análisis de las partes interesadas pertinentes que son vitales para un mercado eólico marino saludable. Este informe recomienda el desarrollo por fases en función de dónde los puertos y la transmisión sean más capaces de soportar parques eólicos marinos de menor capacidad (<300 megavatios [MW]), concretamente cerca de la bahía de Manila y la bahía de Tayabas, donde las subestaciones están mejor equipadas para la interconexión (capacidad disponible estimada de ~450 MW de capacidad eólica marina) y los puertos cercanos requerirían mejoras mínimas (<5 millones de dólares), según la Hoja de ruta de la energía eólica marina para Filipinas del Banco Mundial. Parte de la Estrategia de 4 Puntos para la Transición Energética del DOE consiste en construir y desarrollar un Sistema de Transmisión Verde e Inteligente que permita a la red dar cabida a las capacidades de energía renovable necesarias para cumplir los objetivos de energía renovable del país. Esta estrategia también incluye la construcción y ampliación de las infraestructuras portuarias necesarias para apoyar los proyectos de energía eólica marina y otros proyectos de desarrollo de recursos energéticos marinos, incluidos los proyectos de corrientes mareomotrices. El Banco Asiático de Desarrollo presta actualmente asistencia técnica al DOE en 10 puertos, 6 de los cuales están gestionados por la Autoridad Portuaria de Filipinas. Se espera que esta asistencia técnica finalice en octubre de 2024. A medida que se mejoren las infraestructuras de transmisión y portuarias para el ecosistema eólico marino, se espera que el mercado de generación eólica con cimientos flotantes crezca significativamente, permitiendo a Filipinas aprovechar su riqueza de potencial eólico en aguas más profundas. Las zonas que rodean la provincia de Guimaras (es decir, el golfo de Panay, el estrecho de Guimaras y el estrecho de Iloilo), con su mezcla de batimetría poco profunda (<50 metros) y profunda, ofrecen una oportunidad para que un mercado maduro de eólica marina de cimentación fija y un mercado incipiente de cimentación flotante se desarrollen en paralelo y compartan las mejoras de transmisión y portuarias que serían necesarias en esta zona. El sector de la energía eólica marina ha experimentado un importante crecimiento y avances tecnológicos en los últimos años, contribuyendo a la transición mundial hacia las energías renovables. En Filipinas, el Gobierno de Marcos considera que la energía eólica marina, con su factor de capacidad relativamente más alto (~30%), es una solución potencial para alcanzar los objetivos del país en materia de energías renovables. Además del objetivo del país de alcanzar el 35% de energías renovables en su mix de generación eléctrica para 2030, estos objetivos incluyen la mejora de la seguridad energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de una columna vertebral para el crecimiento económico continuado.  

    En abril de 2024, el DOE había adjudicado 92 WESC en alta mar, que representan una capacidad potencial total de casi 65 GW, lo que indica un creciente interés en un mercado eólico marino filipino en rápida evolución. Filipinas, con sus costes de electricidad relativamente altos y su prometedor potencial eólico, es un mercado ideal para catalizar la industria eólica marina en todo el sudeste asiático. Aunque la eólica marina ofrece un potencial significativo para ayudar a satisfacer la creciente demanda de energía renovable de Filipinas, el marco regulador del país, los requisitos para la concesión de permisos, la infraestructura, el mecanismo de tarifas y las políticas no están actualmente preparados para poner en marcha proyectos a gran escala. La hoja de ruta del Banco Mundial para la energía eólica marina en Filipinas contiene recomendaciones para el DOE y otras partes interesadas sobre cómo preparar el mercado. Basándose en el informe del Banco Mundial, el propósito de este informe es identificar los desafíos específicos que potencialmente impiden la preparación del mercado para proyectos eólicos marinos a gran escala, y evaluar los sitios de arrendamiento de energía eólica marina que se muestran prometedores para el desarrollo a corto plazo (es decir, operativos en 2035) y a medio plazo. Más concretamente, este informe ofrece un análisis de prefactibilidad de tres zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina situadas cerca de la bahía de Manila, la bahía de Tayabas y Guimaras. Este análisis incluye información específica sobre la ubicación, como los recursos eólicos disponibles, la batimetría, las consideraciones medioambientales, las repercusiones sociales, los usos competidores, el acceso al emplazamiento a través de puertos y los puntos de interconexión. Este informe también incluye una visión general de las posibles fuentes de suministro para el desarrollo de la energía eólica marina y los costes de los equipos, un resumen del panorama jurídico y normativo relativo a la energía eólica marina, y un análisis de las partes interesadas pertinentes que son vitales para un mercado saludable de la energía eólica marina.

     

    El informe analiza tres áreas con alto potencial para acelerar el mercado eólico marino en Filipinas. Estas áreas incluyen el desarrollo de un marco regulatorio sólido y predecible, la identificación de sitios prioritarios para el desarrollo eólico marino y la optimización de la cadena de suministro local para reducir costos y aumentar la competitividad. El informe destaca la importancia de establecer un marco regulatorio claro y predecible para el desarrollo de la energía eólica marina en Filipinas. Esto incluye la creación de políticas que fomenten la inversión y la participación del sector privado, así como la simplificación de los procesos de permisos y licencias. Un marco regulatorio sólido puede ayudar a reducir la incertidumbre y los riesgos para los desarrolladores, lo que a su vez puede impulsar el crecimiento del mercado. El informe identifica varios sitios prioritarios para el desarrollo de la energía eólica marina en Filipinas. Estos sitios incluyen áreas con vientos consistentes y fuertes, así como proximidad a la infraestructura existente. Identificar y priorizar estos sitios puede ayudar a acelerar el desarrollo de proyectos eólicos marinos al tiempo que maximiza su eficiencia y rentabilidad. El informe también destaca la importancia de optimizar la cadena de suministro local para reducir costos y aumentar la competitividad de la energía eólica marina en Filipinas. Esto incluye el desarrollo de capacidades locales para la fabricación, instalación y mantenimiento de turbinas eólicas marinas, así como la promoción de la colaboración entre diferentes actores de la industria. Una cadena de suministro local sólida puede ayudar a reducir la dependencia de importaciones y a impulsar el crecimiento económico en Filipinas.

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  • Energy Transition and Geopolitics: Are Critical Minerals the New Oil?

    Energy Transition and Geopolitics: Are Critical Minerals the New Oil?

    La transición energética provocará grandes cambios en las dependencias: del petróleo y otros combustibles fósiles a una serie de minerales críticos como el litio y el cobre. ¿Conducirá este intercambio de lugares a futuros política y medioambientalmente peligrosos? Este documento ofrece un amplio marco para responder a esta pregunta. También sugiere que la mayoría de las temidas nuevas dependencias de los minerales críticos pueden gestionarse. La mayor parte de las preocupaciones políticas sobre los minerales críticos se han centrado en el temor a que los suministros no sigan el ritmo de la creciente demanda y a que las materias primas y procesadas se concentren excesivamente en unos pocos países, sobre todo en China. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los minerales críticos, no ha habido muchos incentivos para ampliar o diversificar radicalmente los suministros. Eso está cambiando ahora, y es plausible que aparezcan nuevos suministros adecuados, con la probable excepción del cobre, un mineral con una larga historia de luchas por el suministro. Los minerales críticos y el petróleo tienen factores de demanda notablemente diferentes. En el caso del petróleo, la economía mundial tiene poca capacidad para moderar rápidamente la demanda en respuesta a la escasez o las manipulaciones de la oferta. Algunos grandes proveedores de petróleo responden a intereses estatales cuando toman decisiones de inversión y producción, lo que a veces les ayuda a manipular el suministro. En cambio, la mayoría de los minerales críticos sólo se utilizan cuando se construyen nuevos proyectos. Con las políticas adecuadas, la demanda puede ser muy sensible. Los proveedores, al saberlo, tienen menos posibilidades y capacidad de acaparar el mercado. Además, la mayoría de los proveedores de minerales responden principalmente a las condiciones del mercado, más que a los intereses del Estado. Los riesgos para la economía mundial de que la transición hacia una energía limpia genere tensiones geopolíticas en torno a minerales críticos -como ha sucedido hasta ahora con el petróleo- no son tan grandes como se teme, siempre y cuando se aprovechen adecuadamente las fuerzas del mercado que rigen la oferta y la demanda. La innovación también puede ayudar a moderar la demanda, como ha ocurrido con el cobalto, donde la preocupación por la dependencia del trabajo esclavo ha llevado a los innovadores a buscar alternativas al mineral y a identificar nuevas fuentes de suministro. Este informe identifica una serie de iniciativas políticas «sin remordimientos» que pueden ayudar a garantizar que el «intercambio de lugares» no tenga consecuencias económicas y medioambientales adversas. Entre ellas está ayudar a que los mercados funcionen con mayor eficacia, por ejemplo, creando más transparencia de datos sobre las transacciones y fomentando los mercados a plazo que facilitarán la señalización de la escasez y la financiación de nuevos suministros. ¿Hasta qué punto es probable que la transición hacia energías limpias, que avanza rápidamente en gran parte del mundo, pueda sustituir la dependencia del petróleo y otros hidrocarburos por la de minerales críticos? Analistas y expertos debaten esta cuestión, y a menudo ofrecen respuestas que hacen saltar las alarmas. 

    Este documento acepta como probable que la dependencia de los minerales críticos aumente a medida que la «transición energética» provoque un gran incremento de la necesidad de cables, baterías, imanes y otros elementos clave de los sistemas energéticos más limpios. Paralelamente y con el tiempo, es probable que disminuya la dependencia del petróleo. Pero, ¿será este cambio en las dependencias una mala noticia para la geopolítica, la seguridad energética o el medio ambiente? Esta pregunta ha sido difícil de responder, en parte porque los debates avanzan sin demasiado marco de análisis. Las previsiones pesimistas suelen comenzar con el aumento previsto de la demanda de minerales críticos, y las predicciones a menudo se basan en poco más que la suposición de un crecimiento exponencial. Pero un análisis adecuado de las dependencias exige estudiar cómo podría responder todo el sistema de oferta y demanda, y cómo las innovaciones en las tecnologías, los mercados y las instituciones de gobierno podrían alterar esas respuestas. En los primeros días de la crisis del petróleo, en la década de 1970, se produjeron errores similares en las previsiones: obsesión por la oferta, suposición de un crecimiento exponencial de la demanda y no tener en cuenta cómo podría responder todo el sistema. Estos errores de previsión pueden conducir a graves errores de política e inversión. Este libro blanco pretende ofrecer un marco preliminar para reflexionar sobre la oferta, la demanda y las compensaciones a medida que aumenta la dependencia de los materiales críticos.  Analiza la oferta y la demanda por separado, y sostiene que, aunque la mayor parte de las preocupaciones sobre los materiales críticos se han centrado en el nivel y la concentración de la oferta, los factores más importantes que provocan una posible escasez de materiales críticos se encuentran en realidad en el ámbito de la demanda. A continuación, identifica una serie de medidas políticas «sin remordimientos» que pueden contribuir a que el inevitable cambio hacia una mayor dependencia de los minerales críticos sea menos peligroso para la economía mundial, el medio ambiente y el orden político. Las alarmas sobre la creciente dependencia de los minerales críticos empiezan con advertencias sobre la oferta. Se supone que la demanda de estos minerales se disparará, y esto anima dos grandes preocupaciones dependistas. En primer lugar, los suministros necesarios podrían no aparecer a tiempo. Según las previsiones más extendidas, la demanda de litio se multiplicará por diez o más.  En ese caso, ¿de dónde saldrán todos esos nuevos suministros? Para que nos hagamos una idea, la demanda de petróleo sólo se ha duplicado desde 1970 hasta hoy, y satisfacer ese aumento de la demanda ha sido un reto suficiente para toda la industria petrolera mundial. ¿Cómo podrán los productores de litio seguir el ritmo de una expansión mucho mayor? En segundo lugar, la producción ya está muy concentrada en unos pocos países, especialmente China. El análisis de este libro blanco se centra en los «seis grandes» materiales críticos: cobre, litio, grafito, níquel, cobalto y tierras raras. Algunos de ellos se utilizan casi exclusivamente en productos energéticos limpios, mientras que otros se emplean en aplicaciones muy diversas. Sólo uno de ellos, el cobre, cuenta con un mercado maduro y de grandes dimensiones que permite extraer conclusiones sólidas sobre la dificultad de poner en línea nuevos suministros sustanciales. Desde el punto de vista volumétrico, el problema del suministro de cobre es realmente preocupante.4 Para el resto, es difícil evaluar si habrá problemas de suministro porque las industrias ocupan nichos relativamente pequeños en la minería mundial. La demanda de litio podría multiplicarse por 10 o más (según las previsiones), pero partiendo de una base de menos de 1 millón de toneladas en la actualidad. En 2023, todo el mercado mundial del litio valía sólo 5.700 millones de dólares, dentro de una industria minera mundial que vale unos 2 billones de dólares. 

    El hecho de que las proyecciones de mercado para los minerales distintos del cobre sean pequeñas no significa que sean automáticamente escalables. Pero la mayoría de los indicios sugieren que la escalabilidad no ha hecho más que empezar. Sólo en 2022, los suministros mundiales de litio aumentaron en una quinta parte -prácticamente en su totalidad fuera de China-, dado que los proveedores vieron una señal de mercado creíble para expandirse.  En otros materiales críticos también se está produciendo una gran expansión de los suministros fuera de los proveedores dominantes del mercado actual, como los grandes hallazgos de cobalto en Australia y la expansión de la producción de tierras raras en California. El mundo está empezando a ver señales de la necesidad de ampliar los suministros y muchas de las respuestas son alentadoras. A modo de comparación, la cuota de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la producción mundial de petróleo es sólo del 40%, y esta menor concentración ha inspirado infinitas preocupaciones sobre el control del cártel de productores sobre el suministro y los precios mundiales del petróleo. Pero la comparación con la OPEP puede ser muy engañosa. Sin un comportamiento similar al de un cártel en minerales críticos, los gobiernos y los compradores no han tenido muchos incentivos para diversificar los suministros. En su lugar, el mercado mundial se ha optimizado en torno a los costos de producción y la facilidad de acceso a las materias primas, como en Chile para el cobre, Australia para el litio y la República Democrática del Congo (RDC) para el cobalto. Además, aunque la influencia de la OPEP en los precios del petróleo ha sido propensa a la exageración, la capacidad de ejercer poder de fijación de precios mediante el control de la capacidad excedentaria es mucho mayor en el petróleo que en todos los minerales críticos. La elasticidad a corto plazo de la demanda de petróleo es muy baja y, por lo tanto, los cambios modestos en el volumen de la oferta dejan a los usuarios de petróleo pocas opciones, al menos a corto plazo, salvo pagar precios más altos. El único país que, durante un periodo de tiempo sostenido, se ha preocupado mucho por el control de los suministros de minerales críticos es el país que ha sido su mayor usuario: China. No es sorprendente que China haya creado políticas poderosas, incluida una financiación vital, que han cimentado su posición dominante, especialmente en el procesamiento, que es mucho más fácil de controlar porque no requiere un control físico sobre las rocas de origen. La mayoría de estas políticas están orientadas hacia el interior, para garantizar el suministro a la industria china. Teniendo en cuenta las comparaciones con el petróleo, parecería irracional que China manipulara los materiales críticos que suministra al resto del mundo, porque el resto del mundo reaccionaría. Sin embargo, hay experiencias que son motivo de preocupación.

     

    El informe explora el papel cada vez más importante de los minerales críticos en la transición energética global. Estos minerales, como el litio, el cobalto, el níquel y el grafeno, son componentes esenciales de tecnologías clave para la transición, como las baterías de vehículos eléctricos y las energías renovables. A medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía más limpias, la demanda de estos minerales críticos está aumentando rápidamente. El informe destaca cómo la distribución geográfica de estos recursos minerales críticos está creando nuevas dinámicas geopolíticas y económicas. Actualmente, la producción de muchos de estos minerales está altamente concentrada en un pequeño número de países, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad de suministro y la dependencia de fuentes potencialmente inestables. Esto es especialmente relevante dado el crecimiento esperado en la demanda de estos minerales en las próximas décadas. Además, el informe examina cómo la transición hacia una economía baja en carbono también está generando oportunidades para la diversificación económica y el desarrollo sostenible en países ricos en minerales críticos. Sin embargo, señala que se necesitarán inversiones significativas en infraestructura y tecnología para aprovechar plenamente estas oportunidades y garantizar que la transición energética sea equitativa y sostenible para todos los países y comunidades involucradas. En resumen, el informe del WEF destaca la importancia creciente de los minerales críticos en la transición energética y subraya la necesidad de abordar los desafíos geopolíticos, económicos y ambientales asociados con su producción y suministro.

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  • Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions Framing Note

    Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions Framing Note

    En la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se supervisa y analiza diariamente el progreso de más de 500 tecnologías energéticas, lo que proporciona una valiosa información sobre la trayectoria del sector energético mundial. Este proceso apoya el desarrollo de políticas energéticas y fomenta el diálogo en los niveles más altos de la formulación de políticas. En este nuevo informe, se examina en profundidad una tecnología fundamental para lograr transiciones energéticas limpias y proteger la seguridad energética. Las baterías serán fundamentales para alcanzar los objetivos energéticos acordados por casi 200 países en la conferencia sobre cambio climático COP28 celebrada en Dubai, en particular triplicar la capacidad de las energías renovables para 2030, duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética y abandonar los combustibles fósiles. Junto con las energías renovables y otras soluciones energéticas limpias, las baterías pueden garantizar un suministro confiable y abundante de electricidad a hogares y empresas de todo el mundo. Las baterías son ya el corazón palpitante de las sociedades tecnológicas y son esenciales para los dispositivos, como teléfonos y ordenadores, que están integrados en la vida moderna. Ahora, a medida que se acelera la transición hacia las energías limpias, el papel de las baterías se amplía considerablemente, al igual que la dependencia de ellas. Los fabricantes están produciendo baterías para una gama cada vez mayor de productos industriales y de consumo a medida que la demanda crece rápidamente, desde las transmisiones de los vehículos eléctricos hasta el almacenamiento de energía a gran escala en los sistemas eléctricos. De cara al futuro, creo que las baterías tendrán un profundo impacto en dos sectores que son pilares fundamentales de la transición energética mundial: el transporte y la electricidad. Las mejoras en la tecnología de las baterías, combinadas con la rápida caída de los costos, hacen que en muchas partes del mundo los vehículos eléctricos sean cada vez más competitivos en precio con los coches convencionales. En el sector energético, la capacidad mundial de nuevas baterías se ha duplicado año tras año, y 2023 marcará un nuevo récord de instalaciones. El costo de las baterías ha disminuido un 90% en menos de 15 años. En la actualidad, las baterías a escala comercial combinadas con energía solar fotovoltaica ya son competitivas con el carbón nuevo en algunos países como la India y, en los próximos años, lo serán con el gas natural nuevo en Estados Unidos y el carbón nuevo en China. La reducción de las emisiones y el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de energía y clima dependerán de que el mundo sea capaz de aumentar las baterías con la rapidez suficiente. Más de la mitad del trabajo que se tiene que hacer dependerá, al menos en parte, del despliegue de baterías. El análisis muestra que el almacenamiento de energía en general tendrá que multiplicarse por seis de aquí a 2030 para ayudar a cumplir los objetivos fijados en la COP28, un objetivo que se alcanzará casi exclusivamente con baterías. Sin embargo, sigue habiendo obstáculos al progreso. 

    Los costos deben seguir bajando para impulsar su adopción en una amplia gama de sectores. La capacidad de fabricación de baterías se ha triplicado con creces en los últimos tres años, pero sigue estando demasiado concentrada en unos pocos países, al igual que la extracción y el procesamiento de los minerales fundamentales de los que depende. Sin embargo, la buena noticia es que las nuevas químicas para baterías ayudarán a reducir la excesiva dependencia de sólo un puñado de ingredientes clave, y la mejora del reciclaje de materias primas limitará con el tiempo la necesidad de nuevos suministros de minerales críticos. Los gobiernos tienen un importante papel que desempeñar en la creación de cadenas de suministro locales e internacionales resistentes para garantizar que las baterías producidas de forma segura y sostenible lleguen al mercado a un costo razonable. Legislación como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, la Ley de Industria Neta Cero en la Unión Europea y el Incentivo Vinculado a la Producción en la India son buenos ejemplos de cómo la política puede afectar a un cambio real en la industria respaldando la fabricación de tecnología. Pero también se necesitan políticas de apoyo que ayuden a acelerar el despliegue minimizando las barreras de entrada al mercado para los desarrolladores y reduciendo la burocracia que a menudo puede ahogar los nuevos proyectos. El informe es la primera evaluación exhaustiva de la situación en todo el ecosistema de las baterías. En él se detalla lo que hay que hacer para aprovechar plenamente esta tecnología con el fin de afrontar el reto energético y climático mundial. Si la electricidad es el futuro, las baterías impulsarán hacia él. El almacenamiento en baterías en el sector eléctrico fue la tecnología energética de más rápido crecimiento en 2023 que estaba disponible comercialmente, con un despliegue de más del doble año tras año. Se produjo un fuerte crecimiento de los proyectos de baterías a gran escala, las baterías detrás del contador, las minirredes y los sistemas solares domésticos para el acceso a la electricidad, añadiendo un total de 42 GW de capacidad de almacenamiento de baterías a nivel mundial. El despliegue de baterías de vehículos eléctricos (VE) aumentó un 40% en 2023, con 14 millones de nuevos coches eléctricos, lo que representa la gran mayoría de las baterías utilizadas en el sector energético. A pesar del uso continuado de baterías de iones de litio en miles de millones de dispositivos personales en el mundo, el sector energético representa ahora más del 90% de la demanda anual de baterías de iones de litio. Esta cifra es superior al 50% del sector energético en 2016, cuando el mercado total de baterías de iones de litio era 10 veces menor. Con la caída de los costos y la mejora del desempeño, las baterías de iones de litio se han convertido en una piedra angular de las economías modernas, apuntalando la proliferación de dispositivos electrónicos personales, incluidos los teléfonos inteligentes, así como el crecimiento del sector energético. En 2023, habrá casi 45 millones de vehículos eléctricos en circulación -entre coches, autobuses y camiones- y más de 85 GW de baterías en uso en el sector energético mundial. Las baterías de iones de litio han superado a las alternativas en la última década, gracias a una reducción de costos del 90 % desde 2010, una mayor densidad energética y una vida útil más larga. Los precios de las baterías de iones de litio han descendido de 1 400 USD por kilovatio-hora en 2010 a menos de 140 USD por kilovatio-hora en 2023, uno de los descensos de costos más rápidos de todas las tecnologías energéticas, gracias a los avances en investigación y desarrollo y a las economías de escala en la fabricación. También han alcanzado densidades de energía mucho mayores que las baterías de plomo-ácido, lo que permite apilarlas en paquetes de baterías mucho más ligeros y compactos. 

    Las baterías de iones de litio dominan tanto las aplicaciones de vehículos eléctricos como las de almacenamiento, y los productos químicos pueden adaptarse a la disponibilidad de minerales y al precio, como demuestra el aumento de la cuota de mercado de las baterías de litio hierro fosfato (LFP) hasta el 40% de las ventas de vehículos eléctricos y el 80% de las nuevas baterías de almacenamiento en 2023. En la actualidad, la química de iones de litio representa la práctica totalidad de las baterías de los vehículos eléctricos y de las nuevas aplicaciones de almacenamiento. Para las ventas de nuevos VE, más de la mitad de las baterías utilizan químicas con un contenido relativamente alto de níquel, lo que les confiere mayores densidades energéticas. Las baterías LFP representan el resto de la cuota de mercado de los VE y son una química de iones de litio menos densa y de menor costo que no contiene níquel ni cobalto, con una inflamabilidad aún menor y una vida útil más larga. Mientras que la densidad energética es de suma importancia para las baterías de los vehículos eléctricos, no lo es tanto para las baterías de almacenamiento, lo que ha provocado un cambio significativo hacia las baterías LFP. El fuerte apoyo gubernamental al despliegue de los vehículos eléctricos y los incentivos al almacenamiento en baterías están ampliando los mercados de baterías en todo el mundo. China es actualmente el mayor mercado mundial de baterías y representa más de la mitad de todas las que se utilizan hoy en día en el sector energético. La Unión Europea es el siguiente mercado en importancia, seguida de Estados Unidos, con mercados más pequeños también en el Reino Unido, Corea y Japón. El uso de baterías también está creciendo en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo fuera de China, incluida África, donde cerca de 400 millones de personas obtienen acceso a través de soluciones descentralizadas, como sistemas solares domésticos y minirredes con baterías, con el fin de lograr el acceso universal para 2030. Aunque la cadena mundial de suministro de baterías es compleja, cada uno de sus pasos -desde la extracción de minerales hasta el uso de productos químicos de alta calidad para la fabricación de los componentes de la batería en el pack final- tiene un alto grado de concentración geográfica. Los fabricantes de baterías dependen de un pequeño número de países para el suministro de materias primas y la extracción de muchos minerales críticos. China se encarga de más de la mitad del procesamiento mundial de materias primas de litio y cobalto y tiene casi el 85% de la capacidad mundial de producción de pilas. Europa, Estados Unidos y Corea tienen cada uno un 10% o menos de la cadena de suministro de algunos metales y celdas para baterías en la actualidad.

     

    El informe examina el papel crítico que desempeñarán las baterías en la transición global hacia un sistema energético más sostenible y seguro. El informe destaca que las baterías son fundamentales para la integración efectiva de energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, en las redes eléctricas, así como para respaldar la electrificación de los sectores de transporte y edificios. Uno de los principales puntos que aborda el informe es la importancia de ampliar significativamente la capacidad de almacenamiento de energía con baterías en los próximos años para cumplir con los objetivos climáticos y energéticos. Se estima que la capacidad de almacenamiento de energía con baterías necesitará crecer diez veces para 2030 y cien veces para 2040 para respaldar la transición hacia un sistema energético más sostenible y seguro. El informe también destaca los desafíos clave que enfrenta la industria de las baterías, como la necesidad de mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro de materias primas, reducir los costos de producción y aumentar la durabilidad y el desempeño de las baterías. Además, se resalta la importancia de desarrollar políticas y regulaciones que fomenten la adopción de tecnologías de almacenamiento de energía con baterías y faciliten la integración efectiva de estas tecnologías en los sistemas energéticos globales. En resumen, el informe de la IEA destaca la importancia crítica de las baterías en la transición hacia un sistema energético más sostenible y seguro, y subraya la necesidad de acciones urgentes para aumentar significativamente la capacidad de almacenamiento de energía con baterías y abordar los desafíos clave que enfrenta la industria de las baterías.

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La tecnología se aplica de manera focal y se encuentra en estudio por parte de las entidades del sector.

La tecnología se aplica de manera escalable y se encuentran políticas y regulaciones focales establecidas.

La tecnología se aplica a través de servicios  y se encuentran políticas y regulaciones transversales establecidas.

La tecnología se aplica de manera generalizada  y se tiene un despliegue masivo de esta.

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