El informe del ONTSI ofrece una radiografía actualizada de las capacidades de la población española para desenvolverse en una sociedad cada vez más digital. Se centra en el nivel general de competencias y en cinco ámbitos específicos del marco europeo: información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas.

En 2025 el 66,5 % de las personas de 16 a 74 años posee al menos competencias digitales básicas, frente al 60,4 % de media en la Unión Europea. España ocupa el octavo puesto entre los Estados miembros y mantiene una posición favorable, aunque la ventaja se ha reducido: la media europea ha crecido 4,8 puntos desde 2023, mientras España solo ha avanzado tres décimas. En términos absolutos, 24,69 millones de personas alcanzan ya el nivel básico o superior. Un tercio de la población (33,5 %) continúa por debajo de ese umbral.

El informe describe la evolución reciente como de “estabilidad”. Aunque desde 2021 se ha pasado del 64,2 % al 66,5 %, el ritmo es insuficiente respecto al objetivo de la Hoja de Ruta de España para la Década Digital (85 % de la población con competencias básicas en 2030). La brecha urbano-rural es menor que la media europea y se observan resultados positivos entre jóvenes y en competencias de seguridad digital.

El estudio aporta evidencia para orientar políticas de capacitación digital, reducción de brechas y alineamiento con los objetivos europeos de capital humano digital. Sirve de referencia para evaluar el impacto de los programas de formación, la inclusión de colectivos vulnerables y el refuerzo de las competencias necesarias para la economía y la sociedad digitales.

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https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2026-08/competenciasdigitales2026_0.pdf

La solar fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento de baterías se han convertido en infraestructura digital descentralizada. Con más de 400 GW de capacidad solar instalada en Europa y un despliegue acelerado de BESS, millones de inversores, controladores y sistemas de gestión de energía están conectados a internet. Esta digitalización mejora la integración y la resiliencia, pero introduce nuevas vulnerabilidades explotables por actores criminales o estatales.

La mayor parte del riesgo no reside en el hardware, sino en firmware, software, interfaces de comunicación y canales de datos. Los proyectos de escala de utility suelen contar con mayor control, mientras que los sistemas residenciales y de pequeñas empresas carecen con frecuencia de operador dedicado y de requisitos obligatorios de ciberseguridad. SolarPower Europe insiste en que la responsabilidad de los fabricantes sobre las plataformas en la nube y el acceso remoto debe quedar claramente definida.

El documento distingue recomendaciones fuera y dentro del contexto de la revisión del CSA. Fuera de ella, prioriza la implementación coherente de CRA, NIS2 y NCCS, y adaptar las normas a las realidades de los sistemas energéticos distribuidos, incluyendo entidades con acceso remoto de escritura. Dentro de la revisión, propone reglas de gobernanza para que el control crítico de inversores y BESS permanezca en la UE o en jurisdicciones con nivel de seguridad equivalente; complementar las evaluaciones de riesgo con análisis de impacto de mercado y despliegue; introducir claridad, proporcionalidad y periodos de transición que reflejen los plazos reales de los proyectos energéticos; y fortalecer la transparencia y el derecho de audiencia de los proveedores antes de cualquier designación pública de alto riesgo.

Las medidas de seguridad cibernética y de cadena de suministro deben alinearse con las estrategias de seguridad energética y competitividad de la UE, que requieren una adopción acelerada de renovables asequibles y de activos de flexibilidad no fósiles. El posicionamiento busca un marco que reduzca el riesgo cibernético sin generar barreras desproporcionadas ni incertidumbre regulatoria que ralenticen el despliegue de solar y almacenamiento.

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https://api.solarpowereurope.org/uploads/20260709_Position_Paper_on_Cybersecurity_Act_2_0_161c965b3a.pdf

ENISA analizó 8.257 incidentes correspondientes al año calendario 2025, a partir de fuentes abiertas e información anonimizada compartida por Estados miembros y por el programa de asociación cibernética de la Agencia. El informe estructura el análisis en panorama general y tendencias, análisis sectorial, ciberdelito, amenazas de nexo estatal, manipulación e interferencia de información extranjera (FIMI), amenazas de hacktivismo, vulnerabilidades y perspectivas.

Los DDoS y el acceso no autorizado dominan el volumen de incidentes. La ingeniería social, sobre todo campañas de phishing apoyadas en kits y ecosistemas de servicios, y la explotación de vulnerabilidades N-day y 0-day, facilitan gran parte de las intrusiones. Las dependencias digitales (cadenas de suministro de software, proveedores de servicios y entornos en la nube) amplifican el impacto de incidentes individuales. El ciberdelito, en particular el ransomware, las filtraciones de datos, el fraude y la suplantación, genera la mayor disrupción de corto plazo y afecta de forma transversal a manufactura, servicios empresariales y administración pública. Los operadores de ransomware siguen combinando cifrado con exposición de datos en sitios de filtración y foros de la dark web.

El contexto geopolítico, incluida la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la escalada en Oriente Medio, condiciona una parte relevante de la actividad. Las operaciones ideológicas, en especial campañas DDoS de hacktivistas contra servicios públicos y entidades esenciales, representan una proporción elevada de los eventos. Los conjuntos de intrusión de nexo estatal mantienen actividades de ciberespionaje: los de nexo ruso se orientan de forma prioritaria a entidades gubernamentales y diplomáticas centrales, y los de nexo chino muestran interés sostenido en el sector del transporte, incluido el marítimo. Se observa un resurgimiento de campañas de nexo estatal con motivación financiera.

 

La administración pública concentra cerca de un tercio de los incidentes; transporte, manufactura y finanzas aparecen entre los sectores de alta criticidad más expuestos según NIS 2. Los grupos de amenaza, tanto criminales como de nexo estatal y hacktivistas, adaptan de forma continua sus playbooks, comparten patrones de herramientas y operan en entornos digitales de confianza. La inteligencia artificial se integra cada vez más en el desarrollo de capacidades maliciosas, la escalabilidad y la velocidad de las operaciones; se evalúa como altamente probable que en 2026 habilite de forma directa un número creciente de fases de la cadena de ataque, con posible experimentación de conceptos de operación con menor intervención humana. El mensaje central es que las dependencias digitales amplían la superficie de ataque y exigen un nivel superior de vigilancia, preparación y cooperación para prevenir y mitigar el impacto de los incidentes en la Unión Europea.

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https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2026

https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2026-09/ENISA%20Threat%20Landscape%202026_Final.pdf

En los inicios de la industria móvil, las asignaciones de espectro seguían formatos tradicionales de concurso público y las obligaciones de hacer se centraban en expansiones de cobertura, incluidos corredores viales, como un costo adicional al precio pagado. La evolución tecnológica y el carácter esencial de la conectividad móvil para trabajo, educación y salud impulsaron procesos de asignación y renovación más flexibles: asignación directa, reducción de precios, plazos más largos, compartición voluntaria de elementos de red y, de forma creciente, el uso de OdH como forma de pago del espectro.

Las OdH orientan la acción hacia objetivos de bienestar socioeconómico en lugar de priorizar solo la recaudación. La expansión de cobertura en zonas sin servicio es la más frecuente, pero se han incorporado obligaciones de infraestructura (nueva infraestructura, disponibilidad de fibra, upgrades tecnológicos), de servicios (conectividad en instituciones públicas, roaming nacional, capacidad para MVNO), de adopción (precios asequibles, dispositivos, zonas Wi-Fi, redes comunitarias) y ad-hoc (migración, limpieza de obligaciones previas, soluciones de protección pública y socorro). La responsabilidad recae mayormente en los operadores, lo que alinea incentivos de eficiencia; sin embargo, los gastos operativos asociados pueden trasladarse al usuario final vía precios, y un exceso de complejidad o saturación de obligaciones puede erosionar el apoyo de los actores del sector.

Los desafíos se agrupan en tres bloques. En elegibilidad y especificaciones técnicas: sostenibilidad de las inversiones más allá del plazo de la obligación (zonas fuera de la frontera de mercado), equilibrio entre enfoque de infraestructura y de servicios, nivel de exhaustividad y rigidez, tipificación de obligaciones y perfil del operador. En valoración: reconocimiento de planes de inversión, primas de riesgo por incertidumbre y tasa social de descuento, de modo que el costeo refleje la pérdida neta que asume el operador. En control de cumplimiento y enforcement: adaptar regímenes de sanciones a la complejidad del despliegue no realizado e incorporar pagos monetarios de último recurso. El reporte revisa experiencias de 5G en Chile (2021), Brasil (2021), Perú (2023 y 2025), Colombia (2019 y 2023) y Costa Rica (2025), y plantea una hoja de ruta para diseñar, valorar e implementar las OdH de forma colaborativa con los stakeholders, garantizando homogeneidad de principios dentro de los límites institucionales de cada país y la continuidad de la herramienta como pilar para acortar la brecha de conectividad en la región.

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https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america-and-the-caribbean/es/gsma_resources/obligaciones-de-hacer/

https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america-and-the-caribbean/wp-content/uploads/2026/09/GSMA-Reporte-Obligaciones-ES.pdf

Históricamente, los operadores satelitales de órbita geoestacionaria operaban principalmente en modelos mayoristas, vendiendo capacidad a intermediarios que prestaban el servicio al usuario final. En ese esquema, solían quedar fuera de las licencias de telecomunicaciones y de las obligaciones de servicio al usuario que se imponen a los operadores móviles. Desde finales de la década de 2010, y de forma más marcada a partir de 2019, el panorama cambió: las constelaciones LEO se expandieron y los operadores pasaron a modelos de servicios gestionados integrados verticalmente, con control de infraestructura terrestre, manufactura y relación directa con clientes empresariales o usuarios finales. Aparecen también esquemas híbridos y asociaciones variables con operadores de redes móviles.

Esa evolución exige actualizar los marcos regulatorios. El manual, elaborado por el equipo de Políticas y Regulación de la GSMA junto con Access Partnership, se orienta a los servicios de banda ancha satelital y de conectividad directa al dispositivo prestados sin asociación con operadores móviles, donde las lagunas regulatorias son mayores. No propone un enfoque único: permite a cada regulador seleccionar y adaptar elementos según la madurez, estructura y prioridades de su jurisdicción, buscando coherencia en resultados de alto nivel.

Los ocho pilares cubren dimensiones críticas. Las normas de establecimiento local buscan asegurar presencia jurídica adecuada (filial, sucursal o representante autorizado) para supervisión efectiva. La seguridad nacional exige requisitos comparables a los de redes terrestres cuando se prestan servicios directos al usuario. La protección al consumidor y las medidas operativas abarcan calidad de servicio, transparencia contractual y gestión de quejas. Los requisitos de infraestructura e instalaciones, el despliegue de terminales de usuario final y las consideraciones fiscales buscan paridad y previsibilidad. Los servicios de emergencia y seguridad pública, junto con la aplicación de la ley, garantizan que la conectividad satelital contribuya a objetivos sociales básicos y a la cooperación con autoridades.

El documento distingue segmentos espacial y terrestre, define operadores satelitales, banda ancha satelital y conectividad D2D, y subraya la necesidad de paridad regulatoria: la regulación debe ser tecnológicamente neutra y centrarse en resultados consistentes para el consumidor, con independencia de si el acceso es terrestre o satelital. El objetivo es marcos que protejan necesidades sociales, fomenten el acceso al mercado, fortalezcan la confianza del consumidor y habiliten inversión sostenible en un ecosistema de conectividad cada vez más híbrido.

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https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america-and-the-caribbean/es/gsma_resources/manual-regulatorio-para-satelites/

https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america-and-the-caribbean/wp-content/uploads/2026/08/GSMA_SATELLITE-REGULATORY-PLAYBOOK_2026_Spanish.pdf

Las cadenas de suministro modernas se diseñaron para un entorno menos volátil, optimizadas para eficiencia bajo supuestos de demanda predecible, proveedores confiables y comercio abierto. Ese contexto ha desaparecido. Fragmentación geopolítica, choques climáticos, presiones regulatorias y amenazas cibernéticas convergen y dejan poco margen de recuperación. Casi tres de cada cuatro líderes empresariales ven la resiliencia no solo como mitigación de riesgo sino como motor de crecimiento y ventaja competitiva. Sin embargo, solo el 29 % de las organizaciones de cadena de suministro ha construido las capacidades necesarias, y las disrupciones se estiman en hasta 1,6 billones de dólares de ingresos globales no realizados cada año.

La inteligencia artificial está cerrando esa brecha al transformar la anticipación de riesgos, la toma de decisiones y la respuesta a disrupciones. La evolución va desde la IA tradicional orientada a automatizar tareas repetitivas, pasando por la IA generativa y agentica orientada a objetivos y razonamiento, hasta la IA física embebida en sistemas autónomos del mundo real. La IA agentica representa un salto cualitativo al reducir el tiempo entre la detección de una disrupción y la respuesta. Las start-ups de IA amplían el acceso a capacidades de frontera que muchas organizaciones no podrían construir internamente con la misma velocidad, y están ayudando a cerrar brechas de visibilidad, anticipar y cuantificar exposición al riesgo e iniciar respuestas de forma más autónoma.

El mapeo del ecosistema cubre seis dominios de valor: procurement dinámico e inteligente; desarrollo ágil de productos e ingeniería; planificación integrada y cadena de suministro; manufactura flexible e inteligente; logística adaptativa y rápida; y servicio inteligente y ciclo de vida posterior. En cada dominio se identifican soluciones de start-ups que habilitan mayor visibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta, permitiendo perseguir resiliencia y eficiencia de forma simultánea en lugar de como prioridades en conflicto.

 

El marco práctico propuesto se organiza en tres pasos: definir la oportunidad de resiliencia; evaluar y seleccionar el modelo de sourcing (comprar, asociarse o construir); e involucrar a las start-ups como socios estratégicos, creando las condiciones para una colaboración de alto impacto. Construir todo internamente se vuelve la excepción. El mayor valor se obtiene al tratar el ecosistema de start-ups y socios como aceleradores estratégicos que cierran brechas de capacidad interna, incorporando desde el inicio supervisión humana y gobernanza de IA responsable. Las organizaciones que lideren en resiliencia de cadena de suministro no serán las que esperen certeza plena, sino las que construyan capacidad por delante de esa certeza, combinando innovación externa, capacidades internas y prácticas responsables de inteligencia artificial.

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https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_Role_of_Start_Ups_in_AI_Enabled_Supply_Chain_Resilience_2026.pdf

https://www.weforum.org/publications/the-role-of-start-ups-in-ai-enabled-supply-chain-resilience/