Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • Energía flexible para el futuro: integración del almacenamiento en el sistema eléctrico colombiano

    Energía flexible para el futuro: integración del almacenamiento en el sistema eléctrico colombiano

    La transformación de la matriz energética en Colombia avanza hacia un modelo que prioriza la incorporación masiva de fuentes renovables no convencionales, principalmente eólica y solar. Estas tecnologías poseen una naturaleza variable y no síncrona que introduce desafíos técnicos significativos en la operación del sistema nacional. Ante la proyección de que estas fuentes representen una cuarta parte de la capacidad instalada para el año 2037, surge la necesidad de implementar soluciones que garanticen la estabilidad de la red. Los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías aparecen como una herramienta para gestionar dicha variabilidad, permitiendo absorber excedentes de generación y devolverlos al sistema en momentos de alta demanda.

    Sumado a lo anterior, la ubicación estratégica de estos activos resulta determinante para optimizar su desempeño económico y técnico. Análisis detallados en nodos específicos como Puerto Nuevo, Villeta, San Marcos y Cordialidad indican que el almacenamiento puede mitigar problemas de congestión en el transporte de electricidad. Al desplazar el consumo de energía en el tiempo, se logra un alivio en las líneas de transmisión existentes, lo que posterga la inversión en infraestructura física de gran escala que suele enfrentar retrasos constructivos o sociales. Por lo tanto, la integración de estas baterías no solo responde a una necesidad de equilibrio entre oferta y demanda, sino que funciona como un soporte estructural para la red regional. Adicional a estas ventajas operativas, la viabilidad financiera de los proyectos depende de la evolución de los costos tecnológicos y de la estructura de ingresos disponible. Las simulaciones económicas muestran que, hacia la próxima década, la reducción en los precios de los equipos permitirá alcanzar niveles de rentabilidad positivos, incluso sin depender exclusivamente de pagos fijos por disponibilidad. No obstante, la ausencia de un historial extenso de proyectos operativos en el país limita el apetito de las entidades financieras tradicionales. Esta situación se deriva de la percepción de riesgo asociada a flujos de caja que aún se consideran inciertos bajo el esquema normativo actual.

    En este orden de ideas, el desarrollo de modelos de negocio innovadores se presenta como una alternativa para superar las barreras económicas. La posibilidad de realizar un apilamiento de ingresos, donde una misma batería presta múltiples servicios de forma simultánea, aumenta la eficiencia del activo. Servicios como la regulación de frecuencia, el arbitraje energético y el respaldo ante contingencias pueden combinarse para fortalecer el cierre financiero de las iniciativas. Experiencias en mercados internacionales sugieren que este enfoque maximiza el valor sistémico del almacenamiento, siempre que la regulación permita la participación clara en diversos segmentos del mercado eléctrico. Asimismo, el papel de las políticas públicas y los incentivos fiscales resulta determinante para dinamizar el sector. Si bien existen beneficios tributarios vigentes para energías limpias, se requiere una mayor claridad en la definición del almacenamiento como un participante activo del mercado. La implementación de mecanismos de financiamiento mixto, que integren capital de bancos de desarrollo con inversión privada, podría absorber los riesgos iniciales de la tecnología. Tales estrategias facilitan que los prestamistas comerciales se familiaricen con estos activos, reduciendo progresivamente los costos de capital para futuros desarrollos.

    Finalmente, la consolidación de un sistema eléctrico flexible y resiliente en Colombia exige una coordinación estrecha entre planificación técnica y reformas regulatorias. Al asegurar ingresos previsibles mediante contratos a largo plazo o esquemas de remuneración por servicios de red, se crea un entorno propicio para la inversión sostenible. El almacenamiento mediante baterías no es solo un complemento para las renovables, sino un componente para la seguridad energética nacional en el mediano plazo.

    Para leer más ingrese a:

    https://publications.iadb.org/es/energia-flexible-para-el-futuro-integracion-del-almacenamiento-en-el-sistema-electrico-colombiano

    https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Energia-flexible-para-el-futuro-integracion-del-almacenamiento-en-el-sistema-electrico-colombiano.pdf

  • Dragos highlights depth and operational clarity in latest cybersecurity platform release

    Dragos highlights depth and operational clarity in latest cybersecurity platform release

    El lanzamiento de la versión 3.0 de la plataforma de Dragos refleja una estrategia orientada a fortalecer la seguridad en entornos de tecnología operacional mediante un enfoque pragmático. En lugar de expandirse rápidamente hacia un modelo de consolidación de funciones, la compañía ha decidido priorizar la calidad y la profundidad de sus capacidades básicas, especialmente en áreas como descubrimiento de activos, detección de amenazas y gestión de vulnerabilidades. Esta decisión responde a la realidad de que muchas organizaciones industriales aún se encuentran en etapas iniciales de maduración en ciberseguridad, lo que exige soluciones que aporten estabilidad antes de avanzar hacia funciones más sofisticadas.

    La actualización se distingue por la mejora en la usabilidad. El rediseño de la interfaz busca reducir la complejidad y facilitar la navegación, lo que disminuye la carga cognitiva de equipos con experiencia limitada. Además, la creación del Insights Hub permite contextualizar vulnerabilidades y actividades de adversarios, ofreciendo información más clara y procesable. De esta manera, se atiende directamente la escasez de profesionales especializados en seguridad OT, un problema recurrente en sectores industriales. Al simplificar flujos de trabajo y consolidar funciones, se facilita la operación de equipos pequeños o con recursos restringidos. Otro elemento relevante es la incorporación de análisis pasivo de tráfico en un componente único, lo que reduce costos de despliegue y simplifica la gestión de herramientas. Esta característica resulta especialmente útil en sitios pequeños o remotos, donde la implementación de soluciones complejas suele ser inviable. Al mismo tiempo, la compañía ha reforzado su servicio OT Watch Complete, ofreciendo monitoreo y triage continuo, lo que permite a organizaciones con personal limitado acceder a expertos que gestionan incidentes de manera externalizada. Así, se amplía la cobertura y se responde a la creciente demanda de servicios administrados.

    En cuanto a la integración de inteligencia artificial, la estrategia es cautelosa. Aunque se han incorporado funciones en el backend para apoyar análisis y contextualización, se evita introducir elementos disruptivos en la interfaz hasta que los entornos de los clientes estén preparados. Esta aproximación refleja una visión en la que la IA actúa como multiplicador de capacidades humanas, en lugar de reemplazarlas. Con ello, se garantiza que los usuarios mantengan control sobre sus datos y que la adopción tecnológica se produzca de manera gradual y segura. El panorama competitivo muestra que otras compañías están avanzando hacia la consolidación de plataformas que integran funciones de seguridad IT y OT. Armis, Nozomi Networks, Claroty y Tenable han optado por estrategias de integración y adquisiciones que buscan ofrecer soluciones unificadas. Frente a ello, Dragos se posiciona como alternativa para organizaciones que priorizan la confiabilidad operativa y la claridad en funciones esenciales. Esta diferenciación puede resultar atractiva para clientes que prefieren profundidad en lugar de amplitud, especialmente en un momento en que la madurez de la ciberseguridad OT aún es limitada.

    El análisis de fortalezas y debilidades confirma que la accesibilidad de la plataforma y la ampliación de servicios gestionados son ventajas significativas. Sin embargo, la adopción conservadora de nuevas tecnologías podría ser percibida como lentitud frente a competidores más agresivos en automatización. Aun así, las oportunidades derivadas de la escasez de profesionales en seguridad OT refuerzan la relevancia de su propuesta. En definitiva, la estrategia de Dragos se centra en ofrecer estabilidad y operatividad, construyendo una base sólida sobre la cual evolucionar hacia funciones más avanzadas en el futuro.

    Para leer más ingrese a:

    https://hub.dragos.com/report-451-research-report-2025-dragos

    https://5943619.hs-sites.com/hubfs/Reports/451Research_Reprint_Dragos_29OCT2025_R1_FINAL.pdf

  • ELECTRUM: Cyber Attack on Poland’s Electric System 2025

    ELECTRUM: Cyber Attack on Poland’s Electric System 2025

    El ataque cibernético contra el sistema eléctrico de Polonia en diciembre de 2025 representa un punto de inflexión en la manera en que los adversarios dirigen sus esfuerzos hacia infraestructuras energéticas. A diferencia de los ataques anteriores en Ucrania, que se enfocaron en sistemas centralizados de transmisión y distribución, esta operación se dirigió a recursos energéticos distribuidos, como plantas de cogeneración y sistemas de energía renovable. Esta diferencia marca un cambio estratégico, pues los sistemas distribuidos requieren mayor conectividad remota y, en muchos casos, cuentan con menores inversiones en seguridad digital. De este modo, se amplía la superficie de ataque y se expone un conjunto de vulnerabilidades que antes no eran tan evidentes.

    La operación se caracterizó por la explotación de dispositivos de comunicación y unidades terminales remotas (RTUs), lo que permitió a los atacantes deshabilitar equipos esenciales. Aunque no se produjeron apagones, la intrusión demostró que los adversarios poseen capacidades para comprometer sistemas críticos y, en consecuencia, generar impactos potencialmente graves en el futuro. Además, la simultaneidad de los ataques en múltiples sitios evidenció una planificación orientada a demostrar que los recursos distribuidos pueden ser atacados de manera sistemática, lo que constituye una advertencia para países que avanzan en la transición energética. Al comparar este ataque con los de 2015 y 2016 en Ucrania, se observa continuidad en las tácticas, como el uso de malware destructivo y la manipulación de protocolos industriales, pero también una evolución hacia objetivos más fragmentados. Mientras que en los ataques anteriores se buscaba interrumpir grandes centros de control, en Polonia se apuntó a la periferia del sistema eléctrico, donde la diversidad de configuraciones y la falta de estandarización dificultan tanto la defensa como la explotación completa. Esta combinación de similitudes y diferencias sugiere que los atacantes aprovecharon oportunidades inmediatas más que ejecutar un plan meticulosamente diseñado.

    El contexto energético de Polonia ayuda a entender la relevancia del ataque. Con más del 50% de su generación basada en carbón, el sistema cuenta con una inercia que le otorga estabilidad frente a fluctuaciones de frecuencia. Sin embargo, la creciente participación de renovables, cercana al 25%, introduce vulnerabilidades adicionales. En sistemas con mayor penetración de energías limpias y menor respaldo térmico, un ataque coordinado de este tipo podría desencadenar fallas en cascada. Por lo tanto, lo ocurrido en Polonia debe interpretarse como una advertencia para regiones que dependen cada vez más de fuentes renovables. La respuesta gubernamental destacó que los sistemas de transmisión no fueron comprometidos, lo que evitó consecuencias inmediatas. No obstante, la intrusión en sistemas operativos vinculados a la generación distribuida demuestra que los atacantes lograron un acceso que podría ser utilizado en futuras operaciones con mayor impacto. La falta de registros completos de comunicaciones y comandos en los sitios afectados impide determinar con precisión si se intentaron acciones de control directo, lo que subraya la necesidad de mejorar la visibilidad y el monitoreo en redes industriales.

    El análisis también resalta que los recursos energéticos distribuidos suelen operar bajo restricciones financieras y contractuales que limitan la incorporación de medidas de seguridad. La multiplicidad de sitios pequeños, la dependencia de soluciones de bajo costo y la necesidad de acceso remoto para mantenimiento y soporte generan un entorno propicio para la explotación de vulnerabilidades comunes. En este sentido, la homogeneidad de configuraciones se convierte en un factor que facilita ataques a gran escala. Las implicaciones de este incidente van más allá de Polonia. En sistemas eléctricos con alta penetración de renovables y baja inercia, un ataque similar podría provocar desviaciones de frecuencia que desencadenen apagones masivos. Además, la normativa vigente en muchos países no contempla la protección obligatoria de instalaciones de menor tamaño, lo que deja expuestas infraestructuras que, aunque pequeñas individualmente, representan un riesgo sistémico cuando son atacadas de manera coordinada.

    La experiencia demuestra que la defensa de infraestructuras energéticas debe adaptarse a la nueva realidad de la generación distribuida. La preparación de planes de respuesta específicos, la segmentación de sitios, la variación en configuraciones de seguridad y la mejora en la visibilidad de redes industriales son medidas necesarias para enfrentar adversarios con capacidades avanzadas. La resiliencia del sistema eléctrico dependerá de la capacidad de anticipar y mitigar ataques que, aunque no generen apagones inmediatos, pueden sentar las bases para interrupciones de gran escala en el futuro.

    Para leer más ingrese a:

    https://hub.dragos.com/report/electrum-targeting-polands-electric-sector

    https://5943619.hs-sites.com/hubfs/Reports/dragos-2025-poland-attack-report.pdf

  • 2026 OT Cybersecurity Year in Review

    2026 OT Cybersecurity Year in Review

    La evolución de la ciberseguridad en sistemas industriales y de operación tecnológica refleja un panorama en el que las amenazas se diversifican y se intensifican. El análisis de los incidentes recientes muestra que los atacantes han pasado de acciones aisladas a campañas sostenidas, dirigidas a sectores estratégicos como energía, manufactura y transporte. Esta tendencia se explica por la creciente interconexión de infraestructuras críticas, lo que amplía la superficie de ataque y expone vulnerabilidades que antes permanecían ocultas. Además, la digitalización acelerada de procesos industriales ha generado un entorno en el que la protección no puede limitarse a medidas tradicionales, sino que requiere estrategias adaptativas y coordinadas. A medida que se profundiza en los patrones de ataque, se observa que los grupos con motivaciones financieras y geopolíticas han incrementado su presencia. No se trata únicamente de ransomware, sino también de intrusiones orientadas a espionaje y manipulación de sistemas. Este fenómeno obliga a las organizaciones a reconocer que la seguridad no es un asunto periférico, sino un componente estructural de la continuidad operativa. En consecuencia, la inversión en capacidades de detección y respuesta se convierte en un requisito indispensable, especialmente cuando los atacantes demuestran una capacidad de aprendizaje constante y reutilizan técnicas con variaciones que dificultan su identificación.

    El impacto de estos ataques no se limita a pérdidas económicas, sino que también afecta la confianza de comunidades y gobiernos en la estabilidad de los servicios esenciales. Cuando una planta eléctrica o una red de transporte sufre una interrupción, las consecuencias se extienden más allá de la infraestructura, alcanzando a la sociedad en su conjunto. Por ello, resulta imprescindible que las estrategias de defensa integren tanto la dimensión técnica como la social, fomentando la cooperación entre actores públicos y privados. De esta manera, se fortalece la resiliencia y se construye un marco de respuesta que trasciende la lógica individual de cada empresa. Asimismo, el análisis de incidentes revela que la falta de visibilidad en redes industriales sigue siendo un obstáculo recurrente. Muchas organizaciones carecen de inventarios completos de activos conectados, lo que dificulta la identificación de anomalías y la implementación de controles efectivos. Esta carencia se convierte en un punto de entrada para los atacantes, quienes aprovechan configuraciones inseguras y sistemas obsoletos. En este contexto, la adopción de tecnologías de monitoreo especializado y la integración de inteligencia de amenazas se presentan como pasos necesarios para cerrar brechas y anticipar movimientos hostiles.

    Otro aspecto relevante es la necesidad de formación continua en equipos humanos. La sofisticación de los ataques exige que los profesionales encargados de la seguridad industrial desarrollen competencias específicas, capaces de interpretar señales tempranas y coordinar respuestas rápidas. No basta con contar con herramientas avanzadas; la efectividad depende de la capacidad de quienes las operan. Por ello, la capacitación y la creación de comunidades de práctica se convierten en elementos que refuerzan la defensa colectiva y permiten compartir aprendizajes frente a escenarios cambiantes. Además, la cooperación internacional emerge como un factor determinante. Los ataques contra infraestructuras críticas no reconocen fronteras, y su impacto puede propagarse más allá del país objetivo. En consecuencia, los mecanismos de intercambio de información y la construcción de estándares comunes resultan esenciales para enfrentar amenazas que se despliegan de manera global. Esta dimensión colaborativa no solo fortalece la capacidad de respuesta, sino que también envía un mensaje de disuasión frente a actores maliciosos que buscan aprovechar vacíos regulatorios o diferencias en niveles de preparación.

    La reflexión sobre el panorama de ciberseguridad industrial conduce a reconocer que la defensa debe concebirse como un proceso dinámico. Las amenazas evolucionan, las tecnologías cambian y las motivaciones de los atacantes se transforman. Por ello, la resiliencia no se alcanza con soluciones estáticas, sino con una combinación de vigilancia constante, innovación en estrategias y compromiso colectivo. Solo a través de esta visión integral es posible garantizar que las infraestructuras críticas continúen operando de manera segura y confiable en un entorno cada vez más desafiante.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.dragos.com/ot-cybersecurity-year-in-review

    https://5943619.hs-sites.com/hubfs/312-Year-in-Review/2026/Dragos-2026-OT-Cybersecurity-Report-A-Year-in-Review.pdf

  • The Strategic Role of Telecom Providers Across the AI Value Chain

    The Strategic Role of Telecom Providers Across the AI Value Chain

    Las empresas de telecomunicaciones han sido históricamente la infraestructura sobre la cual se construye la economía digital. A través de redes de conectividad, centros de datos y servicios de comunicación, han habilitado plataformas, aplicaciones y modelos de negocio que transformaron industrias completas. Sin embargo, pese a su papel habilitador, solo han capturado una fracción limitada del valor generado en el ecosistema digital. Actualmente, la irrupción de la inteligencia artificial y la intensificación de tensiones geopolíticas están redefiniendo la distribución de valor, así como la localización estratégica de datos, capacidad de cómputo y confianza digital. En este nuevo entorno, la inteligencia artificial no se limita a una capa adicional de software, sino que reconfigura la arquitectura completa de la cadena de valor tecnológica. Los flujos de datos adquieren mayor relevancia, la infraestructura de cómputo se convierte en activo estratégico y la soberanía digital emerge como prioridad nacional en múltiples jurisdicciones. Como consecuencia, las telecomunicaciones enfrentan una decisión estructural: permanecer como proveedores de conectividad con márgenes presionados o evolucionar hacia modelos con mayor integración en la cadena de valor de la IA.

    Tres trayectorias estratégicas delinean posibles rutas de posicionamiento. La primera plantea la modernización del operador tradicional mediante la incorporación intensiva de inteligencia artificial en operaciones internas. Esto implica automatización de redes, optimización de mantenimiento, mejora de experiencia del cliente y eficiencia comercial. Al reforzar la base de conectividad con capacidades analíticas avanzadas, se fortalecen economías operativas y se incrementa la calidad del servicio. De este modo, la IA actúa como multiplicador de productividad dentro del negocio central. La segunda trayectoria propone la transición hacia una “AI techco”, es decir, una empresa que amplía su alcance más allá de la conectividad para ofrecer servicios de cómputo, plataformas de datos y soluciones de inteligencia artificial. En este escenario, las telecomunicaciones aprovechan activos existentes (infraestructura distribuida, proximidad al usuario final y gestión de datos) para desarrollar nuevas líneas de negocio. Sin embargo, esta evolución requiere inversiones significativas, alianzas estratégicas y capacidades técnicas diferenciadas, además de una clara evaluación de viabilidad económica y posicionamiento competitivo frente a actores tecnológicos consolidados. La tercera trayectoria corresponde al campeón soberano nacional. Bajo esta configuración, los operadores colaboran estrechamente con gobiernos para desarrollar infraestructuras estratégicas de IA y datos dentro de marcos de soberanía tecnológica. En contextos donde las agendas nacionales priorizan control sobre flujos de información y resiliencia digital, las telecomunicaciones pueden desempeñar un rol articulador en la construcción de “stacks” nacionales de inteligencia artificial. Este enfoque combina intereses comerciales con objetivos de política pública, particularmente en materia de seguridad, confianza y autonomía tecnológica.

    Cada trayectoria demanda habilitadores específicos. Entre ellos se encuentran talento especializado, acceso a capital, marcos regulatorios favorables y capacidades de gestión de datos. Asimismo, la construcción de confianza digital adquiere relevancia creciente, especialmente en entornos donde la inteligencia artificial procesa información sensible y soporta servicios críticos. Sin una arquitectura robusta de ciberseguridad y gobernanza de datos, las aspiraciones estratégicas se ven limitadas. El análisis de valor y factibilidad sugiere que la mayor generación de beneficios durante la próxima década se concentrará en operadores que logren modernizar su negocio principal con IA mientras desarrollan selectivamente capacidades tecnológicas avanzadas. Esta combinación permite capturar eficiencias internas y, simultáneamente, explorar nuevas fuentes de ingresos sin asumir riesgos desproporcionados. A su vez, en mercados con agendas soberanas sólidas, la colaboración público-privada amplía el espacio de acción para operadores con visión estratégica.

    La inteligencia artificial no solo transforma productos y servicios, sino que redefine la relevancia estratégica de las telecomunicaciones en la economía digital. El posicionamiento futuro dependerá de decisiones estructurales sobre integración vertical, alianzas y alineación con prioridades nacionales. La ventana de oportunidad permanece abierta, aunque condicionada por capacidad de ejecución y claridad estratégica.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.weforum.org/publications/the-strategic-role-of-telecom-providers-across-the-ai-value-chain/

    https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_Strategic_Role_of_Telecom_Providers_Across_the_AI_Value_Chain_2026.pdf

  • The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026

    The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026

    La transformación digital se ha convertido en un proceso estructural que redefine simultáneamente la producción, el empleo, la innovación, la gobernanza y las relaciones sociales. Su alcance transversal genera interdependencias entre objetivos de política pública que, en múltiples ocasiones, resultan difíciles de armonizar. El despliegue de infraestructura digital puede ampliar la conectividad, aunque también plantea tensiones en materia de competencia y concentración de mercado; la explotación intensiva de datos impulsa la innovación, pero exige salvaguardas sólidas para proteger derechos y fortalecer la confianza. En este escenario, la formulación de políticas fragmentadas tiende a producir resultados parciales, lo que refuerza la necesidad de marcos integrados.

    El enfoque propuesto se estructura en siete dimensiones interrelacionadas que permiten abordar la digitalización desde una perspectiva sistémica. El acceso a infraestructuras, servicios y datos constituye la base material del ecosistema digital. Sin conectividad de alta calidad y asequible, las oportunidades de participación económica y social permanecen limitadas. Sin embargo, el acceso por sí solo no garantiza beneficios amplios; por ello, la utilización efectiva de tecnologías y datos adquiere relevancia estratégica. Empresas, gobiernos y ciudadanos deben contar con capacidades para incorporar herramientas digitales en procesos productivos, prestación de servicios y toma de decisiones. A partir de esa base, la innovación digital y basada en datos impulsa nuevos modelos de negocio, mejora la productividad y facilita la creación de valor en sectores tradicionales y emergentes. No obstante, la aceleración tecnológica transforma el mercado laboral, reconfigurando perfiles ocupacionales y demandando competencias distintas. La dimensión relativa a empleos de calidad enfatiza la necesidad de políticas que acompañen la transición mediante formación continua, adaptación institucional y protección social adecuada. De este modo, la digitalización puede contribuir a generar oportunidades laborales inclusivas en lugar de profundizar desigualdades.

    Del mismo modo, la prosperidad social y la inclusión se posicionan como objetivos que atraviesan el conjunto del marco. La brecha digital no se limita a la conectividad; también se manifiesta en habilidades, uso significativo y acceso a servicios digitales esenciales. En consecuencia, las políticas deben considerar factores socioeconómicos, territoriales y demográficos para evitar exclusiones persistentes. Además, la digitalización del sector público abre posibilidades de mayor eficiencia y transparencia, siempre que se integren principios de diseño centrados en el usuario y mecanismos de evaluación continua. La confianza constituye otro eje determinante. La economía digital depende de la protección de datos personales, la ciberseguridad, la integridad de la información y el respeto al estado de derecho. Sin un entorno confiable, la adopción tecnológica se ralentiza y la cooperación internacional se debilita. A la vez, la apertura de mercados digitales fomenta competencia, dinamismo empresarial y circulación transfronteriza de bienes y servicios digitales. Sin embargo, esta apertura requiere marcos regulatorios coherentes que equilibren innovación con salvaguardas adecuadas.

    El marco reconoce, además, cuestiones transversales que atraviesan varias dimensiones. Las habilidades digitales sostienen la capacidad de aprovechar tecnologías emergentes; las pequeñas y medianas empresas necesitan apoyo específico para integrarse en cadenas de valor digitales; la gobernanza de datos demanda coherencia normativa y estándares interoperables. Estos elementos no operan de forma aislada, sino que interactúan con cada dimensión sectorial, lo que refuerza la lógica de coordinación interinstitucional. La implementación efectiva exige un enfoque de economía y sociedad completas. Esto implica coherencia entre ministerios, diálogo con actores privados y participación de la sociedad civil. Asimismo, la evaluación basada en evidencia permite ajustar políticas frente a cambios tecnológicos acelerados. La transformación digital no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para promover crecimiento sostenible, bienestar social y resiliencia institucional. En consecuencia, la articulación equilibrada de sus múltiples dimensiones determina la capacidad de construir un futuro digital inclusivo y competitivo.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.oecd.org/en/publications/the-oecd-going-digital-integrated-policy-framework-2026_0254ae07-en.html

    https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/03/the-oecd-going-digital-integrated-policy-framework-2026_f24b6963/0254ae07-en.pdf

  • Guide to developing a National Cybersecurity Strategy

    Guide to developing a National Cybersecurity Strategy

    La transformación digital ha generado numerosas oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, el crecimiento tecnológico también ha incrementado los riesgos y desafíos en materia de ciberseguridad, que requieren una atención estratégica y sistemática. Por ello, resulta necesario contar con una planificación a largo plazo que guíe la asignación de recursos, establezca prioridades y potencie las capacidades nacionales en esta área. Incorporar la ciberseguridad dentro de la visión nacional más amplia contribuye a construir infraestructuras y servicios digitales seguros, resilientes y confiables. De modo paralelo, la experiencia acumulada a nivel global demuestra que alcanzar este objetivo implica realizar ciclos iterativos de implementación, monitoreo y evaluación que permitan adaptarse al contexto dinámico de amenazas y tecnologías emergentes.

    El desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad debería entenderse como la formulación de una visión acompañada de objetivos, principios y prioridades que orienten a un país en la gestión de la seguridad digital. Dicho enfoque facilita una mirada integral hacia el ecosistema digital nacional, evitando respuestas fragmentadas o reactivas. Además, identifica los actores responsables y define sus roles y obligaciones, junto con los programas y acciones a emprender para reforzar la infraestructura digital. También, permite priorizar y asignar recursos financieros y humanos adecuados, así como definir indicadores para medir el progreso y lograr resultados efectivos dentro de plazos establecidos. Esto enlaza con la necesidad de unir la ciberseguridad con otras agendas relacionadas con el desarrollo digital, incorporándola como un componente estructural en las políticas nacionales.

    Desde una perspectiva metodológica, el proceso de creación o revisión de la estrategia comprende varias fases que requieren atención coordinada, comenzando con la fase de inicio, donde se establece el compromiso político y se define el alcance. Posteriormente, es necesario realizar un análisis exhaustivo del entorno y los riesgos para informar la elaboración del contenido estratégico. Más adelante, la planificación sostenible de fondos y recursos garantiza la factibilidad y continuidad de las iniciativas propuestas. Además, una fase de implementación eficiente requiere estructuras claras de gobernanza y mecanismos de comunicación entre los diversos actores involucrados. Finalmente, la incorporación de sistemas de monitoreo y evaluación durante todo el ciclo permite ajustar las acciones en función de los resultados y la evolución del contexto. Al abordar el contenido de una estrategia nacional, resulta indispensable considerar un grupo de principios transversales que orientan la formulación del documento. Estos incluyen la definición de una visión coherente con las aspiraciones nacionales, la adopción de un enfoque comprensivo que considere las particularidades del país, la promoción de la inclusión para incorporar diversas voces y sectores, y el respeto por los derechos humanos fundamentales. Asimismo, es vital implementar un enfoque basado en la gestión de riesgos y la resiliencia para enfrentar amenazas en constante cambio. También, la claridad en los roles de liderazgo y la asignación adecuada de recursos fortalecen el ambiente de confianza necesario para el éxito. Finalmente, la adaptabilidad tecnológica facilita la actualización continua frente a innovaciones disruptivas que afectan la seguridad digital.

    Entre los aspectos prácticos que una estrategia puede integrar, sobresale la gobernanza, que debe contar con el respaldo del máximo nivel gubernamental, asegurando con ello el compromiso y la asignación de recursos. Designar una autoridad competente con facultades para coordinar, dirigir y supervisar las iniciativas permite una gestión más efectiva, dado que la ciberseguridad implica múltiples sectores y actores. Este cuerpo rector puede estipular leyes, políticas, roles y procedimientos claros, además de instaurar mecanismos de rendición de cuentas mediante indicadores medibles. La protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales requiere un marco normativo y regulatorio que fije responsabilidades y estándares para los operadores. También se promueven la prevención y respuesta a incidentes mediante capacidades especializadas, planes de contingencia y ejercicios regulares. El desarrollo de capacidades y la sensibilización pública, con énfasis en programas de educación y formación, contribuyen a fortalecer el entorno. Finalmente, la cooperación internacional aparece como un componente indispensable, reconociendo que la seguridad en el ciberespacio trasciende fronteras y demanda alineación entre políticas nacionales y compromisos internacionales. En este sentido, la participación en foros multilaterales, la colaboración público-privada y el intercambio de información resultan herramientas para construir confianza y resiliencia colectiva.

    Por otra parte, el ciclo de vida que rodea la estrategia debe atender a la continuidad y mejora constante. Esto implica no solo contar con un plan inicial, sino gestionar su ejecución, evaluar resultados y realizar revisiones progresivas que permitan adaptarse a los cambios tecnológicos, políticos y sociales. La incorporación de indicadores SMART facilita medir la efectividad de las acciones y ajustar las prioridades. Asimismo, el enfoque hacia una estrategia dinámica permite enfrentar el entorno complejo y cambiante de la ciberseguridad, evitando la obsolescencia de las medidas adoptadas. Este planteamiento contribuye a que los países puedan construir una postura sólida y sostenible frente a las amenazas digitales que afectan su desarrollo. La formulación de estrategias nacionales de ciberseguridad se presenta como un proceso estratégico, inclusivo y multidimensional que requiere la integración de principios básicos, estructuras de gobernanza eficaces y la colaboración estrecha entre actores nacionales e internacionales. El alineamiento con las políticas de desarrollo económico y social contribuye a que la ciberseguridad no se conciba como un área aislada, sino como un componente que sostiene la confianza y la estabilidad del entorno digital. La utilización de procesos iterativos y la adaptación continua a los riesgos y avances tecnológicos constituyen elementos esenciales para alcanzar sociedades digitales seguras y resilientes que potencien el bienestar, la innovación y la competitividad en el siglo XXI.

    Para leer más ingrese a:

    https://ncsguide.org/

    https://ncsguide.org/wp-content/uploads/2025/12/NCS-Guide-2025.pdf

  • State ownership and sustainability in Indonesia

    State ownership and sustainability in Indonesia

    Indonesia ha avanzado de manera significativa en la reforma legal e institucional de sus empresas estatales, buscando integrar la sostenibilidad en la gobernanza y en los marcos de propiedad pública. Estas transformaciones se apoyan en las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de empresas estatales, que ofrecen un marco de referencia para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la alineación con objetivos ambientales y sociales. A pesar de los progresos, aún persisten desafíos que limitan la coherencia y la efectividad de las políticas de sostenibilidad en el conjunto del portafolio estatal.

    El papel del Estado como propietario ha sido reforzado con la Ley de Empresas Estatales de 2025, que incorpora la responsabilidad ambiental y social en la estructura de propiedad y gobernanza. Además, se habilita a los ministerios sectoriales para definir metas específicas en sostenibilidad. Sin embargo, estas prioridades no se traducen todavía en una política de propiedad clara y uniforme que abarque a todas las empresas. Las obligaciones son más consistentes en el sector financiero, mientras que en las entidades no financieras y no listadas las expectativas son menos sistemáticas. Esta disparidad dificulta la supervisión informada y activa, lo que genera riesgos de gestión desigual frente a los objetivos de sostenibilidad.

    En cuanto a los directorios y consejos de supervisión, se observa la creación de comités especializados en sostenibilidad en algunas empresas líderes. Estos comités han permitido introducir la temática en la estrategia y en los procesos de control interno. No obstante, la calidad y efectividad de la supervisión varía ampliamente. La dependencia de consultores externos y la falta de competencias específicas en los miembros de los directorios limitan la apropiación de los temas ambientales y sociales. Además, los insumos de auditorías y organismos de control no siempre se convierten en retroalimentación estructurada que impulse ajustes en las metas y prácticas operativas. Por ello, resulta necesario fortalecer la capacitación, clarificar mandatos y formalizar responsabilidades en torno a la sostenibilidad dentro de los órganos de gobierno corporativo.

    La transparencia y la divulgación constituyen otro eje central. Algunas empresas han adoptado prácticas de reporte alineadas parcialmente con estándares internacionales como GRI o ISSB. Sin embargo, la falta de armonización y la calidad desigual de los datos reducen la credibilidad y dificultan la agregación de información a nivel de portafolio. Además, la multiplicidad de instituciones receptoras de reportes genera duplicaciones y diluye la rendición de cuentas. Para superar estas limitaciones, se plantea la necesidad de un marco obligatorio y armonizado de divulgación de sostenibilidad, con indicadores comparables y verificación externa progresiva.

    Respecto a la conducta empresarial responsable y las relaciones con los grupos de interés, se han dado pasos hacia una mayor integración de la responsabilidad social y ambiental. Algunas empresas han desarrollado mecanismos de participación comunitaria y compromisos de sostenibilidad. Sin embargo, la implementación es desigual, especialmente en lo relativo a mecanismos de quejas, acceso a remedios y debida diligencia en derechos humanos. La falta de divulgación sobre cómo se incorpora la retroalimentación de las comunidades en las decisiones corporativas puede erosionar la confianza. Por ello, se recomienda institucionalizar procesos de participación estructurados, fortalecer los sistemas de denuncia y garantizar la independencia en los mecanismos de supervisión.

    Indonesia ha iniciado un proceso de transformación de sus empresas estatales hacia una gobernanza más alineada con la sostenibilidad. Las reformas legales y la creación de estructuras de supervisión son pasos importantes, pero aún se requiere consolidar una política de propiedad coherente, fortalecer las competencias de los directorios, armonizar los sistemas de reporte y garantizar prácticas de responsabilidad empresarial más consistentes. Solo mediante la integración de estos elementos será posible que las empresas estatales contribuyan de manera efectiva a los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y a la creación de valor a largo plazo.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.wri.org/research/ocean-based-climate-action-2025-ndcs-preliminary-update

    https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2025-11/the-state-of-ocean-based-climate-action-in-2025-nationally-determined-contributions-a-preliminary-update.pdf

  • The state of ocean-based climate action in 2025 nationally determined contributions

    The state of ocean-based climate action in 2025 nationally determined contributions

    El año 2025 marca un punto de inflexión en la gobernanza climática internacional, pues coincide con la primera revisión completa del Acuerdo de París y la presentación de nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs). En este contexto, el océano emerge como un aliado estratégico para la mitigación y la adaptación, aunque todavía no se aprovecha plenamente su potencial. La trayectoria de los compromisos muestra un aumento progresivo en la inclusión de acciones oceánicas: del 62 por ciento en 2015 al 73 por ciento en 2022, y actualmente 61 de 66 NDCs costeros e insulares incorporan al menos una medida relacionada con el océano. Esta tendencia refleja un reconocimiento creciente de la necesidad de integrar soluciones marinas en las estrategias climáticas, aunque persisten vacíos en la ambición y en la concreción de metas cuantificables. Además, el análisis evidencia que las acciones de mitigación vinculadas al océano siguen siendo limitadas, pese a que podrían aportar hasta un 35 por ciento de las reducciones necesarias para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C. La eliminación progresiva de la explotación de petróleo y gas en alta mar, la descarbonización del transporte marítimo y la expansión de las energías renovables oceánicas son sectores con gran capacidad de transformación, pero en los NDCs de 2025 apenas representan el 12,1 por ciento de las medidas. En contraste, la conservación costera y marina aparece como el subsector más mencionado, lo que indica una preferencia por acciones de adaptación y protección de ecosistemas frente a compromisos de transición energética más exigentes.

    A lo largo de los ciclos de actualización, algunos países han mostrado avances notables. Vanuatu, por ejemplo, pasó de un único compromiso en 2016 a 22 acciones en 2025, incluyendo la meta de alcanzar un transporte marítimo libre de carbono hacia 2050. Este tipo de evolución demuestra cómo los estados insulares, altamente vulnerables, están liderando la integración de soluciones oceánicas en sus planes nacionales. Sin embargo, para que estas medidas tengan impacto real, resulta indispensable acompañarlas con financiamiento predecible y accesible, especialmente en países en desarrollo y pequeños estados insulares. Otro aspecto relevante es la dimensión de la equidad. Solo el 13 por ciento de las acciones oceánicas incorporan explícitamente consideraciones de justicia social, lo que revela una brecha en la inclusión de comunidades marginadas como pescadores artesanales, mujeres, jóvenes e indígenas. Aunque regiones como Asia, África subsahariana y América Latina y el Caribe muestran mayor atención a estos enfoques, la mayoría de los compromisos aún se expresan de manera normativa, sin traducirse en políticas concretas que garanticen beneficios distribuidos de forma justa.

    La implementación también enfrenta desafíos relacionados con la falta de datos y capacidades técnicas. De hecho, las solicitudes de apoyo al NDC Partnership muestran que muchos países priorizan estudios, análisis y procesos de participación antes que sistemas de monitoreo o estrategias financieras. Esto refleja tanto la necesidad de construir una base de información sólida sobre el papel del océano en la acción climática, como la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para movilizar recursos y conocimientos. El panorama de 2025 revela avances en la integración del océano en las NDCs, pero también limitaciones en la ambición de mitigación, la inclusión de la equidad y la preparación para la implementación. El reto hacia 2035 consiste en transformar estos compromisos en acciones verificables, con metas claras y respaldo financiero, de modo que el océano pueda desplegar todo su potencial como motor de resiliencia, desarrollo sostenible y reducción de emisiones.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.wri.org/research/ocean-based-climate-action-2025-ndcs-preliminary-update

    https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2025-11/the-state-of-ocean-based-climate-action-in-2025-nationally-determined-contributions-a-preliminary-update.pdf

  • Informing the deployment of carbon capture, utilization, and storage

    Informing the deployment of carbon capture, utilization, and storage

    La captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se presenta como una herramienta decisiva para enfrentar las emisiones de sectores industriales difíciles de descarbonizar, como el cemento, el acero y la refinación química. Su relevancia radica en que permite reducir emisiones en procesos donde la electrificación o el uso de hidrógeno aún no son viables a gran escala. Sin embargo, su despliegue está rodeado de percepciones erróneas que han limitado la confianza de empresas y gobiernos. Por ello, resulta necesario aclarar que la tecnología cuenta con décadas de experiencia, proyectos operativos en distintas regiones y marcos regulatorios que garantizan seguridad y durabilidad. El progreso global muestra una capacidad operativa de más de 50 millones de toneladas de CO₂ capturadas al año, con planes de expansión que podrían superar los 300 millones de toneladas hacia 2030. América concentra gran parte de los proyectos vinculados al procesamiento de hidrocarburos, mientras que Europa avanza con iniciativas orientadas a la reducción de emisiones en generación eléctrica e industria. Este crecimiento evidencia que la tecnología no es experimental, sino una solución en expansión que se adapta a distintos contextos energéticos.

    La infraestructura de CCUS se organiza en una cadena de valor que incluye captura, transporte y almacenamiento. En la captura, tecnologías como solventes avanzados, adsorbentes sólidos y sistemas criogénicos ofrecen distintas eficiencias y consumos energéticos, lo que permite seleccionar la opción más adecuada según el tipo de emisión. En el transporte, los gasoductos representan una solución de gran capacidad y bajo costo operativo, mientras que las alternativas no basadas en tuberías —como barcos, trenes o camiones— permiten flexibilidad y comercio transfronterizo. En cuanto al almacenamiento, los acuíferos salinos y los campos agotados de petróleo y gas ofrecen espacios seguros y duraderos, complementados por innovaciones como la mineralización acelerada en formaciones basálticas. La utilización del CO₂ abre posibilidades de generar productos como combustibles sintéticos, materiales de construcción o fertilizantes. No obstante, la mayoría de estas aplicaciones solo retienen carbono de manera temporal, liberándolo nuevamente al ambiente tras su uso. Por ello, la verdadera contribución climática proviene del almacenamiento geológico permanente, que asegura la reducción de emisiones a largo plazo. La combinación de usos y almacenamiento puede ser útil, pero la prioridad debe estar en garantizar que el carbono capturado no regrese a la atmósfera.

    El despliegue enfrenta retos financieros y regulatorios. Los costos de inversión son elevados y requieren modelos innovadores que permitan compartir riesgos entre distintos actores. Asimismo, la existencia de marcos normativos claros y sistemas de monitoreo fortalece la confianza pública y empresarial. La experiencia de países como Noruega y Canadá demuestra que, con políticas adecuadas, es posible consolidar proyectos a gran escala y generar aprendizajes replicables en otras regiones. De este modo, CCUS se configura como una pieza estratégica para avanzar hacia la neutralidad de carbono. Su maduración tecnológica, la expansión de proyectos y la consolidación de marcos regulatorios muestran que puede ser implementada de manera segura y efectiva. Lo que se necesita ahora es acelerar su adopción mediante cooperación internacional, innovación financiera y una visión compartida que permita transformar sectores industriales intensivos en emisiones hacia un futuro más sostenible.

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La tecnología se aplica de manera escalable y se encuentran políticas y regulaciones focales establecidas.

La tecnología se aplica a través de servicios  y se encuentran políticas y regulaciones transversales establecidas.

La tecnología se aplica de manera generalizada  y se tiene un despliegue masivo de esta.

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